La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) suspendió el paro nacional previsto para este miércoles en plantas siderúrgicas y metalúrgicas de todo el país, tras el dictado de conciliación obligatoria dispuesto por el gobierno de Javier Milei. La medida estará vigente por los próximos 15 días, lo que abre un nuevo escenario de diálogo entre el sindicato y los empresarios.

La UOM había resuelto realizar un paro nacional en demanda de mejoras salariales, luego de que el Congreso Nacional de Delegados reunido en Mar del Plata decidiera llevar adelante un plan de lucha ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias del sector. Sin embargo, tras el dictado de conciliación obligatoria, el gremio decidió suspender la medida de fuerza.

La conciliación tendrá vigencia desde las 00 horas del miércoles 7 y se extenderá durante 15 días, según lo dispuesto por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Durante este período, la UOM y los empresarios deberán encausar el diálogo para garantizar la paz social en el sector.

La suspensión de las medidas de fuerza es un paso importante para evitar mayores conflictos en el sector metalúrgico y siderúrgico, que enfrenta un complejo presente con suspensiones, cierres y despidos frente a una brutal caída de la actividad y la amenaza importadora. La conciliación obligatoria puede ser un mecanismo efectivo para destrabar las negociaciones y encontrar soluciones que beneficien a ambas partes.

Los sindicatos docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) solicitaron al Gobierno nacional que convoque a una nueva reunión de la paritaria nacional para abordar el piso salarial mínimo del sector, que actualmente se encuentra en un nivel considerado insuficiente por los gremios.

La petición, firmada por los titulares de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), busca mejorar las condiciones salariales de los docentes, que han visto erosionada su capacidad adquisitiva en los últimos tiempos.

Los gremios docentes argumentan que el actual piso salarial mínimo no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores de la educación, y que es necesario actualizarlo para garantizar una vida digna para los educadores y sus familias. En este sentido, destacan que la Canasta Básica Total (Línea de Pobreza) se encuentra en un nivel significativamente superior al salario mínimo actual, lo que pone en evidencia la gravedad de la situación.

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, despidió a 113 trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sumándose a los casi tres mil despidos ya realizados en distintas áreas de la cartera. Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza con un plan de privatizaciones y cierres de empresas estatales, que podría afectar a decenas de miles de trabajadores y comprometer la prestación de servicios públicos esenciales.

La nueva tanda de despidos en Capital Humano se produce en un contexto de ajuste y recorte de gastos en la administración pública, impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei. Según el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, la gestión de La Libertad Avanza ya ha concretado alrededor de 45 mil cesantías en la administración pública, y busca avanzar con una «super reestructuración» de organismos para unificar dependencias con «tareas duplicadas».

Sin embargo, este plan de ajuste y privatizaciones va más allá de la simple reestructuración de organismos. El Gobierno nacional tiene en su mira la privatización o cierre de varias empresas estatales, incluyendo bancos, empresas de servicios públicos y organismos de radiodifusión. Algunas de ellas que podrían verse afectadas son el Banco Hipotecario, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BiCE), Correo Argentino, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), y el sistema de radiodifusión nacional.

El proceso de recortes y privatizaciones del Gobierno nacional tiene serias implicaciones para la economía y la sociedad argentina. La privatización de empresas estatales y la reducción del Estado pueden generar desempleo y comprometer la prestación de servicios públicos esenciales. Además, la concentración de la propiedad y la riqueza en manos de unos pocos puede agravar la desigualdad y la pobreza en el país.