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El Ministerio de Capital Humano oficializó la convocatoria al Consejo del Salario para el 26 de noviembre, con el objetivo de actualizar el monto del salario mínimo, estancado en $322.200 desde agosto. El encuentro se realizará en medio de una fuerte pérdida del poder adquisitivo y tras una cautelar que ordenó reactivar el proceso de revisión.

El Gobierno nacional convocó a la CGT, a las dos CTA y a las principales cámaras empresariales a una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CNEPYSMVM), que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre a las 12:30 horas, de manera virtual. Según la Resolución 6/2025 publicada en el Boletín Oficial, el objetivo será determinar el nuevo monto del salario mínimo y actualizar las prestaciones por desempleo.

La reunión, que contará con una segunda instancia a las 14:00 en caso de no alcanzar quórum, será precedida por la sesión de la Comisión del Salario Mínimo, prevista para las 10:00. El orden del día incluye tres puntos centrales: la designación de representantes sectoriales para la firma del acta, la determinación del nuevo salario base y la definición de los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

Desde agosto de 2025, el salario mínimo permanece congelado en $322.200 mensuales para trabajadores con jornada completa de 48 horas semanales, y en $1.610 por hora para los jornalizados. Ese valor, que constituye el piso formal de remuneraciones y referencia para programas sociales de la ANSES, ha quedado desactualizado frente a una inflación que supera ampliamente los incrementos otorgados durante el año.

La convocatoria llega luego de que la Justicia federal ordenara al Ejecutivo reactivar el proceso de revisión del salario mínimo, al hacer lugar a una acción presentada por las dos CTA. Las centrales sindicales argumentaron que la falta de actualización violaba el derecho constitucional a un ingreso digno, al tiempo que denunciaron el “desgaste deliberado” del Consejo del Salario como instancia institucional de diálogo tripartito.

En este contexto, fuentes sindicales adelantaron que insistirán en una recomposición “urgente y sustantiva” que recupere parte del poder adquisitivo perdido. “El salario mínimo no puede seguir por debajo de la línea de pobreza. Hay millones de trabajadores formales e informales que dependen de ese valor como referencia”, expresó un dirigente de la CTA Autónoma consultado por este medio.

Por su parte, en el sector empresario predomina una postura más cauta. Las cámaras industriales y comerciales sostienen que un incremento abrupto podría impactar en los costos laborales de las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales enfrentan una caída sostenida del consumo interno. Sin embargo, admiten que el atraso del SMVM respecto de la inflación ya se torna “difícil de sostener”.

El actual valor de $322.200 fue fijado en mayo de este año mediante la Resolución 5/2025, luego de que fracasara la negociación entre los tres sectores. En aquella oportunidad, la CGT y las CTA habían reclamado un monto unificado de $650.000, pero no hubo consenso. Ante el desacuerdo, el Gobierno resolvió de manera unilateral una serie de aumentos escalonados que culminaron en el nivel vigente desde agosto. La decisión fue firmada por Claudia Testa, subsecretaria de Relaciones de Trabajo y presidenta alterna del Consejo.

En su momento, el Ejecutivo justificó la medida como un “equilibrio necesario” para evitar un impacto inflacionario adicional, mientras que los sindicatos denunciaron que el monto representaba menos de la mitad de lo solicitado y profundizaba la brecha entre el salario mínimo y la canasta básica total, que supera los $700.000 según estimaciones privadas.

A la espera de la nueva reunión, distintos analistas advierten que el Gobierno enfrenta un dilema político y económico. Por un lado, la presión social por recomponer los ingresos mínimos en un contexto de recesión y alza de precios; por el otro, la necesidad de preservar su discurso de disciplina fiscal y contención de costos laborales.

El próximo encuentro del Consejo del Salario será, más que una formalidad, una prueba de voluntad política. Con el salario mínimo rezagado frente a la inflación y con un poder adquisitivo deteriorado al extremo, el Gobierno deberá definir si sostiene su lógica de ajuste o habilita un gesto de recomposición que alivie los ingresos más bajos.
En un escenario de conflictividad laboral y tensión institucional, el valor que se acuerde —o imponga— el 26 de noviembre marcará no sólo el nivel del salario mínimo, sino también el rumbo social del final del año.

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Las universidades paran el 8 de septiembre por salarios y financiamiento

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a una huelga de 24 horas para el martes 8 de septiembre. La medida reunirá a docentes y nodocentes y responde al reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las universidades nacionales volverán a parar el martes 8 de septiembre, luego de que los gremios docentes y nodocentes rechazaran la última propuesta salarial del Gobierno y resolvieran profundizar las medidas de fuerza.

La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La participación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales incorpora al personal nodocente, por lo que la huelga alcanzará tanto las tareas académicas como administrativas, técnicas y de servicios.

La nueva huelga de 24 horas se suma a la realizada el pasado miércoles 2 de septiembre. Los dos ejes del reclamo son la recuperación del poder de compra de los salarios y el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario

La decisión sindical llegó posterior a la reunión mantenida el 1 de septiembre con representantes del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano ofreció un 3% de aumento para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que el segundo tramo ya había sido acordado en junio y consideraron insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos.

Desde CONADU, conducida por Clara Chevalier, plantearon una recomposición del 31,2%, además de la incorporación de la inflación de agosto y el pago de salarios adeudados. La agenda gremial incluye también reclamos vinculados con el FONID, las escuelas preuniversitarias y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Para los gremios, la diferencia entre la oferta oficial y sus pretensiones impide cerrar la negociación paritaria. El conflicto salarial se entrelaza, además, con una disputa más amplia por los recursos destinados al sistema universitario y por la implementación de la legislación aprobada para garantizar su financiamiento.

La nueva jornada de lucha trasladará nuevamente el reclamo a las universidades de todo el país y pondrá a docentes y nodocentes bajo una misma medida de fuerza. La continuidad de las huelgas refleja la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales sobre salarios y financiamiento, mientras la negociación permanece abierta y sin una fecha cierta de resolución.

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Más de 12.000 personas se anotaron para ingresar al Poder Judicial de San Juan

El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan cerró este viernes con con una cifra récord de 12.293 inscriptos. Del total, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción y 775 a Jáchal e Iglesia. El proceso tendrá cinco instancias eliminatorias antes de la entrevista final.

El registro finalizó este viernes 4 de septiembre a las 12 y dejó una marcada diferencia entre las dos circunscripciones. 11.518 postulantes corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, mientras que 775 se inscribieron para la Segunda, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia.

Concluida la etapa de inscripción, la atención estará puesta ahora en la organización de las evaluaciones. La Escuela Judicial y la Dirección de Recursos Humanos deberán definir el cronograma, los turnos y la distribución de los miles de aspirantes que participarán de las distintas pruebas.

El concurso contempla cinco instancias eliminatorias. La primera será una prueba de dactilografía: cada postulante deberá transcribir correctamente un texto de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos. La evaluación exigirá precisión en la reproducción.

La segunda instancia será de ortografía. Los participantes recibirán un texto con errores y dispondrán de cinco minutos para corregirlos. Para continuar deberán resolver correctamente al menos el 70% de las equivocaciones.

Superadas esas pruebas llegará una capacitación obligatoria, organizada como un curso académico asincrónico de nueve módulos sobre estructura y funcionamiento del Poder Judicial, normativa y contenidos jurídicos. Cada módulo tendrá unos 50 minutos de material audiovisual y preguntas de entrenamiento. Será necesario alcanzar un 70% de respuestas correctas en cada uno para completar la capacitación y obtener el certificado habilitante.

La cuarta instancia será el examen de conocimientos, compuesto por 100 preguntas que deberán responderse en 75 minutos. El requisito para aprobar será alcanzar al menos 71 respuestas correctas. Los contenidos estarán incluidos en el manual elaborado por el Poder Judicial y disponible en el micrositio oficial del concurso.

Finalmente, quienes superen todas las evaluaciones accederán a una entrevista personal con el Gabinete Técnico, destinada a completar el proceso de selección mediante la elaboración de un perfil de cada postulante.

Las pruebas se desarrollarán en la sede académica del Poder Judicial ubicada en el edificio del Sirio Libanés, sobre calle Entre Ríos, antes de avenida Libertador. El establecimiento dispone de 40 computadoras conectadas en red, configuradas exclusivamente con el sistema operativo y la plataforma del concurso.

La elevada cantidad de inscriptos obligará a organizar evaluaciones sucesivas en grupos de 40 personas, con turnos durante la mañana y la tarde. Cada postulante recibirá por correo electrónico la fecha y el horario asignados para rendir.

El Poder Judicial también informó que se implementarán adecuaciones para las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar su participación en igualdad de condiciones durante las distintas instancias.

Con los aspirantes registrados, el concurso se convirtió en una de las convocatorias de mayor magnitud de los últimos años dentro de la Justicia sanjuanina. El próximo paso será establecer el cronograma que pondrá en marcha un proceso de selección diseñado para evaluar conocimientos, capacidades técnicas y aptitudes personales antes de definir los nuevos ingresos.

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San Juan apuesta al cobre para atraer inversiones mineras de escala global

San Juan llevó su potencial cuprífero ante representantes del mundo empresario y financiero de Estados Unidos y Argentina, en un foro internacional dedicado a los minerales críticos y a las oportunidades de inversión que abre la creciente demanda global.

El gobernador Marcelo Orrego participó en Buenos Aires del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, donde presentó a San Juan como uno de los principales destinos para inversiones vinculadas con el cobre. Afirmó que seis de los diez proyectos cupríferos más avanzados del país están en la provincia y que las iniciativas asociadas al RIGI superan los US$33.000 millones anunciados.

El encuentro fue organizado por la U.S. Chamber of Commerce, el US-Argentina Business Council, Citi, AmCham Argentina y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y reunió a representantes públicos y privados de ambos países para analizar la disponibilidad de recursos considerados esenciales para nuevas tecnologías, electrificación y transición energética.

Frente a esa audiencia, Orrego presentó las condiciones que San Juan busca consolidar para captar capitales mineros de gran escala: seguridad jurídica, estabilidad fiscal, desarrollo de infraestructura y avance de proyectos de exploración, además de incentivos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El cobre ocupó el centro de su exposición. El mandatario sanjuanino sostuvo que la demanda mundial crecerá impulsada, entre otros factores, por la electrificación y la inteligencia artificial, mientras la oferta enfrenta dificultades para expandirse al mismo ritmo. En ese punto, remarcó que seis de los diez proyectos de cobre más avanzados de la Argentina están ubicados en San Juan, con inversiones proyectadas superiores a US$30.000 millones.

Orrego también apeló a las características geográficas de la provincia para explicar el vínculo histórico con la minería. Resaltó que el 83% de la superficie de San Juan está cubierta por montañas, mientras otro 14% corresponde a zonas desérticas y apenas un 3% resulta cultivable. “Los sanjuaninos no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo”, afirmó.

En materia fiscal, el jefe de Estado provincial destacó el equilibrio de las cuentas públicas provinciales y sostuvo que es posible fortalecer los recursos estatales sin incrementar la presión tributaria. También reivindicó el acompañamiento de San Juan a las políticas nacionales destinadas a recuperar el equilibrio macroeconómico y la sanción del RIGI como herramienta para brindar previsibilidad a los grandes emprendimientos.

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