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El piso salarial hoy es de $27.500; participarán los cinco sindicatos de la actividad

El Gobierno decidió convocar a los cinco gremios docentes con representación nacional (Ctera, UDA, Sadop, CEA y AMET) a iniciar el próximo jueves 18 de febrero las negociaciones en el marco de la paritaria federal del sector, donde se buscará consensuar un nuevo piso salarial que regirá para los maestros de todo el país y definir las condiciones y protocolos para el retorno de las clases presenciales desde la próxima semana. La decisión oficial fue comunicada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, a la conducción de Ctera, que encabeza Sonia Alesso, en un encuentro realizado esta mañana en la sede del sindicato y del que participaron el titular del Suteba, Roberto Baradel, y el jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Durante la reunión Trotta informó a la representación sindical que las negociaciones para acordar el incremento en el piso salarial docente que rige como ingreso garantizado para todos los docentes del país y que luego debe ser replicado en cada provincia, se iniciarán en próximo 18 de febrero. 

Tras la última actualización aplicada en diciembre, el piso salarial para un maestro de grado que inicia sus actividades asciende a $ 27.500, a lo que se suma el pago de la suma extraordinaria del Fondo de Incentivo Docente (Fonid). Con ese último ajuste, el aumento acumulado en 2020 en los salarios docentes totalizó un 33,46%, unos puntos por debajo de la inflación del período que fue de 36,1%.

Si bien desde el Ministerio de Educación evitaron anticipar detalles respecto de la oferta de recomposición salarial que formalizarán la próxima semana, en los gremios esperan que el Gobierno ratifique la posición que transmitió ayer a las principales centrales sindicales en el marco de la discusión de un acuerdo de precios y salarios en el sentido de no se fijarán topes a las paritarias y se negociarán incrementos que superen entre 2 y 4 puntos la inflación prevista para este año. Al respecto, fuentes del sector deslizaron que la suba del sueldo mínimo docente debería rondar el 30%.

Por otra parte, en la reunión de esta mañana y previo al encuentro que Trotta mantendrá desde las 18 con la conducción de la CGT, los referentes de Ctera elevaron otra serie de reclamos al funcionario, vinculados al retorno de las clases presenciales en medio de la pandemia. En ese sentido, Alesso planteó la necesidad de definir los requisitos y protocolos para la vuelta de la «presencialidad segura, gradual y cuidada».

Además, insistió en la importancia de la implementación del Plan Nacional de Vacunación en el caso de los maestros y reclamó detalles acerca de las condiciones de infraestructura escolar, condiciones de trabajo y salud de los establecimientos escolares. Estos temas, según transmitió Trotta en la reunión, serán abordados puntualmente durante las negociaciones de la paritaria federal.

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Universitarios convocan a la tercera Marcha Federal el 17 de septiembre

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a una nueva movilización en defensa de la universidad pública y la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei.

La tercera Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el 17 de septiembre en el Congreso de la Nación, con el objetivo de expresar el rechazo al veto presidencial y exigir un mayor presupuesto para las universidades nacionales.

La universidad pública argentina se encuentra en una situación crítica, con un futuro incierto que depende en gran medida de la decisión del Gobierno nacional de asignar los recursos necesarios para su funcionamiento. La falta de financiamiento adecuado ocasionado una serie de problemas que afectan directamente a la calidad de la educación y la investigación en las universidades nacionales.

En este escenario, la FATUN ha sido una de las principales voces en defensa de la educación pública, y ahora convoca a una nueva movilización para exigir un cambio en la política educativa del Gobierno. La marcha del 17 de septiembre será una oportunidad para que la comunidad universitaria exprese su rechazo al veto presidencial y exija un mayor compromiso del Ejecutivo nacional con la educación pública.

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario generó un amplio rechazo entre los sectores académicos y estudiantiles, que ven en esta medida un golpe significativo a la estabilidad del sistema universitario. Los reclamos de la FATUN incluyen un aumento en el presupuesto para las universidades, mejoras en los salarios de los docentes y no docentes, y la garantía de continuidad de los programas de becas estudiantiles.

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Shell ajusta sus precios en los combustibles por cuarta vez en trece días

La petrolera Shell anunció un nuevo aumento en el precio de sus combustibles, totalizando cuatro subas en solo trece días.

En un clima de alta inflación y creciente presión sobre los bolsillos de los argentinos, la petrolera Shell decidió ajustar nuevamente el precio de sus combustibles. Este cuarto aumento en menos de dos semanas se suma a los ya registrados el 31 de agosto, el 6 de septiembre y el 7 de septiembre, lo que generó una notable escalada en los costos para los usuarios.

El precio de la nafta V-Power aumentó significativamente en un corto período de tiempo, pasando de $1.715 el 31 de agosto a $1.752 el 13 de septiembre. Este incremento fue objeto de atención por parte de los conductores y usuarios, quienes registraron la evolución de los precios en las estaciones de servicio.

La frecuencia de los ajustes en los precios de Shell contrasta con la situación de otras compañías del sector, que han registrado aumentos más espaciados en el tiempo. Los combustibles son uno de los rubros con mayores incrementos, lo que se suma a otras subas en servicios esenciales, alquileres y prepagas, constituyendo un escenario complejo para el actual momento socio-económico de gran parte de los argentinos.

El aumento en el precio de los combustibles tiene un impacto directo en la economía de los usuarios, quienes ven cómo su salario no alcanza a cubrir el alto costo de necesidades primordiales para la subsistencia. La situación se vuelve cada vez más complicada para aquellos que dependen del transporte para ir a trabajar o realizar actividades cotidianas.

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Médicos del Garrahan protestan por el desmantelamiento y «Fuga de Cerebros»

Trabajadores del Hospital Garrahan denuncian una «fuga de cerebros» debido al desmantelamiento fomentado por el Gobierno nacional, lo que aumenta los riesgos para la atención de los niños en uno de los hospitales pediátricos más importantes de la región.

El Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más destacados, enfrenta una crisis sin precedentes. Los trabajadores denuncian que el desmantelamiento promovido por el Gobierno nacional está generando una «fuga de cerebros» que pone en riesgo la atención de los pacientes. Según el Dr. Mauro García, jefe de Terapia Intensiva, el deterioro salarial y la falta de medidas concretas por parte del Gobierno han derivado en un éxodo de profesionales altamente capacitados.

La situación se agravó tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, que buscaba actualizar los sueldos y compensar la inflación. Sin esta herramienta, los profesionales aseguran que la situación se volvió insostenible y que la atención de los pacientes está en riesgo. El personal del hospital mantiene un paro con guardias mínimas, mientras reclama respuestas urgentes para evitar el colapso.

Salarios congelados y renuncias en cadena:

El Dr. García detalló que desde hace más de 18 meses, el Hospital Garrahan viene perdiendo poder adquisitivo en los ingresos de los trabajadores, lo que ha llevado a muchos a renunciar. Ya se contabilizan 245 renuncias desde el inicio del conflicto. La situación golpea con especial crudeza al área de oncología, que atiende al 40% de los pacientes oncológicos pediátricos del país.

Precarización laboral:

Además de los salarios, los médicos denuncian un creciente proceso de precarización laboral dentro del hospital. A los especialistas en terapia intensiva les ofrecen contratos de locación, lo que implica trabajar sin recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo ni licencias. La situación de los residentes también refleja la crisis sanitaria y pediátrica, ya que muchos jóvenes optan por becas institucionales «mejor pagas» ofrecidas por el Ministerio de Salud, pero a costa de perder derechos laborales y antigüedad.

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