Numerosas organizaciones sociales realizarán este martes una Jornada Nacional de lucha con cortes “contra el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores” que lleva adelante el Gobierno de Milei.

Así lo anunciaron los movimientos territoriales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y en el Frente de Lucha Piquetero, los que bajo la consigna “En Defensa del Trabajo de la Economía Popular”, a partir de las 10 de la mañana del martes, procederán a realizar cortes de rutas en 500 puntos del país.

Mediante un comunicado difundido ayer, las organizaciones advirtieron que ante “la decisión del Ministerio de Capital Humano ya hay varios recursos de amparo presentados en la justicia para que intervenga frente a la grave crisis humanitaria que se vive en los barrios populares y principalmente en los comedores comunitarios que se encuentran desabastecidos”.

En otro tramo, indicaron que los “cortes de rutas con ollas populares en todas las rutas del país” apuntan a “impedir que le quiten el salario a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, el que según afirman “se conquistó con la sanción de la ley de emergencia social en el 2016”.

El Gobierno nacional solicitó el cierre de las corresponsalías que la agencia de noticias Télam tiene en varios puntos del país, dos meses después de que el Ejecutivo pusiera fin al servicio informativo y pasara a disponibilidad a la totalidad de su planta.

El Ejecutivo hizo oficial el pedido a través de la presentación de un Memorándum dirigido a las autoridades de las distintas áreas de la empresa del Estado, tales como Walter Silva, Valeria Posadas, Carlos Avaca, Maximiliano García y Carlos Digiano. El documento lleva la firma de Diego Martín Chaher, interventor de la agencia de noticias.

“Se instruye a las áreas correspondientes de la empresa para que, dentro del ámbito de sus competencias, articulen propuestas de plan de acción para dar inicio a la ejecución tendiente al cierre operativo de las corresponsalías de la empresa”, asegura el escrito.

Estas sedes se encuentran en las ciudades de Resistencia, Chaco; Bahía Blanca y La Plata; provincia de Buenos Aires; Paraná, Entre Ríos; Santa Rosa, La Pampa; Posadas, Misiones; Viedma, Río Negro; Salta, San Juan, Santa Fe y Rosario, Ciudad de Córdoba, Córdoba; Corrientes, en su provincia homónima; y en Mendoza Capital, Mendoza.

“A tal fin, deberán preverse las acciones necesarias tendientes a inventariar y poner a resguardo patrimonial los bienes pertenecientes a la empresa, y asegurar la restitución de los bienes personales a los empleados ya desvinculados y aquellos dispensados del débito laboral con goce de haberes”, agrega el escrito.

En ese sentido, el documento indica que “deberá procederse a la rescisión de los contratos de locación en el caso de las corresponsalías cuyo inmueble conserve a la fecha contrato de locación vigente”.

El Gobierno inició este proceso hace dos meses. El pasado 4 de marzo, la sede de Télam, ubicada en la calle Bolívar de la Ciudad de Buenos Aires, amaneció vallada y rodeada de policías. Los trabajadores que habitualmente cumplen tareas en ese edificio no pudieron ingresar.

Una semana después, el Gobierno nacional renovó la licencia por otros siete días e implementó un programa de retiros voluntarios para todo el personal, tanto para empleados que estén en planta permanente como para contratados.

“En el marco de un proceso de reestructuración del Estado iniciado por el Presidente de la Nación, se anuncia la implementación del programa de Retiro Voluntario, por treinta (30) días, para todo el personal, de planta y contratado a plazo fijo, de Télam S.E, en los términos del archivo que se adjunta al pie de la presente comunicación”, decía el comunicado difundido en ese momento.

Esta semana comunicó el inicio del Procedimiento Preventivo de Crisis. Se trata de un mecanismo por el cual buscarán cesantear a todos aquellos que no acepten los retiros voluntarios después del 10 de mayo.

Télam fue creada hace 78 años. Es la agencia de noticias más grande del país y cuenta con 700 empleados que producen alrededor de 500 artículos por día para su difusión. En paralelo, el Gobierno intenta allanar el camino para privatizar Radio y Televisión Argentina, que integra la lista incluida dentro de la Ley Bases de empresas nacionales que podrían ser vendidas al sector privado. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y espera ser tratado en el Senado.

En el Día del Trabajador, la central obrera, las CTA y la UTEP rechazaron de manera contundente el brutal ajuste de Milei y reclamaron a los senadores que no aprueben los proyectos de Ley Bases y el paquete fiscal que tienen media sanción de la Cámara de Diputados. 

El secretario general de la central obrera, Héctor Daer, ratificó el paro del próximo 9 de mayo al afirmar que la Argentina “estaba mal y ahora está peor”.

“Tenemos una agenda de reclamos muy claros, que tienen que ver con la situación social, con las decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos meses de gobierno. Decisiones que tuvieron que ver con un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables”.

Daer destacó que la CGT no negoció “ningún proyecto, ni dictamen, ni media sanción” de reforma laboral con la Casa Rosada. “Vamos a seguir adelante con el plan de lucha que venimos desarrollando porque no vamos a resignar ni un ápice de todos los derechos que tenemos conquistados a lo largo de la historia”.

Por su parte, el dirigente del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que no se reunirá “con ningún gobernador de Juntos por el Cambio” y aseguró que “los 33 senadores peronistas van a votar en contra de la Ley Bases” y que «hay que ir a buscar a los que no pertenecen a Unión por la Patria”.

Moyano sostuvo que “hoy es un día horrible, triste y amargo. No se dan cuenta del daño que le están haciendo al pueblo argentino a través de lo que se votó ayer. “No hay un solo beneficio para los trabajadores en la Ley Bases, todo es para los empresarios”. Agregó que “para que el Senado la apruebe, el gobierno está extorsionando a los gobernadores a través de las obras públicas”.

Las columnas de los gremios nucleados en la CGT marcharon desde Independencia y 9 de Julio hasta el Monumento al Trabajo, en Paseo Colón, donde se leyó el documento «En defensa de los derechos Laborales, Sociales, Previsionales y del Modelo Sindical«, pero donde no hubo discursos ni escenario.

Los gremialistas se mostraron sorprendidos por la afluencia de manifestantes. Los organizadores informaron que en la movilización hubo más de 300.000 personas. En el documento, la CGT reiteró sus críticas al ajuste del gobierno. “No lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables”, señaló la proclama del consejo directivo.