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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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Plaíni pidió que el peronismo frene las internas

El líder de los Canillitas y dirigente de la CGT, el moyanista Omar Plaíni, calificó de «soez, maleducado e insultador serial» al Gobierno Nacional libertario de Javier Milei: «Estamos viviendo momentos muy complicados, complejos y duros para la mayoría de la población argentina».

Para el dirigente, la postulación de Cristina Fernández de Kirchner al PJ y deja «profundos disparadores para la concreción de un Gobierno Nacional y Popular».

En declaraciones a la AM530, Plaíni se mostró de acuerdo con el «trasvasamiento generacional» y sostuvo que CFK «acumula Juventud».

El gremialista pidió «formar cuadros integrales» para «ordenar el peronismo» en la discusión partidaria que se viene.

«Se han distorsionado los valores del peronismo. El bien común, la solidaridad y la lealtad. Y tenemos que recuperar eso con debate», planteó el dirigente que le dio la bienvenida la iniciativa de CFK de ir por la rediscusión del peronismo para ir por el debate dentro del campo nacional y popular.

Por último pidió terminar con las prácticas internistas: «Discutir entre nosotros es un error y estamos alimentando al adversario».

Fuente: INFOGREMIALES

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Pablo Moyano dejó abierta la posibilidad de renunciar al Consejo Directivo de la CGT

Este martes, Pablo Moyano, co-secretario general de la CGT y secretario General adjunto de Camioneros, lanzó fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei, especialmente contra sus políticas de ajuste y despidos masivos. Durante una conferencia de prensa, Moyano señaló la necesidad de «confrontar con el Gobierno» porque «dialogar con el gobierno no sirve para nada» y cuestionó a los sectores de la CGT que optan por el diálogo en lugar de la confrontación. “No entiendo a los que van a hablar con funcionarios que les cagaron 10 mil pesos a los jubilados”, manifestó en diálogo con la AM 750.

Moyano también valoró el paro de transporte anunciado para el 30 de octubre, organizado por la Mesa Nacional del Transporte, y anticipó que esta medida deberá ser contundente. A la vez, dejó abierta la posibilidad de renunciar al Consejo Directivo de la CGT, en medio de las crecientes tensiones dentro de la central obrera. “Después veremos qué medidas tomamos, si la continuidad en la CGT o no”, expresó Moyano, mostrando la división interna de la CGT tras la reciente reunión de dirigentes con funcionarios de Milei.

La polémica en la CGT se intensificó luego de que algunos dirigentes asistieran a una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la que el Gobierno buscó aliviar tensiones tras la reglamentación de la Ley de Bases, que afecta a gremios como el aeronáutico. Moyano, quien no estuvo presente en la reunión, criticó duramente este acercamiento, y reafirmó su posición de rechazo al diálogo: “Hay que confrontar y fortalecer la Mesa Nacional del Transporte”, declaró.

El paro de transporte del 30 de octubre se planteó en rechazo a los planes de privatización de Aerolíneas Argentinas y la falta de acuerdo en la paritaria de pilotos. La medida será de 24 horas, aunque sin movilización, y se definió en un plenario sindical. La fecha inicial del paro, prevista para el 17 de octubre, se pospuso para el 30 ante la posibilidad de una movilización peronista.

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El Gobierno dio marcha atrás con el cierre del Hospital Bonaparte

ATE anunció que llegó a un acuerdo con el Gobierno, garantizando que no habrá clausuras de servicios ni el cierre del centro médico.

En concreto, el Ministerio de Salud llegó a un acuerdo con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para asegurar que el hospital continuará operando con todos sus servicios y que no habrá despidos. «Además se garantiza la continuidad de los 612 puestos de trabajo. Nos comprometimos a suspender las medidas de fuerza en el hospital, pero vamos a mantener la convocatoria a marchar el jueves en el Día de la Salud Mental. Siempre lo dijimos: Con un gobierno que prioriza el déficit cero por sobre el hambre de los niños y los jubilados y que quiere destruir el Estado, no tenemos que dialogar, tenemos que confrontarlo. ¡LUCHAR SIRVE! ¡ES EN LA CALLE! ¡LA SALUD PÚBLICA SE DEFIENDE!», señaló ATE.

Esta decisión del Gobierno, a través del Ministerio de Salud, llegó después de 96 horas consecutivas de protestas y la ocupación del edificio. “El ministro de Salud de la Nación acaba de acordar con ATE que no habrá clausura de servicio, ni cierre del Hospital Laura Bonaparte. Este es el triunfo de la decisión de luchar de los trabajadores y de la masividad demostrada en las calles”, informó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

Lo concreto es que este martes al mediodía, el Gobierno firmó un acuerdo con los gremios estatales UPCN y ATE para crear una mesa de trabajo conjunta «a fin de asegurar la prestación de servicios y la atención de salud de los pacientes en el citado organismo, en el marco de la reestructuración».

Las autoridades aseguraron que «las personas que concurran al centro de salud seguirán siendo atendidas en los diversos servicios del mismo con total normalidad» y garantizaron la continuidad del personal del Hospital.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se comprometió a suspender las medidas de protesta que estaba llevando a cabo, las cuales incluían la ocupación del edificio del centro de salud.

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