El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.

La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.

Detalles del Acuerdo:

• Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
• Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
• Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.

Mejoras en Asignaciones Específicas:

• Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
• Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
• Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.

En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

El secretario general de los trabajadores de estaciones de servicio en San Juan, Víctor Menéndez, analizó el presente de la actividad en un contexto marcado por aumentos parciales y el freno oficial a las paritarias. Con mirada crítica, reclamó unidad en la CGT de cara a la renovación de autoridades y subrayó los desafíos que enfrenta el movimiento obrero en tiempos de inflación, pérdida de poder adquisitivo y transformación tecnológica.

El dirigente sindical explicó que, tras una negociación compleja, se alcanzó un acuerdo salarial que incluye incrementos escalonados: 3% para mayo, 4,8% en agosto y sucesivos aumentos del 1,5% entre septiembre y noviembre. Si bien reconoció que la mejora está lejos de compensar la inflación, sostuvo que la intención fue evitar que los trabajadores quedaran desfasados, aunque el ajuste no satisface las expectativas ni de los gremios ni de los asalariados.

Menéndez cuestionó con dureza el rol de la Secretaría de Trabajo, que estableció un límite a las homologaciones, impidiendo superar aumentos superiores al 1% en muchos casos. “El salario se ha convertido en un fantasma para el empresariado en un contexto de inflación y déficit económico”, señaló, aludiendo a la tensión permanente entre las cámaras empresarias y los gremios.

La situación no es ajena a lo que muestran diversos informes privados. Según recientes estudios de consultoras, los sueldos de convenio vienen registrando una pérdida sostenida frente al avance de los precios, tendencia que se arrastra desde marzo y se consolidó en julio. Menéndez advirtió que los incrementos parciales, aunque paliativos, no alcanzan a recomponer el poder de compra de los trabajadores, golpeados por la escalada inflacionaria en alimentos y servicios básicos.

El sindicalista destacó además la paradoja de los empresarios pymes del sector, quienes —más allá de estar del otro lado de la mesa de discusión— también enfrentan el deterioro de su poder adquisitivo como consumidores. “Son padres de familia, van al supermercado y sufren lo mismo que cualquier trabajador”, remarcó, trazando un puente de empatía en medio de la negociación.

CGT: unidad frente a un futuro incierto

La entrevista derivó hacia el plano nacional, donde la CGT prepara su congreso para renovar autoridades en noviembre. Menéndez fue contundente: “El movimiento obrero debe estar más unido que nunca”. La discusión interna gira en torno a la conformación de un secretario general único o un triunvirato, fórmula que suele aparecer en momentos de tensión interna.

Con fuerte impronta histórica, el dirigente evocó a un líder como Saúl Ubaldini, manifestando su inclinación por el modelo de conducción única, aunque dejó abierta la posibilidad de aceptar un triunvirato si garantiza la unidad. “Lo que importa es enfrentar los grandes desafíos que vienen, desde la inflación hasta la robotización y la inteligencia artificial que ya generan pérdida de empleos”, subrayó.

La identidad de los trabajadores de estaciones de servicio

En medio de la coyuntura, Menéndez también rescató la memoria histórica de la actividad. Explicó la coexistencia de dos fechas significativas: el 27 de agosto, que conmemora la fundación de la federación nacional, y el 17 de noviembre, instaurado como el día de los trabajadores de Cuyo, ligado a la creación del sindicato mendocino en 1945 y su posterior expansión hacia San Juan, San Luis y La Rioja.

Recientemente, un fallo de la Cámara Nacional de Trabajo ratificó la representación del gremio cuyano en toda La Rioja, consolidando la identidad de la organización regional y ampliando su presencia en la zona.

En el final de la entrevista, el referente gremial aprovechó la ocasión para realizar una invitación para el próximo lunes 1 de septiembre a las 19 horas, donde se realizará un plenario en la CGT de San Juan, que incluirá un homenaje a dirigentes fallecidos, además de la bienvenida a nuevos secretarios generales.

Las palabras de Víctor Menéndez resumen las tensiones del sindicalismo en tiempos de crisis. De un lado, la puja por salarios que se licuan frente a la inflación y las restricciones impuestas desde el Estado; del otro, la necesidad de cohesión dentro de la CGT para enfrentar desafíos estructurales que exceden la coyuntura económica, como la reconversión tecnológica y la defensa de los derechos laborales.

En la antesala de un congreso que definirá el rumbo de la central obrera, Menéndez insiste en un concepto que atraviesa su discurso: la unidad como herramienta imprescindible para enfrentar la incertidumbre y sostener la dignidad del trabajo en un país donde los salarios han dejado de ser un motor de progreso para convertirse en un terreno de resistencia cotidiana.

La Dirección Nacional de Vialidad vivió en los últimos días uno de los momentos más trascendentes de su historia reciente. Tras un año completo de movilizaciones, gestiones y resistencia sindical, el Senado de la Nación dejó sin efecto el decreto 461/2025 que disponía la disolución del organismo. Para los trabajadores, fue el cierre de una etapa marcada por la incertidumbre y la angustia, pero también el inicio de nuevos retos.

José Pérez, secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, en diálogo mantenido con Mundo Laboral SJ, recordó con emoción la jornada en la que más de mil empleados, provenientes de distintos puntos del país, marcharon desde la Casa Central hasta el Congreso. “Fueron lágrimas de desahogo, de alegría. Después de tanto tiempo de lucha, los senadores estuvieron a la altura y se logró dar por tierra con este decreto que amenazaba nuestra existencia”, expresó.

El dirigente destacó que esta victoria se construyó con trabajo coordinado en distintos frentes: presentaciones judiciales, reuniones con comisiones de obras públicas, contacto directo con legisladores y una campaña de visibilización para que la ciudadanía entendiera el papel fundamental de Vialidad en el mantenimiento y desarrollo de las rutas nacionales. “Muchos desconocían qué hace Vialidad, cómo se administran los fondos y la calidad de los profesionales que la integran. Logramos instalarlo en la agenda pública”, subrayó.

Sin embargo, Pérez advirtió que la lucha no termina aquí. Entre las prioridades inmediatas está revertir el desfinanciamiento que sufre el organismo y garantizar que los recursos provenientes del impuesto al combustible se destinen efectivamente a la red vial. También, encarar una recomposición salarial: “Desde octubre de 2024 no tenemos aumentos ni paritarias. Necesitamos recuperar lo perdido y contar con los medios para cumplir nuestras tareas”.

Actualmente, Vialidad Nacional cuenta con 5.200 trabajadores en todo el país, de los cuales 200 se desempeñan en San Juan, atendiendo 1.200 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales. A pesar de las licitaciones recientes que cubren 11.000 kilómetros, aún quedan 30.000 bajo responsabilidad directa del organismo. “Para el gobierno sobran trabajadores; nosotros creemos lo contrario. Nos faltan manos para cubrir todo lo que hay que hacer”, afirmó Pérez, cuestionando los informes oficiales que justificaban recortes y despidos.

El sindicalista, que también vivió la crisis de 2001 cuando Vialidad pasó a ser un ente residual, destacó la fortaleza colectiva y la unidad de los empleados en ambas instancias. “Esto no es fácil, pero cuando se lucha en conjunto y se tienen metas claras, las victorias llegan. Queremos que la gente transite por rutas seguras y de calidad, porque amamos esta institución y sabemos que es clave para el desarrollo del país”.

Con el decreto anulado y un respaldo legislativo contundente —60 votos en el Senado—, la Dirección Nacional de Vialidad inicia una nueva etapa. El desafío ahora será transformar esta victoria política en mejoras concretas: más presupuesto, mejores salarios, mayor dotación de personal y, sobre todo, una red vial nacional que responda a las necesidades de todos los argentinos.