El Gobierno anunció que venderá el 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante licitación nacional e internacional. El Estado mantendrá el 51% y destinará un 5% a los trabajadores. Aunque el Ejecutivo defiende la medida como un paso para financiar proyectos estratégicos, surgen críticas por la cesión de participación en una empresa rentable y clave para la soberanía energética.

El Gobierno nacional confirmó este martes que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La decisión se enmarca dentro de la Ley Bases de 2024 y fue oficializada en paralelo a la presentación del Presupuesto 2026.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el proceso consistirá en la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional, mientras que un 5% será destinado a los trabajadores mediante un programa de propiedad participada. De esta manera, el Estado conservará el 51% accionario para garantizar la mayoría. Actualmente, la participación está distribuida entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (ENARSA).

La resolución llega en un momento en que Nucleoeléctrica exhibe resultados financieros positivos. En el primer semestre de 2025 obtuvo un resultado operativo superior a $103.267 millones, y durante el primer trimestre registró un superávit financiero de $17.234 millones. Para este año, el Ministerio de Economía proyecta un resultado económico favorable de $23.389 millones y una inversión de $239.000 millones en obras estratégicas. Entre ellas se encuentran la extensión de vida de Atucha I, prevista para 2027, y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

El Ejecutivo justifica la apertura al capital privado como un paso para “promover la inversión en el sector nuclear” y financiar el primer reactor modular argentino, además de extender la vida útil de las centrales y relanzar la minería de uranio. “Cabe recordar que todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, sostuvo Adorni. Desde la Casa Rosada remarcan que NASA ya no depende de aportes estatales: mientras en 2023 recibió transferencias por unos u$s 2 millones, en 2024 no necesitó asistencia del Tesoro.

En cuanto a la valuación de la compañía, estimaciones realizadas en 2024 ubican su valor entre u$s 560 millones y u$s 1.000 millones, cifra que marcará el piso y techo de la licitación.

La decisión genera cuestionamientos en distintos sectores. Para los gremios, la privatización parcial implica “ceder soberanía energética a intereses privados”. Académicos especializados en energía nuclear señalan que, más allá de los balances, el valor estratégico de NASA radica en su capacidad técnica, el know-how acumulado y su rol en la investigación. Desde la oposición acusan al Gobierno de “vender una empresa superavitaria” en lugar de discutir un modelo energético de largo plazo.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina expone el dilema entre la necesidad de inversión para sostener proyectos estratégicos y el resguardo de un sector clave para la soberanía nacional. Para el Gobierno, la medida es una señal de confianza hacia el mercado y una vía para potenciar la autosustentabilidad del sistema nuclear. Para críticos y opositores, significa abrir la puerta a la pérdida de control sobre un activo que no representa déficit y que concentra conocimientos estratégicos únicos.

El desenlace dependerá de cómo se concrete la licitación y de si el ingreso de capital privado logra traducirse en nuevas obras y desarrollos, o si la operación quedará en la historia como un paso más dentro de un plan de privatizaciones sin consenso social ni político.

La Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, expresó un contundente rechazo al Proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso. La entidad denunció que el plan oficial “consolida un ajuste estructural” que impactará de lleno en la educación, la ciencia y la tecnología, sectores que consideró “estratégicos para el desarrollo soberano del país”.

El eje central de las críticas radica en la reducción del financiamiento en relación al Producto Bruto Interno (PBI). Según CTERA, el presupuesto prevé una baja progresiva que pasó del 1,44% en 2023 al 0,86% en 2024, con una proyección de apenas 0,75% para 2026.
“Este retroceso implica un golpe severo a la escuela pública, a las universidades y a la investigación científica”, advirtió la central docente, que agrupa a más de veinte sindicatos de todo el país.

Además, el artículo 30 del proyecto plantea la derogación de marcos legales claves que garantizan la inversión educativa y científica. Entre ellos, el artículo 9º de la Ley de Educación Nacional (26.206), que establece un mínimo del 6% del PBI para el sector; los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley 27.614, que regulan el financiamiento de la ciencia y la tecnología; y la continuidad del Fondo Nacional para Escuelas de Educación Técnico Profesional. También se propone frenar el aumento progresivo del Fondo de Defensa Nacional (FONDEF).

El gremio docente también cuestionó las previsiones macroeconómicas incluidas en el texto. El Gobierno estima una inflación del 24,5% para diciembre de 2025 y del 10,1% para 2026. Sin embargo, la central recordó que hasta agosto de 2025 la inflación acumulada ya llegaba al 19,5% con un piso mensual del 2%, lo que proyecta un cierre de año en torno al 28-30%.
En la misma línea, calificó como “poco serias” las previsiones de crecimiento económico (+5,4% para 2025 y +5% para 2026), en un contexto de caída sostenida de la actividad.

Un “estado de alerta” en defensa de la escuela pública

En un comunicado oficial, la conducción nacional expresó: “Este presupuesto no solo consolida el ajuste, sino que representa un ataque directo a la educación pública, a la ciencia y a la tecnología. De aprobarse, desarticularía de manera permanente el esquema de financiamiento educativo, científico y tecnológico en la Argentina”.

Ante este panorama, la confederación resolvió declararse en “estado de alerta y movilización”. En los próximos días, convocará a una reunión de Secretarios Generales para definir los pasos a seguir y eventuales medidas de fuerza.

Para CTERA, el debate no es meramente fiscal sino político: se trata de la definición del rol que el Estado debe cumplir en la garantía del derecho social a la educación. El presupuesto, según la mirada sindical, “desconoce el mandato constitucional y las leyes sancionadas democráticamente”, a la vez que “debilita la posibilidad de un modelo inclusivo y soberano”.

Con este posicionamiento, CTERA se suma al conjunto de organizaciones sindicales, universitarias y científicas que ya anticiparon su rechazo al proyecto oficial, en lo que promete ser un nuevo capítulo de conflicto social y político en torno al rumbo del país.

El presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche, mediante un discurso grabado transmitido en cadena nacional, el proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, lejos de aportar certezas, el plan económico encendió nuevas alarmas en el sistema universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de universidades públicas de todo el país, advirtió que las partidas previstas “no alcanzan para cubrir los gastos básicos de funcionamiento” y consolidan el ajuste ya aplicado en 2025.

Según el cálculo del CIN, el sistema requiere más de 7 billones de pesos para garantizar el normal funcionamiento en 2026. No obstante, el proyecto enviado por el Ejecutivo contempla apenas 4,8 billones de pesos.

“Los 4,8 billones anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implican anualizar lo percibido a diciembre de 2025. Esto queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios. En otras palabras, es prácticamente el mismo presupuesto que para 2025, un año que vivimos en peligro”, señaló el organismo en un comunicado.

La conclusión de los rectores es clara: se trata de un proyecto que “consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.

El conflicto por el financiamiento educativo

El rechazo de las universidades se suma al escenario de tensión abierto por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que el Congreso sancionó a finales de agosto. La norma, redactada por el propio CIN, elevaba al 1% del PBI el presupuesto destinado a las universidades y establecía mecanismos de actualización periódica de salarios y partidas.

El texto también contemplaba la recomposición salarial de docentes y no docentes en base a la inflación informada por el INDEC, la actualización de fondos para hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión, y la obligación de la Auditoría General de la Nación de fiscalizar el uso de los recursos.

El veto presidencial, que será debatido este miércoles en la Cámara de Diputados, reactivó la confrontación entre el Gobierno y el sistema universitario, que desde principios de año viene advirtiendo sobre la crítica situación de financiamiento.

Universidades en alerta

La respuesta del CIN no se limita a un comunicado técnico: detrás del planteo económico subyace una defensa política y social del sistema universitario público como pilar de inclusión, desarrollo científico y movilidad social.

Los rectores consideran que el proyecto del Ejecutivo, lejos de dar respuesta a la emergencia, “ratifica un camino de desfinanciamiento” que podría comprometer no solo el funcionamiento cotidiano, sino también la capacidad del país de sostener la producción científica y tecnológica.