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El Gobierno anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como parte de su plan de reducción del Estado y eliminación de estructuras ineficientes. En su lugar, se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La medida implicará una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.

Además, se procederá a la desvinculación de 3.155 empleados «que ingresaron de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista, lo que representa el 15% del personal actual de la AFIP», señaló el Gobierno en un comunicado.

La nueva ARCA también eliminará la Cuenta de Jerarquización para altos cargos, lo que reducirá el salario de su titular a unos 4 millones de pesos, equiparándolo con el de un ministro. Los salarios de los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) seguirán el mismo esquema.

La dirección de ARCA estará a cargo de Florencia Misrahi, acompañada por Andrés Gerardo Vázquez en la DGI y José Andrés Velis en la DGA, quienes liderarán el proceso de reorganización y profesionalización del nuevo organismo.

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El líder de la CRARA pidió acción inmediata para abordar la competencia desleal y los autos ilegales en San Juan

El Delegado de CRARA, Juan José Rivas, alertó sobre la creciente presencia de autos ilegales y la competencia desleal en el sector del transporte de taxis y remises en San Jaun, lo que pone en riesgo la seguridad vial y la economía de empresas del sector.

La competencia desleal y la presencia de autos ilegales en el sector del transporte son problemas que han estado presentes durante años, pero que en los últimos tiempos han adquirido una gravedad sin precedentes destaca Rivas.

El delegado de CRARA en la provincia, expresó su inquietud por la proliferación de vehículos particulares ilegales, conocidos como «truchos», que operan mediante plataformas no reguladas como Uber. Según Rivas, el gobierno permite esta actividad al no tomar medidas, lo que perjudica gravemente a los taxis y remises legales, quienes enfrentan una disminución de hasta un 50% en sus llamados telefónicos y oportunidades de trabajo.

Además, enfatizó los riesgos que conllevan estos servicios para los usuarios, ya que carecen de cobertura de seguros y respaldo formal. Además señaló, que la percepción de «moda» asociada a Uber oculta la inseguridad y falta de regulación de estos autos. También denunció la presión económica que sufren los trabajadores legales, obligados a realizar descuentos de hasta un 30% para competir, afectando significativamente sus ingresos.

Rivas concluyó resaltando la necesidad de que el gobierno provincial intervenga para garantizar condiciones laborales justas, regular la competencia y proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios. También hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre la importancia de elegir servicios legales y seguros.

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Petroleros de YPF se oponen al autoservicio


La Federación SUPEH denunció la propuesta del ministro Sturzenegger para habilitar el autodespacho de combustibles en estaciones de servicio, lo que podría dejar sin trabajo a miles de petroleros de YPF.

La noticia de la posible implementación del autodespacho de combustibles en estaciones de servicio de todo el país ha generado una gran preocupación entre los petroleros de YPF. La Federación SUPEH, que representa a los trabajadores de OPESSA, empresa subsidiaria que gestiona las 190 bocas de expendio de combustible de YPF, ha denunciado la propuesta del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como una amenaza para el empleo y la estabilidad laboral de miles de trabajadores.

La implementación del autoservicio de combustibles podría significar la pérdida de empleos para los petroleros que trabajan en las estaciones de servicio de YPF. Según la Federación SUPEH, esta medida «cercenaría las fuentes de trabajo de miles de compañeros», agravando la situación de vulnerabilidad de numerosas familias que dependen de esta actividad.

La SUPEH también ha cuestionado la idea de que el autoservicio de combustibles sea una medida modernizadora y eficiente. En su lugar, argumentan que esta medida solo beneficiaría a las empresas que buscan reducir costos laborales, pero no necesariamente a los consumidores ni a los trabajadores.

Además, la SUPEH ha señalado que la implementación del autoservicio de combustibles en otros países ha sido acompañada de una serie de medidas de protección para los trabajadores, como la formación y el reciclaje laboral. Sin embargo, en Argentina, no se ha anunciado ninguna medida de este tipo, lo que ha generado una gran incertidumbre entre los trabajadores.

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Víctor Menéndez: balance de gestión y preocupacion por el autodespacho en estaciones de servicio

En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Víctor Menéndez, Secretario General del Sindicato de Empleados de Estaciones y Servicios de la provincia de San Juan, realizó un balance del año y abordó temas importantes para el sector. Destacó que, a pesar de ser un año difícil para los trabajadores, el sindicato logró cerrar acuerdos salariales trimestrales con un aumento acumulativo del 8,5%, superando la media nacional. Reconoció que, aunque los salarios no son óptimos, se ubican en un rango medio que ayuda a mitigar la difícil situación económica.

Menéndez también resaltó el desarrollo de actividades deportivas, como los campeonatos internos y regionales, y acciones solidarias, como la distribución de 6.000 cajas navideñas para afiliados y la organización de viajes para trabajadores con más de 20 años de antigüedad. Estos esfuerzos, afirmó, refuerzan el compromiso del sindicato con sus miembros.

Sin embargo, mostró su preocupación por la reciente medida del gobierno de implementar autoservicios en estaciones de servicio, lo que podría poner en riesgo miles de empleos. El lider sindical calificó la medida como «dañina» y expresó incertidumbre sobre su impacto en los trabajadores, asegurando que el sindicato está preparado para defender las fuentes laborales. Finalizó reiterando su compromiso con la lucha por mejores condiciones salariales y laborales, anticipando grandes desafíos para 2025.

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