La consolidación del llamado “trabajo del futuro”, acelerada tras la pandemia, convive con una concentración inédita de la riqueza y con reformas laborales que profundizan la precarización. Mientras una élite global acumula capital, extiende su expectativa de vida y se prepara para escenarios extremos, amplias mayorías enfrentan el riesgo de quedar fuera del sistema productivo y social.

El denominado trabajo del futuro dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad tangible, acelerada de manera decisiva por la pandemia de COVID-19. El confinamiento masivo impulsó el uso intensivo de la tecnología en los vínculos interpersonales, en los procesos productivos y en las relaciones laborales, modificando de forma estructural la organización del trabajo a escala global.

En la Argentina, como en buena parte del mundo, la discusión sobre la necesidad de actualizar convenios colectivos, revisar normativas laborales y adaptar los sistemas productivos y de servicios no es nueva. Sin embargo, lo que hoy aparece con mayor claridad es que ese debate se desarrolla en un contexto que tiende a usufructuar la coyuntura para ampliar desigualdades, erosionar derechos y consolidar formas de precarización que amenazan con expandir las poblaciones marginales y los mecanismos de explotación.

Lejos de promover un esquema virtuoso de incorporación de tecnología con mayor productividad y mejores condiciones de empleo, muchas de las reformas en discusión parecen apuntar a recrear vínculos laborales propios de otros siglos, más cercanos a la lógica de la servidumbre que a un sistema que fomente la formación profesional, los oficios calificados y la movilidad social ascendente.

La concentración extrema de la riqueza

Simultáneamente, el crecimiento de los llamados “superricos” se vuelve cada vez más visible y difícil de ignorar. La acumulación de capital en manos de una minoría ínfima continúa rompiendo récords históricos, ampliando la brecha entre una élite global y las grandes mayorías, independientemente de los debates morales sobre lo justo o injusto del fenómeno.

Algunos de estos multimillonarios promueven la idea de un ingreso mínimo social como herramienta de contención para quienes quedan fuera del mercado laboral formal. Esta propuesta, presentada como una solución humanitaria, también revela un trasfondo inquietante: la aceptación implícita de que una parte creciente de la población ya no será integrada al sistema productivo, sino apenas sostenida para garantizar su subsistencia.

Esa misma élite —que no supera el 1% de la población mundial, unos 8 millones de personas— aparece además vinculada a planes de construcción de búnkeres subterráneos autosuficientes, pensados como refugios ante eventuales colapsos sociales, ambientales o políticos. Una suerte de “plan B” frente a un escenario en el que la disputa por alimentos, agua potable y recursos básicos podría desatar conflictos de magnitud imprevisible.

Vida extendida para pocos, futuro incierto para mucho

La apuesta por nuevos territorios habitables, con Marte como emblema recurrente —impulsado incluso desde el poder político estadounidense y celebrado por figuras como Elon Musk—, aún no ofrece certezas reales. Mientras tanto, las inversiones más concretas de estos sectores se orientan al campo de la salud y la prolongación de la vida.

Avances médicos y terapias de alta complejidad prometen extender la expectativa de vida hasta los 90 o incluso 100 años, aunque el acceso a estos tratamientos quedaría reservado, una vez más, para un grupo extremadamente reducido. La posibilidad de vivir más y mejor se transforma así en un privilegio de clase, reforzando la segmentación social incluso en el plano biológico.

En este escenario, el desafío para las dirigencias políticas, sindicales y sociales que representan a los sectores de menores recursos —que hoy incluyen también a millones de trabajadores formales empobrecidos— es marcar un punto de inflexión frente a una tendencia que busca naturalizar la desigualdad como destino.

La justicia social y la igualdad de oportunidades parecen ser desplazadas deliberadamente de la agenda pública, mientras se delinean fronteras cada vez más nítidas entre ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta “cuarta” categoría. El riesgo no es solo económico, sino profundamente civilizatorio: la consolidación de un sistema que acepta la existencia de poblaciones de descarte como un daño colateral del progreso tecnológico y financiero.

La temporada turística en curso dejó un dato elocuente para el sector: el turismo sanjuanino hacia los destinos de la costa atlántica cayó un 40% respecto de años anteriores, una retracción significativa que refleja no solo el impacto del contexto económico, sino también un cambio estructural en los hábitos de viaje.

El diagnóstico fue planteado por Ariel Bacur, representante del sector de agencias de turismo en la provincia, quien definió el actual ciclo vacacional como “una temporada atípica”, atravesada por múltiples factores que alteraron la dinámica habitual del mercado. Entre ellos, se destacó el inicio tardío de las reservas, vinculado a la espera de definiciones políticas tras el proceso electoral, que demoró decisiones y afectó la planificación tanto de los viajeros como de las empresas del rubro.

En tal sentido, se consolidó una tendencia que viene creciendo en los últimos años: la migración hacia destinos alternativos. Países como Chile y Brasil ganaron protagonismo frente a la costa argentina, impulsados por ofertas competitivas, diferencias cambiarias favorables y nuevas preferencias de los turistas, especialmente entre los viajeros jóvenes y los grupos familiares con mayor capacidad de organización.

Otro de los factores clave que explica la caída en las ventas tradicionales es el avance del turismo independiente. Según Giménez Bacur, cada vez más personas optan por organizar sus viajes por cuenta propia, prescindiendo de intermediarios y recurriendo a plataformas digitales para reservas de transporte y alojamiento.

Esta transformación impacta de lleno en las agencias locales, que ven reducido su volumen de operaciones y se ven obligadas a reformular su oferta comercial, renegociando tarifas con proveedores, incorporando promociones específicas y ofreciendo financiamientos más flexibles para sostener la competitividad.

A su vez, se observa una fragmentación del período vacacional. En lugar de concentrar el descanso en un único viaje largo, muchos sanjuaninos eligen escapadas más cortas distribuidas a lo largo del año, una estrategia que permite administrar mejor el presupuesto y adaptarse a un contexto de ingresos más ajustados.

Pese a la marcada caída del 40%, la costa argentina no desaparece del mapa turístico sanjuanino, aunque pierde centralidad frente a nuevas alternativas y modalidades de viaje. El escenario actual confirma que no se trata de una baja coyuntural, sino de una reconfiguración profunda del comportamiento del turista, atravesada por variables económicas, políticas y culturales.

“El sanjuanino sigue eligiendo la costa, muchas veces por razones de tiempo, pero amplía su horizonte hacia otros destinos como Brasil”, sintetizó Giménez Bacur. Una definición que resume con claridad el momento del sector: menos viajes tradicionales, más diversidad y una industria obligada a reinventarse para acompañar una demanda cada vez más fragmentada y exigente.

La Asociación de Viñateros Independientes alertó sobre un escenario crítico para la próxima vendimia. La ausencia de precios, el exceso de oferta y la falta de intervención estatal colocan al productor en una situación de extrema fragilidad, en un contexto de caída del consumo y dificultades para exportar.

La vitivinicultura sanjuanina atraviesa un momento de profunda incertidumbre a pocas semanas del inicio de la vendimia. Desde la Asociación de Viñateros Independientes, su presidente Juan José Ramos describió un panorama marcado por la ausencia total de precios de referencia, la concentración del mercado comprador y un sobrestock que condiciona toda la cadena productiva.

Según explicó, no existen hasta el momento valores definidos para la uva ni acuerdos formales con bodegas o mosteras, una situación que deja a miles de productores sin herramientas para planificar la cosecha. “Son pocas las empresas que compran y muchos los que ofrecemos, por lo que no tenemos poder de negociación”, afirmó.

Ramos vinculó esta situación con la política económica de libre mercado, que excluye al Estado de cualquier rol regulador en la fijación de precios. En ese marco, el productor queda expuesto a un esquema de fuerte asimetría, donde la oferta atomizada enfrenta a un número reducido de compradores con alta capacidad de concentración.

El dirigente fue categórico al definir el presente como “el peor año de la historia de la vitivinicultura”, y apuntó directamente contra decisiones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que, lejos de aliviar el escenario, habrían profundizado el problema. Entre ellas, mencionó la anticipación de la fecha de liberación de vinos, que incrementó el excedente disponible en el mercado.

“Cuando la liberación era en junio ya había sobrestock; al adelantarla a marzo, el excedente es aún mayor”, explicó, subrayando que el exceso de vino presiona a la baja los precios y condiciona toda la cadena.

La crisis, advirtió, no se limita a los viñateros. También alcanza a bodegas y mosteras, con casos de empresas de relevancia nacional que han entrado en cesación de pagos. En San Juan, el impacto es similar al del resto del país, aunque con algunos matices: la producción de uva de mesa y uva para pasa, que cuenta con valores diferenciados, actúa como un amortiguador parcial.

Sin embargo, el núcleo del problema persiste. En la provincia, solo una cuarta parte de la uva se destina a vino y cerca del 50% a mosto, un segmento que también enfrenta severas dificultades. “Las mosteras dicen que no pueden pagar más por el atraso cambiario y porque hay excedente de mosto del año pasado. Son pocas empresas y los precios que ofrecen no superan los de hace dos años”, señaló Ramos.

Impacto económico

En este contexto, muchos productores se verán obligados a entregar la uva sin precio definido, bajo distintas modalidades contractuales. Con un valor del mosto por debajo de los $300 por litro, el precio estimado de la uva ronda los $150, un nivel inferior incluso al de dos años atrás, pese al aumento generalizado de costos.

Respecto a las líneas de crédito impulsadas por el Gobierno, Ramos reconoció que cuentan con tasas subsidiadas, pero advirtió que resultan poco viables si el producto no recupera valor. “Aunque haya meses de gracia, los intereses empiezan a correr a los 30 días y después se hace muy complicado cumplir”, explicó.

El presidente de la Asociación de Viñateros Independientes resumió la coyuntura como un “combo difícil”: un dólar atrasado que limita la competitividad exportadora, un mercado interno deprimido por la pérdida del poder adquisitivo y un sistema de liberación de vinos que amplifica los excedentes.

“Aunque la cosecha no será abundante, el productor apenas va a cubrir los costos de cosecha y acarreo. Así es muy difícil sobrevivir, pagar impuestos y seguir trabajando”, concluyó Ramos, poniendo en evidencia una crisis que amenaza no solo la rentabilidad, sino la continuidad misma de la vitivinicultura en San Juan y en el país.