Tras más de seis horas de negociación, la mesa paritaria docente en San Juan concluyó sin avances. El Gobierno provincial ofreció aumentos del 1,5% en noviembre y otro 1,5% en diciembre, propuesta que fue rechazada por los gremios por considerarla insuficiente. La discusión continuará el martes 11, cuando el Ejecutivo presente una oferta superadora.

La cuarta mesa salarial del año entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes cerró sin acuerdo. La reunión, que se extendió durante más de seis horas en la sede del Ministerio de Educación, dejó en evidencia las diferencias entre las partes respecto al deterioro del poder adquisitivo del salario docente y las limitaciones fiscales que enfrenta la administración provincial.

El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó la negociación en representación del Ejecutivo. Por los gremios participaron Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Adrián Ruiz (AMET).

La propuesta oficial consistió en un incremento del 1,5% sobre el valor índice en noviembre y otro 1,5% en diciembre, lo que fue calificado como “insuficiente” por los sindicatos, que reclamaron una recomposición que acompañe la inflación y compense la pérdida salarial acumulada.

“Los haberes docentes se han mantenido por encima de la inflación en lo que va del año”, sostuvo Gutiérrez, al defender la política salarial del Ejecutivo. Sin embargo, desde los gremios remarcaron que la realidad de los bolsillos docentes desmiente esa afirmación, y que el porcentaje ofrecido no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Durante el encuentro, las entidades sindicales presentaron un pliego de reclamos que incluyó la actualización automática por IPC más cuatro puntos, mejoras en los tramos E60 y E66, incrementos para radios 4 a 7, avances en titularizaciones y concursos de ascenso, la regularización de los gabinetes técnicos, adecuación de asignaciones familiares y una revisión urgente de la situación de la Obra Social Provincia (OSP).

Por su parte, desde el Ejecutivo recordaron que el análisis del Decreto 1890, que regula el nomenclador docente, continúa en tratamiento técnico y que cualquier modificación dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

La reunión se concretó tras el pedido de UDA de reabrir con urgencia la paritaria, para evitar liquidaciones “unilaterales” de haberes sin consenso gremial. Los sindicatos también insistieron en retomar temas pendientes, entre ellos la titularización comprometida en agosto y aún sin ejecución efectiva.

Cabe recordar que el último acuerdo paritario había fijado aumentos del 6% en agosto, 4% en septiembre y 4% en octubre, además de un incremento del 30% en el ítem Nueva Conectividad San Juan. Con ese esquema, un maestro de grado con jornada simple percibe actualmente un sueldo testigo de $384.105,87 y un neto de $624.094,08.

La negociación pasó a cuarto intermedio hasta el martes 11 de noviembre a las 14 horas, cuando el Gobierno deberá presentar una oferta superadora y definir una fecha de cierre para la revisión del nomenclador docente.

Con la presencia de representantes de los tres sindicatos docentes y de los ministerios de Educación y Economía, comenzó la cuarta negociación paritaria del año. La reunión apunta a definir una recomposición que compense la pérdida de poder adquisitivo y mantenga la paz salarial en el sector educativo sanjuanino.

A las 15 de este viernes se dio inicio al primer encuentro de la cuarta mesa paritaria entre los gremios docentes y el Gobierno de San Juan. El diálogo, celebrado en la sede del Ministerio de Educación, contó con la participación de autoridades de las carteras de Economía, Finanzas y Hacienda, encabezadas por el ministro Roberto Gutiérrez, y de Educación, a cargo de Silvia Fuentes.

La reunión tiene como eje la definición del monto de recomposición salarial que percibirán los trabajadores de la educación, en un contexto de inflación persistente y reclamos de actualización que permitan sostener el poder de compra del salario docente.

Por parte del Ejecutivo provincial participaron además el secretario administrativo financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director técnico pedagógico, Sebastián Ledda; el subdirector de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; y la jefa de Asesoría Letrada, Vanesa Débora Mestre, junto a los asesores jurídicos Martín Recabarren y Gabriel González.

Del lado gremial estuvieron presentes representantes de las tres organizaciones docentes con representación en la provincia. Por UDAP, la secretaria general Patricia Quiroga, acompañada por el asesor legal Daniel Persichella, la secretaria de Prensa Verónica Jofré y el asesor técnico Walter Ríos. Por AMET, asistieron el secretario gremial Francisco Campos, el secretario adjunto Adrián Ruiz y la secretaria de prensa Gabriela Rothis. Finalmente, por UDA, participaron la secretaria general Karina Navarro, el asesor legal Guillermo Meritello, la asesora pedagógica Vanesa Marano y la secretaria previsional y de Acción Social Nancy Vilaplana.

Fuentes sindicales adelantaron que el objetivo de esta nueva instancia es recuperar parte del salario perdido frente al avance de los precios y mantener un diálogo abierto con las autoridades provinciales. Desde el Gobierno, en tanto, se destacó la voluntad de continuar negociando dentro del marco de responsabilidad fiscal, procurando equilibrar las cuentas públicas sin desatender el reclamo del sector educativo.

Con el antecedente de tres acuerdos anteriores en lo que va del año, el resultado de este nuevo encuentro será clave en materia salarial y marcará el tono de la relación entre el Gobierno y los gremios en el tramo final del ciclo lectivo.

El titular nacional de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN), Marcelo Mena, analizó el escenario político y económico tras las elecciones legislativas. Cuestionó la falta de resultados del RIGI, alertó sobre intentos de flexibilización laboral y subrayó la necesidad de “construir desarrollo minero con licencia social y equidad”.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Mena abordó el mapa político que dejaron los comicios legislativos y la nueva etapa que se abre para las economías regionales vinculadas a la actividad. Destacó que “en los distritos donde la minería es motor económico, la mayoría respaldó a las fuerzas políticas que promueven el desarrollo del sector”, aunque advirtió que ese respaldo “debe traducirse en resultados concretos y no en discursos vacíos”.

El Representante sindical valoró los avances en la provincia de Mendoza —donde el proyecto San Jorge obtuvo la declaración de impacto ambiental— como un paso importante para la diversificación productiva, pero insistió en que “ningún emprendimiento minero puede sostenerse sin licencia social”. En ese sentido, afirmó que “la licencia social no se otorga de una vez y para siempre, se construye día a día con responsabilidad, transparencia y participación de las comunidades”.

Mena subrayó que el diálogo debe incluir a todos los actores, incluso a los sectores ambientalistas: “No hay que aislar a nadie; la democracia se ejerce también escuchando a quienes disienten. La minería tiene que hacerse bien, con controles, con responsabilidad ambiental y con beneficios reales para la población”.

RIGI y promesas incumplidas

Consultado sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el titular de ASIJEMIN fue categórico: “Hasta ahora no vemos un solo yacimiento que se haya puesto en marcha gracias al RIGI. Hay anuncios, pero no hay inversiones concretas”.

El sindicalista cuestionó que se presenten estas políticas como soluciones automáticas: “El problema no es la falta de incentivos, sino la falta de compromiso real de las empresas. Si se prometen inversiones y no llegan, el Estado debe exigir explicaciones”.

El dirigente gremial recordó que la historia reciente demuestra que “las reformas laborales o tributarias por sí solas no generan empleo”. En esa línea, afirmó que “es el mismo discurso que escuchamos en los años 90: se prometió más trabajo, pero lo que hubo fue desempleo, hambre y desindustrialización”.

Paritarias y defensa del salario

Respecto de la situación salarial, Mena informó que ASIJEMIN alcanzó acuerdos escalonados con empresas como Newmont, Minera Santa Cruz, Cerro Negro y Vanguardia, logrando incrementos “por encima de la inflación” y priorizando la defensa del empleo.

Explicó que el gremio transita actualmente un proceso de conciliación obligatoria en Santa Cruz por despidos en Cerro Negro, con nueva audiencia el 26 de noviembre. “Defendemos cada puesto de trabajo y el poder adquisitivo de los compañeros. Aspiramos a recuperar la previsibilidad de las paritarias anuales, que permitan planificar mejor el salario y la vida de los trabajadores”, sostuvo.

La reforma laboral y el sentido del trabajo

En relación con los proyectos de reforma laboral impulsados por sectores del oficialismo, el referente de ASINEMIN fue contundente: “Ninguna reforma laboral genera empleo. Estas propuestas apuntan a debilitar la organización sindical, eliminar derechos y fomentar la precarización”.

Advirtió que las ideas de ampliar la jornada laboral, flexibilizar despidos o fraccionar las indemnizaciones “nos retrotraen a la década de los 90”. “No hay que tener miedo de decirlo: son medidas regresivas que castigan al trabajador y favorecen la especulación”, expresó.

El gremialista defendió un enfoque diferente: “Si vamos a discutir una reforma laboral, hagámoslo para reducir la jornada a seis horas, fomentar la igualdad de género, facilitar la jubilación anticipada en sectores de alto riesgo y promover la participación de los trabajadores en las ganancias. Esa es la reforma que queremos”.

Mena recordó que en los países desarrollados las jornadas laborales rondan las 36 a 40 horas semanales: “En Argentina tenemos una de las más extensas del mundo. Plantear extenderla a 12 horas es una locura. ¿Dónde queda el tiempo para la familia, para la formación, para la vida?”.

Marcelo Mena sintetiza la mirada de un sindicalismo minero que busca equilibrio entre desarrollo económico, sustentabilidad ambiental y justicia social. Frente a los intentos de flexibilización, reafirma el rol del trabajo como eje de dignidad y cohesión.

“Los minerales pertenecen al pueblo, y el primer beneficiado debe ser la gente”, resumió. Con esa premisa, el dirigente convoca a una agenda que combine producción, diálogo y respeto por los derechos laborales, en un país que necesita inversiones genuinas y un modelo de crecimiento con equidad.