La FEDUN y el Frente Sindical de Universidades Nacionales denunciaron que la decisión presidencial profundiza la crisis educativa. El paro de este viernes paralizó la actividad académica y administrativa en todo el país y anticipa una nueva marcha federal.

El sistema universitario argentino vivió este viernes una jornada de virtual parálisis. Docentes y trabajadores nodocentes de las casas de estudio de todo el país adhirieron masivamente al paro nacional convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, destinada a garantizar recursos para el funcionamiento de las instituciones y recomponer los salarios del sector, había sido aprobada en el Congreso pero fue bloqueada por el Poder Ejecutivo.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), que lidera Daniel Ricci, aseguraron que el acatamiento fue “casi total” y subrayaron que la contundencia de la protesta refleja el malestar generalizado de la comunidad académica. “El gobierno nacional decidió profundizar la crisis en lugar de atender el reclamo de estudiantes y trabajadores”, señaló Ricci, anticipando que el plan de lucha tendrá continuidad con una nueva marcha federal el día que se trate en el Congreso la ratificación o rechazo al veto.

Uno de los ejes centrales de la protesta es la crítica situación de los salarios docentes y nodocentes, que se encuentran entre los más afectados por la inflación. Según datos de los gremios, durante el último año los ingresos perdieron más del 50% de su poder adquisitivo, y los incrementos otorgados en 2024 han quedado muy por debajo del alza de precios. “Mes a mes los sueldos se deterioran, y hoy la universidad pública solo se sostiene gracias al esfuerzo de sus trabajadores”, remarcaron desde FEDUN.

La ley vetada contemplaba un refuerzo presupuestario indispensable para cubrir gastos de funcionamiento, garantizar becas estudiantiles y sostener el nivel académico. Para los sindicatos, su implementación era una respuesta concreta a las demandas de un sistema que consideran “en riesgo de colapso”.

La defensa de la universidad pública se ha convertido en un tema sensible de la agenda política. En palabras de Ricci, “la universidad es la principal herramienta de igualdad y de movilidad social, individual y colectiva. Es respetada por toda la sociedad argentina y constituye un pilar del desarrollo nacional”.

El dirigente gremial reclamó a legisladores y legisladoras que “cumplan con el mandato popular” expresado en las masivas movilizaciones de 2024 y que, al tratarse el veto en el Congreso, voten por su rechazo. La próxima marcha federal, anticiparon, volverá a llenar las calles de estudiantes, docentes y familias en defensa de la educación superior gratuita y de calidad.

Escenario político y expectativas parlamentarias

El paro universitario coincide con un clima político enrarecido tras el reciente traspié electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, lo que otorgó nuevo impulso a la oposición. Con ese telón de fondo, las bancadas contrarias al Gobierno se preparan para la sesión del 17 de septiembre, donde buscarán reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto no solo a la ley universitaria, sino también a la norma de emergencia sanitaria pediátrica.

En la votación original, el financiamiento universitario obtuvo 158 votos afirmativos, 75 en contra y cinco abstenciones en la Cámara de Diputados, quedando a apenas dos voluntades de la mayoría especial. Ese antecedente alimenta el optimismo opositor, que confía en lograr el número suficiente para reinstaurar la ley y enviar una señal política contundente al Poder Ejecutivo.

Continuidad del conflicto

Con la protesta de este viernes, la tensión entre el Gobierno y el sistema universitario alcanzó un nuevo punto álgido. El conflicto combina la urgencia salarial de docentes y trabajadores con una disputa política de fondo: el rumbo de la educación pública en la Argentina.

Desde la FEDUN y el Frente Sindical de Universidades Nacionales advirtieron que la lucha no se detendrá hasta que se garantice un financiamiento adecuado. “Seguiremos defendiendo en unidad la universidad pública, gratuita y de calidad, al servicio del pueblo argentino”, remarcaron.

Mientras tanto, la comunidad académica permanece expectante. El desenlace parlamentario del 17 de septiembre no solo definirá el futuro inmediato de las universidades, sino que marcará también el pulso de la relación entre el Ejecutivo y un sector clave de la sociedad que, una vez más, se convierte en actor central de la política nacional.

La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, anunció la actualización salarial para los trabajadores del sector, que incluye un aumento significativo en el salario inicial y el bono del Día del Bancario.

Según el comunicado oficial, el salario inicial se fijó en $1.876.720,94, al que se suma la participación en ganancias (ROE) por $54.250,14, alcanzando un total de $1.930.971,08.

Además, se estableció que el monto mínimo por el Día del Bancario será de $1.673.031,80, cifra que podrá corregirse con futuras actualizaciones. El retroactivo correspondiente a la actualización de agosto se abonará junto con los haberes de septiembre.

Con este incremento, los salarios del sector acumulan en los primeros ocho meses del año un 19,5% de incremento respecto de diciembre de 2024. La Asociación Bancaria destacó también que esta medida busca garantizar que los trabajadores y trabajadoras continúen salvaguardando el poder adquisitivo de sus sueldos.

En un entorno de crecientes demandas laborales, la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) alcanzó un acuerdo salarial con las empresas Claro, Telecom y Movistar, que establece una suma extraordinaria equivalente al 1,90% de todas las escalas salariales vigentes para el mes de septiembre.

Este pacto también incluye un aumento del 1,90% en la escala salarial a partir de octubre de 2025, lo que refleja el compromiso de las partes involucradas en mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector.

La CONSITEL, liderada por Claudio Marín, fue un actor clave en la negociación de este entendimiento salarial, que busca reconocer la importancia del trabajo que realizan los trabajadores de telecomunicaciones en la industria. El acuerdo se pagará de manera equitativa en todas las categorías. Además, se sumará una cifra correspondiente al premio de productividad o «presentismo» del mismo mes.

El aumento acordado para octubre de 2025 es del 1,90%, lo que se distribuirá de manera diferenciada según la actividad. Para los trabajadores de la actividad móvil, la suba será del 100% sobre el salario básico, mientras que para los trabajadores de la actividad fija, el aumento será de 1,70% adicional, distribuido en un 60% sobre el salario básico y un 40% sobre el Adicional Especial. Además, se destinará un 0,20% como viático convencional, no sujeto a rendición, para compensar los impactos en productividad y turnos especiales.