Los gremios del PAMI iniciaron un nuevo plan de lucha en rechazo al aumento menor al 3% ofrecido por el Gobierno nacional para todo 2025. Tras doce meses de salarios congelados, las organizaciones sindicales consideran la propuesta “una provocación” y denuncian el deterioro en la atención a jubilados y pensionados. Las medidas incluyen paros parciales y una marcha al Ministerio de Desregulación.

El conflicto salarial en el PAMI ingresó en una etapa crítica. Tras un año sin actualizaciones, los trabajadores de la obra social de los jubilados decidieron profundizar las medidas de fuerza luego de que el Gobierno ofreciera un incremento del 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, un total que no supera el 2,8% trimestral.

La propuesta, presentada por funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, fue rechazada de plano por los sindicatos ATE, SUTEPA, APPAMIA y UTI, que la consideraron insuficiente y “desconectada de la realidad inflacionaria”.

“El último aumento fue en octubre del año pasado, de apenas 3,5%. Desde entonces, los sueldos permanecen congelados, mientras los precios crecieron más del 100%. Los trabajadores del PAMI perdieron más del 60% de su poder adquisitivo”, señaló un documento conjunto difundido por los gremios.

El cronograma de medidas comenzó este martes 28 con un paro de dos horas entre las 12 y las 14, continuará el miércoles 29 con una nueva interrupción de tres horas, y culminará el jueves 30 con una movilización nacional. Los sindicatos se concentrarán al mediodía frente a la sede central de la entidad, en avenida Corrientes 655, y marcharán hacia el Ministerio de Desregulación, donde exigirán una reapertura inmediata de la negociación paritaria.

“Una política de recorte que afecta también a los jubilados”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la postura oficial. “Esta política de recorte salarial no solo golpea a los trabajadores, sino que repercute directamente en la atención de más de cinco millones de jubilados. No se trata de un reclamo sectorial, sino de una situación que afecta a todo el sistema previsional”, afirmó.

Aguiar describió la última oferta del Gobierno como “una provocación destinada a agravar el conflicto” y adelantó que las medidas podrían extenderse si no hay respuestas. “Vamos a profundizar el plan de acción, porque nuestras demandas son legítimas. No pedimos privilegios, exigimos respeto y una compensación mínima por el esfuerzo que sostenemos día a día”, agregó.

Durante los paros, las oficinas del PAMI funcionan con dotaciones reducidas, lo que genera demoras en trámites, entrega de medicamentos y atención médica. Los sindicatos advirtieron que el deterioro en las condiciones laborales ya tiene un correlato directo en la calidad del servicio: “Con salarios congelados y personal agotado, es imposible garantizar la atención que los jubilados merecen”, indicaron en un comunicado.

Silencio oficial y malestar creciente

Hasta el momento, el Gobierno no se pronunció públicamente sobre el nuevo plan de lucha ni sobre la posibilidad de revisar la pauta ofrecida. La falta de interlocutores claros y la decisión de centralizar las negociaciones en el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger incrementaron el malestar en los sindicatos, que reclaman un canal de diálogo “serio y con responsabilidad institucional”.

Fuentes gremiales señalan que el congelamiento salarial del PAMI se inscribe en un marco de ajuste generalizado en el sector público, que ya afecta a organismos como el ANSES, la Superintendencia de Salud y el propio Ministerio de Trabajo. “El problema no es solo el porcentaje, sino la falta de voluntad de discutir una recomposición real. Es una decisión política de achicar el Estado a costa de los trabajadores y de los jubilados”, advirtieron desde ATE.

Analistas laborales consultados coinciden en que el conflicto del PAMI puede transformarse en un caso testigo. La paritaria del organismo, congelada desde noviembre de 2024, refleja la tensión estructural entre la política de contención del gasto público y la presión sindical por recuperar ingresos en un contexto de inflación persistente.

Contexto económico y desgaste institucional

El reclamo del PAMI no ocurre en el vacío. Se da en medio de una contracción del consumo, aumento de la pobreza y deterioro de los salarios públicos, que acumulan más de una década de pérdida sostenida frente a la inflación. La promesa de “orden fiscal” del Gobierno convive con un creciente descontento social, y el sistema previsional —por su magnitud y su impacto directo en la vida de millones de personas— se convierte en un escenario sensible.

“Mientras el Ejecutivo busca mostrar disciplina en el gasto, lo que se ve en la base es desfinanciamiento y desmotivación. Los trabajadores del PAMI están sosteniendo la estructura con salarios de hace un año y sin horizonte de recomposición”, señaló un economista especializado en políticas públicas.

La erosión también se percibe en la estructura institucional. En varias provincias, los empleados de la obra social argumentan que faltan insumos básicos, personal administrativo y recursos tecnológicos, lo que profundiza los retrasos y eleva la conflictividad interna.

El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza extendió a nivel nacional una medida cautelar que suspende las resoluciones del PAMI que habían limitado la cobertura gratuita de medicamentos. El fallo, impulsado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, garantiza nuevamente el 100% de los fármacos esenciales para jubilados y pensionados, y representa un nuevo desafío judicial para el Gobierno de Javier Milei.

La tirantez entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial sumó un nuevo capítulo con un fallo que restituye derechos a uno de los sectores más vulnerables: los jubilados. El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo del magistrado Pablo Oscar Quirós, concedió una medida cautelar de alcance nacional que obliga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a restablecer la cobertura total de medicamentos esenciales.

La decisión judicial suspende los efectos de las resoluciones N° 2431/2024 y N° 2537/2024, emitidas por el propio organismo, que habían modificado el régimen de gratuidad vigente desde 2020 y habían generado un fuerte impacto económico sobre millones de jubilados y pensionados de bajos ingresos.

El fallo, que seguramente será apelado por el Gobierno de Javier Milei, amplía los alcances de decisiones previas dictadas por juzgados federales de Córdoba, Salta y la Ciudad de Buenos Aires, en las que distintas entidades y representantes sociales habían planteado el mismo reclamo.

El magistrado mendocino resolvió extender la medida a todo el territorio nacional, haciendo lugar a la presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En su resolución, Quirós destacó la “legitimidad activa y representación adecuada” de la organización, en función de su carácter federal y su trayectoria en la defensa integral de los derechos humanos.

“El Estado debe garantizar la accesibilidad universal al derecho a la salud, sin imponer condiciones que restrinjan ese acceso a sectores vulnerables como el de los adultos mayores”, señala uno de los párrafos centrales del fallo.

La resolución recuerda que, según la doctrina de la Corte Suprema, una acción colectiva puede prosperar cuando se verifican tres elementos: una conducta estatal uniforme, una pretensión común de cesar un daño generalizado, y la imposibilidad material de que los afectados litigüen de manera individual. El juez consideró acreditadas esas tres condiciones en el caso del recorte del programa “Vivir Mejor”, que garantizaba el 100% de cobertura en medicamentos esenciales a jubilados de menores ingresos.

La medida, de cumplimiento inmediato, ordena al PAMI restituir la provisión de los medicamentos esenciales sin requisitos adicionales ni trámites especiales, mientras el expediente principal continúa en trámite. Fuentes judiciales señalaron que el Gobierno nacional apelará la decisión, con el argumento de que la resolución judicial interfiere en la autonomía del organismo y en las políticas de “eficiencia administrativa” impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El antecedente más cercano fue dictado en septiembre por el Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que dio lugar a un amparo colectivo promovido por el Centro de Jubilados VDP 27 de Abril y el senador Mariano Recalde. En esa oportunidad, la Justicia había ordenado al PAMI mantener la cobertura plena de medicamentos hasta tanto se resolviera el fondo de la cuestión.

La decisión de Mendoza unifica y refuerza esas medidas al darle alcance nacional, lo que convierte a esta resolución en un precedente judicial significativo dentro del actual debate sobre el alcance de las políticas de ajuste del Estado y su impacto social.

En los últimos meses, asociaciones de jubilados y sindicatos de trabajadores del PAMI denunciaron recortes en la provisión de medicamentos, demoras en la entrega y eliminación de beneficios complementarios. La medida judicial, según advierten especialistas, podría forzar al Gobierno a revisar integralmente su política sanitaria para adultos mayores y a recomponer el presupuesto del organismo, que ha sufrido una merma real de más del 40% en lo que va del año.

La CGT San Juan abrirá sus puertas este martes 28 de octubre para recibir a destacadas dirigentes nacionales del movimiento obrero, en una jornada que promete ser histórica.
El Encuentro de Mujeres Trabajadoras, que se desarrollará de 9 a 12 horas en España 366 Sur, convoca a trabajadoras, militantes y representantes gremiales para debatir el presente y futuro del sindicalismo argentino desde una mirada feminista y federal.

El evento contará con la presencia de Marina Jaureguiberry, secretaria general del SADOP nacional; Maia Volcovinsky, co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT; y Paula Martínez, referente sindical, quienes llegarán a San Juan en el marco de una recorrida nacional por las regiones del país.

El objetivo: fortalecer la red de mujeres sindicalistas y consolidar la demanda por una conducción compartida en la CGT, donde la representación femenina tenga un lugar real en la toma de decisiones.

La lucha por una conducción paritaria

El reclamo por una mujer en el triunvirato de la CGT no es nuevo, pero hoy adquiere un impulso inédito.
En los últimos meses, más de 500 dirigentas de 34 gremios participaron en encuentros nacionales donde se elaboró la “Declaración de las Mujeres Trabajadoras de la CGT”, un documento que exige la plena participación de las mujeres en la conducción sindical y reivindica la paridad como una expresión de justicia y de representatividad.

“El protagonismo femenino dentro del movimiento obrero ya no es una aspiración, es una realidad cotidiana que debe reflejarse en la estructura de poder”, sostiene el texto, leído en una multitudinaria reunión de la Mesa de Mujeres de la CGT.

Allí se enfatizó que la paridad no debe ser vista como una concesión, sino como una consecuencia natural del trabajo, la militancia y la construcción colectiva que las mujeres han desarrollado durante décadas en los distintos gremios.

Entre los principales referentes sindicales que respaldaron esta iniciativa se encuentran Héctor Daer, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Julio Piumato, quienes participaron de los debates en señal de apoyo a un proceso que, aunque interno, tiene una fuerte proyección política y social.

De Eva Perón a las nuevas generaciones

El avance de las mujeres dentro de la CGT se consolidó a partir de la reforma del Estatuto en 2021, que incorporó la paridad de género en el Consejo Directivo. Desde entonces, se multiplicaron los espacios de formación, los encuentros regionales y las articulaciones entre gremios.

Ese proceso de fortalecimiento tuvo su anclaje simbólico en una tradición que se remonta a los orígenes mismos del movimiento obrero organizado y a la figura de Eva Perón, que supo conjugar el poder político con la organización de las trabajadoras.

“Venimos de una historia que nos legó Eva Perón: la organización y el poder de las mujeres. Este es un día histórico; cuando se cuente esta historia podremos decir que estuvimos acá, siendo protagonistas”, afirmó Marina Jaureguiberry, secretaria general del SADOP, durante uno de los encuentros recientes.

En la misma línea, Maia Volcovinsky destacó:
“Si pedimos estar en los niveles de decisión es porque lo practicamos hacia adentro. Somos quienes más sufrimos las políticas neoliberales, pero también las que más trabajamos para revertirlas. Nuestra participación fortalece a la CGT y al país.”

El desafío de representar a todas

El reclamo por una mujer en el triunvirato apunta a redefinir la distribución real del poder dentro del sindicalismo argentino. En una CGT históricamente conducida por hombres, las dirigentas sostienen que la inclusión femenina aporta una perspectiva más amplia y social, que abarca no solo la defensa del empleo y los salarios, sino también las condiciones de vida, la equidad y la economía del cuidado.

En un contexto económico complejo —marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la informalidad y la precarización—, el sindicalismo femenino emerge como un actor estratégico para reconstruir una agenda de derechos con perspectiva de género y justicia social.

La “Declaración de las Mujeres Trabajadoras” lo sintetiza con claridad:

“Somos parte sustancial de la unidad. Nacimos y crecimos dentro del trabajo, de la organización y de la lucha. Sostenemos la fuerza, el pensamiento y la estructura del sindicalismo argentino.”

El Encuentro de Mujeres Trabajadoras en la CGT San Juan no será una jornada más en el calendario sindical. Se trata de un punto de inflexión en la disputa por la representación real dentro del movimiento obrero, donde el interior del país toma protagonismo y las mujeres exigen ocupar el lugar que ya ganaron en la práctica.

La visita de las referentes nacionales y la movilización local de trabajadoras consolidan una convicción compartida: la transformación del sindicalismo argentino será con las mujeres adentro, o no será. San Juan, esta vez, se convierte en el escenario donde ese cambio empieza a tomar forma.