La aprobación de la nueva Ley de Transporte abre un proceso de 120 días para definir la reglamentación que reorganizará por completo la actividad en San Juan. Habrá un registro único, vehículos identificados y no identificados bajo un mismo marco legal, tarifas sugeridas y habilitación plena para operar mediante aplicaciones digitales. El Gobierno asegura que el objetivo es “ordenar, transparentar y modernizar” un sector en expansión que hasta ahora funcionaba con criterios dispares.

La sanción de la nueva Ley de Transporte marca un punto de inflexión para taxis, remises y servicios por aplicación. El Gobierno provincial tendrá 4 meses para redactar la “letra chica” que pondrá en marcha el nuevo esquema regulatorio. Hasta que ese proceso concluya, sigue vigente la normativa anterior.

Uno de los ejes centrales es la creación de un registro único y obligatorio de conductores y vehículos, que reemplaza al antiguo régimen de licencias. No habrá cupos ni limitaciones en la cantidad de unidades habilitadas: cualquier conductor podrá incorporarse siempre que cumpla con los requisitos establecidos, entre ellos carnet profesional, seguro para personas, y vehículos con una antigüedad no mayor a 10 años.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, precisó que quienes ya poseen licencias reconocidas por el Estado dispondrán de un año para realizar el traspaso formal. Además, cada vehículo deberá exhibir un certificado oficial y la provincia abrirá una base de datos pública para verificar la habilitación en tiempo real. “La transparencia es central; necesitamos que el sanjuanino pueda consultar y confiar”, remarcó.

Tarifas: el Gobierno retiene el poder de regular y propondrá un valor de referencia

Uno de los puntos más sensibles es la política tarifaria. El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, confirmó que el Gobierno “conservó la potestad de establecer tarifas fijas u orientativas”, aunque esto se definirá durante los 120 días de reglamentación.

En paralelo, la ministra Palma adelantó que se implementará una tarifa mínima sugerida, que no será obligatoria pero sí funcionará como guía para todo el sector. El objetivo es evitar las grandes disparidades de precios entre taxis tradicionales, remises y plataformas digitales, sin impedir que los valores puedan ajustarse por acuerdo entre las partes.

Identificados y no identificados: una clasificación clave para ordenar el sistema

La ley divide la actividad en vehículos identificados (taxis ploteados, remises, transporte escolar y transporte accesible) y vehículos no identificados, categoría en la que quedarán los autos que trabajan mediante apps o de manera eventual.

Ambos podrán operar a través de plataformas digitales sin restricciones. La diferencia será principalmente impositiva y operativa: mientras los identificados suelen dedicarse de manera exclusiva a la actividad, los no identificados la complementan con otros trabajos.

Molina detalló además que los servicios en moto quedan excluidos por completo, debido a la falta de carnet profesional y de mecanismos de control adecuados. “Si alguien pide una moto, debe saber que se sube bajo su propio riesgo”, advirtió.

Apps, contacto digital y modernización: San Juan se integra al mapa global del transporte

La nueva ley reconoce oficialmente la contratación de viajes a través de aplicaciones locales e internacionales como Oeste X, Uber y DiDi. Es un paso clave para “blanquear” una modalidad que creció sin regulación.

En paralelo, la provincia avanza en un convenio con la Unión Internacional de Transporte Público y Google, que permitirá ver información del transporte público en Google Maps, planificar recorridos y, en una segunda etapa, recibir alertas en tiempo real sobre cortes, congestiones y demoras.

Con esta ley, San Juan apuesta a ordenar un mercado diverso y altamente heterogéneo, donde convivían modalidades tradicionales, plataformas digitales y sectores con distintos niveles de formalidad.

El registro único, la transparencia en la habilitación, la tarifa sugerida y la habilitación plena de las aplicaciones configuran un escenario nuevo tanto para los trabajadores como para los usuarios.

Los próximos 120 días serán decisivos: de la reglamentación dependerá si este intento de modernización logra equilibrar competencia, garantizar seguridad y ofrecer un sistema más claro, confiable y accesible para todos.

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma laboral que introduce cambios significativos en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). La iniciativa, tratada en sesiones extraordinarias desde el 11 de diciembre, se centra en tres ejes: vacaciones, compensación de horas y régimen de jornada. En todos los casos, la premisa es la misma: ampliar los márgenes de negociación entre empleadores y trabajadores, tanto de forma individual como colectiva.

Vacaciones: posibilidad de fraccionar y mayor negociación

La reforma sustituye el actual artículo 154 de la LCT e introduce modificaciones que buscan flexibilizar el uso y la organización de las vacaciones anuales.

El primer cambio es la habilitación de acuerdos entre empleado y empleador para tomar vacaciones fuera del período legal comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril. Aunque ese marco continúa vigente, ya no será obligatorio: ambas partes podrán modificarlo por acuerdo individual o colectivo.

El segundo punto central es la posibilidad de fraccionar las vacaciones, que podrán dividirse siempre que cada tramo no sea inferior a 7 días corridos. Esto representa un giro respecto del esquema tradicional, en el que el período de descanso solía tomarse mayormente de forma continua.

También se amplía el margen de la negociación colectiva para fijar otros sistemas de notificación del período vacacional, más allá de los 30 días que exige hoy la LCT. Y se establece una garantía mínima: todos los trabajadores deberán gozar de sus vacaciones al menos una vez cada tres años durante la temporada de verano.

Banco de horas y compensación: un nuevo régimen para las horas extra

Uno de los cambios más relevantes del proyecto es la incorporación del artículo 197 bis, que formaliza la posibilidad de crear un banco de horas. Este mecanismo, utilizado en sistemas laborales flexibles, permite compensar horas trabajadas de más en determinados días con descansos equivalentes en otros.

El proyecto permite que empleador y trabajador acuerden voluntariamente un sistema de compensación de horas extraordinarias, que también puede ser pactado con la representación sindical de la empresa. El acuerdo deberá formalizarse por escrito y respetar los descansos mínimos legales.

El texto menciona expresamente la habilitación de horas extras compensables, francos compensatorios y banco de horas, siempre bajo un método fehaciente de control que permita a las partes registrar con claridad las horas trabajadas y las horas acumuladas para su uso posterior.

Jornada laboral por promedio: una nueva lógica de organización del tiempo de trabajo

Otro punto clave es la modificación del artículo 198 de la LCT, que abre la posibilidad de establecer jornadas calculadas por promedio mediante acuerdos colectivos. Esto significa que el límite legal de la jornada podrá medirse de manera flexible, compensando períodos de mayor carga horaria con otros de menor intensidad.

El proyecto además establece que el banco de horas podrá utilizarse como instrumento para equilibrar días con jornadas más largas, respetando siempre los descansos mínimos: 12 horas entre jornada y jornada y 35 horas de descanso semanal.

En la práctica, este esquema permitiría adaptar la jornada a las necesidades de sectores con picos de actividad, creando una dinámica más variable que la establecida por la normativa actual.

El proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno impulsa un cambio profundo en la estructura de la Ley de Contrato de Trabajo: introduce flexibilidad en las vacaciones, habilita acuerdos individuales para organizar las horas extra mediante un banco de horas y permite que la jornada se calcule por promedio. Mientras el oficialismo sostiene que estas herramientas modernizan la regulación laboral, la discusión en el Congreso promete ser intensa: el impacto sobre la estabilidad, el descanso y la previsibilidad laboral será el centro del debate en las semanas por venir.

ATEPSA anunció un paro progresivo a partir del 18 de diciembre en reclamo de mejoras salariales y por presuntos incumplimientos paritarios por parte de EANA. El conflicto podría escalar e impactar en vuelos nacionales e internacionales en pleno comienzo de la temporada alta.

La tranquilidad previa a las fiestas de fin de año quedó en suspenso tras el anuncio de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). El gremio adelantó un plan de lucha progresivo que comenzará el miércoles 18 de diciembre y que amenaza con interrumpir o demorar vuelos en todos los aeropuertos del país.

El detonante del conflicto está en los reclamos salariales y en lo que los trabajadores denuncian como incumplimientos paritarios por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). También señalan el desconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, la “falta de diálogo” y la ausencia de respuestas a los planteos elevados en los últimos meses.

La medida se definió en una asamblea en la sede central de EANA, donde los controladores expresaron su “repudio a la falta de negociación” y ratificaron que retomarán un plan de acción iniciado el 3 de noviembre y que había quedado en suspenso por la conciliación obligatoria dictada en agosto.

Aumenta la tensión: paros progresivos y la posibilidad de escalar a vuelos internacionales

ATEPSA informó que el cese de actividades comenzará afectando a los vuelos nacionales, pero advirtió que, de persistir el conflicto, las medidas podrían extenderse a los vuelos internacionales, complicando uno de los períodos de mayor demanda de todo el año.

Aunque el gremio todavía no difundió el cronograma detallado, anticipó que durante los próximos días realizará asambleas nacionales para definir horarios, modalidades y alcances de cada instancia del plan de lucha. “Meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un convenio colectivo desconocido”, argumentaron desde el sindicato.

Desde la empresa, en cambio, aseguran que el acuerdo paritario sigue vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales, una postura que profundizó el malestar entre los controladores.

Un conflicto que se agrava por el deterioro del diálogo

La reactivación de la protesta refleja la falta de avances en las negociaciones. El gremio acusa a EANA de incumplir un acuerdo firmado hace más de dos meses, mientras que la empresa sostiene su posición y niega irregularidades. La distancia entre ambas partes llevó a un nuevo foco de tensión que amenaza con expandirse durante la temporada alta.

“Instamos a EANA a dar respuestas. Sin diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, advirtió ATEPSA. Para este viernes está prevista una audiencia en la Secretaría de Trabajo que buscará acercar posiciones y evitar una paralización que podría afectar a miles de pasajeros.

Desde EANA afirmaron que “el paro aún no está confirmado”, aunque no mostraron señales de flexibilizar la postura que originó el conflicto. Así, la principal expectativa para desactivar las medidas parece quedar en manos de la Secretaría de Trabajo, que podría dictar una nueva conciliación obligatoria, como ya ocurrió en reclamos anteriores.

Sin embargo, incluso esa alternativa sólo patearía la disputa hacia enero, otro mes de alto movimiento turístico, sin resolver de fondo la discusión salarial ni las diferencias sobre el convenio colectivo.