Pagano cargó contra el acuerdo universitario y advirtió que “sepulta” la ley de financiamiento
La diputada de La Libertad Avanza cuestionó el entendimiento alcanzado entre el Gobierno, los rectores y los gremios para recomponer salarios y presupuesto. Mientras las autoridades universitarias lo presentan como una solución parcial, crecen las críticas desde sectores docentes y estudiantiles que denuncian una renuncia al reclamo original.
El acuerdo firmado entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales universitarias abrió una nueva disputa dentro del sistema de educación superior. La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó duramente el entendimiento alcanzado para recomponer salarios, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, y sostuvo que la negociación implica, en los hechos, el abandono de la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por la comunidad académica durante los últimos dos años.
La legisladora afirmó que el convenio representa “el certificado de defunción” de la norma aprobada por el Congreso y actualmente judicializada. A través de una extensa publicación, aseguró que la universidad pública contaba con respaldo legislativo y con una causa abierta en la Corte Suprema que mantenía vigente el reclamo por el cumplimiento integral de la ley, por lo que interpretó la firma del acuerdo como una salida política que desactiva la presión institucional construida alrededor de esa demanda.
La disputa prolongada se explica por la diferencia entre los montos reclamados originalmente y los finalmente reconocidos por el Ejecutivo. El convenio establece una recomposición de la masa salarial del 24,33%, distribuida en un incremento del 21,33% a partir de junio y otro 3% en octubre. Según los sectores críticos, la pérdida acumulada del poder adquisitivo entre 2024 y 2026 ronda el 52%, por lo que el entendimiento cubre menos de la mitad del deterioro registrado durante ese período.
El acuerdo también contempla una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, una partida adicional de 50.000 millones de pesos destinada a hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Para el Gobierno y las autoridades universitarias, estas medidas permiten aliviar la emergencia financiera que atraviesan numerosas casas de estudio y garantizar la continuidad de actividades académicas, científicas y de extensión.
Sin embargo, las objeciones no provienen únicamente de sectores opositores. En distintas universidades comenzaron a multiplicarse cuestionamientos desde agrupaciones docentes, no docentes y estudiantiles que consideran insuficiente la propuesta y rechazan la forma en que fue negociada. El principal señalamiento apunta a la ausencia de consultas amplias previas a la firma y a la rapidez con la que se cerró un acuerdo que modifica el eje de una movilización que durante meses logró sostener una inusual cohesión dentro del sistema universitario.
Pagano fue especialmente crítica con rectores y dirigentes sindicales. Según su interpretación, la negociación permitió resolver urgencias presupuestarias inmediatas, pero dejó sin efecto el reclamo integral por el cumplimiento de una ley que, de aplicarse plenamente, habría significado una transferencia de recursos significativamente superior. La diputada sostuvo que el costo estimado de implementar la norma rondaba los 2,5 billones de pesos, mientras que el acuerdo alcanzado implicaría desembolsos cercanos a los 800.000 millones, una diferencia de aproximadamente 1,7 billones.
La discusión también tiene una dimensión judicial. Aunque las autoridades universitarias y los gremios insisten en que la demanda por la ley de financiamiento continuará su curso ante la Corte Suprema, varios actores del ámbito académico consideran que la firma del acuerdo modifica el escenario político que rodeaba al expediente. Para los sectores más críticos, la negociación reduce la presión sobre el máximo tribunal y debilita la expectativa de una resolución favorable en el corto plazo.
El desacuerdo dejó al descubierto una fractura que hasta hace pocas semanas parecía improbable. Las multitudinarias marchas federales, el respaldo parlamentario a la ley y la resistencia al veto presidencial habían consolidado un amplio consenso dentro del sistema universitario. La firma del entendimiento alteró ese equilibrio y abrió un debate sobre los límites de la negociación, la representatividad de quienes participaron de ella y la estrategia que deberá seguir la comunidad académica frente al Gobierno.
Más allá de las posiciones enfrentadas, el episodio refleja una discusión de fondo que seguirá atravesando a las universidades públicas durante los próximos meses: si la prioridad debe ser asegurar recursos inmediatos para sostener el funcionamiento cotidiano o mantener el enfrentamiento institucional cada vez más amplio por un esquema de financiamiento permanente. Entre la necesidad de garantizar la operatividad presente y la aspiración de recuperar todo lo perdido en los últimos años, el sistema universitario enfrenta ahora uno de los debates más complejos desde el inicio del conflicto presupuestario.
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El EPRE prepara la red eléctrica ante el impacto del “Super Niño”
El EPRE reunió a Hidráulica, Protección Civil, Policía, EPSE y Naturgy San Juan para preparar la respuesta ante posibles contingencias durante el verano 2026/2027. Las distribuidoras deberán garantizar enlaces operativos las 24 horas y contar con equipamiento crítico para restablecer rápidamente el suministro.
El organismo puso en marcha una mesa de coordinación para reforzar la continuidad del servicio eléctrico durante el verano 2026/2027, período en el que San Juan prevé mayores riesgos asociados a tormentas severas y a los efectos del fenómeno El Niño.
La reunión se realizó dentro del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y convocó a representantes del Departamento de Hidráulica, Protección Civil, Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan y el propio organismo regulador.
La prioridad definida es acortar los tiempos de respuesta frente a eventuales cortes o daños en la infraestructura. Para ello, el EPRE estableció que las distribuidoras deberán disponer de enlaces operativos las 24 horas, los siete días de la semana, que permitan una comunicación inmediata entre los organismos que deban intervenir ante una emergencia.
El dispositivo también contempla la disponibilidad inmediata de equipamiento crítico, entre ellos hidroelevadores, torres de iluminación para trabajos nocturnos y grupos electrógenos de respaldo. La preparación busca evitar que una contingencia climática derive en interrupciones prolongadas o dificulte las tareas de recuperación.
Uno de los puntos centrales será además el restablecimiento prioritario del suministro en hospitales y centros de salud, instalaciones de bombeo de agua potable y domicilios de personas electrodependientes. Estos servicios fueron incorporados como destinos críticos dentro de los esquemas de recuperación.
La coordinación adquiere especial relevancia ante el pronóstico de una temporada con mayor disponibilidad hídrica en la cordillera y la posibilidad de episodios meteorológicos severos. El fenómeno El Niño puede modificar las condiciones hidrológicas y atmosféricas, aunque su evolución concreta dependerá de la intensidad y distribución de las precipitaciones y del deshielo.
El operativo busca que esa mayor variabilidad climática encuentre a los organismos con protocolos de comunicación, recursos técnicos y responsabilidades previamente definidos. La preparación se extenderá durante toda la temporada estival, con la meta de preservar la seguridad y la capacidad de recuperación de la red eléctrica provincial.
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León XIV en Argentina: el 9 de noviembre será feriado nacional
El Decreto 1103/2026 estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otros dos con alcance territorial limitado: el martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada para facilitar la seguridad, la logística y la circulación durante la visita de León XIV.
El esquema fue definido en función de los desplazamientos y las actividades previstas durante la estadía del Pontífice, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. Según el decreto, la decisión busca facilitar los operativos de seguridad, la organización logística y el ordenamiento de la circulación en los lugares alcanzados.
Así queda el calendario
Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.
Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.
El dictamen también establece que las declaraciones alcanzan a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionen dentro de los territorios comprendidos. El objetivo es facilitar una aplicación coordinada de las medidas de seguridad y organización durante las jornadas de mayor concentración de personas.
Qué pasa con quienes tengan que trabajar
Al tratarse de feriados, para los trabajadores alcanzados rige el régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 166 dispone que quienes presten servicios durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración normal correspondiente a ese día más una suma igual, es decir, el equivalente al pago doble previsto para estas jornadas.
Por lo tanto, esa regla será aplicable al 9 de noviembre en todo el país, al 10 en Córdoba y CABA y al 11 en la provincia de Buenos Aires, siempre dentro del ámbito territorial establecido por el decreto.
La diferencia con un día no laborable también resulta relevante. En estos últimos casos, la prestación laboral es optativa para el empleador y, si se trabaja, corresponde el salario simple. El Decreto 1103/2026, en cambio, utiliza expresamente la figura de feriado, por lo que corresponde aplicar el régimen específico de la Ley 20.744.
Además de establecer los feriados, el Gobierno creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”. El organismo tendrá a su cargo coordinar las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la organización de la visita y podrá funcionar hasta un máximo de 12 meses.
El decreto fue dictado el 25 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La visita papal, prevista del 8 al 11 de noviembre, tendrá así un dispositivo extraordinario que combina medidas laborales, de circulación y coordinación estatal en las jurisdicciones directamente involucradas.
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Concesionarias en alerta: despidos y retiros voluntarios ante el nuevo mapa del mercado
El mercado automotor acumula una caída cercana al 13% y las concesionarias enfrentan una combinación de menor volumen, mayor competencia y márgenes más estrechos. En las últimas semanas se multiplicaron los despidos, retiros voluntarios y cierres de sucursales, mientras las agencias buscan reducir costos y adaptar sus estructuras a un mercado con más marcas y menos operaciones.
El ajuste comenzó a hacerse visible en las concesionarias de automóviles después de varios meses de contracción de las ventas y de una transformación acelerada de la oferta. El mercado automotor se encamina a cerrar 2026 por debajo de las 550.000 unidades, según las estimaciones citadas por el informe de A Rodar Post, lejos de las 700.000 unidades que algunos ejecutivos proyectaban a comienzos del año.
La reducción del volumen comercial se trasladó al empleo. De acuerdo con un relevamiento realizado entre concesionarias, al menos la mitad de las agencias consultadas reconoció haber reducido personal durante los últimos dos meses. Entre los casos mencionados aparecen grupos empresarios de la zona norte del Gran Buenos Aires, con operaciones en Pilar, Escobar y Zárate, donde unas 40 personas habrían sido desvinculadas, y otro grupo de trayectoria en el sur del conurbano, que habría prescindido de alrededor de 15 trabajadores.
La magnitud del proceso resulta difícil de cuantificar porque buena parte de las salidas se canaliza mediante retiros voluntarios y acuerdos individuales, sin intervención directa de los sindicatos. Las desvinculaciones se concentran, según fuentes del mercado, especialmente entre empleados incorporados durante los últimos dos o tres años, cuando las redes comerciales habían vuelto a ampliar sus dotaciones.
El fenómeno tiene una particularidad: las concesionarias de vehículos no enfrentan solamente una caída de la demanda, sino un cambio en la composición de la oferta. La incorporación de nuevas marcas, especialmente de origen chino, y el regreso de fabricantes importados ampliaron la competencia en segmentos donde históricamente predominaban las terminales con producción local.
Ese desplazamiento modificó la participación de las marcas tradicionales. Mientras algunas automotrices radicadas industrialmente en la Argentina registran retrocesos de sus patentamientos, varias compañías sin producción local muestran una evolución positiva. El resultado es un mercado con más competidores disputando un volumen menor de operaciones.
La presión se trasladó directamente a la rentabilidad de las agencias. Las terminales fijan objetivos comerciales que, según fuentes del sector, en algunos casos resultan difíciles de alcanzar con el ritmo actual de patentamientos. Para sostener las ventas, las concesionarias recurren a descuentos cada vez mayores y reducen el margen por unidad, con la expectativa de compensarlo mediante bonificaciones asociadas al cumplimiento de objetivos.
La alternativa es todavía más costosa: mantener vehículos sin vender implica financiar inventarios con tasas elevadas. Por eso, algunas agencias comenzaron a cuestionar los volúmenes de unidades que las terminales les solicitan adquirir y optaron por reducir sus compras para evitar una acumulación de stock que presione sobre sus cuentas.
Hasta hace pocos meses, parte de ese ajuste podía absorberse mediante la redistribución de empleados dentro de los propios grupos empresarios. El personal de las marcas con peor desempeño era trasladado hacia operaciones que mostraban mayor dinamismo. Esa posibilidad se redujo a medida que la contracción alcanzó a una mayor cantidad de redes.
La evolución también empieza a modificar la estructura física de las empresas. Algunas concesionarias avanzan con el cierre de sucursales y puntos de venta, concentrando operaciones en establecimientos principales para reducir alquileres, costos administrativos y dotaciones.
La diferencia con el período 2020-2023 es significativa. Durante aquellos años, las restricciones a las importaciones limitaron la disponibilidad de vehículos y redujeron el volumen de unidades comercializadas, pero la escasez permitió sostener precios y márgenes elevados en determinadas operaciones. Con una oferta ahora mucho más amplia, esa ecuación se modificó: hay más vehículos disponibles, más marcas compitiendo y una presión creciente sobre los precios de transacción.
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