En medio de temperaturas extremas y una creciente demanda residencial, el gobierno prorrogó por otras 24 horas la suspensión del expendio de GNC en estaciones de servicio. La decisión pone en evidencia la fragilidad estructural del sistema de distribución de gas en la Argentina y reactiva viejos fantasmas sobre la falta de previsión energética.

La Argentina transita una de las semanas más frías del año con una consecuencia que ya se vuelve habitual: la suspensión en la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) para automóviles. La medida, que inicialmente se aplicó durante la jornada del miércoles, fue extendida 48 horas más y ahora se mantendrá vigente al menos hasta el viernes. La decisión fue oficializada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y Ecogas, a través de un comunicado difundido por la Asociación de Expendedores de Combustibles, y responde a la necesidad de asegurar el suministro doméstico en contextos de altísima demanda térmica.

La suspensión, que afecta a estaciones de servicio de distintas regiones —con epicentro en Mendoza, Cuyo y la zona Centro— expone, una vez más, los límites del sistema energético nacional para responder a contingencias previsibles como una ola de frío. Si bien el abastecimiento domiciliario es prioritario frente al automotor, la reiteración de estos episodios revela no solo una crisis coyuntural, sino también una planificación deficitaria que arrastra décadas de desinversión, falta de infraestructura y decisiones erráticas.

Según detallaron fuentes del organismo regulador, el Comité de Emergencia del sector sesionará nuevamente este viernes para monitorear el estado del sistema y resolver si se reactiva o no la provisión de GNC. El análisis técnico incluye la evaluación de parámetros de presión, reservas disponibles y capacidad de transporte en la red troncal. Sin embargo, mientras se aguardan definiciones, miles de estaciones de servicio operan con restricciones, generando no solo malestar en los usuarios, sino también un perjuicio económico para el sector minorista del combustible.

La situación, lejos de ser inédita, pone de relieve un patrón recurrente en la política energética nacional: escasa previsibilidad, reacciones sobre la marcha y dependencia de eventos climáticos. No se trata únicamente de una crisis por bajas temperaturas, sino de un síntoma de un sistema estructuralmente tensionado. La prioridad del suministro hogareño, aunque comprensible desde lo social, desnuda la incapacidad para sostener de manera equilibrada una matriz que incluya a la industria, el transporte y los usuarios residenciales.

El epicentro del problema vuelve a ubicarse en el cuello de botella que representa la insuficiencia del transporte desde las principales cuencas gasíferas hasta los centros de mayor consumo. A pesar de los avances en obras como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, cuya primera etapa ya está operativa, los beneficios plenos de esa infraestructura aún no se traducen en una mejora tangible para el sistema en su conjunto. Las restricciones, por lo tanto, persisten y tensionan la relación entre los actores del mercado.

Mientras tanto, el malestar se expande. Organizaciones como la Confederación de Expendedores de Combustibles y la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines, expresaron su preocupación por las consecuencias comerciales del parate. A su vez, el transporte público y privado que depende del GNC para operar encuentra dificultades para sostener la actividad diaria, en una coyuntura ya golpeada por la recesión y la merma del consumo.

La extensión del corte de GNC no es solo una decisión técnica; es también un reflejo político de las prioridades en la gestión del recurso. Mientras el invierno recién comienza, la falta de previsión y una estrategia energética integral siguen siendo asignaturas pendientes. En un país con vastas reservas de gas, que exporta excedentes en ciertos momentos del año, la paradoja de quedarse sin suministro en pleno invierno resulta inadmisible.

La prolongación del corte en la venta de GNC desnuda una realidad incómoda: la vulnerabilidad de un sistema energético que no logra articular de manera eficaz la oferta con la demanda. La ola polar actual no hizo más que acelerar una crisis que venía latente. Es hora de que las autoridades, más allá del cortoplacismo, diseñen una política de largo alcance que ponga fin a los parches estacionales y garantice la soberanía energética. Porque si el frío es pasajero, la falta de planificación, lamentablemente, no lo es.

El Gobierno nacional modificó el marco regulatorio del gas envasado, limitando la intervención estatal a la fiscalización de seguridad y dejando de tener injerencia en precios, oferta y demanda. La medida generó preocupación en el gremio, que advirtió que el gas envasado es utilizado mayormente por los sectores más vulnerables.

La desregulación del mercado del gas envasado es una medida impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en colaboración con la Secretaría de Energía de la Nación. A través del Decreto 446/2025, publicado en el Boletín Oficial, se modificó el marco regulatorio del GLP y se limitó la intervención estatal a la fiscalización de seguridad, dejando de tener injerencia en precios, oferta y demanda.

Impacto en los sectores vulnerables

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas expresó su desacuerdo con la medida, argumentando que el gas envasado es utilizado mayormente por los sectores más vulnerables económicamente. «Hay preocupación, porque deja librado al mercado un bien de primera necesidad», señaló el titular de la federación, Guillermo Mangone.

Argumentos del Gobierno

El Ejecutivo argumentó que la desregulación es necesaria para promover una regulación moderna y eficiente, y para garantizar el abastecimiento interno de GLP al menor costo posible para los consumidores. Sin embargo, el sindicato adviertió que la medida puede tener un impacto negativo en los sectores más vulnerables.

El decreto elimina la obligación de obtener autorización previa de la Secretaría de Energía para instalar nuevas plantas de fraccionamiento o ampliar las existentes. También se flexibiliza el régimen de marcas y envases, permitiendo que los fraccionadores envasen GLP de cualquier productor, comercializador o importador.

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) impulsa una coordinación federal de la protesta en todo el país, exigiendo un salario de ingreso igual al valor de la canasta familiar de consumos básicos. Los trabajadores de la salud en diversas provincias se movilizan y realizan paros en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.

Esta crisis salarial en el sistema de salud pública argentina ha alcanzado un punto crítico, con medidas de fuerza que se multiplican en diversas provincias. A continuación, un informe detallado de la situación de cada provincia en conflicto:

• Neuquén: Los profesionales de la salud iniciaron un paro de cinco días tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno provincial. La falta de una propuesta salarial concreta ha generado gran descontento entre los trabajadores.
• Provincia de Buenos Aires: Los trabajadores becarios exigen su pase a planta permanente. En ese marco, marcharán hacia el Ministerio de Salud bonaerense, en La Plata, para reclamar por sus derechos.
• San Luis: La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) realizará una jornada de movilización intersindical en reclamo de la apertura de paritarias y una urgente recomposición salarial.
• Chaco: La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública (Aptasch) encabezará una marcha a la Casa de Gobierno junto a otros gremios estatales para reclamar por mejoras salariales y condiciones laborales.
• San Juan: La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Asprosa) denunció que el gobierno provincial solo reconoce salarialmente a los médicos, dejando fuera de la negociación a otros profesionales del sector. Los trabajadores de la salud en San Juan se suman a la lucha nacional por un salario digno y condiciones laborales justas.

La Federación Sindical impulsa una coordinación federal de la protesta, buscando visibilizar el reclamo y presionar a los gobiernos provinciales y nacionales para que tomen medidas concretas. María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, advirtió que «el fracaso de la negociación en el Garrahan por la falta de propuestas del gobierno es un hecho que se repite en todo el país».

El reclamo central que une a las distintas organizaciones es la exigencia de un salario de ingreso igual al valor de la canasta familiar de consumos básicos, estimada por ATE-INDEC en $1.840.000. Los trabajadores de la salud en todo el país están decididos a luchar por sus derechos y exigir un salario digno.