Gremios y organizaciones movilizarán por los detenidos en el Congreso
Organizaciones gremiales, sociales y políticas se suman a la marcha convocada a Plaza de Mayo por familiares y amigos de las 16 personas que continúan privadas de su libertad desde la represión del miércoles en el Congreso. La Confederación General del Trabajo (CGT) no participará, pero hay sindicatos que convocaron a movilizar para exigir la liberación de las y los detenidos durante la protesta contra la Ley Bases.
La convocatoria es para este martes 18 de junio a las 16:30 en Plaza de Mayo. Allí está previsto que familiares detenidos lean un petitorio con los nombres de los detenidos. De acuerdo a lo que informaron a El Destape desde la organización, los ejes del acto serán «Libertad a los detenidos», «desprocesamiento y anulación de las causas» y «protestar no es delito”. La decisión de movilizar se definió este lunes en una reunión en la sede de la organización social Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ) a la que asistieron organismos de Derechos Humanos, abogados, familiares de detenidos, detenidos liberados, asambleas, organizaciones sociales políticas y diputados.
La presencia de figuras y organizaciones le darán peso al reclamo. Sin embargo, la CGT confirmó a este portal que no convocará a marchar, aunque se espera que algunos sindicalistas que integran la confederación marchen, como es el caso de Pablo Moyano (Camioneros). Los gremios que ya confirmaron su presencia son: los metrodelegados, los trabajadores estatales de ATE, los docentes de CTERA y La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma y organismos de derechos humanos también reclamaron la inmediata libertad de los detenidos en Congreso. “Acá estamos con las distintas organizaciones por la liberación de los detenido”, expresó Ricardo Peidro, secretario General Adjunto de la CTA durante la asamblea, y apuntó contra la ministra de seguridad, Patricia Bullrich: “Ocurrió por decisión de la ministra Bullrich que ordenó una represión indiscriminada, inventando causas penales contra manifestantes, con la complicidad del fiscal Stornelli”.
Peidro también advirtió que frente a la violencia del ajuste y las consecuencias de la aplicación de la ley Bases, “la movilización va a ir en aumento y es de esperar que la actitud violenta del gobierno también se profundice. Necesitan las cárceles llenas de compañeros y compañeras porque este ajuste cada vez va a provocar el levantamiento de otros compañeros en todo el país
En este marco, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también convocó a la marcha y apuntó que «el gobierno muestra un autoritarismo creciente que no es compatible con la democracia” y “en este momento todos los ciudadanos estamos en libertad condicional”. El dirigente afirmó que «hay un proceso de disciplinamiento y persecución en marcha que cuenta con la complicidad del Poder Judicial”. Y agregó: “La división de poderes casi no existe. Cuesta mucho encontrar jueces y fiscales independientes. La mayoría recibe órdenes desde la Casa Rosada”.
Durante la represión fueron detenidas 33 personas por su supuesta participación en disturbios, entre ellas trabajadores estatales. Hasta el momento, sólo 17 fueron liberados y quedan aún 16 encarcelados. En tanto, el fiscal Carlos Stornelli solicitó la prisión preventiva para las 33 personas detenidas, es decir volver a detener a los liberados, y a su vez, decidió imputarlos por los delitos de «terrorismo» y «sedición». «No podemos aceptar que en la Argentina se vuelvan a suspender derechos y suprimir garantías constitucionales. Ese es un horror y una época trágica que ya vivimos como sociedad. Todos los manifestantes fueron detenidos de manera ilegal y se están violando todas las leyes para mantenerlos encerrados. Exigimos su inmediata libertad”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) formó parte de la asamblea en la sede de la organización social Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ) y también convoca a la movilización de este martes. «La brutal represión y las arbitrarias detenciones ordenadas por la Ministra de Seguridad Nacional Patiricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei, son una clara demostración de impedir la libertad de protestar y de criminalizar la protesta social», apuntaron.
«Estas detenciones y la gravedad de las imputaciones son acciones que contradicen la Constitución y el derecho a peticionar en democracia, tienen por objetivo aterrorizar a la población para que no se manifieste», denunciaron y llamaron a movilizarse este martes.
En esta línea, metrodelegados del Subte apoyaron la convocatoria y llamaron a movilizarse este martes por las y los detenidos. «Ninguna persona debe estar presa por manifestarse. Libertad ya para los detenidos.Democracia para todxs!!!», apuntaron y convocaron a movilizarse a partir de las 16.30 a Plaza de Mayo.
Familiares y amigos de los detenidos denunciaron las condiciones inhumanas en las que se encuentran: duermen esposados en los patios de las comisarías, fueron recluidos en penales comunes y sufren todo tipo de hostigamiento de parte de la Policía. Según corroboró El Destape, continúan detenidos David Sica, Patricia Calarco Arredondo, Juan Ignacio Spinetto, Camila Belén Juárez, Nicolás Mayorga, Sasha Jazmín Lyardet, Héctor David Mallea, Cristian Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Fernando Valiente, Facundo Ezequiel Gómez, Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.
Fuente: Linea Sindical
Departamentales
Más aulas y tecnología para los estudiantes de Difunta Correa
La Escuela República del Paraguay incorporó un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de mejoras integrales en sus instalaciones. Durante la recorrida, el gobernador Marcelo Orrego también supervisó la construcción de un nuevo centro de salud y una dependencia de la Policía Rural.
Esta obra incluyó la construcción de un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de la renovación de aulas y galerías y trabajos sobre cubiertas, instalaciones eléctricas y sanitarias, carpinterías, pisos, espacios exteriores y cierre perimetral.
La jornada también tuvo un componente tecnológico. Estudiantes de la institución recibieron computadoras destinadas a acompañar sus aprendizajes y ampliar el acceso a herramientas digitales. Orrego señaló que la incorporación de tecnología forma parte de una política que busca reducir las brechas educativas y anticipó que la provincia prevé avanzar con la entrega de 50.000 equipos para alumnos de escuelas secundarias.
“Hoy tener una computadora significa acceder al conocimiento, a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial”, sostuvo el gobernador, quien vinculó esa incorporación con la igualdad de oportunidades. También destacó los programas provinciales de alfabetización y Comprendo y Aprendo como parte de las políticas educativas que lleva adelante su administración.
La visita a Vallecito incluyó además una recorrida por otras obras públicas destinadas a ampliar la prestación de servicios para los habitantes del paraje. Entre ellas se encuentra el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Vallecito, que registra un avance del 25%.
El futuro establecimiento contará con consultorios, áreas de odontología y ginecología, enfermería, farmacia, guardia, dependencias administrativas y espacios para el personal. Su incorporación permitirá ampliar la atención sanitaria sin que los vecinos deban trasladarse fuera de la localidad para acceder a prestaciones básicas.
Otro de los proyectos supervisados fue la Unidad Operativa Rural N.º 1 Vallecito, también con un avance del 25%. La dependencia dispondrá de oficinas, guardia, dormitorios, cocina-comedor, sanitarios, estacionamiento y corrales, con el objetivo de reforzar la presencia y capacidad operativa de la Policía Rural.
De esta manera, los proyectos de educación, salud y seguridad forman parte de un plan integral para Vallecito y el paraje Difunta Correa, equilibrando las necesidades de la comunidad local con el constante flujo de turistas y peregrinos.
Destacadas
El Gobierno acelera su mapa de privatizaciones y apunta a cinco empresas públicas
La administración de Javier Milei busca concretar antes del primer semestre de 2027 nuevos procesos de privatización o concesión sobre al menos cinco compañías estatales. AySA encabeza el cronograma, seguida por Belgrano Cargas, Intercargo, ENARSA y la central termoeléctrica Vuelta de Obligado.
AySA aparece como la operación más inmediata. La apertura de ofertas por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos está prevista para el 15 de septiembre. El proceso no contempla un precio base, aunque existe una valuación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que funcionará como referencia para las propuestas.
Entre los empresarios mencionados como potenciales interesados figura Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y vinculado a Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. La definición quedará supeditada al proceso licitatorio y a las condiciones establecidas por el Gobierno.
El sistema ferroviario de cargas constituye otra de las apuestas centrales. El Gobierno ya lanzó la licitación para concesionar las vías y los inmuebles asociados a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
La concesión tendrá un plazo de 50 años y requeriría inversiones estimadas en alrededor de US$1.000 millones. Las empresas adjudicatarias podrán acceder además a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El pliego incorpora una condición particular: quedan excluidas las compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Los interesados podrán formular consultas hasta el 28 de octubre y deberán presentar sus ofertas antes del 11 de noviembre a las 9.59.
El Ejecutivo también trabaja sobre Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra y operaciones de rampa en los aeropuertos. Después de un primer proceso sin resultado definitivo, las autoridades preparan un nuevo llamado antes de fin de año, aunque todavía resta definir la modalidad.
La agenda continúa con ENARSA, compañía dedicada a la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y a la generación eléctrica. La administración nacional también analiza avanzar sobre los gasoductos que permanecen bajo su órbita.
A estas operaciones se suma la central termoeléctrica Vuelta de Obligado, cuyo proceso está previsto para el primer trimestre de 2027.
La secuencia revela una política sostenida de transferencia de activos y concesiones estatales al capital privado. Con AySA como primera prueba relevante, el Gobierno busca avanzar durante los próximos meses sobre infraestructura sanitaria, transporte ferroviario, servicios aeroportuarios y energía, con el objetivo de reducir la participación directa del Estado en esas áreas.
Destacadas
El Gobierno validó el acuerdo entre la UOM y las empresas siderúrgicas
El Gobierno nacional homologó el acuerdo de la Rama 21 siderúrgica firmado por la UOM y las empresas el 13 de agosto. El entendimiento contempla una mejora del 12%, sumas extraordinarias de hasta $1,6 millones y la incorporación de los porcentajes al salario básico desde enero de 2027.
La Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero, homologó el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas siderúrgicas correspondientes a la Rama 21 del Convenio Colectivo 260/75.
El entendimiento había sido alcanzado el 13 de agosto, por lo que la aprobación administrativa llegó apenas 13 días después. La rapidez del trámite contrasta con una negociación que permaneció abierta durante aproximadamente dos años sin alcanzar un acuerdo definitivo.
El convenio establece un incremento total del 12%, instrumentado mediante sumas no remunerativas. El primer 6% se aplicará durante agosto, septiembre y octubre, mientras que el segundo 6%, no acumulativo, regirá durante noviembre y diciembre.
Los porcentajes acordados pasarán a integrar los salarios básicos de convenio desde el 1° de enero de 2027, conforme a las condiciones fijadas en el entendimiento.
Bono extraordinario
La negociación también contempla una compensación extraordinaria para los trabajadores. Los empleados propios de las compañías siderúrgicas recibirán una suma de $1.600.000, mientras que para quienes pertenecen a empresas contratistas se estableció un monto equivalente al 80%, de $1.280.000.
El pacto fue alcanzado por la comisión paritaria de la UOM designada por el interventor judicial del sindicato, Alberto Biglieri, junto con representantes de las compañías del rubro.
El cierre de una negociación extensa
La resolución puso fin a una prolongada disputa salarial que había atravesado distintas instancias de negociación. El proceso se reactivó con la conformación de una mesa de delegados paritarios, en medio de la intervención judicial del gremio y el desplazamiento de Abel Furlán.
La decisión de la autoridad laboral formaliza así un acuerdo largamente esperado por los trabajadores siderúrgicos y establece el esquema de ingresos que regirá hasta comienzos de 2027.
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