Luego de algunos años abocada a la normalización de la mayor parte de sus 80 regionales, la CGT encara la renovación de sus cúpulas provinciales. Con San Juan votando el 25 de agosto, y Chaco junto a La Pampa en pleno proceso de definición, la interna gremial ya se conecta directamente con la construcción política hacia el escenario electoral de 2027.

La CGT comienza a jugar una nueva partida en las provincias. Después de cinco años de normalizaciones y unificaciones en buena parte de sus más de 80 regionales, durante 2026 empiezan a vencer los mandatos de cuatro años de las conducciones que surgieron de aquel proceso. La central obrera deberá ahora resolver quiénes continuarán al frente de esas estructuras y quiénes intentarán disputar el poder construido desde 2021.

La renovación llega en un momento distinto al de la etapa anterior. La tarea ya no consiste principalmente en reconstruir conducciones fragmentadas o resolver la existencia de autoridades paralelas, sino en definir liderazgos para los próximos cuatro años. Dicha deliberación se produce simultáneamente con el endurecimiento de la postura de la CGT frente al oficialismo y el inicio del armado electoral para 2027.

También cambió el interlocutor de la conducción nacional. La Secretaría del Interior, que tuvo a su cargo buena parte de las normalizaciones, ya no está conducida por Abel Furlán, de la UOM. Ahora es Héctor Daer quien participa de las negociaciones con las estructuras provinciales.

Las regionales tienen una importancia que excede la representación gremial. En numerosas provincias funcionan como espacios de articulación del movimiento obrero y conservan vínculos históricos con el peronismo. Sus autoridades pueden incidir en la construcción territorial, la definición de candidaturas y la representación sindical dentro de las futuras alianzas electorales.

Por eso, las elecciones que comenzarán a multiplicarse durante este año pueden transformarse en una primera medición de fuerzas hacia 2027. La disputa no se limitará a quién ocupará una secretaría general: también estará en juego qué sindicatos tendrán mayor capacidad de representación y qué dirigentes llegarán con mejores condiciones para intervenir en la discusión política.

San Juan, una elección que concentra la disputa

San Juan aparece entre los primeros casos donde esa pulseada adquiere especial relevancia. La CGT Regional San Juan elegirá autoridades el 25 de agosto, en un plenario convocado por la conducción nacional y reservado a las organizaciones confederadas que tengan jurisdicción en la provincia.

El actual titular , Eduardo Cabello, diputado provincial y dirigente de la UOCRA, buscará renovar su mandato con el respaldo de numerosos sindicatos. El reglamento establece que cada organización habilitada tendrá un representante. Si existe una única nómina, podrá ser consagrada por aclamación; si se presentan dos o más listas, la definición será mediante voto secreto y ganará la que obtenga mayoría simple.

La renovación, sin embargo, ya generó movimientos dentro del sindicalismo provincial. Una Intersindical integrada por organizaciones como ASIJEMIN, UOM, SATSAID, ATE, La Bancaria y SIDUNSJ, entre otras, comenzó a reclamar mayor protagonismo y abrió una discusión sobre la conducción de la central.

Los cortocircuitos políticos comenzaron a repercutir en el peronismo de San Juan. Por un lado, el exmandatario provincial Sergio Uñac hizo un llamado a resguardar la cohesión sindical; por el otro, los sectores distanciados de la dirigencia tradicional impulsaron el regreso de las 62 Organizaciones Peronistas como eje de representación gremial y política.

La elección del 25 de agosto tendrá, por lo tanto, una lectura que irá más allá de la composición de la próxima conducción. El resultado permitirá medir la relación de fuerzas entre los gremios, determinará quién tendrá capacidad de interlocución con la CGT nacional y puede influir en el lugar que ocupará el movimiento obrero dentro del armado peronista provincial de cara a 2027.

La Resolución 1066/2026 habilitó el cobro de prestaciones no urgentes a extranjeros sin residencia permanente en hospitales nacionales. En San Juan, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó que la provincia no aplicará la medida por ahora: registra un promedio de apenas 102 consultas anuales de personas extranjeras.

El Gobierno provincial decidió mantener la gratuidad de la atención sanitaria para extranjeros, pese a la resolución nacional que habilita el cobro de prestaciones no urgentes a quienes no acrediten residencia permanente en el país. El ministro de Salud provincial, Amílcar Dobladez, sostuvo que el volumen de consultas registrado en la provincia no justifica modificar la política vigente.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial. Su alcance se limita a los establecimientos administrados por el Estado nacional, por lo que las provincias conservan capacidad para definir el funcionamiento de sus propios hospitales públicos.

En San Juan, la principal razón para sostener la gratuidad está en las estadísticas. De acuerdo con los registros citados por Dobladez, durante los últimos tres años se contabilizó un promedio de 102 consultas anuales de personas extranjeras, una cifra considerada marginal frente al volumen total de atención del sistema provincial.

“Por ahora no se va a cobrar”, afirmó el ministro en declaraciones radiales. El funcionario remarcó que la provincia tiene autonomía para administrar los recursos destinados a sus hospitales y sostuvo que el impacto de la atención a extranjeros es actualmente reducido.

El funcionario también vinculó la decisión con el perfil turístico de San Juan. A su entender, garantizar el acceso gratuito a la salud puede constituir un atractivo para quienes visitan la provincia, mientras que establecer requisitos adicionales podría desalentar la llegada de turistas.

La definición, sin embargo, no fue presentada como irreversible. El ministro advirtió que la provincia podría revisar la política si las estadísticas experimentan un crecimiento considerable. En particular, mencionó como referencia que las 102 consultas anuales actuales llegaran a duplicarse o triplicarse.

El otro factor señalado por el funcionario es el crecimiento de la minería y la eventual llegada de trabajadores extranjeros vinculados con nuevos proyectos. En ese caso, Dobladez sostuvo que las empresas deberán garantizar la cobertura sanitaria de sus empleados y fue categórico: “El Estado no tiene que subsidiar a las empresas”.

Los extranjeros con residencia permanente acreditada por DNI conservan la paridad de trato en la atención sanitaria. Quienes carezcan de esta condición deberán abonar de forma anticipada las prestaciones programadas o exhibir una cobertura médica vigente.

La reglamentación también preserva el acceso irrestricto ante emergencias médicas, independientemente de la condición migratoria. Infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias, emergencias obstétricas y otras patologías que impliquen un riesgo inmediato para la vida o una función vital quedan exceptuadas del cobro.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSJ confirmó que adherirá al paro nacional de 24 horas previsto para este miércoles, sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida alcanzará a las facultades, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres colegios preuniversitarios. El gremio reclama una recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades.

La secretaria gremial de ADICUS, Edith Liquitay, ratificó la adhesión en declaraciones a la prensa y precisó que la huelga alcanzará a todas las unidades académicas de la UNSJ, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres colegios preuniversitarios de la provincia.

La protesta se inscribe en un reclamo que reúne a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales. El principal planteo sindical es salarial, aunque también incorpora demandas vinculadas con el financiamiento de las casas de altos estudios, las becas estudiantiles y el envío de recursos destinados a los gastos de funcionamiento.

El reclamo salarial

ADICUS sostiene que los docentes acumulan una pérdida significativa del poder adquisitivo. Según explicó Liquitay, aun después del incremento salarial del 21%, la recomposición quedó por debajo de la inflación y la pérdida acumulada ronda el 28%, de acuerdo con las estimaciones del gremio.

La demanda apunta a recuperar esa diferencia y establecer un mecanismo que permita evitar nuevos retrocesos frente a la evolución de los precios.

A la discusión salarial se suman otros reclamos. Los sindicatos exigen la actualización de las becas estudiantiles y cuestionan las dificultades en el envío de fondos destinados al funcionamiento de las universidades. Para las organizaciones gremiales, esas partidas resultan necesarias para garantizar el normal desarrollo de las clases y sostener los servicios que brindan las instituciones educativas.

El conflicto podría extenderse

El paro del miércoles podría no ser la última medida de fuerza. ADICUS advirtió que, si no aparecen respuestas a las demandas planteadas, el conflicto podría profundizarse con medidas de fuerza durante toda la semana comprendida entre el 18 y el 22 de agosto.La posibilidad de ampliar la protesta agrega presión sobre una negociación que permanece abierta y que involucra al conjunto de las universidades nacionales.

En San Juan, el impacto de la medida alcanzará a una parte importante de la comunidad universitaria, dado que la suspensión de tareas comprenderá tanto las unidades académicas como la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres establecimientos preuniversitarios dependientes de la UNSJ.

La respuesta del Gobierno nacional

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, ratificó la convocatoria a una mesa paritaria con los gremios docentes y no docentes para el 1 de septiembre.

El Gobierno rechazó los cuestionamientos formulados por las organizaciones sindicales y calificó el paro como una medida de carácter político. Desde la cartera nacional también sostuvieron que la convocatoria paritaria responde al cronograma establecido y negaron incumplimientos de las disposiciones legales y judiciales vinculadas con el financiamiento universitario.

Los gremios, sin embargo, consideran insuficiente esperar hasta septiembre para discutir una recomposición salarial. Por esa razón ratificaron la huelga del 12 de agosto y dejaron abierta la posibilidad de ampliar las medidas durante la semana siguiente.

ADICUS se incorporará este 12 de agosto a la jornada nacional de protesta universitaria con un reclamo centrado en la recuperación salarial y el financiamiento institucional. La convocatoria paritaria prevista para septiembre no logró desactivar la medida y, si no aparecen respuestas antes de esa fecha, el gremio ya anticipó que podría avanzar hacia una huelga de cinco días. El conflicto queda así abierto a una nueva instancia de negociación y escalada gremial durante agosto.