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El acuerdo será rubricado hoy por el gremio y las cámaras empresarias. Se pagará en dos tramos de 2.500 pesos y no será descontado de las próximas paritarias.


En la jornada de hoy, la Federación de Viajantes de Comercio y las cámaras empresarias mercantiles rubricaron el acuerdo por el cual la suma de 5 mil pesos que el Gobierno pactó con la CGT será abonado en dos tramos y no será descontado de futuros entendimientos paritarios.

Así los aseguró una fuente de la negociación a InfoGremiales, quien confirmó que los pagos se harán en sumas de 2500 pesos en los meses de noviembre y enero.

A diferencia de lo estipulado por el DNU, al no ser a cuenta de futuros aumentos los 5 mil pesos percibidos por los empleados de la actividad tendrán un carácter de bono extraordinario tal como se había imaginado en un principio la suma. Una suerte de bono de fin de año.

El acta será presentada por las partes involucradas hoy en las oficinas del Ministerio de Producción y Trabajo para ser homologadas.

Se trata de un sector fuerte, que tuvo su etapa de apogeo, pero que en la actualidad está en franco retroceso debido al avance del comercio electrónico que está haciendo estragos en los puestos de trabajo.

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San Juan se planta ante Nación por la Zona Fría: una declaración simbólica pero políticamente potente

Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una declaración de rechazo a la eliminación del beneficio de Zona Fría en las tarifas de gas. Aunque la medida no tiene efecto vinculante sobre Nación, marca una posición política fuerte frente al proyecto de Presupuesto 2026, que busca derogar la ampliación del régimen.

Durante una sesión especial celebrada este miércoles 15 de octubre, la Legislatura de San Juan protagonizó una de las pocas escenas de unidad política en tiempos de polarización. Con 34 votos afirmativos y uno en contra, correspondiente al único legislador libertario, el cuerpo aprobó una Declaración de rechazo ante la posibilidad de que el Gobierno nacional elimine los beneficios tarifarios de Zona Fría, contemplados en la Ley N.º 27.637.

El pronunciamiento no tiene efectos legales sobre el Ejecutivo nacional ni implica una directriz hacia el Congreso, pero funciona como un gesto institucional contundente. La Cámara de Diputados provincial busca dejar constancia de la preocupación local por la eventual quita de un beneficio que alcanza a más de 120.000 usuarios sanjuaninos, que pagan entre 30 y 50% menos en su factura de gas gracias al esquema vigente.

La posición adoptada en la provincia llega en un momento clave: el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno de Javier Milei incluye un artículo que deroga la ampliación de la Zona Fría, incorporada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández. Si ese artículo prosperara, el beneficio se limitaría nuevamente a la Patagonia, La Puna y Malargüe, dejando afuera a provincias como San Juan, Mendoza, La Pampa, Tucumán y parte de Buenos Aires.

La Unión de Usuarios y Consumidores, a través de su titular Claudio Boada, advirtió que la eliminación de la ampliación carece de sustento económico, ya que el subsidio no depende del Tesoro nacional, sino de un aporte solidario de 6,8% que pagan todos los usuarios del país. “No afecta al déficit cero, que es el principal argumento del Gobierno. Lo financian los propios consumidores”, remarcó Boada, en alusión al plan de ajuste fiscal que sostiene la administración libertaria.

Las organizaciones de consumidores y distintos intendentes de las regiones afectadas advirtieron que la medida duplicaría las tarifas y restringiría el poder adquisitivo de comunidades enteras, generando un efecto regresivo en economías locales como las de Azul, Olavarría o Jáchal.

En San Juan, el rechazo legislativo implica ahora un mandato político a los diputados nacionales de los bloques Producción y Trabajo y Unión por la Patria, quienes deberán trasladar la postura provincial a la Cámara baja del Congreso. Allí se espera que la discusión se concentre en las comisiones de Presupuesto y Energía, donde los sectores opositores intentarán eliminar el artículo que deroga la ampliación.

Un reclamo simbólico que tensiona la relación Nación–Provincia

Aunque la declaración de la Legislatura no tiene efectos normativos, su peso político es evidente. Representa una posición unificada de casi todo el arco sanjuanino frente a una medida percibida como injusta y centralista. También anticipa una pulseada entre las provincias cordilleranas y el Gobierno nacional, en un contexto de fuertes ajustes sobre subsidios y transferencias.

De fondo, lo que está en discusión no es solo una tarifa, sino el modelo de federalismo fiscal que Milei pretende imponer. San Juan, al igual que otras jurisdicciones afectadas, defiende la idea de que el costo energético debe contemplar las condiciones climáticas y socioeconómicas de cada región.

En ese sentido, la sesión legislativa de este miércoles 15 de octubre fue más que un gesto administrativo: fue una señal política hacia Buenos Aires, una advertencia de que el ajuste no puede avanzar a costa del interior productivo.

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Docentes universitarios se suman al paro nacional y exigen cumplir con la Ley de Financiamiento

El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) encontró fuerte adhesión en el sector universitario. Los gremios académicos denuncian una pérdida del 40% del poder adquisitivo y la parálisis de las negociaciones salariales desde septiembre del año pasado. La falta de actualización del financiamiento universitario y el incumplimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) agravan un conflicto que amenaza con prolongarse.

La educación argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos tiempos. Este martes, escuelas y universidades de todo el país se paralizan en el marco de una huelga nacional docente que, más allá de las cifras y consignas, expresa un profundo malestar estructural. El detonante es la caída sostenida del salario real y la ausencia de respuestas del Gobierno nacional ante los reclamos docentes.

La medida de fuerza, impulsada por la CTERA, encontró eco inmediato en el frente universitario. En San Juan, el gremio ADICUS —que representa a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan— confirmó su adhesión total. Su secretario general, Jaime Barcelona, fue claro: “Hace más de un año que el Ministerio no convoca a paritarias. Las universidades están funcionando con presupuestos reconducidos y sueldos licuados por la inflación”.

El reclamo excede la cuestión salarial inmediata. Los sindicatos docentes universitarios advierten que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) permanece congelado y que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario está afectando no solo los salarios sino también las condiciones mínimas de funcionamiento. En algunos casos, las universidades enfrentan dificultades para sostener servicios básicos, mantenimiento edilicio o programas de extensión.

En lo económico, la pérdida de poder adquisitivo de los docentes ronda el 40% interanual, según estimaciones gremiales y estudios independientes. La inflación acumulada en el último año superó el 180%, mientras que los incrementos salariales apenas alcanzaron la mitad. “Estamos frente a un proceso de deterioro que no solo empobrece a los docentes, sino que desmantela la universidad pública como espacio de conocimiento y movilidad social”, sostuvo el dirigente de Adicus.

El conflicto también tiene una dimensión simbólica: la universidad pública, históricamente reconocida por su excelencia y gratuidad, se ve hoy tensionada por políticas de ajuste que contradicen la tradición de inversión en educación superior. La falta de convocatoria a diálogo por parte del Gobierno nacional acentúa la confrontación. La comunidad universitaria denuncia un retroceso en derechos adquiridos y un desinterés estatal que pone en riesgo la continuidad de proyectos científicos y académicos.

En San Juan, al igual que en otras provincias, se espera un alto acatamiento al paro. No habrá clases en las facultades, y las actividades de investigación y extensión también se verán suspendidas. Desde los gremios docentes destacan que el conflicto “no es solo salarial, sino de supervivencia del sistema universitario público”.

El paro nacional docente reabre un debate profundo sobre el lugar que ocupa la educación —y en particular la universidad pública— en la agenda de prioridades del Estado. Más allá de la coyuntura salarial, la discusión interpela el modelo de país: uno que concibe la educación como gasto o como inversión estratégica.

Si el Gobierno persiste en la inacción, el conflicto tenderá a prolongarse y radicalizarse. La docencia universitaria, que durante décadas fue símbolo de excelencia y compromiso público, enfrenta hoy la disyuntiva entre resistir o desintegrarse en la precariedad. La respuesta oficial a esta huelga marcará no solo el rumbo de la negociación paritaria, sino el futuro inmediato del sistema educativo argentino.

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Cencosud cierra sucursales de Vea mientras avanza en la posible compra de Carrefour

Mientras estaría negociando la compra de los activos de Carrefour en Argentina, el grupo chileno Cencosud inició una serie de cierres en su cadena de supermercados Vea, que afectan a varias provincias y generan incertidumbre entre cientos de trabajadores. La empresa argumenta una “caída de ventas”, aunque analistas del sector interpretan la medida como parte de una estrategia para adecuarse a las normas de competencia y reconfigurar su posicionamiento comercial en el país.

La decisión de Cencosud de avanzar en el cierre de múltiples sucursales de su marca Vea tomó por sorpresa a empleados y consumidores. La medida se conoció casi en simultáneo con la confirmación de que el conglomerado chileno, uno de los mayores grupos de retail de Sudamérica, se encuentra en etapa avanzada de negociación para adquirir los activos de Carrefour Argentina, tras el anuncio del retiro de la cadena francesa del país.

Fuentes del sector minorista explican que la operación —aún sujeta a aprobación de los organismos de control— podría significar una de las mayores concentraciones comerciales de los últimos años. Cencosud ya controla las marcas Jumbo, Disco, Makro y Basualdo, además de Vea, lo que le otorga una posición dominante en el mercado supermercadista local.

“El problema es que si Cencosud incorpora también a Carrefour, pasaría a manejar una porción del mercado que podría superar los límites establecidos por la Ley de Defensa de la Competencia. Por eso, algunos cierres o desprendimientos previos serían parte de una estrategia preventiva”, explicó un consultor especializado en retail.

Cierres en distintas provincias y preocupación sindical

En los últimos días, la empresa cerró su sucursal de Vea en el centro de la ciudad de Tucumán, ubicada en Córdoba al 600, con un procedimiento repentino que tomó por sorpresa al personal. Según trascendió, los trabajadores fueron notificados el mismo día del cierre, aunque la empresa aseguró su reubicación en otras sedes de la cadena.

Poco antes, se habían bajado las persianas de Vea Lobos (provincia de Buenos Aires), San Juan y posibles cierres en Salta, San Pedro, Castelar, Moreno y Hurlingham, además de ajustes en Bahía Blanca y Luján.

La compañía justificó las decisiones por una “sostenida caída en las ventas” y por la “necesidad de reestructurar operaciones para garantizar la rentabilidad”.

Sin embargo, dirigentes sindicales del sector mercantil plantean que los argumentos no coinciden con la realidad de las ventas.

“No estamos ante una crisis comercial, sino ante una reconfiguración empresarial de gran escala. El grupo está ajustando posiciones en función de su expansión, no de una caída en el consumo”, sostuvo un referente gremial.

Una maniobra de reacomodamiento previo a la compra

Para los analistas, el proceso actual responde a un reacomodamiento estructural previo a la adquisición de Carrefour.

Cencosud buscaría así reducir su presencia en plazas donde ya tiene alta participación —como Buenos Aires y Cuyo— para evitar objeciones legales una vez concretada la compra.

En ese marco, la reorganización de Vea aparece como una decisión táctica: cerrar locales de menor rendimiento, unificar operaciones bajo otras marcas del grupo y liberar espacio para futuras integraciones.

“El grupo chileno apunta a una sinergia regional. No se trata de una retirada, sino de un movimiento calculado que prepara el terreno para un salto estratégico”, señalaron fuentes empresariales.

El impacto laboral y las perspectivas del sector

Aunque Cencosud prometió reubicar a los trabajadores afectados, los sindicatos y las delegaciones del SEC (Sindicato de Empleados de Comercio) de cada provincia se mantienen en alerta. Los cierres recientes, advierten, generan incertidumbre y desconfianza entre el personal, especialmente en un contexto de recesión del consumo y contracción del poder adquisitivo.

El panorama se inscribe en un mercado minorista argentino que atraviesa una profunda reconfiguración, con caída general de ventas en los segmentos masivos, aumento del comercio electrónico y reacomodamiento de las grandes cadenas internacionales ante la crisis económica local.

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