En menos de tres meses, Casa Montes, Bodegas Bianchi y Norton quedaron expuestas por graves dificultades financieras, con cheques rechazados por miles de millones de pesos y un concurso preventivo en marcha. El deterioro del consumo interno acelera un escenario crítico para una industria clave de las economías regionales.

La industria vitivinícola argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. A la caída sostenida del consumo interno, el encarecimiento de costos y la menor rotación en góndola se suma ahora un dato que preocupa al sector: en apenas 90 días, tres bodegas de fuerte peso histórico y simbólico quedaron involucradas en severos problemas financieros.

Los números confirman un contexto adverso. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo de vino en el mercado interno registró en noviembre de 2025 una caída interanual del 12,5%, con un desplome aún más marcado en el formato tradicional de botella, que retrocedió 16,3%. En el acumulado anual, el volumen comercializado bajó 3,7%, reflejando un cambio de hábitos y una mayor cautela del consumidor, especialmente en los segmentos de mayor valor agregado.

El caso más reciente que encendió las alarmas es el de Casa Montes, bodega radicada en el Valle de Tulum, San Juan. De acuerdo con registros del Banco Central de la República Argentina, la empresa acumuló entre mayo de 2025 y el 19 de enero de 2026 un total de 286 cheques rechazados por $471.421.066,23, de los cuales logró cancelar apenas el 34,62%. La firma, reconocida por etiquetas como Alzamora, Baltazar y Ampakama, tuvo además un fuerte reordenamiento patrimonial en 2024, cuando la familia Montes decidió vender el Diario de Cuyo al grupo propietario del diario Los Andes.

Otro episodio que generó inquietud en el sector es el de Bodegas Bianchi. Según la Central de Deudores del BCRA, la compañía registró 101 cheques rechazados por $1.230.071.690,56, con el último rechazo informado el 22 de enero de 2026. Los inconvenientes comenzaron a fines de diciembre y se intensificaron en las semanas posteriores, pese a que hasta ese momento la bodega mantenía una calificación de bajo riesgo en el sistema financiero. Desde la empresa reconocieron el escenario complejo y aseguraron que se encuentran en un proceso de regularización, de negociaciones abiertas con proveedores y actores clave de la cadena productiva para sostener la operatoria.

El cuadro más delicado es el de Norton, una de las bodegas más reconocidas de Mendoza, que en diciembre obtuvo la aprobación judicial para iniciar su concurso preventivo. La firma busca reestructurar una deuda cercana a los 30 millones de dólares y enfrenta una situación financiera crítica: acumula 314 cheques rechazados por más de $4.031 millones, con apenas el 7% cancelado, y figura en situación 4 dentro del sistema financiero.

En un comunicado oficial, la empresa sostuvo que el objetivo del proceso judicial es preservar los puestos de trabajo y garantizar la continuidad operativa, en una situación que definió como altamente desafiante tanto para el mercado local como para el internacional.

Los casos de Casa Montes, Bianchi y Norton funcionan como una señal de alerta para toda la cadena vitivinícola. Más allá de las particularidades de cada empresa, los problemas financieros revelan el impacto profundo de un mercado interno deprimido, con consumo en retroceso y márgenes cada vez más ajustados. En una industria estratégica para las economías regionales, la crisis ya no es una proyección: es una realidad que empieza a reflejarse en los balances y amenaza con redefinir el mapa del vino argentino si no aparecen señales de recuperación en el corto plazo.

El Gobierno confirmó que el bono extraordinario para jubilados y pensionados seguirá en $70.000 durante febrero. El monto permanece sin cambios desde marzo de 2024, mientras la inflación acumulada ronda el 180%, profundizando el deterioro del poder adquisitivo de los adultos mayores.

El esquema previsional vuelve a quedar en el centro del debate económico y social. El Gobierno nacional oficializó este jueves que el bono adicional destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continuará congelado en $70.000 durante febrero, pese a la persistencia de la inflación y al marcado deterioro del poder de compra de los ingresos previsionales.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 65/2026, publicado en el Boletín Oficial, y ratifica una política que se mantiene inalterable desde marzo de 2024, cuando el bono fue fijado por última vez. Desde entonces, el costo de vida acumuló un aumento cercano al 180%, lo que transformó a ese refuerzo en una suma cada vez más marginal frente a las necesidades básicas de los adultos mayores.

Con el ajuste correspondiente a la inflación de diciembre —un 2,84%—, la jubilación mínima que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en febrero ascenderá a $359.219,42. Al sumar el bono extraordinario, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzará los $429.219,32.

La normativa establece que los jubilados y pensionados que cobren un monto igual o inferior al haber mínimo garantizado recibirán la totalidad del bono de $70.000. En tanto, quienes superen ese piso percibirán un monto variable como complemento, equivalente a la diferencia necesaria para llegar al tope resultante de la suma entre el haber mínimo y el bono máximo, es decir, $429.219,32.

Desde el Ejecutivo, la continuidad del bono congelado se inscribe en la estrategia de contención del gasto público y consolidación del superávit fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico del presidente Javier Milei. Sin embargo, el impacto social de esta decisión vuelve a encender cuestionamientos, en un momento donde los ingresos previsionales siguen corriendo muy por detrás de la inflación acumulada.

La Confederación General del Trabajo intensifica su despliegue político en provincias y en el Senado para impedir que el proyecto oficial se trate en febrero. Apunta a postergar la discusión hasta las sesiones ordinarias y advierte sobre un impacto regresivo en derechos laborales, economías regionales y empleo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha una ofensiva política de alcance federal para frenar el tratamiento acelerado de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En los últimos días, la central obrera profundizó contactos con gobernadores y senadores considerados clave, con un objetivo preciso: evitar que el proyecto sea debatido durante el período de sesiones extraordinarias y forzar su análisis a partir del 1 de marzo, cuando se inicien las ordinarias.

Desde la conducción sindical advierten que el oficialismo busca una aprobación rápida, sin debate profundo ni participación de los sectores involucrados. Así lo expresó el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, quien cuestionó públicamente la intención de discutir la reforma “entre gallos y medianoche” durante las extraordinarias. En declaraciones radiales, el dirigente fue contundente al señalar que se trata de un texto “pobre desde el punto de vista técnico” y alejado del objetivo declarado de modernizar las relaciones laborales.

Según la mirada sindical, el proyecto no sólo no promueve empleo genuino ni inversión productiva, sino que además implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el sector empleador. “Está muy lejos de ayudar a las pymes y de generar trabajo estable”, subrayó Sola, al tiempo que defendió el derecho de los trabajadores a conservar conquistas históricas.

La estrategia de la CGT combina gestiones políticas directas y construcción de consensos en las provincias. “Hemos mantenido numerosas reuniones con quienes hoy tienen la responsabilidad de definir si esta ley va a cambiar el futuro de los trabajadores”, explicó el dirigente, en referencia al rol central que jugarán los gobernadores y el Senado en la definición del trámite legislativo.

Advertencias y presión política

El mensaje se refuerza desde otros sectores de la conducción cegetista. Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, advirtió que lo que está en discusión “es el futuro de la Argentina” y denunció que la iniciativa fue elaborada por estudios jurídicos ligados a grandes corporaciones, sin contemplar beneficios reales para las pymes ni para el mercado laboral. Además, alertó sobre el impacto negativo en el financiamiento de obras sociales, el sistema previsional y las economías regionales.

Por su parte, Octavio Argüello, referente de Camioneros, cuestionó la falta de convocatoria del Poder Ejecutivo al diálogo social y anticipó que la CGT dará la discusión “en todos los ámbitos necesarios” para frenar la reforma. Entre las opciones mencionó el plano institucional, judicial y también la movilización en la calle, al considerar que el proyecto favorece a multinacionales sin crear empleo genuino.

En este sentido, la central obrera asegura contar con propuestas técnicas alternativas y busca que gobernadores y senadores dimensionen el alcance real de la iniciativa antes de avalar su tratamiento exprés.

Con una ofensiva coordinada que combina diálogo político, presión institucional y advertencias públicas, la CGT apuesta a ganar tiempo y bloquear el avance acelerado de la reforma laboral. El objetivo inmediato es claro: sacar el proyecto de las sesiones extraordinarias, abrir un debate profundo en el período ordinario y, en el mejor de los escenarios para el sindicalismo, modificar sustancialmente o desactivar una iniciativa que consideran regresiva. En ese tablero, gobernadores y senadores aparecen como piezas clave de una disputa que promete escalar en las próximas semanas.