
La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
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Advierten que los salarios caen el doble con nueva canasta que mide el Indec

La pérdida salarial en el país se profundiza y las proyecciones privadas advierten que, si el Indec aplicara la nueva canasta de consumo para medir la inflación, la pérdida salarial sería casi el doble de la registrada actualmente. Ante esta situación, y faltando solo unos diás para las elecciones en el territorio bonaerense, el Gobierno nacional enfrenta un panorama económico adverso.
Un informe reciente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) revela que el salario mínimo se contrajo un 32,5% en términos reales desde noviembre de 2023, mientras que las remuneraciones promedio retrocedieron un 5%. Sin embargo, si se aplicara la nueva metodología de inflación pendiente de implementación por parte del INDEC, el retroceso treparía al 9,1%. La fuerte devaluación inicial de la gestión de Javier Milei, sumada a la aceleración inflacionaria, impactó de lleno en los bolsillos de los trabajadores.
Según el estudio de CIFRA, tras una recuperación parcial hacia finales de 2024, los salarios volvieron a estancarse. «Desde noviembre pasado, la menor inflación no se tradujo en mejoras: el desempleo debilitó las negociaciones colectivas y el Gobierno buscó limitar los aumentos salariales por debajo del alza de precios», señalaron desde el centro de estudios. Como resultado, en junio de 2025 el salario real registrado quedó 5,5% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
La situación es aún más grave en el sector público: mientras que los privados acumulan una pérdida de 0,6% según el IPC actual (4,4% con la canasta actualizada), los estatales retrocedieron 14,3% y 17,6% respectivamente.
Actualmente, el INDEC mide la inflación con la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2003/2004. Si bien en 2017-2018 se llevó adelante una actualización, el nuevo índice aún no fue publicado, pese a que el trabajo técnico está concluido desde fines de 2024.
El propio FMI advirtió en su último staff report que espera que el organismo argentino implemente la nueva metodología hacia finales de 2025, lo que permitiría reflejar mejor los patrones actuales de consumo y precios relativos.
Más allá de la discusión metodológica, la realidad de los hogares muestra un deterioro constante. El ingreso disponible promedio en el AMBA cayó 0,4% en junio, acumulando tres bajas en cuatro meses, según Empiria. En comparación con noviembre de 2023, la merma llega al 7%.
En paralelo, crece el endeudamiento: un estudio del Banco Provincia señala que los préstamos a familias aumentaron más de 60% real entre noviembre de 2023 y julio de 2025, pasando de representar el 5% al 8% de los recursos de los hogares.
A esto se suma la multiplicación de empleos: durante el primer trimestre de 2025, casi 1 de cada 10 trabajadores tuvo más de un trabajo, un nivel superior al promedio de 2017-2019 y bastante por encima del registrado entre 2021 y 2023.
La foto del salario mínimo sintetiza el panorama: su valor real hoy es inferior al que rigió durante gran parte de la década del 90 y en la crisis de la Convertibilidad. Según cálculos de CIFRA, si no hubiese perdido poder adquisitivo a lo largo de la última década, debería ubicarse por encima de los $740.000.
Con elecciones inminentes y la Provincia de Buenos Aires como distrito clave, la caída de los ingresos aparece como un desafío político y social central para el Gobierno, en un escenario donde el bolsillo de los trabajadores sigue siendo el principal termómetro de malestar.
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La UIA propone reactivar un régimen de rebaja de contribuciones patronales para empresas del interior

La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso reactivar un régimen de contribuciones patronales diferencial que permita a las empresas del interior del país abaratar el costo de contratación de empleados. El planteo se enmarca en una agenda de cinco ejes que incluye reforma tributaria, modernización laboral e inversión en infraestructura.
La UIA, liderada por Martín Rappallini, busca recuperar el esquema del Decreto 814/2001, que fijaba una alícuota única del 16% en contribuciones patronales y otorgaba a las empresas la posibilidad de imputar parte del IVA a cuenta de esas cargas. La proporción que podían descontar dependía de la distancia de cada provincia respecto de los puertos, lo que beneficiaba particularmente a las regiones del NOA y el NEA.
Según la UIA, este régimen fue clave para el desarrollo de numerosas pymes y atrajo inversiones de grandes empresas en el norte del país, al permitirles compensar los mayores costos logísticos. La entidad sostiene que la reactivación de este régimen sería fundamental para mejorar la competitividad del sector industrial en el interior del país.
La Unión Industrial Argentina también presentó una agenda de cinco puntos para mejorar la competitividad del sector, que incluye:
- Reforma tributaria, para simplificar cargas y eliminar distorsiones.
- Modernización laboral, orientada a marcos más flexibles e inclusivos.
- Inversión en infraestructura, con el fin de reducir costos logísticos y conectar regiones.
- Financiamiento productivo, accesible y previsible para pymes e industrias innovadoras.
- Educación técnica, articulada con la demanda productiva para potenciar el talento industrial.
En este sentido, Martín Rappallini expresó. «Tenemos un sistema impositivo récord y un sistema laboral antiguo. La macro es importante, pero hay que trabajar en la microeconomía y en el costo argentino», completó Rappallini .
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Paritarias: Qué gremios cobrarán aumentos salariales en septiembre

Con un panorama preocupante de inflación persistente, varios gremios lograron cerrar paritarias y avanzar con mejoras salariales para este mes de septiembre.
A continuación, te presentamos un resumen de los acuerdos alcanzados por sector:
- Estatales (Provincia de Buenos Aires): Cobrarán un aumento del 2,5% sobre los haberes de julio, más un 7,5% en viáticos.
- Construcción (UOCRA): Se aplica un 1,1% sobre los básicos de julio.
- Empleadas Domésticas: Percibirán un 1% de aumento y la última cuota de un bono no remunerativo (de $4.000 a $9.500 según las horas).
- Comercio (General, Call Centers y Turismo): Cobrarán un 1% de aumento más una suma no remunerativa de $40.000.
- Bancarios: El sueldo inicial alcanzará $1.895.421.
- Metalúrgicos (UOM): Recibirán un 1% correspondiente a agosto más 25.000 no remunerativos. El ingreso mínimo global de referencias se ubica en 909.114.
- Camioneros: Cobrarán un 1% de agosto más una suma no remunerativa de $45.000. Hugo Moyano ya reclama una revisión.
- Sanidad (FATSA): Percibirán un 1,9% sobre básicos más una suma fija no remunerativa de $60.000.
- Playeros (Estaciones de Servicio): El salario básico de un operador de playa será de $1.025.576.
- Colectiveros (UTA – AMBA): El salario total a percibir (incluyendo viáticos) será de $1.600.000.
- Vigiladores Privados: Tendrán un aumento del 0,9%, llevando el básico a $808.600.
- Encargados de Edificio: Recibirán un aumento sobre los básicos de julio más una suma fija de $50.000.
- Trabajadores Rurales: Tendrán un 1,5% de incremento más un bono de $20.000.
El panorama refleja una negociación paritaria compleja, donde la mayoría de los sindicatos lucha por no quedar rezagado frente a una inflación que continúa erosionando el poder de compra de los salarios. Los acuerdos alcanzados varían según el sector y el gremio, pero en general, buscan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
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