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Modifican el proyecto original y reformularán las escalas, aumentando la progresividad del tributo

 El Gobierno nacional decidió reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias que deberán pagar las sociedades comerciales, lo que beneficiará a más del 90% de las pequeñas y medianas empresas, a partir de un acuerdo alcanzado para reformular el proyecto de ley enviado en marzo pasado al Congreso para su tratamiento. La nueva propuesta prevé que la tasa del 25% será abonada por las sociedades cuando la ganancia no supere los 5.000.000 de pesos anuales, alícuota que no solo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

La decisión fue adoptada en una reunión de gabinete económico que encabezó el jefe de ministros, Santiago Cafiero, que conto con la asistencia del titular del Palacio de Hacienda, Martin Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco,

En un comunicado, el Ministerio de Economía anunció que se enviará al Congreso el proyecto de Ganancias de Sociedades con» enmiendas que buscan robustecer su carácter progresivo». Agregó que “el proyecto implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, fortalece la sostenibilidad fiscal».

El Palacio de Hacienda subrayó que, «a partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual».

La tasa del 25% comprenderá a las empresas con una ganancia de hasta 5 millones de pesos anuales. En tanto, la alícuota del 30 por ciento comprenderá a las sociedades con ganancias de entre 5 y 20 millones de peso anuales. Por su parte, las empresas con una ganancia superior a 20 millones de pesos pasarán a abonar una tasa del 35%.

También participaron de la reunión del gabinete económico los titulares de la comisiones de Presupuesto del Senado y de Diputados, Carlos Heller y Carlos Caserio; la senadora Anabel Fernández Sagasti, la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, y los secretarios de Energía Darío Martínez, y de Política Tributaria, Roberto Arias y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.

El Ministerio de Economía precisó que «se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos».

La nueva iniciativa reformula la reforma tributaria sancionada en 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión, dijeron fuentes gubernamentales y legislativas.

El 11 de marzo pasado, el Poder ejecutivo envió un proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias de las empresas, en el que establecía inicialmente que las compañías debían pagar entre el 25 y el 35 de alícuota.

Ahora, con la actualización que el Palacio de Hacienda enviará al Congreso mañana, se estableció que el 90 por ciento del total de las empresas que tributan este impuestos -en su mayoría pequeñas y medianas- abonarán la tasa más baja, del 25%.

El Gobierno fijó en 2020 una tasa del 30 por ciento, luego de que a fines del 2019 el gobierno de Mauricio Macri dispusiera la suspensión de la ley aprobada en 2017, que disminuía la tasa que debían pagar las Sociedades de Capitales.

De este modo y cuando se apruebe la reforma de Ganancias Sociedades, el porcentaje será más bajo para la mayoría de las empresas, ya que se ubicará en torno al 25 por ciento. De esta manera se modifica el proyecto original enviado en marzo y se rehacen las escalas, aumentando la progresividad del impuesto.

El proyecto que había girado el PEN establecía una alícuota del 25 por ciento para las sociedades con una ganancia de 1,3 millones de pesos anuales, cifra que ahora fue elevada a 5 millones de pesos.

En el caso de los que tienen que pagar una tasa del 30 por ciento, el proyecto original determinaba un nivel de ganancias anual de $2,6 millones, cifra que ahora pasó a estar comprendida dentro de un rango de entre 5 millones y 20 millones de pesos anuales.

En el tercer tramo se estableció que las sociedades con ganancias anuales superiores a 2,6 millones pesos pagarán una alícuota de 35 por ciento, porcentaje que el nuevo proyecto ubicó por encima de los 20 millones de pesos anual.

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Sectores de discapacidad se movilizan este martes contra el veto presidencial

Diferentes sectores ligados a la discapacidad se concentraron en la Plaza San Martín para reflejar la precaria situación que atraviesan usuarios y prestadores. La sesión en el Senado que tratará el veto a la Emergencia en Discapacidad comenzó con la expectativa de que se rechace el veto presidencial y se apruebe la ley.

La movilización fue un llamado a la acción para que el gobierno entienda la importancia del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Fernando Flores, kinesiólogo perteneciente a la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), expresó que «estamos a la espera de que se rechace el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad».

Flores destacó que la situación actual es crítica, con muchas dificultades para sostener los servicios, escuelas especiales al borde del cierre y centros educativos terapéuticos en una situación similar. «Al día de hoy tenemos muchísima dificultad para sostener los servicios, las escuelas especiales están al borde del cierre y los centros educativos terapéuticos también», afirmó.

La sesión en el Senado que trata el veto a la Emergencia en Discapacidad es un paso crucial para determinar el futuro del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Los sectores ligados están trabajando juntos para lograr que se rechace el veto presidencial y se apruebe la ley.

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Trabajadores del PAMI unen fuerza en defensa de sus derechos

En una coyuntura de fuerte deterioro salarial, los principales sindicatos que representan a los trabajadores del PAMI lograron un histórico acuerdo para coordinar acciones conjuntas en defensa de las condiciones laborales y en reclamo de una recomposición salarial. La unidad sindical es el resultado de un proceso de articulación y consensos alcanzados entre las organizaciones.

La seccional CABA del Sindicato Único de Trabajadores del PAMI (SUTEPA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI) declararon el estado de alerta y movilización permanente en reclamo de una recomposición salarial digna. Los empleados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados no reciben incrementos desde hace diez meses, mientras la inflación interanual supera el 120%.

«La situación es insostenible», remarcaron desde los gremios. «No pedimos ganar más, pedimos dejar de perder». La unidad sindical es el resultado de un proceso de articulación y consensos alcanzados entre las organizaciones, que buscan exigir la apertura de paritarias y establecer un plan de lucha común.

 La acción mancomunada incluirá medidas a coordinar en los próximos días. Los gremios están decididos a dar batalla por una recomposición salarial digna y a defender los derechos laborales de los trabajadores del PAMI.

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La caída del salario mínimo afecta a millones de trabajadores en Argentina

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina perdió un 30% de su poder adquisitivo en lo que va de la gestión de Javier Milei, según datos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Actualmente, el SMVM se encuentra en $322.200 brutos, lo que lo ubica por debajo de la jubilación mínima y representa una caída histórica que lo deja en el nivel real más bajo en décadas.

La situación del SMVM es crítica. No solo se encuentra por debajo de los $390.277,17 que perciben los jubilados con haber mínimo y bono, sino que también acumula una caída del 43,4% en comparación con noviembre de 2019 y del 56,7% en comparación con 2015. Según el informe del CIFRA, si no hubiese perdido capacidad de compra durante la última década, hoy superaría los $740.000.

La pérdida de poder adquisitivo del SMVM tiene un impacto directo en los trabajadores mensualizados o jornalizados que cobran menos del piso salarial, y de forma indirecta en el 40% de asalariados que se desempeñan en la informalidad. Además, los acuerdos del Consejo del Salario terminaron sin consenso y las actualizaciones fueron definidas por la Secretaría de Trabajo, con subas alineadas a la propuesta empresarial, insuficientes para compensar la devaluación y la inflación.

La comparación con la línea de pobreza expone aún más la gravedad de la situación. En julio, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica. De este modo, el SMVM dejó de cumplir las funciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo: garantizar alimentación, vivienda, salud, educación y un piso de dignidad.

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