Este jueves 6 de noviembre, la actividad bancaria se detendrá en todo el territorio nacional con motivo del Día del Bancario. La jornada, reconocida como feriado para el personal del sector, implicará la suspensión de la atención presencial en sucursales públicas y privadas, aunque los canales electrónicos y digitales seguirán operativos.ç

La medida alcanza a todas las entidades, sin distinción de jurisdicción o tipo de administración, y responde a lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo del gremio, que equipara el 6 de noviembre a un feriado nacional.

En consecuencia, los clientes que necesiten realizar trámites que requieren la intervención directa del personal bancario —como depósitos en efectivo, cobros por ventanilla, retiros de cheques o gestiones crediticias— deberán reprogramarlos. Las entidades financieras suelen comunicar con anticipación estos cambios para evitar inconvenientes y recomendar el uso de canales alternativos como cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles, que permanecerán operativos durante todo el día.

Origen y significado de la fecha

El Día del Bancario tiene un trasfondo histórico y sindical de profundo valor simbólico para el sector. La conmemoración recuerda la fundación de la Asociación Bancaria (AB), el sindicato que desde hace un siglo representa a los trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras del país.

La organización se constituyó formalmente el 6 de noviembre de 1924, fecha que quedó incorporada en el artículo 50 del convenio colectivo como día no laborable, con los mismos alcances legales que un feriado nacional. Esa disposición garantiza el derecho al descanso y a la conmemoración sindical del sector financiero.

Pero la historia del movimiento bancario en la Argentina tiene raíces aún más profundas. En abril de 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, los empleados bancarios protagonizaron su primera huelga nacional, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales dignas. Aquella lucha marcó el punto de partida para la construcción de una identidad gremial que, con los años, consolidó la creación de la Asociación Bancaria y la obtención de derechos específicos dentro del sistema laboral argentino.

En la antesala del encuentro entre el gobierno nacional y los gobernadores, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, acusó al Ejecutivo de profundizar el ajuste sobre las provincias y alertó sobre una “nueva etapa de flexibilización laboral y destrucción del Estado”.

Aguiar, volvió a encender las alarmas en el mapa político y sindical al lanzar una advertencia directa a los gobernadores que este jueves se reunirán con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Casa Rosada. El objetivo del encuentro será buscar apoyos para la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y para el Presupuesto 2026, en un contexto de creciente malestar con los gremios estatales.

“En el Estado nacional no queda nada por recortar. Lo peor está por venir: ahora van por las provincias”, afirmó Aguiar, marcando el tono de un conflicto que se anticipa profundo. Según el dirigente, la implementación del denominado Pacto de Mayo —que contempla una drástica reducción del gasto público— tendrá consecuencias directas sobre los distritos provinciales y municipales.

“El ajuste se va a profundizar en las provincias. Cumplir el Pacto de Mayo significa un recorte brutal del gasto público. Esto se traducirá en rebajas salariales, despidos y la destrucción de las economías regionales”, advirtió el líder estatal.

Aguiar fundamentó su análisis en datos oficiales que confirman la magnitud del ajuste fiscal. El Consejo de Mayo, creado por el propio Milei para coordinar las reformas estructurales, fijó como meta reducir el gasto público consolidado del 40% al 25% del PBI. De esa reducción, el 70% recaerá sobre los gobiernos provinciales y municipales, que deberían achicar sus presupuestos en un 25%.

Las cifras son contundentes: durante 2024, las transferencias no automáticas a las provincias se desplomaron un 79% en términos reales respecto al año anterior, afectando fondos claves como el de Incentivo Docente, el Compensador del Transporte, la asistencia a cajas previsionales y las obras públicas locales.

“Milei gobierna desde Buenos Aires, pero sabe que las riquezas están en las provincias. No le vamos a creer a los gobernadores si dicen que apoyan en nombre de la gobernabilidad. No están garantizando gobernabilidad, sino impunidad a quienes habitan la Casa Rosada”, remarcó Aguiar, en uno de sus pasajes más duros.

El sindicalista rionegrino insistió en que el Gobierno nacional “pretende trasladar el ajuste al interior” y que el proyecto de reforma laboral “no apunta a modernizar el empleo, sino a recortar derechos históricos y debilitar la negociación colectiva”.

El Gobierno de Javier Milei se dispone a reabrir un frente de conflicto con el sindicalismo, al impulsar un nuevo proyecto para eliminar las cuotas solidarias que sostienen parte del financiamiento de los gremios. La medida, que figura entre las prioridades del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuenta con el respaldo del titular de Economía, Luis Caputo, y forma parte del paquete de reformas laborales que el Ejecutivo pretende debatir en el Congreso antes de fin de año.

La iniciativa no es nueva. Ya había sido incorporada en el DNU 70/2023, que buscó modificar las bases del sistema laboral argentino y fue suspendido parcialmente por la Justicia. Ahora, con un escenario político más favorable tras los comicios legislativos, el oficialismo planea retomar la ofensiva. En el reciente Coloquio de IDEA, Sturzenegger definió las cuotas solidarias como “impuestos privados ilegales” y “peajes” que, según su visión, distorsionan los salarios y encarecen los costos empresariales.

El funcionario incluso puso cifras sobre la mesa: en el convenio de Camioneros, esas contribuciones representan un descuento anual promedio de $845.401 por trabajador y generan ingresos al gremio de más de $200 mil millones. El decreto 149/25 —aún en borrador— propone prohibir esos descuentos automáticos, incluso si están pactados en los convenios, salvo autorización expresa de cada trabajador.

El artículo 9 de la Ley 14.250 ampara la existencia de esas contribuciones, al permitir que los acuerdos colectivos incluyan aportes destinados a las asociaciones que los negocian, aplicables tanto a afiliados como a no afiliados. Su espíritu es claro: los beneficios obtenidos por la negociación sindical —salarios, licencias, condiciones laborales— alcanzan a todo el universo comprendido en el convenio, por lo que se considera razonable que todos contribuyan a sostener la estructura que los consigue.

Para el Gobierno, sin embargo, esta figura consagra una “colectivización compulsiva” que contradice la libertad individual. En el trasfondo, la disputa no se limita a una cuestión económica: implica un choque ideológico entre el modelo libertario de atomización contractual y la lógica colectiva del sindicalismo tradicional.

El trasfondo político: Milei frente a la CGT

La embestida libertaria llega en un momento particularmente sensible. La CGT se encamina a renovar su Consejo Directivo el 5 de noviembre, mientras mantiene la cohesión interna tras meses de fricciones por la reforma laboral. En ese marco, el intento del Ejecutivo por restringir las fuentes de financiamiento sindical es leído como un movimiento para debilitar la capacidad de acción gremial antes del debate parlamentario.

El cotitular de la central obrera, Héctor Daer, advirtió que la CGT no cederá ante medidas que impliquen retrocesos:

“Si es para retroceder, no vamos a negociar. No hay indicios claros del borrador que pretende el Gobierno. Si no alcanza con el Parlamento, ejerceremos la presión política y gremial necesaria, como hicimos con el DNU 70”.

El mensaje fue directo. El sindicalismo ya frenó una parte sustancial del decreto en los tribunales y construyó mayorías legislativas circunstanciales para limitar la Ley Bases. La eliminación de la cuota solidaria, según advierten, no solo afectaría el financiamiento de los gremios, sino también la representación colectiva, ya que muchas organizaciones dependen de esos recursos para sostener servicios de salud, asesoramiento jurídico y beneficios sociales.

La ofensiva oficial expone dos visiones antagónicas sobre el sistema laboral argentino. Por un lado, la mirada libertaria de desregulación absoluta, que busca reducir la intermediación sindical y promover acuerdos individuales. Por otro, la concepción histórica del sindicalismo argentino como pilar de la negociación colectiva, cuya fortaleza reside precisamente en la solidaridad contributiva que garantiza su funcionamiento.

El debate, en el fondo, no es técnico sino político: ¿Quién representa a los trabajadores en un mercado desregulado?. Eliminar la cuota solidaria puede interpretarse como un avance en la libertad individual, pero también como un ataque directo a la estructura institucional que equilibra la relación entre capital y trabajo.

Mientras tanto, la CGT enfrenta un doble desafío: defender su autonomía financiera y demostrar que su representatividad no depende solo de los aportes, sino de la legitimidad frente a los trabajadores. El Gobierno, por su parte, apuesta a erosionar el poder sindical sin perder estabilidad parlamentaria ni generar conflicto social.

La batalla por la cuota solidaria no es una discusión marginal: es la prueba de fuego del modelo laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende instaurar. En nombre de la libertad individual, el oficialismo busca desarticular uno de los mecanismos centrales de la estructura gremial argentina.

Para la CGT, el desafío será resistir sin quedar atrapada en una defensa corporativa, y revalidar su papel en una sociedad que reclama representaciones más transparentes y democráticas.
El resultado de esta pulseada marcará si el país avanza hacia un esquema de individualización del trabajo o si logra sostener un sistema colectivo, solidario y equilibrado entre los derechos laborales y las libertades económicas.