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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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La UTA anunció un paro de colectivos en todo el país para el 6 de mayo

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un paro de colectivos de 24 horas en todo el país para el próximo martes 6 de mayo, tras el fracaso en las negociaciones salariales con las empresas del sector y el vencimiento del período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno nacional.

La medida de fuerza fue anunciada oficialmente por el Consejo Directivo Nacional del gremio, que aseguró que «pese a las gestiones realizadas, no se ha podido mejorar el ofrecimiento empresarial y se ha agotado el período de Conciliación Laboral Obligatoria». Por lo tanto, se resolvió el paro a partir de las 00:00 horas del martes en todas las empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia del país.

En San Juan, el secretario general de la UTA local, Héctor Maldonado, confirmó que la provincia se suma a la medida: «Es paro nacional, por lo que San Juan como todo el país para».

El paro de colectivos es un claro ejemplo de la máxima tensión entre los trabajadores y las empresas del sector. La UTA reclama un aumento salarial significativo, mientras que las empresas argumentan que el esquema vigente de tarifas y subsidios las deja en una posición de desfinanciamiento estructural.

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Otro golpe al bolsillo: El servicio de agua y cloaca aumenta un 9% en mayo

La empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) anunció un aumento del 9% en las tarifas de agua y cloaca, que regirá a partir de mayo. El servicio de agua y cloaca pasará a costar $30.020, lo que implica un incremento significativo para los usuarios.

Según se publicó en el Boletín Oficial de la provincia, OSSE ajustará su régimen tarifario a partir del periodo 05-2025, lo que tendrá impacto a partir de mayo. La empresa argumenta que el aumento se debe al incremento en los costos por prestación del servicio, producidos desde la última actualización de las tarifas.

El incremento anterior se dio en el mes de marzo, por lo que este significa el tercer reajuste en las boletas del servicio en lo que va del 2025. Los usuarios de OSSE deberán afrontar un aumento significativo en sus facturas, lo que puede generar un impacto en sus economías familiares.

La suba en las tarifas de OSSE se acumulan a otros incrementos en servicios básicos que ya están afectando a los usuarios en los últimos meses. La pregunta es si podrán absorber estos aumentos y si la empresa podrá garantizar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio.

Impacto en los usuarios:

  • El servicio de agua y cloaca pasará a costar $30.020, lo que implica un incremento del 9% respecto al valor anterior.
  • El servicio de agua sola pasará de $12.429,75 a $16.393,99, lo que implica un incremento del 32% respecto al valor anterior.

La actualización de las tarifas de OSSE es un golpe más para sus abonados, que ya están sufriendo el impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Es fundamental que la empresa garantice la calidad y eficiencia en la atención al cliente y que los usuarios puedan acceder a un suministro básico como el agua y la cloaca sin que se les impongan aumentos desmedidos.

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El Gobierno oficializó aumentos en luz, gas y otros servicios básicos

El Gobierno nacional oficializó un aumento en las tarifas de luz y gas que regirá a partir de mayo, con un impacto final en las facturas que se ubicará entre el 2,5% y el 3%. La medida se suma a otros aumentos pautados en servicios como agua, transporte y prepagas.

La Secretaría de Energía y los entes reguladores de electricidad y gas publicaron en el Boletín Oficial las resoluciones que establecen los aumentos en las tarifas de luz y gas. Según fuentes oficiales, el incremento se debe a la revisión tarifaria quinquenal y la actualización del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) y el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte de Gas (PIST).

La Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) implicará un aumento en la remuneración para las empresas transportistas y distribuidoras de luz y gas, además de un esquema de actualización periódica automática. En mayo, las facturas finales se verán incrementadas entre 2,5% y 3% debido a la combinación de estos factores.

El aumento en las tarifas de luz y gas se suma a otros aumentos pautados para mayo en servicios básicos como agua, y prepagas. Esto implica un impacto significativo en los bolsillos de las familias argentinas, que ya están sintiendo desde hace meses el peso de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

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