Diferentes sectores ligados a la discapacidad se concentraron en la Plaza San Martín para reflejar la precaria situación que atraviesan usuarios y prestadores. La sesión en el Senado que tratará el veto a la Emergencia en Discapacidad comenzó con la expectativa de que se rechace el veto presidencial y se apruebe la ley.

La movilización fue un llamado a la acción para que el gobierno entienda la importancia del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Fernando Flores, kinesiólogo perteneciente a la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), expresó que «estamos a la espera de que se rechace el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad».

Flores destacó que la situación actual es crítica, con muchas dificultades para sostener los servicios, escuelas especiales al borde del cierre y centros educativos terapéuticos en una situación similar. «Al día de hoy tenemos muchísima dificultad para sostener los servicios, las escuelas especiales están al borde del cierre y los centros educativos terapéuticos también», afirmó.

La sesión en el Senado que trata el veto a la Emergencia en Discapacidad es un paso crucial para determinar el futuro del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Los sectores ligados están trabajando juntos para lograr que se rechace el veto presidencial y se apruebe la ley.

En una coyuntura de fuerte deterioro salarial, los principales sindicatos que representan a los trabajadores del PAMI lograron un histórico acuerdo para coordinar acciones conjuntas en defensa de las condiciones laborales y en reclamo de una recomposición salarial. La unidad sindical es el resultado de un proceso de articulación y consensos alcanzados entre las organizaciones.

La seccional CABA del Sindicato Único de Trabajadores del PAMI (SUTEPA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI) declararon el estado de alerta y movilización permanente en reclamo de una recomposición salarial digna. Los empleados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados no reciben incrementos desde hace diez meses, mientras la inflación interanual supera el 120%.

«La situación es insostenible», remarcaron desde los gremios. «No pedimos ganar más, pedimos dejar de perder». La unidad sindical es el resultado de un proceso de articulación y consensos alcanzados entre las organizaciones, que buscan exigir la apertura de paritarias y establecer un plan de lucha común.

 La acción mancomunada incluirá medidas a coordinar en los próximos días. Los gremios están decididos a dar batalla por una recomposición salarial digna y a defender los derechos laborales de los trabajadores del PAMI.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina perdió un 30% de su poder adquisitivo en lo que va de la gestión de Javier Milei, según datos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Actualmente, el SMVM se encuentra en $322.200 brutos, lo que lo ubica por debajo de la jubilación mínima y representa una caída histórica que lo deja en el nivel real más bajo en décadas.

La situación del SMVM es crítica. No solo se encuentra por debajo de los $390.277,17 que perciben los jubilados con haber mínimo y bono, sino que también acumula una caída del 43,4% en comparación con noviembre de 2019 y del 56,7% en comparación con 2015. Según el informe del CIFRA, si no hubiese perdido capacidad de compra durante la última década, hoy superaría los $740.000.

La pérdida de poder adquisitivo del SMVM tiene un impacto directo en los trabajadores mensualizados o jornalizados que cobran menos del piso salarial, y de forma indirecta en el 40% de asalariados que se desempeñan en la informalidad. Además, los acuerdos del Consejo del Salario terminaron sin consenso y las actualizaciones fueron definidas por la Secretaría de Trabajo, con subas alineadas a la propuesta empresarial, insuficientes para compensar la devaluación y la inflación.

La comparación con la línea de pobreza expone aún más la gravedad de la situación. En julio, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica. De este modo, el SMVM dejó de cumplir las funciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo: garantizar alimentación, vivienda, salud, educación y un piso de dignidad.