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La Justicia tendrá que expedirse sobre los despidos masivos de carteros y los cierres de las sedes de Correo Argentino en todo el territorio nacional, ante una acción de amparo promovida en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

En el escrito elevado al juez Enrique Alonso Regueira se reclamó que la Justicia ordene en menos de 48 horas una medida de no innovar destinada a preservar la estructura de la empresa y el personal que la integraba hasta el 20 de diciembre de 2023 en todas sus sucursales.

El Correo Argentino tenía hasta esa fecha 1452 oficinas y 16.800 empleados en todo el país. El plan del gobierno nacional se propone reducir el plantel a 9500 personas en 500 oficinas, en principio con retiros anticipados y, de no alcanzarse la reducción planeada, con despidos.

A la fecha unos 3.500 empleados ya se desvincularon, hubo 377 despidos y al menos 50 sucursales fueron cerradas en parajes a donde la sucursal local del Correo cumplía muchas más funciones que la administración de correspondencia.

La acción de amparo “en resguardo al derecho de incidencia colectiva de defensa de la correspondencia pública y privada” fue promovida por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, con patrocinio letrado de Eduardo Barcesat.

La mayoría de los cierres tuvieron lugar en territorio de la provincia de Buenos Aires, y por ese motivo el intendente decidió acudir a la justicia, recordando además en el amparo que en su comuna Correo Argentino tiene su principal sede de clasificación y distribución.

“Vengo a promover acción expedita y rápida de amparo (art. 43, 2° párrafo, CN), la que solicito tramite por el procedimiento del juicio sumarísimo de la Ley 16.986, dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional (…), en su condición de accionista principal de la empresa Correo Oficial de la República Argentina SA (…) tendiente a obtener la tutela jurisdiccional del derecho, como consumidores y usuarios, de contar con un servicio de correo, público y privado, eficiente y de tarifas razonables y trato digno para los usuarios (art. 42 de la CN), lo que comporta el mantenimiento de la estructura funcional y normativa (DNU 701/2004) vigente hasta la malhadada imposición del DNU 70/2023, el que pretende trastocar al Correo Oficial de la República Argentina SA mediante un proceso de desmantelamiento de su estructura, competencias, personal y sucursales, a los fines de su privatización”, dice la demanda judicial.

Agrega: “El Correo tiene su principal sede de clasificación y distribución en el Centro de Distribución de Correspondencia, sito en el partido de Esteban Echeverría (BA), lo que conlleva reclamar el mantenimiento y/o la reposición de todo el personal de planta de la misma y del conjunto de sus sedes, en todo el territorio de la Nación argentina”.

Marcha atrás

En Santa Regina, pueblito bonaerense de 500 habitantes del partido de General Villegas, dieron vuelta la taba y lograron revertir el cierre de la oficina de correos luego de que todo el pueblo se uniera en su defensa. La empresa estatal decidió evaluar la situación y confirmar la continuidad cuando ya le habían notificado al empleado de la sucursal, Diego Mittino, la noticia del cierre del servicio y le habían formulado una propuesta de retiro voluntario o despido.

La oficina de Santa Regina no solo distribuye la correspondencia y la paquetería, todas las compras que los vecinos hacen en plataformas digitales, sino algo crucial: es el domicilio de pago de la jubilación a 105 jubilados y 35 AUH.

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El peso de la deuda: Cómo las tarjetas de crédito están efectando a las familias argentinas

La deuda en Argentina alcanza niveles alarmantes, con un gran número de familias recurriendo a las tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos como alimentos. Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), unas 300.000 tarjetas de crédito están inhabilitadas para pasar los posnets debido a los altos niveles de morosidad y deudas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 45,7% de las compras en supermercados se pagaron con tarjetas de crédito en junio, lo que equivale a unos 917 millones de pesos. Esto sugiere que muchas familias están recurriendo a las tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos debido a la falta de ingresos suficientes.

El Impacto de las Tasas de Interés

Las tasas de interés actuales en el país son extremadamente altas, lo que hace que sea difícil para las familias pagar sus deudas. La Tasa Nominal Anual para los titulares de la tarjeta. que no llegan al saldo total y cancelan el mínimo es del 85%, mientras que los intereses punitorios superan el 100% para aquellos que entran en morosidad.

Según un informe de la consultora EcoGo, el crédito a los hogares representaba el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina, lo que es el doble que un año atrás. Esto sugiere que el endeudamiento masivo es un problema creciente en el país.

La crisis de la deuda tiene consecuencias sociales importantes. Un estudio del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IESTSE), el 58% de las deudas con tarjeta de crédito ya se destina a la compra de alimentos, lo que significa que muchas familias están luchando para cubrir sus necesidades básicas debido a la deuda.

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Paritaria Docente: Gobierno y gremios no se ponen de acuerdo y se reunirán el viernes próximo

La negociación paritaria docente en San Juan no llegó a un acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio. Los gremios docentes, UDAP, UDA y AMET, no aceptaron los incrementos ofrecidos por el Gobierno provincial y decidieron seguir negociando elpróximo viernes 29 de agosto.

La reunión paritaria docente se llevó a cabodurante este marte en la sede del Ministerio de Educación de San Juan. La propuesta del Ejecutivo incluía incrementos vinculados a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un aumento del 15% en el concepto Nueva Conectividad San Juan en septiembre y mejoras en los cargos del nomenclador docente.

Sin embargo, los sindicatos consideran que la oferta no satisface sus reclamos, especialmente en cuanto a una mejora específica para agosto y septiembre. «La propuesta del Gobierno es insuficiente», declaró Daniel Quiroga, secretario general de AMET. «Necesitamos una mejora salarial que refleje la inflación y el aumento del costo de vida en la provincia».

Por su parte, Karina Navarro, secretaria general de UDA, destacó que «la negociación paritaria es un proceso complejo que requiere tiempo y esfuerzo». «Estamos dispuestos a seguir negociando para encontrar una solución que satisfaga las necesidades de los docentes y del sistema educativo en general», agregó.

El Gobierno provincial, por su parte, ratificó su compromiso de mantener la política salarial unificada para toda la administración pública provincial. «Estamos dispuestos a seguir negociando y a encontrar una solución que sea justa y equitativa para todos», declaró Roberto Gutiérrez, ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan.

La negociación se reanudará el próximo viernes 29 de agosto a las 14 horas. Mientras tanto, los docentes cobrarán con el aumento del IPC.

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Profesionales de la salud convocaron a una jornada de protestas en todo el país

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) convocó a una Jornada Nacional de Lucha el 28 de agosto con paros y movilizaciones en todo el país, en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y en apoyo a las demandas salariales y laborales del sector.

La ley vetada abarca no solo al Hospital Garrahan, sino también a 1.700 hospitales y 6.000 unidades sanitarias con atención pediátrica en todo el país. Además, prevé una recomposición salarial que retrotrae los sueldos a valores de noviembre de 2023, lo que representa un aumento del 20% al 35% en promedio.

La ley también incluye beneficios para los 12.000 residentes del sistema de salud y establece la exención del impuesto a las ganancias para trabajadores de áreas críticas, guardias y horas extras, beneficiando a cerca de 500.000 empleados del sistema público de salud.

Fesprosa exige la promulgación inmediata de la ley y cuestiona el veto presidencial, considerándolo «un desconocimiento de la voluntad del 85% de la ciudadanía, según todas las encuestas». El plan de lucha incluye paros de 24 horas en varias provincias como Santa Fe, Chaco y La Rioja, coincidiendo con una medida similar en el Hospital Garrahan.

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