Un fallo judicial de alto impacto político e institucional volvió a reinstaurar la tirantez entre el Gobierno nacional y el sistema universitario. El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 resolvió este martes hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ordenando la inmediata aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

La resolución deja sin efecto, para el caso concreto, el Decreto 795/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la ejecución de la norma sancionada por el Congreso. Dichos artículos establecen la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, así como la actualización de las becas estudiantiles conforme a la evolución inflacionaria.

El conflicto se originó tras la sanción de la ley por ambas Cámaras del Congreso. Aunque el presidente Javier Milei vetó la norma, el Parlamento rechazó el veto, lo que dejó a la ley plenamente vigente. Sin embargo, el Ejecutivo apeló a la Ley 24.629 para sostener que la aplicación quedaba suspendida hasta que el Congreso definiera explícitamente las fuentes de financiamiento, argumento que dio sustento al decreto ahora cuestionado.

Ante este escenario, el CIN inició a fines de octubre de 2025 una acción colectiva solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la ley. En su presentación, las universidades advirtieron sobre una “afectación colectiva y urgente”, al señalar que el congelamiento salarial y de becas profundizaba la pérdida del poder adquisitivo, afectaba el normal funcionamiento de las casas de estudio y vulneraba derechos constitucionales como el acceso a la educación superior y la autonomía universitaria.

Según datos aportados en el expediente, alrededor del 70% de los docentes y no docentes universitarios perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, situación que se agravó durante el último año por la inflación y la falta de actualizaciones salariales.

Análisis del fallo

En su resolución, el juez Martín Cormick consideró que existía una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” en el accionar del Poder Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que la suspensión dispuesta por el decreto impugnado lesionaba de manera clara e inequívoca derechos reconocidos constitucionalmente, sin que resultara necesario un análisis extenso de los hechos para advertir el perjuicio ocasionado.

El magistrado dispuso declarar inaplicable el decreto en lo referido a la suspensión de la Ley 27.795 y ordenó que la medida cautelar tenga vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva, que resolverá la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del accionar del Ejecutivo.

El fallo se dictó en un contexto político particularmente sensible, atravesado por el debate del Presupuesto 2026. El proyecto enviado por el Gobierno incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento educativo, lo que generó un fuerte rechazo en la oposición y en diversos sectores sociales.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto, pero rechazó los artículos vinculados a discapacidad y educación superior. Ahora el proyecto será tratado en el Senado, donde el oficialismo buscará revertir esa decisión.

La medida cautelar representa un respaldo judicial significativo para las universidades nacionales y reaviva la discusión sobre el rol del Estado en el financiamiento de la educación superior. Más allá de su carácter provisorio, el fallo expone los límites legales del Ejecutivo para suspender leyes vigentes y vuelve a colocar en el centro del debate la crítica situación salarial del sistema universitario, en un contexto de ajuste fiscal y fuerte conflictividad social.

Aunque el empleo mostró una mejora en el tercer trimestre de 2025, un informe privado advierte que la expansión estuvo dominada por el trabajo informal, sin estabilidad ni protección social, lo que profundiza la precarización laboral.

Los datos oficiales celebrados por el Gobierno sobre la recuperación del empleo esconden una realidad menos alentadora cuando se analiza la calidad de los puestos generados. Según un estudio de la consultora Politikon Chaco, durante el tercer trimestre de 2025 la tasa de empleo alcanzó el 45,4 % a nivel nacional, con la incorporación de 302 mil nuevos ocupados en comparación con el trimestre anterior.

Sin embargo, el estudio advierte que este crecimiento estuvo sostenido, en su inmensa mayoría, por el avance del trabajo informal. En la comparación interanual, el 84 % de los nuevos empleos corresponde a ocupaciones sin registrar, lo que implica que más de 200 mil personas accedieron a trabajos sin estabilidad, aportes jubilatorios, cobertura de salud ni derechos laborales básicos.

Lejos de representar una recuperación sólida del mercado de trabajo, el fenómeno refleja un empeoramiento estructural de las condiciones laborales, donde el empleo funciona como una estrategia de subsistencia antes que como un mecanismo de inclusión social y movilidad económica.

Concentración geográfica y desigualdades

El crecimiento del empleo también mostró una fuerte concentración territorial. El Gran Buenos Aires (GBA) explicó el 64 % de los nuevos ocupados interanuales y el 84 % de los creados en la comparación trimestral, lo que revela una dependencia marcada de una sola región para sostener los indicadores nacionales.

Este patrón profundiza las desigualdades regionales y evidencia la fragilidad del proceso. Mientras el GBA y la región Pampeana superan la tasa de empleo promedio del país, otras zonas muestran señales preocupantes. El NEA y la Patagonia registraron caídas interanuales en el empleo, y aunque el NEA mostró una mejora trimestral, el avance no se tradujo en una mayor formalización ni en mejores condiciones de inserción laboral.

Menos desempleo, más precariedad

En paralelo, la tasa de desocupación descendió al 6,6 %, con 133 mil personas menos buscando trabajo respecto del trimestre anterior. Si bien este dato suele interpretarse como una señal positiva, el informe advierte que debe analizarse con cautela.

La reducción del desempleo no necesariamente implica una mejora estructural si quienes abandonan la desocupación lo hacen para incorporarse a empleos informales, inestables y de bajos ingresos. ,En este aspecto la baja del indicador puede funcionar como un alivio estadístico, pero no como una solución de fondo a los problemas del mercado laboral.

El escenario que describe el informe de Politikon Chaco plantea un desafío central para la política económica y laboral. No alcanza con crear empleo si ese empleo es precario. La expansión del trabajo informal puede mejorar transitoriamente los números, pero a largo plazo debilita el sistema de seguridad social, reduce la recaudación fiscal y consolida un modelo laboral desigual y fragmentado.

La recuperación del empleo celebrada por el Gobierno muestra así su contracara: más personas ocupadas, pero con menos derechos, menos protección y menor estabilidad. El desafío pendiente no es solo generar puestos de trabajo, sino construir un mercado laboral que ofrezca empleo de calidad y condiciones dignas, condición indispensable para un desarrollo económico sostenible.

La capacidad de pago de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos quince años. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad de las familias alcanzó en octubre de 2025 su nivel más alto desde que se llevan registros sistemáticos, iniciados en 2010.

El índice de irregularidad crediticia de los hogares se ubicó en el 7,8 %, lo que representa un incremento de 5,5 puntos porcentuales interanuales y marca el duodécimo mes consecutivo de crecimiento, consolidando una tendencia persistente de deterioro financiero.

El informe del organismo monetario revela que el aumento de los atrasos se concentra en los segmentos más sensibles al ingreso disponible. En los préstamos personales, la morosidad trepó hasta casi el 9,9 %, con un salto anual de 6,5 puntos porcentuales, reflejando el impacto directo de la pérdida de poder adquisitivo y del encarecimiento del crédito.

Un comportamiento similar se observa en las tarjetas de crédito, donde la irregularidad alcanzó el 7,7 %, impulsada por el uso creciente del financiamiento para cubrir gastos corrientes y por la acumulación de saldos difíciles de cancelar en un escenario de tasas elevadas.

En contraste, los créditos hipotecarios mantuvieron niveles de mora relativamente bajos y estables, en torno al 1 %, una dinámica que responde tanto a los mayores requisitos de acceso como a la prioridad que las familias suelen otorgar al pago de la vivienda frente a otras obligaciones.

Análisis del sistema financiero

El deterioro no se limita exclusivamente a los hogares. El BCRA también advirtió un aumento en la morosidad de las empresas, que pasó del 0,7 % al 1,9 % interanual, con mayores dificultades en los préstamos prendarios. Al consolidar los datos de familias y firmas, el índice general de irregularidad del sistema financiero alcanzó el 4,5 % en noviembre, el registro más alto desde finales de 2021.

Este escenario se explica por una combinación de factores: tasas de interés reales elevadas, caída o estancamiento de los ingresos reales, mayor presión del costo de vida y un uso intensivo del crédito de corto plazo para sostener el consumo. Las líneas más flexibles —pero también más costosas— se transformaron en una trampa financiera para amplios sectores de la población.

El récord histórico de morosidad familiar expone con crudeza las tensiones que atraviesan los hogares argentinos. Más allá de la estabilidad nominal de algunas variables macroeconómicas, los datos del Banco Central muestran que el ajuste impacta de lleno en la economía cotidiana, dificultando el cumplimiento de compromisos básicos.

La persistencia de esta tendencia plantea un doble desafío: para las familias, que ven erosionada su capacidad de pago, y para el sistema financiero, que enfrenta un deterioro progresivo en la calidad de su cartera. En esta situación, la evolución del crédito y del ingreso real será clave para determinar si este récord marca un techo o el inicio de una etapa aún más compleja.