Pagano cargó contra el acuerdo universitario y advirtió que “sepulta” la ley de financiamiento
La diputada de La Libertad Avanza cuestionó el entendimiento alcanzado entre el Gobierno, los rectores y los gremios para recomponer salarios y presupuesto. Mientras las autoridades universitarias lo presentan como una solución parcial, crecen las críticas desde sectores docentes y estudiantiles que denuncian una renuncia al reclamo original.
El acuerdo firmado entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales universitarias abrió una nueva disputa dentro del sistema de educación superior. La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó duramente el entendimiento alcanzado para recomponer salarios, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, y sostuvo que la negociación implica, en los hechos, el abandono de la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por la comunidad académica durante los últimos dos años.
La legisladora afirmó que el convenio representa “el certificado de defunción” de la norma aprobada por el Congreso y actualmente judicializada. A través de una extensa publicación, aseguró que la universidad pública contaba con respaldo legislativo y con una causa abierta en la Corte Suprema que mantenía vigente el reclamo por el cumplimiento integral de la ley, por lo que interpretó la firma del acuerdo como una salida política que desactiva la presión institucional construida alrededor de esa demanda.
La disputa prolongada se explica por la diferencia entre los montos reclamados originalmente y los finalmente reconocidos por el Ejecutivo. El convenio establece una recomposición de la masa salarial del 24,33%, distribuida en un incremento del 21,33% a partir de junio y otro 3% en octubre. Según los sectores críticos, la pérdida acumulada del poder adquisitivo entre 2024 y 2026 ronda el 52%, por lo que el entendimiento cubre menos de la mitad del deterioro registrado durante ese período.
El acuerdo también contempla una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, una partida adicional de 50.000 millones de pesos destinada a hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Para el Gobierno y las autoridades universitarias, estas medidas permiten aliviar la emergencia financiera que atraviesan numerosas casas de estudio y garantizar la continuidad de actividades académicas, científicas y de extensión.
Sin embargo, las objeciones no provienen únicamente de sectores opositores. En distintas universidades comenzaron a multiplicarse cuestionamientos desde agrupaciones docentes, no docentes y estudiantiles que consideran insuficiente la propuesta y rechazan la forma en que fue negociada. El principal señalamiento apunta a la ausencia de consultas amplias previas a la firma y a la rapidez con la que se cerró un acuerdo que modifica el eje de una movilización que durante meses logró sostener una inusual cohesión dentro del sistema universitario.
Pagano fue especialmente crítica con rectores y dirigentes sindicales. Según su interpretación, la negociación permitió resolver urgencias presupuestarias inmediatas, pero dejó sin efecto el reclamo integral por el cumplimiento de una ley que, de aplicarse plenamente, habría significado una transferencia de recursos significativamente superior. La diputada sostuvo que el costo estimado de implementar la norma rondaba los 2,5 billones de pesos, mientras que el acuerdo alcanzado implicaría desembolsos cercanos a los 800.000 millones, una diferencia de aproximadamente 1,7 billones.
La discusión también tiene una dimensión judicial. Aunque las autoridades universitarias y los gremios insisten en que la demanda por la ley de financiamiento continuará su curso ante la Corte Suprema, varios actores del ámbito académico consideran que la firma del acuerdo modifica el escenario político que rodeaba al expediente. Para los sectores más críticos, la negociación reduce la presión sobre el máximo tribunal y debilita la expectativa de una resolución favorable en el corto plazo.
El desacuerdo dejó al descubierto una fractura que hasta hace pocas semanas parecía improbable. Las multitudinarias marchas federales, el respaldo parlamentario a la ley y la resistencia al veto presidencial habían consolidado un amplio consenso dentro del sistema universitario. La firma del entendimiento alteró ese equilibrio y abrió un debate sobre los límites de la negociación, la representatividad de quienes participaron de ella y la estrategia que deberá seguir la comunidad académica frente al Gobierno.
Más allá de las posiciones enfrentadas, el episodio refleja una discusión de fondo que seguirá atravesando a las universidades públicas durante los próximos meses: si la prioridad debe ser asegurar recursos inmediatos para sostener el funcionamiento cotidiano o mantener el enfrentamiento institucional cada vez más amplio por un esquema de financiamiento permanente. Entre la necesidad de garantizar la operatividad presente y la aspiración de recuperar todo lo perdido en los últimos años, el sistema universitario enfrenta ahora uno de los debates más complejos desde el inicio del conflicto presupuestario.
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Elecciones 2027: 11 provincias ya anticiparon el desdoblamiento, mientras que San Juan aún no comunicó una decisión definitiva
La organización electoral de 2027 comienza a delinear un calendario que podría extenderse durante buena parte del año. Al menos 11 provincias anunciaron que separarán sus comicios locales de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de octubre, aunque por ahora solo Neuquén y Tucumán formalizaron sus convocatorias mediante decretos. La definición de los demás distritos dependerá de decisiones políticas y administrativas que todavía están pendientes.
Neuquén será el primer distrito en votar: el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero como fecha para elegir autoridades provinciales y municipales. Tucumán concurrirá a las urnas el 9 de mayo, mientras Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. En Salta, el gobierno provincial proyecta los comicios para el 16 de mayo, aunque la convocatoria aún debe formalizarse.
También confirmaron su intención de desdoblar Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego. En varios de esos distritos todavía no se estableció una fecha. Corrientes, que renovó la gobernación en 2025, elegirá cargos legislativos y locales, mientras que Tierra del Fuego tiene disposiciones electorales propias que determinan la separación respecto de los comicios nacionales.
En sentido contrario, Catamarca confirmó que votará el 24 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial. La Rioja todavía no definió su modalidad. Santiago del Estero, por su parte, no tendrá elecciones provinciales durante 2027, ya que renovó la gobernación y la Legislatura en 2025.
Actualmente, San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que todavía no oficializaron una resolución. Dicha falta de definición comprende también a Córdoba, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, entre otros distritos
Las mayores incógnitas se concentran en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof y Jorge Macri aún no comunicaron si convocarán a elecciones separadas o si unificarán sus calendarios con el nacional. La definición bonaerense también estará atravesada por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión forma parte de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.
Con las primeras fechas ya establecidas y numerosas convocatorias todavía pendientes, la disputa electoral comenzará a desarrollarse en distintos momentos del año. La modalidad que adopte cada provincia no solo determinará cuándo votarán sus ciudadanos: también condicionará los tiempos de armado de candidaturas, las alianzas partidarias y la articulación de las campañas locales con la competencia presidencial.
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La paritaria docente volvió a trabarse y el aumento salarial quedó pendiente hasta diciembre
La negociación salarial docente de San Juan volvió a quedar sin acuerdo. Los representantes de UDAP, UDA y AMET rechazaron el ofrecimiento del Gobierno provincial durante la tercera sesión de la Comisión Paritaria Negociadora y presentaron una contrapropuesta que amplía los reclamos hasta enero de 2027. La falta de coincidencias obligó a postergar la resolución salarial y fijar una nueva reunión para el 10 de diciembre.
El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Por la representación sindical asistieron Patricia Quiroga, por UDAP; Karina Navarro, por UDA, y Adrián Ruiz, por AMET.
Los sindicttos plantearon que el valor índice de los salarios se actualice de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior para noviembre, diciembre y enero. A ese mecanismo sumaron tres demandas concretas para el primer mes de 2027: seis puntos adicionales en todos los cargos del nomenclador docente, diez puntos más en el ítem E60 y una mejora en el concepto de conectividad.
La respuesta oficial no modificó el ofrecimiento vigente. El Ejecutivo argumentó que la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y la proximidad de los plazos administrativos para liquidar los haberes de noviembre y diciembre impedían formular una nueva propuesta. En consecuencia, ratificó el incremento del valor índice para noviembre según el IPC del mes anterior, publicado por el INDEC.
La decisión dejó sin respuesta los reclamos gremiales para los meses siguientes y mantuvo abierta la discusión sobre los adicionales. Frente a la distancia entre ambas posiciones, la parte empleadora propuso pasar a un cuarto intermedio, aceptado por los representantes sindicales.
La próxima audiencia quedó establecida para el 10 de diciembre a las 14 horas, cuando las partes deberán retomar la discusión sobre los salarios de diciembre y enero. Hasta entonces, la negociación permanecerá sin un acuerdo que defina la pauta de actualización para el cierre del año y el comienzo de 2027.
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YPF aumentó los combustibles en San Juan: llenar un tanque de Súper cuesta $111.950
La petrolera aplicó una suba de entre el 1% y el 1,5% en sus estaciones de servicio. La nafta Súper llegó a $2.239 por litro, mientras que la Infinia alcanzó los $2.445. El incremento también impactó en los precios del gasoil.
Los precios de los combustibles volvieron a subir en San Juan. YPF actualizó sus valores desde el viernes 13 de noviembre, con incrementos de entre el 1% y el 1,5% que modificaron el costo de cargar nafta y gasoil. Con la nueva tarifa, completar un tanque de 50 litros de nafta Súper demanda $111.950, unos $1.200 más que antes de la actualización.
La suba más visible se registró en la variedad Súper, que pasó de $2.215 a $2.239 por litro. La diferencia representa una suba de $24 por litro, equivalente al 1,08%. En tanto, la nafta Infinia quedó en $2.445, mientras que el Diesel 500 se comercializa a $2.425 y la Infinia Diesel llegó a $2.615.
El impacto se refleja también en el gasto que deben afrontar los conductores según la capacidad del tanque y el combustible elegido. Una carga de 40 litros de nafta Súper cuesta ahora $89.560, mientras que completar 50 litros requiere $111.950. Para quienes utilizan Infinia, los importes ascienden a $97.800 y $122.250, respectivamente.
En el caso del gasoil, llenar un tanque de 50 litros representa un desembolso de $121.250 con Diesel 500 y de $130.750 con Infinia Diesel.
La actualización se produce en un mercado en el que los valores pueden presentar diferencias entre estaciones de servicio. YPF aplica un sistema de precios dinámicos o micropricing, que contempla variables como la demanda, la ubicación, la competencia y las franjas horarias. A estos factores se suman los costos vinculados con el petróleo, el tipo de cambio y la carga impositiva.
Más allá de las variaciones que puedan registrarse en cada establecimiento, el nuevo ajuste vuelve a elevar el gasto de los usuarios que dependen del vehículo para trabajar o trasladarse diariamente. También incorpora mayores costos para las actividades vinculadas con el transporte y la distribución, en una cadena donde el combustible constituye un componente relevante de los gastos operativos.
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