La Federación Argentina de Remises (FAREM) lanzó un sistema online de denuncias para pasajeros y choferes que utilizan aplicaciones y agencias ilegales. La iniciativa busca dar respuesta a la creciente problemática de la falta de control y los riesgos de seguridad que enfrentan los usuarios.

Según el secretario general de FAREM, Alejandro Poli, el objetivo es «recibir denuncias y avanzar en las presentaciones para acompañar a los pasajeros y choferes que sufren problemas con las aplicaciones ilegales».

La falta de control y regulación de las aplicaciones ilegales ha generado una serie de problemas para los pasajeros y choferes. Poli destacó que «se dan casos en que las apps no tienen control sobre los vehículos, sobre los choferes que no tienen documentación, pero la problemática más grande es que hay vehículos que no tienen papeles, conductores con identidad robada y lo peor de la historia se lo llevan los pasajeros porque terminan siendo víctimas de delincuentes».

La FAREM ofrece acompañamiento jurídico a los pasajeros y choferes que sufren problemas con las aplicaciones ilegales. Poli explicó que «el sistema de denuncias va a permitir a los vecinos tener un canal de denuncias para ser acompañados por el departamento jurídico que pone la federación, porque muchos sufren delitos y no tienen los recursos para denunciar».

En este sentido, la Federación Argentina de Remises critica la falta de respuestas oficiales ante la problemática de las aplicaciones ilegales, advirtiendo que «los intendentes están más preocupados en quedar bien con las aplicaciones ilegales y que los voten en las elecciones, que en llevar adelante un control de lo que está sucediendo».

Numerosos gremios de la Mesa Sindical cuetionaron la cifra de inflación del 1,9% para julio publicada por el INDEC, afirmando que la diferencia entre la medición «oficial» y la real es del 20%, y exigió una reparación para salarios, jubilaciones y prestaciones de salud.

La Mesa Sindical, que agrupa a numerosos sindicatos de la industria y los servicios, lanzó duras críticas contra el Gobierno por la forma en que se manejan los datos de inflación. Según la entidad, el Ejecutivo estaría utilizando «trucos y malabares» para minimizar el impacto real de la inflación en la economía de los trabajadores, jubilados y beneficiarios de subsidios por discapacidad y otros beneficios en el ámbito de la salud.

La discrepancia del 20% entre la inflación «oficial» y la real es, según la Mesa Sindical, «la que nos deben a todos los trabajadores/as, jubilados/as, beneficiarios de los subsidios por discapacidad y otros beneficios en el ámbito de la salud».

La entidad destacó que muchos trabajadores tienen paritarias «pisadas», es decir, acuerdos salariales que no reflejan adecuadamente la inflación real. Además, denunciaron el carácter intervencionista de la administración Milei, que «presiona para que los sindicatos firmen por debajo de la propia inflación oficial».

Así mismo, la Mesa Sindical detectó diferencias en los datos gubernamentales, señalando que rubros como transporte, comunicaciones, alimentos y bebidas no alcohólicas, educación y recreación superaron o igualaron los datos oficiales. También remarcaron que el aumento del dólar en un 13% no se condice con la «incidencia casi nula» sobre el costo de vida que pretende mostrar el Gobierno.

La exigencia de una reparación del 20% para salarios, jubilaciones y prestaciones de salud refleja la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la necesidad de ajustar las políticas económicas a la realidad inflacionaria. Los sindicatos insisten en que «los trucos y malabares para esconder que el aumento de precios es mayor que el asumido por el gobierno no engañan a nuestros bolsillos».

El SATSAID lanzó un duro documento en su Asamblea General en la provincia de Córdoba, denunciando el «desmantelamiento» promovido por el Gobierno libertario y exigiendo la libertad de Cristina Kirchner.

En el marco de su 50° Asamblea General Ordinaria realizada en La Falda, Córdoba, el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) emitió un documento crítico hacia las políticas del Gobierno nacional. El gremio denuncia que dichas políticas «profundizan la crisis social y económica» y afectan gravemente a la actividad audiovisual. Los delegados y delegadas del del gremio calificaron la crisis económica y la «catástrofe social» como resultado de políticas «inspiradas en viejas corrientes de ideas e intereses de minorías sin Patria».

El sindicato acusó a la administración de Javier Milei de endeudar al país, entregar recursos naturales y actuar «más como una fuerza de ocupación que como un gobierno que represente intereses nacionales». Definieron el actual modelo económico como un «plan de miseria planificada», sostenido por «represión, persecución política y judicial». Señalaron que el discurso oficial sobre el control de la inflación «se derrumbó» tras la cesión de la conducción económica al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El SATSAID advirtió que la actividad audiovisual enfrenta graves problemas como despidos, retiros voluntarios, freno en las producciones, cierre de empresas y paritarias con techo, sumado al desguace de los medios públicos.

La Asamblea General del SATSAID culminó con un llamado a la defensa de los medios públicos y un reclamo contundente por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. El sindicato reafirmó su voluntad de construir «una alternativa que devuelva la esperanza» y alcanzar «una Patria Justa, Libre y Soberana».