La FAECyS selló un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias: un incremento del 5% en tres tramos y un bono de $120.000. En un clima de inflación persistente, el esquema refleja la presión entre la recomposición del ingreso y la sostenibilidad de las empresas.

En una negociación atravesada por las restricciones macroeconómicas y la necesidad de sostener la actividad, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, (FAECyS) – acordó con la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales una actualización salarial para el trimestre abril-junio de 2026.

El entendimiento establece un incremento total del 5%, distribuido en tres tramos mensuales —2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio— junto con el pago de un bono extraordinario de $120.000 que alcanzará a todas las categorías del convenio colectivo.

La arquitectura del acuerdo no es novedosa: replica el esquema de aumentos fragmentados y sumas fijas que viene predominando en las paritarias del sector desde 2025, cuando se implementaron incrementos escalonados y bonos no remunerativos como mecanismo para amortiguar el impacto inflacionario sin trasladar plenamente los costos a las estructuras empresariales . Esta modalidad, si bien aporta previsibilidad en el corto plazo, también expone una limitación estructural: la dificultad de recomponer el salario real de manera sostenida.

En este marco, el entendimiento incorpora una cláusula de monitoreo permanente que habilita la revisión de las condiciones salariales en función de la evolución de los precios. Se trata de una herramienta que se volvió habitual en las negociaciones recientes, en un ámbito donde la nominalidad pierde rápidamente vigencia frente a la inercia inflacionaria.

El incremento luce acotado frente a una subida de costos que, aunque desacelerada respecto de picos anteriores, continúa erosionando el poder adquisitivo. Por otro, las empresas —especialmente las de menor escala— enfrentan márgenes estrechos y caída del consumo, lo que limita su capacidad para absorber aumentos más agresivos.

La paritaria mercantil, la más numerosa del país, vuelve así a funcionar como un termómetro de la economía real. En ella confluyen las urgencias de más de un millón de trabajadores con las restricciones de un sector clave para la actividad interna. En ese cruce, el resultado suele ser una solución intermedia: acuerdos moderados, pagos complementarios y revisiones periódicas.

El nuevo entendimiento salarial de Comercio sintetiza el delicado equilibrio que domina la negociación colectiva en la Argentina actual. Lejos de una recomposición plena, el acuerdo busca administrar presiones: contener la pérdida del ingreso sin comprometer la viabilidad de las empresas.

La combinación de aumentos graduales, bonos extraordinarios y cláusulas de seguimiento configura una estrategia defensiva más que expansiva. En ese marco, el verdadero alcance del acuerdo no dependerá tanto de su letra como de la evolución de la inflación en los próximos meses. Allí, una vez más, se jugará el destino del poder adquisitivo de uno de los sectores laborales más extendidos del país.

En el inicio del debate parlamentario por la Ley de Glaciares, el sindicato que nuclea a los cuadros jerárquicos del sector minero fijó una posición que busca salir de la lógica binaria entre ambiente y producción. Reclamó una actualización profunda del marco normativo, propuso crear un organismo de control autónomo y volvió a poner en agenda la deuda previsional con los trabajadores.

La discusión por el futuro de la política minera argentina sumó un actor con peso específico en el inicio de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados. La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) irrumpió con una postura que intenta reconfigurar los términos del debate: ni negación del impacto ambiental ni defensa acrítica del extractivismo, sino una síntesis que articule desarrollo, regulación y derechos laborales.

La voz del sector fue encarnada por su secretario general, Marcelo Mena, quien desde el inicio marcó un reclamo de representación largamente postergado. “Es un orgullo que nos escuchen después de tanto tiempo”, expresó, en una frase que no sólo funcionó como apertura discursiva, sino como señal política: el sindicalismo minero busca ocupar un lugar activo en la definición de las reglas del sector.

Uno de los ejes más contundentes de su exposición fue la defensa explícita de los recursos estratégicos. “Proteger los glaciares es innegociable. Proteger la vida y el agua es innegociable”, afirmó, desmarcándose de cualquier lectura que ubique al gremio en una posición refractaria a las demandas ambientales. Sin embargo, ese posicionamiento no derivó en una aceptación pasiva del statu quo, sino en una crítica más amplia al enfoque fragmentado del debate.

Para el dirigente, discutir exclusivamente la Ley de Glaciares implica eludir un problema estructural: la obsolescencia del marco normativo que regula la actividad. Con un Código de Minería que arrastra más de 150 años, la actividad se desenvuelve —según planteó— bajo parámetros que no dialogan con las exigencias tecnológicas, ambientales ni productivas contemporáneas. “No solamente hay que discutir una ley de glaciares. Tenemos que discutir una ley nacional de minería”, enfatizó, en lo que constituye uno de los planteos más integrales surgidos hasta ahora en el ámbito parlamentario.

En ese sentido, ASIJEMIN propuso avanzar hacia una legislación moderna que otorgue previsibilidad, ordene la actividad y establezca estándares claros para todos los actores involucrados. La iniciativa no es menor: en un contexto de creciente interés por los recursos naturales, la falta de reglas actualizadas aparece como uno de los principales focos de conflicto entre empresas, comunidades y Estado.

El planteo incluyó además una propuesta institucional concreta: la creación de una Agencia Nacional de Control Medioambiental Minero. Concebida como un organismo autónomo y autárquico, su diseño prevé la participación de universidades, centros de investigación, empresas, sindicatos, comunidades y distintos niveles del Estado. El objetivo es claro: fortalecer los mecanismos de fiscalización y dotarlos de mayor transparencia.

“Si podemos tener un ente compuesto colectivamente entre todas las partes, vamos a lograr un control mucho más profundo”, sostuvo Mena Muñoz, al tiempo que subrayó la necesidad de generar información pública confiable y accesible. La iniciativa se inscribe en una demanda creciente por institucionalidad robusta en materia ambiental, en un escenario donde la legitimidad de los controles es tan relevante como su eficacia técnica.

El discurso de gremial también hizo foco en el impacto territorial de la minería. Tomando como referencia el caso de San Juan, el dirigente destacó las transformaciones económicas experimentadas en las últimas décadas, aunque introdujo una advertencia que complejiza la narrativa del progreso automático. “Si la minería es solamente un negocio, no nos interesa. Tiene que ser desarrollo, crecimiento real y participación colectiva”, afirmó, marcando un límite político a la lógica puramente extractiva.

Esa mirada se sintetizó en una consigna que atravesó toda la intervención: la necesidad de superar la dicotomía entre ambiente y producción. “Defendamos los glaciares, por supuesto. Pero también necesitamos trabajar”, señaló, condensando una presión estructural que el Congreso deberá administrar en los próximos meses.

Sobre el cierre, el dirigente incorporó un tema que excede la coyuntura legislativa pero que revela otra dimensión del conflicto: las condiciones laborales en la actividad. En ese marco, reclamó el tratamiento de un proyecto de jubilación minera presentado hace casi un año, subrayando las particularidades del trabajo en altura, las bajas temperaturas y las tareas en contextos subterráneos.

“Si tanto les importa la actividad minera, que realmente les importe lo más importante, que son los trabajadores”, concluyó, desplazando el eje del debate hacia una pregunta incómoda pero central: quiénes son los verdaderos destinatarios del desarrollo que se discute.

La intervención de ASIJEMIN en el Congreso no sólo aportó matices a una discusión atravesada por posiciones antagónicas, sino que introdujo una agenda propia que combina regulación, institucionalidad y derechos laborales. En un marco donde la minería se proyecta como uno de los vectores económicos estratégicos del país, el desafío no parece residir únicamente en habilitar o restringir actividades, sino en construir un marco integral capaz de equilibrar intereses, reducir conflictos y garantizar legitimidad social.

Entre la protección de los glaciares y la necesidad de desarrollo, el sindicalismo minero propone un tercer camino: uno donde el crecimiento no se desligue del control, ni el progreso de la justicia social. La discusión recién comienza, pero el tono del debate ya dejó de ser el mismo.

El referente sindical Víctor Menéndez analizó el impacto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuestionó los cambios en el régimen de indemnizaciones y advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo. También anticipó negociaciones clave con el sector empresario y destacó el crecimiento del rol femenino en la actividad.

En un escenario atravesado por una creceinte fragilidad económica, redefiniciones normativas y conflictividad laboral, el dirigente del Sindicato de Estaciones de Servicio de Cuyo, Víctor Menéndez, realizó una evaluación crítica sobre el presente del sector y, en particular, sobre los alcances de la reforma laboral promovida a nivel nacional.

Tras una reunión de comisión directiva realizada en Mendoza —convocada por el secretario general José Escoda—, el gremio avanzó en un análisis pormenorizado de los cambios normativos, con especial foco en su impacto sobre los trabajadores. “Es una reforma compleja y claramente perjudicial para el trabajador”, sintetizó el dirigente, al tiempo que subrayó que el equipo técnico del sindicato evaluó artículo por artículo las modificaciones introducidas respecto de versiones anteriores.

Uno de los ejes más sensibles del debate gira en torno al sistema de indemnizaciones. Menéndez cuestionó la posibilidad de establecer mecanismos de pago en cuotas e incluso en especie, así como la creación de fondos empresariales destinados a cubrir despidos. “Se configura un esquema que favorece al empleador y desprotege al trabajador. Es un negocio redondo”, advirtió, en línea con la postura crítica que también sostiene el movimiento sindical a nivel nacional.

En esta línea, el gremio mantiene expectativas en el frente judicial. Fallos recientes en distintas jurisdicciones comenzaron a poner límites a algunos artículos de la reforma, particularmente aquellos vinculados a la liquidación de indemnizaciones. “Confiamos en que la justicia laboral corrija estos aspectos y restituya derechos”, señaló.

Mientras tanto, el sindicato ya proyecta una agenda intensa de negociación. A fines de abril está previsto un encuentro con las cámaras empresarias para actualizar el convenio colectivo de trabajo, incorporando modificaciones que permitan sostener su vigencia en el nuevo contexto normativo. La discusión incluirá puntos sensibles como aportes sindicales, modalidades de contratación y condiciones laborales.

En este sentido, el frente salarial sigue siendo una prioridad. El sector acordó un incremento del 4% para marzo, cerrando así la paritaria 2025, con un esquema transitorio del 3% hasta reabrir negociaciones en abril. Sin embargo, Menéndez reconoció que el objetivo de recomponer ingresos se enfrenta a un escenario adverso. “La inflación real golpea más fuerte de lo que indican los números oficiales. Siempre intentamos ganarle, pero es muy difícil en este contexto”, planteó.

La preocupación del dirigente trasciende lo estrictamente sectorial y se inscribe en un diagnóstico más amplio sobre la economía. Señaló una caída de la actividad, cierre de empresas y retracción del consumo como factores que erosionan tanto el empleo como la recaudación estatal. “Hay menos producción, menos trabajo y menos consumo. Es un círculo que se retroalimenta negativamente”, explicó.

En ese aspecto, también cuestionó el achicamiento del Estado y la eventual eliminación de delegaciones del área laboral en las provincias, lo que podría derivar en la pérdida de miles de puestos de trabajo. “Se debilita la capacidad de control y se profundiza la precarización”, alertó.

El impacto ya se hace visible en el sector: el dirigente gremial confirmó despidos recientes y advirtió que la tendencia podría profundizarse. “Estamos muy atentos porque esto puede replicarse en otras empresas”, sostuvo.

El rol de la mujer y la agenda de inclusión

En contraste con el escenario económico adverso, Menéndez destacó avances en materia de inclusión dentro del sector. Actualmente, alrededor del 30% del padrón sindical está compuesto por mujeres, una presencia que el representne sindical calificó como “clave” para transformar dinámicas laborales históricamente masculinizadas.

El gremio impulsa políticas de igualdad de trato, prevención del acoso y acompañamiento ante situaciones de violencia laboral. “La mujer está ganando el lugar que le corresponde y los sindicatos tenemos la responsabilidad de garantizar condiciones de respeto y equidad”, afirmó.

En ese sentido, también valoró la creciente participación de identidades de género diversas dentro de la estructura sindical, con representación en espacios de conducción. “Es parte de una transformación que debe ser acompañada institucionalmente”, señaló.

El testimonio de Víctor Menéndez expone con claridad el delicado equilibrio que atraviesa hoy el mundo del trabajo: entre la necesidad de adaptación a nuevas reglas de juego y la defensa de derechos históricamente conquistados. La reforma laboral, lejos de presentarse como un proceso técnico o neutro, se configura —desde la mirada sindical— como un punto crucial que redefine las relaciones entre capital y trabajo.

En unmomento signado por la incertidumbre, la caída del poder adquisitivo y el debilitamiento del entramado productivo, el desafío para los gremios será sostener capacidad de negociación sin resignar protección. La resolución de esa presión no solo marcará el rumbo del sector de estaciones de servicio, sino que anticipa, en escala, el futuro inmediato del mercado laboral argentino.