Pagano cargó contra el acuerdo universitario y advirtió que “sepulta” la ley de financiamiento

La diputada de La Libertad Avanza cuestionó el entendimiento alcanzado entre el Gobierno, los rectores y los gremios para recomponer salarios y presupuesto. Mientras las autoridades universitarias lo presentan como una solución parcial, crecen las críticas desde sectores docentes y estudiantiles que denuncian una renuncia al reclamo original.

El acuerdo firmado entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales universitarias abrió una nueva disputa dentro del sistema de educación superior. La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó duramente el entendimiento alcanzado para recomponer salarios, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, y sostuvo que la negociación implica, en los hechos, el abandono de la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por la comunidad académica durante los últimos dos años.

La legisladora afirmó que el convenio representa “el certificado de defunción” de la norma aprobada por el Congreso y actualmente judicializada. A través de una extensa publicación, aseguró que la universidad pública contaba con respaldo legislativo y con una causa abierta en la Corte Suprema que mantenía vigente el reclamo por el cumplimiento integral de la ley, por lo que interpretó la firma del acuerdo como una salida política que desactiva la presión institucional construida alrededor de esa demanda.

La disputa prolongada se explica por la diferencia entre los montos reclamados originalmente y los finalmente reconocidos por el Ejecutivo. El convenio establece una recomposición de la masa salarial del 24,33%, distribuida en un incremento del 21,33% a partir de junio y otro 3% en octubre. Según los sectores críticos, la pérdida acumulada del poder adquisitivo entre 2024 y 2026 ronda el 52%, por lo que el entendimiento cubre menos de la mitad del deterioro registrado durante ese período.

El acuerdo también contempla una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, una partida adicional de 50.000 millones de pesos destinada a hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Para el Gobierno y las autoridades universitarias, estas medidas permiten aliviar la emergencia financiera que atraviesan numerosas casas de estudio y garantizar la continuidad de actividades académicas, científicas y de extensión.

Sin embargo, las objeciones no provienen únicamente de sectores opositores. En distintas universidades comenzaron a multiplicarse cuestionamientos desde agrupaciones docentes, no docentes y estudiantiles que consideran insuficiente la propuesta y rechazan la forma en que fue negociada. El principal señalamiento apunta a la ausencia de consultas amplias previas a la firma y a la rapidez con la que se cerró un acuerdo que modifica el eje de una movilización que durante meses logró sostener una inusual cohesión dentro del sistema universitario.

Pagano fue especialmente crítica con rectores y dirigentes sindicales. Según su interpretación, la negociación permitió resolver urgencias presupuestarias inmediatas, pero dejó sin efecto el reclamo integral por el cumplimiento de una ley que, de aplicarse plenamente, habría significado una transferencia de recursos significativamente superior. La diputada sostuvo que el costo estimado de implementar la norma rondaba los 2,5 billones de pesos, mientras que el acuerdo alcanzado implicaría desembolsos cercanos a los 800.000 millones, una diferencia de aproximadamente 1,7 billones.

La discusión también tiene una dimensión judicial. Aunque las autoridades universitarias y los gremios insisten en que la demanda por la ley de financiamiento continuará su curso ante la Corte Suprema, varios actores del ámbito académico consideran que la firma del acuerdo modifica el escenario político que rodeaba al expediente. Para los sectores más críticos, la negociación reduce la presión sobre el máximo tribunal y debilita la expectativa de una resolución favorable en el corto plazo.

El desacuerdo dejó al descubierto una fractura que hasta hace pocas semanas parecía improbable. Las multitudinarias marchas federales, el respaldo parlamentario a la ley y la resistencia al veto presidencial habían consolidado un amplio consenso dentro del sistema universitario. La firma del entendimiento alteró ese equilibrio y abrió un debate sobre los límites de la negociación, la representatividad de quienes participaron de ella y la estrategia que deberá seguir la comunidad académica frente al Gobierno.

Más allá de las posiciones enfrentadas, el episodio refleja una discusión de fondo que seguirá atravesando a las universidades públicas durante los próximos meses: si la prioridad debe ser asegurar recursos inmediatos para sostener el funcionamiento cotidiano o mantener el enfrentamiento institucional cada vez más amplio por un esquema de financiamiento permanente. Entre la necesidad de garantizar la operatividad presente y la aspiración de recuperar todo lo perdido en los últimos años, el sistema universitario enfrenta ahora uno de los debates más complejos desde el inicio del conflicto presupuestario.