Claudia Testa dejará su cargo como subsecretaria de Trabajo en las próximas horas, apenas un día hábil antes de los comicios nacionales. Su salida se suma a las recientes renuncias del canciller Gerardo Werthein y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y refleja un nuevo foco de fractura en el gabinete de Javier Milei, marcado por disputas internas y desgaste político en plena cuenta regresiva electoral.

La funcionaria, que no alcanzó a cumplir un año en el cargo, abandona su puesto tras semanas de fuertes tensiones en el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. Según confirmaron fuentes oficiales y sindicales, el conflicto se centró en los desacuerdos con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, por la gestión de expedientes y decisiones clave en materia laboral.

“El vínculo se volvió insostenible”, reconocieron fuentes cercanas a la cartera, que no descartan nuevas renuncias o movimientos después de las elecciones.

El detonante habría sido el reciente conflicto con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que expuso las profundas diferencias de criterio entre Testa y Cordero. La subsecretaria, con perfil dialoguista y llegada al ámbito gremial, cuestionó la forma en que el área laboral intervino en el conflicto, lo que habría precipitado su salida.

Una seguidilla de renuncias en el gabinete

El alejamiento de Testa se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein y al inminente apartamiento del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuya salida se oficializará el lunes próximo. Estos movimientos reflejan un momento de inestabilidad política dentro del Gobierno libertario, que enfrenta crecientes disputas internas y señales de fragmentación en su estructura de poder.

Desde su llegada a la administración nacional en enero de 2025, Claudia Testa se había posicionado como una figura con buena relación con los sindicatos y con experiencia en temas laborales. Su designación formó parte de la primera etapa de armado de Capital Humano, en la que Milei buscó incorporar perfiles técnicos y moderados para fortalecer el área laboral. Sin embargo, la convivencia con Cordero se deterioró rápidamente.

Con su salida, Testa se convierte en la quinta subsecretaria de Trabajo en la gestión libertaria. Antes que ella pasaron por el cargo Martín Huidobro, Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Acosta de Archimbal. Una rotación que evidencia la inestabilidad estructural en uno de los ministerios más sensibles del Gobierno.

Un golpe político en un momento crítico

La renuncia de Testa no sólo expone las tensiones entre funcionarios de Capital Humano, sino que también representa un nuevo golpe político para el presidente Milei en la recta final hacia las elecciones legislativas. La sucesión de salidas en puestos clave debilita la imagen de cohesión interna que el Ejecutivo intenta proyectar, mientras distintos sectores del oficialismo admiten que el clima dentro del gabinete “es de incertidumbre y desgaste”.

En un momento marcado por la caída de ministros, fricciones entre áreas y críticas cruzadas, la administración libertaria enfrenta su momento más complejo desde diciembre. Las internas en el núcleo de Capital Humano —una cartera que concentra políticas sociales, laborales y educativas— anticipan un nuevo reacomodamiento del gabinete después de los comicios.

El secretario general de la UOCRA, principal interlocutor de la CGT ante el Gobierno, cuestionó duramente los planes de flexibilización laboral que impulsa Javier Milei y anticipó que el sindicalismo no acompañará medidas inspiradas en el DNU 70/2023. En Azopardo reconocen que “no hay margen para seguir dialogando” con una gestión que, según acusan, busca debilitar derechos conquistados.

El clima entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos más tensos desde la asunción de Javier Milei. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y pieza clave en la interlocución sindical con el oficialismo, lanzó una advertencia pública que podría marcar un punto de quiebre: la eventual salida de la central obrera del Consejo de Mayo, el espacio creado por el Ejecutivo para articular políticas con empresarios, legisladores y provincias.

Según fuentes cercanas al gremialista, la decisión se haría efectiva después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la sede de la calle Azopardo aseguran que el sindicalismo se siente “sin interlocutor válido” y que los esfuerzos por mantener una mesa de diálogo “chocan con la lógica unilateral del Gobierno libertario”.

En una carta pública difundida por la UOCRA, Martínez fue categórico al rechazar el nuevo proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo anticipó durante el Coloquio de IDEA. Para el dirigente, se trata de “una reedición del DNU 70/2023 en su capítulo laboral”, norma que —recordó— fue “rechazada por la CGT y judicializada con éxito”.

“La ausencia de un modelo económico que contemple el trabajo y los salarios como ejes del desarrollo retrasa cualquier posibilidad de progreso. Ningún país crece empobreciendo a sus trabajadores”, subrayó Martínez.

El dirigente advirtió que cada intento de avanzar sobre los derechos laborales en la historia argentina derivó en más precariedad y desigualdad, y volvió a defender la negociación colectiva como herramienta de justicia social.

“No es el salario el problema”

En contraposición al discurso oficial, que atribuye la falta de competitividad al “costo argentino”, Martínez argumentó que los verdaderos obstáculos se encuentran en “la mala gestión económica, tributaria y cambiaria”, y no en los sueldos. “El salario no tiene incumbencia en el costo argentino. El libre ejercicio de la negociación colectiva es la llave maestra del desarrollo”, afirmó.

Además, reclamó que el Gobierno mire hacia las pequeñas y medianas empresas, responsables de más del 90% del empleo formal del país. “No es el exceso de regulaciones lo que impide el crecimiento, sino la falta de políticas que generen condiciones reales de inversión y rentabilidad sostenible”, remarcó.

Llamado al diálogo, pero con límites

Pese al tono confrontativo, Martínez no cerró las puertas a la negociación, aunque advirtió que la CGT sólo participará de ámbitos de diálogo “siempre que no se pretenda cercenar derechos consagrados”. En ese sentido, definió la justicia social como “el horizonte irrenunciable del movimiento obrero”.

“Para el sindicalismo argentino, el diálogo es el medio que garantiza la justicia social, pero debe ser transparente, sustentable y abarcar todos los intereses, no sólo los empresarios”, sentenció.

En el entorno cegetista reconocen que el vínculo con el Ejecutivo está “en un punto crítico” y que, si se concreta la salida del Consejo de Mayo, se consolidará una ruptura institucional entre el Gobierno y la principal central sindical del país.

El posicionamiento de Gerardo Martínez no sólo refleja el hartazgo de la CGT frente a la política laboral del oficialismo, sino también una redefinición del mapa sindical de cara al nuevo ciclo político. El distanciamiento con el Gobierno libertario deja a la central obrera ante el desafío de sostener su rol negociador sin claudicar en la defensa de los derechos laborales. En tiempos de ajuste y reformas, el mensaje es claro: la CGT no está dispuesta a legitimar un modelo que, bajo la promesa de eficiencia, recorte las bases del trabajo digno.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada parcialmente por el presidente Javier Milei y suspendida mediante decreto. En un plenario extraordinario realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, las rectoras y rectores reclamaron respeto por la división de poderes y advirtieron sobre el impacto que la decisión oficial tiene en la sustentabilidad del sistema universitario.

Las universidades nacionales dieron un paso histórico en defensa de su autonomía y del sistema público de educación superior. En una reunión extraordinaria del Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se resolvió por unanimidad presentar una acción judicial contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto se originó tras el veto presidencial que Javier Milei aplicó sobre la norma aprobada por el Congreso en agosto y ratificada por la oposición el 2 de octubre. Aunque la ley fue promulgada formalmente, su aplicación quedó suspendida mediante decreto, una medida que —según el sistema universitario— vulnera la Constitución Nacional al desconocer la potestad del Poder Legislativo.

“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a reunir en la UBA y esta vez para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, expresó el presidente del Consejo, Oscar Alpa, al abrir la sesión.

“Un decreto no puede suspender una ley”

Durante el encuentro, la posición de las universidades fue unánime. El decano de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, fue categórico: “Un decreto no puede suspender una ley”. En la misma línea, el vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún cuando se trata de normas con amplia legitimidad social, institucional y política”.

La decisión de acudir a la Justicia, afirmaron los rectores, responde a la necesidad de “garantizar la vigencia del Estado de Derecho y la estabilidad de las universidades públicas frente a medidas discrecionales del Poder Ejecutivo”.

“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta, y corresponde ahora recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, enfatizó Bartolacci.

Un reclamo que trasciende lo presupuestario

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada con amplio consenso parlamentario, garantiza una actualización automática de los fondos destinados a las universidades nacionales, así como la recomposición salarial del personal docente y no docente. La suspensión de su aplicación, argumentan los rectores, “pone en riesgo la continuidad de funciones básicas de enseñanza, investigación y extensión”, en un contexto en el que varias instituciones ya enfrentan dificultades para cubrir gastos operativos.

Además de la acción judicial, el CIN resolvió elevar un pedido formal al Congreso Nacional para que el Presupuesto 2026 incorpore como base los recursos previstos en la ley vetada. “El sistema universitario necesita previsibilidad y respeto institucional”, insistieron los rectores, al tiempo que destacaron que la autonomía universitaria “no puede ser vulnerada por decisiones administrativas de carácter político o coyuntural”.

Contexto político y tensiones institucionales

El enfrentamiento entre el Gobierno y las universidades públicas se enmarca en un clima de tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y distintos sectores del sistema educativo. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, han cuestionado los niveles de gasto del sistema universitario y la supuesta “politización” de las casas de estudio.

Sin embargo, las universidades replican que el incumplimiento de la ley de financiamiento representa un golpe directo a la autonomía académica y al federalismo educativo, al dejar a las instituciones sin recursos suficientes para sostener sus programas.

En ese contexto, el pronunciamiento del CIN no sólo tiene peso jurídico, sino también político: marca una posición unificada del sistema universitario frente al Poder Ejecutivo, que por primera vez desde el retorno democrático enfrenta una acción judicial colectiva de las universidades públic