Médicos y residentes del Hospital Garrahan, investigadores del Conicet, el colectivo feminista #NiUnaMenos y jubilados se unirán en una sola protesta para exigir mejoras salariales, condiciones laborales dignas y políticas públicas que protejan sus derechos.

La lucha de los jubilados

Los jubilados volverán a exigir una recomposición de sus haberes y la actualización del bono de $70.000, congelado desde hace más de un año. A pesar de que el Congreso sigue sin destrabar ningún dictamen que avance en una reforma, el Gobierno ya anticipó su intención de vetar cualquier modificación en el sistema previsional. Los jubilados han mantenido una presencia sostenida todos los miércoles desde marzo, y seguirán luchando por sus derechos.

El conflicto en el Hospital Garrahan

Médicos y residentes del Hospital Garrahan siguen en paro y denuncian que la mejora salarial propuesta excluye a otros sectores del hospital. La disputa sigue abierta, y los trabajadores del hospital exigirán mejoras salariales y condiciones laborales dignas en la marcha.

El sector científico en alerta

Investigadores del Conicet denunciaron un «cientificidio» por el desfinanciamiento sistemático del sistema nacional de ciencia y técnica. En un reciente video, advierten sobre «un ataque sin precedentes» que «ha sumido a la ciencia argentina en la oscuridad y el silencio». Los investigadores se unirán a la marcha para exigir políticas públicas que apoyen la ciencia y la tecnología.

El feminismo se suma a la lucha

A diez años de la histórica primera marcha, el colectivo feminista #NiUnaMenos decidió trasladar su movilización al 4 de junio para confluir con el resto de las luchas. Bajo la consigna «Unir las luchas es la tarea», el feminismo se suma a la protesta en Plaza Congreso, denunciando el desmantelamiento de políticas públicas y el avance de discursos de odio por parte del actual gobierno.

La masiva marcha frente al Congreso es un claro ejemplo de la unión de las luchas y la exigencia de derechos y mejoras para todos los sectores. Los participantes en la marcha exigirán políticas públicas que protejan sus derechos y mejoren sus condiciones laborales y salariales. La unión de las luchas es la tarea, y juntos pueden lograr cambios significativos.

El Gobierno nacional prepara un decreto que podría vaciar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un organismo clave en la generación de tecnología y conocimiento para el sector agropecuario. La medida podría tener graves consecuencias para la investigación agropecuaria y la economía del país.

En un contexto de ajuste y reestructuración, el Gobierno nacional prepara un decreto que podría vaciar al INTA, un organismo que ha sido fundamental en la generación de tecnología y conocimiento para el sector agropecuario argentino. La medida, impulsada por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, implicaría la salida inmediata de entre 800 y 850 trabajadores que no forman parte de la planta permanente, con la intención de alcanzar los 1.500 desvinculados en una segunda etapa mediante retiros voluntarios.

El impacto en la investigación agropecuaria

El INTA es un organismo que ha desarrollado tecnologías y conocimientos que han permitido mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario argentino. El vaciamiento del INTA podría afectar la capacidad del país para producir alimentos y materias primas de manera eficiente y sostenible.

Ante esta situación, se convocó a una asamblea urgente en el INTA Castelar para este jueves, con el objetivo de organizar una movilización nacional en defensa del organismo. Los trabajadores y delegados están decididos a resistir lo que consideran el mayor ataque al INTA en su historia. «Este decreto apunta a vaciar al INTA y dejarlo en manos del negocio inmobiliario rural y urbano», alertó José Perea, delegado de ATE en Castelar.

El Ejecutivo nacional convocó a los gremios del Hospital Garrahan tras semanas de tensiones crecientes. La audiencia del 6 de junio será clave para evitar una huelga nacional. El conflicto expone las fisuras profundas del sistema sanitario argentino y una política que, para muchos, avanza hacia el desmantelamiento del sector público.

El llamado del Gobierno de Javier Milei a una audiencia con los gremios del Hospital Garrahan —la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales y Técnicos— se produce tras un crescendo de protestas y denuncias que pusieron en jaque la imagen de gestión del oficialismo en el plano sanitario. La cita, programada para el jueves 6 de junio a las 13:30 horas, constituye no sólo un intento de destrabar el conflicto interno del prestigioso hospital pediátrico, sino también una instancia de alto voltaje político donde se confrontan dos visiones antagónicas sobre el rol del Estado en la salud pública.

Durante las últimas semanas, trabajadores y profesionales del Garrahan han alzado la voz contra lo que consideran un deterioro progresivo de sus condiciones de trabajo y una precarización inadmisible en un centro de referencia nacional. Las movilizaciones frente al nosocomio no solo denunciaron el estancamiento salarial, sino que también pusieron sobre la mesa las carencias estructurales, desde insumos escasos hasta recortes presupuestarios que impactan de lleno en la atención a niños y niñas vulnerables.

La convocatoria del Ejecutivo fue interpretada por los gremios como un paso obligado y no como un gesto de apertura. Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE, fue categórico al señalar que la reunión fue fruto de la presión sindical y no de la voluntad política. “Se vieron obligados a dialogar luego de campañas de desprestigio, operaciones mediáticas y una estrategia que intentó dividir a los trabajadores”, denunció públicamente. En su lectura, lo que ocurre en el Garrahan es un microcosmos del proceso de desmantelamiento del sistema público de salud, bajo una lógica que prioriza el ajuste económico sobre los derechos sociales.

El conflicto Garrahan como síntoma de una política de salud en crisis

Lo que está en juego va mucho más allá de un reclamo salarial. El Garrahan —históricamente símbolo de excelencia médica en el país— hoy encarna el desasosiego de un sector que se siente arrinconado. Las voces sindicales advierten que el recorte presupuestario se traduce en una degradación silenciosa de la atención médica, con consecuencias irreparables. La advertencia no es menor: si no se obtienen respuestas concretas en la audiencia del jueves, ATE ya anunció una medida de fuerza a nivel nacional, afectando a hospitales públicos de todo el país.

La política de reducción del gasto público aplicada por el Gobierno nacional, amparada en una retórica de eficiencia y racionalización, está siendo fuertemente cuestionada desde múltiples frentes. La salud, como derecho constitucional, no puede ser regulada por las leyes del mercado ni estar sujeta a criterios meramente contables. La idea de que “el que no paga, no accede” pone en jaque décadas de construcción sanitaria con un enfoque inclusivo y universalista.

Desde las provincias también se alzan críticas: el ajuste no impacta de modo uniforme, sino que agrava las desigualdades estructurales entre jurisdicciones con capacidades fiscales muy dispares. Los hospitales provinciales, ya golpeados por la inflación, la escasez de recursos y la fuga de profesionales, ven en el caso del Garrahan una advertencia sobre lo que puede suceder en sus propios territorios si no hay un viraje en la política sanitaria nacional.

La audiencia del 6 de junio será, en los hechos, mucho más que una instancia paritaria. Representará un enfrentamiento entre dos lógicas irreconciliables: una que considera al Estado como garante de derechos sociales, y otra que lo concibe como un actor residual, sólo activo en lo mínimo indispensable.

El Hospital Garrahan, con su peso simbólico y operativo, ha vuelto a convertirse en el escenario de una disputa de fondo. La resolución o escalada de este conflicto podría marcar el rumbo inmediato de la política de salud en la Argentina. El Gobierno deberá decidir si persiste en una estrategia de confrontación o si abre una puerta real al diálogo. La salud pública, mientras tanto, espera una respuesta que no sea sólo técnica ni táctica, sino profundamente política y humana.