Aunque el empleo mostró una mejora en el tercer trimestre de 2025, un informe privado advierte que la expansión estuvo dominada por el trabajo informal, sin estabilidad ni protección social, lo que profundiza la precarización laboral.

Los datos oficiales celebrados por el Gobierno sobre la recuperación del empleo esconden una realidad menos alentadora cuando se analiza la calidad de los puestos generados. Según un estudio de la consultora Politikon Chaco, durante el tercer trimestre de 2025 la tasa de empleo alcanzó el 45,4 % a nivel nacional, con la incorporación de 302 mil nuevos ocupados en comparación con el trimestre anterior.

Sin embargo, el estudio advierte que este crecimiento estuvo sostenido, en su inmensa mayoría, por el avance del trabajo informal. En la comparación interanual, el 84 % de los nuevos empleos corresponde a ocupaciones sin registrar, lo que implica que más de 200 mil personas accedieron a trabajos sin estabilidad, aportes jubilatorios, cobertura de salud ni derechos laborales básicos.

Lejos de representar una recuperación sólida del mercado de trabajo, el fenómeno refleja un empeoramiento estructural de las condiciones laborales, donde el empleo funciona como una estrategia de subsistencia antes que como un mecanismo de inclusión social y movilidad económica.

Concentración geográfica y desigualdades

El crecimiento del empleo también mostró una fuerte concentración territorial. El Gran Buenos Aires (GBA) explicó el 64 % de los nuevos ocupados interanuales y el 84 % de los creados en la comparación trimestral, lo que revela una dependencia marcada de una sola región para sostener los indicadores nacionales.

Este patrón profundiza las desigualdades regionales y evidencia la fragilidad del proceso. Mientras el GBA y la región Pampeana superan la tasa de empleo promedio del país, otras zonas muestran señales preocupantes. El NEA y la Patagonia registraron caídas interanuales en el empleo, y aunque el NEA mostró una mejora trimestral, el avance no se tradujo en una mayor formalización ni en mejores condiciones de inserción laboral.

Menos desempleo, más precariedad

En paralelo, la tasa de desocupación descendió al 6,6 %, con 133 mil personas menos buscando trabajo respecto del trimestre anterior. Si bien este dato suele interpretarse como una señal positiva, el informe advierte que debe analizarse con cautela.

La reducción del desempleo no necesariamente implica una mejora estructural si quienes abandonan la desocupación lo hacen para incorporarse a empleos informales, inestables y de bajos ingresos. ,En este aspecto la baja del indicador puede funcionar como un alivio estadístico, pero no como una solución de fondo a los problemas del mercado laboral.

El escenario que describe el informe de Politikon Chaco plantea un desafío central para la política económica y laboral. No alcanza con crear empleo si ese empleo es precario. La expansión del trabajo informal puede mejorar transitoriamente los números, pero a largo plazo debilita el sistema de seguridad social, reduce la recaudación fiscal y consolida un modelo laboral desigual y fragmentado.

La recuperación del empleo celebrada por el Gobierno muestra así su contracara: más personas ocupadas, pero con menos derechos, menos protección y menor estabilidad. El desafío pendiente no es solo generar puestos de trabajo, sino construir un mercado laboral que ofrezca empleo de calidad y condiciones dignas, condición indispensable para un desarrollo económico sostenible.

La capacidad de pago de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos quince años. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad de las familias alcanzó en octubre de 2025 su nivel más alto desde que se llevan registros sistemáticos, iniciados en 2010.

El índice de irregularidad crediticia de los hogares se ubicó en el 7,8 %, lo que representa un incremento de 5,5 puntos porcentuales interanuales y marca el duodécimo mes consecutivo de crecimiento, consolidando una tendencia persistente de deterioro financiero.

El informe del organismo monetario revela que el aumento de los atrasos se concentra en los segmentos más sensibles al ingreso disponible. En los préstamos personales, la morosidad trepó hasta casi el 9,9 %, con un salto anual de 6,5 puntos porcentuales, reflejando el impacto directo de la pérdida de poder adquisitivo y del encarecimiento del crédito.

Un comportamiento similar se observa en las tarjetas de crédito, donde la irregularidad alcanzó el 7,7 %, impulsada por el uso creciente del financiamiento para cubrir gastos corrientes y por la acumulación de saldos difíciles de cancelar en un escenario de tasas elevadas.

En contraste, los créditos hipotecarios mantuvieron niveles de mora relativamente bajos y estables, en torno al 1 %, una dinámica que responde tanto a los mayores requisitos de acceso como a la prioridad que las familias suelen otorgar al pago de la vivienda frente a otras obligaciones.

Análisis del sistema financiero

El deterioro no se limita exclusivamente a los hogares. El BCRA también advirtió un aumento en la morosidad de las empresas, que pasó del 0,7 % al 1,9 % interanual, con mayores dificultades en los préstamos prendarios. Al consolidar los datos de familias y firmas, el índice general de irregularidad del sistema financiero alcanzó el 4,5 % en noviembre, el registro más alto desde finales de 2021.

Este escenario se explica por una combinación de factores: tasas de interés reales elevadas, caída o estancamiento de los ingresos reales, mayor presión del costo de vida y un uso intensivo del crédito de corto plazo para sostener el consumo. Las líneas más flexibles —pero también más costosas— se transformaron en una trampa financiera para amplios sectores de la población.

El récord histórico de morosidad familiar expone con crudeza las tensiones que atraviesan los hogares argentinos. Más allá de la estabilidad nominal de algunas variables macroeconómicas, los datos del Banco Central muestran que el ajuste impacta de lleno en la economía cotidiana, dificultando el cumplimiento de compromisos básicos.

La persistencia de esta tendencia plantea un doble desafío: para las familias, que ven erosionada su capacidad de pago, y para el sistema financiero, que enfrenta un deterioro progresivo en la calidad de su cartera. En esta situación, la evolución del crédito y del ingreso real será clave para determinar si este récord marca un techo o el inicio de una etapa aún más compleja.

Aunque había comprometido saldar antes de fin de año una deuda cercana a los $60.000 millones, el Gobierno solo abonó un tercio de lo acordado. La demora ocurre en medio de un clima de alta conflictividad con la CGT por la reforma laboral y reaviva la desconfianza sindical.

El Gobierno nacional mantiene una deuda millonaria con las obras sociales gremiales, un frente sensible que se suma al conflicto abierto con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

El monto total adeudado ronda los $60.000 millones, correspondientes a reintegros por medicamentos, tratamientos de alto costo y prestaciones subsidiadas. En octubre pasado, en la antesala del proceso electoral, el Ministerio de Salud acordó con los sindicatos un esquema de tres pagos escalonados entre octubre y diciembre, con el objetivo de cancelar la deuda antes de fin de año. Sin embargo, hasta el momento, solo se abonaron $23.000 millones, poco más de un tercio del compromiso asumido.

Desde el Ejecutivo explican que la demora no responde a una decisión política ni a la disputa con la CGT, sino a la complejidad administrativa del proceso. Según fuentes oficiales, los reclamos involucran 2,3 millones de expedientes, algunos correspondientes a años anteriores a 2021, e incluso con presentaciones que se remontan a 2019. Cada uno de esos trámites, aseguran, debe ser revisado de manera individual, lo que habría ralentizado los pagos.

“Es una deuda histórica, acumulada durante casi seis años”, sostienen en el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, quien había manifestado su intención de dejar la deuda “en cero” antes de fin de 2025, objetivo que finalmente no se logró cumplir en los plazos previstos.

En la Casa Rosada insisten en que el proceso continúa, que los pagos se realizan “por tandas” y que, una vez alcanzado un volumen significativo de expedientes validados, se libera el dinero correspondiente. No obstante, no hubo precisiones sobre cuándo se retomarán los desembolsos, ni por qué se interrumpieron tras el primer pago.

El rol del Fondo Solidario y la desconfianza sindical

Los fondos destinados a regularizar la deuda provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con aportes obligatorios descontados mensualmente del salario de los trabajadores registrados. Durante la gestión del Frente de Todos, una parte de esos recursos fue transferida a una cuenta del Banco Nación para generar intereses y utilizarse luego en reintegros por prestaciones especiales, como discapacidad o tratamientos de alto costo.

Según dirigentes sindicales involucrados en la negociación, esos fondos no habrían sido utilizados desde el cambio de gobierno, y estiman que el monto acumulado podría rondar los $300.000 millones. Esta situación alimenta el malestar gremial, que denuncia una retención de recursos que pertenecen a los trabajadores.

Desde el oficialismo responden que, al asumir, se encontraron con un sistema desordenado, con reclamos que en algunos casos llevaban hasta diez años sin resolución, y que la actual gestión inició un proceso de normalización que continúa, aunque sin fechas definidas.

La tramitación de los pagos se realiza ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo bajo la órbita del Ministerio de Salud y actualmente conducido por Claudio Adrián Stivelman, designado por Lugones. El acuerdo original contemplaba distribuir los fondos en tres etapas entre todas las obras sociales que hubieran presentado la documentación en regla.

Reforma laboral y clima de confrontación

El incumplimiento del cronograma de pagos se da en paralelo a un fuerte deterioro del vínculo entre el Gobierno y la CGT, profundizado por el avance de la reforma laboral. Aunque el sindicalismo tuvo participación en el Consejo de Mayo, donde se debatieron aspectos de la denominada “modernización laboral”, el malestar quedó expuesto cuando Gerardo Martínez, titular de la Uocra y representante gremial en ese ámbito, decidió no asistir a la presentación oficial del proyecto en la Casa Rosada.

Esta semana, la tensión escaló con una movilización de la CGT a Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, donde los dirigentes sindicales amenazaron con un paro general. Horas más tarde, el oficialismo anunció la postergación del debate de la reforma laboral para febrero, una decisión que el sindicalismo interpretó como una señal de apertura a la negociación.
En sectores del oficialismo y de la oposición, en cambio, la postergación fue leída como una consecuencia directa de la falta de consensos políticos, la fallida votación del presupuesto y las tensiones con los aliados parlamentarios.

La deuda con las obras sociales sindicales se convirtió en un nuevo factor de fricción en una relación ya deteriorada entre el Gobierno y la CGT. Aunque el Ejecutivo insiste en que existe voluntad de pago y que se trata de una cuestión administrativa heredada, la falta de certezas sobre los plazos y el contexto de confrontación política refuerzan la desconfianza gremial. En un escenario de reformas estructurales y conflictividad social en aumento, el manejo de estos fondos aparece como una pieza clave para recomponer —o profundizar— el vínculo con el sindicalismo organizado.