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Representantes de las economías regionales expusieron ante legisladores nacionales un diagnóstico crítico sobre la situación productiva en las provincias. Caída de rentabilidad, atraso cambiario, incremento de costos, apertura importadora y falta de financiamiento aparecen entre las principales amenazas para un entramado económico que genera la mayor parte del empleo rural argentino.

La preocupación atraviesa de punta a punta al interior productivo argentino. Productores de distintas economías regionales llevaron esta semana al Congreso político nacional un diagnóstico tan amplio como inquietante: numerosas actividades agroindustriales atraviesan un deterioro acelerado de su rentabilidad y, en muchos casos, los pequeños y medianos establecimientos ya no logran cubrir siquiera sus costos operativos.

El planteo fue expuesto durante un encuentro organizado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde diputados y senadores de distintos espacios políticos escucharon de primera mano la situación que atraviesan actividades claves para el entramado federal del país.

Lejos de la imagen asociada históricamente al gran complejo agroexportador de la Pampa Húmeda, los productores describieron una realidad completamente distinta: explotaciones medianas y pequeñas, altamente dependientes del mercado interno, con fuerte utilización de mano de obra y márgenes cada vez más estrechos frente al incremento sostenido de los costos.

La advertencia no es menor. Según datos expuestos durante la reunión, las economías regionales generan cerca del 70% del empleo rural y representan exportaciones por unos 8.700 millones de dólares anuales. En numerosas provincias constituyen además el principal motor económico y social, sosteniendo cadenas productivas enteras vinculadas al transporte, el comercio y los servicios.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, definió a estas actividades como una expresión concreta del federalismo productivo argentino y reclamó un rediseño de las normas vigentes para facilitar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector.

Sin embargo, detrás de esa definición institucional apareció un cuadro mucho más severo. Los productores enumeraron una larga serie de obstáculos que hoy condicionan la supervivencia de múltiples actividades: elevada presión tributaria nacional, provincial y municipal; tarifas energéticas crecientes; costos laborales elevados; dificultades de acceso al crédito; infraestructura logística insuficiente y un tipo de cambio que consideran atrasado frente al incremento de los gastos internos.

El impacto combinado de esos factores viene deteriorando la competitividad de numerosas producciones que dependen de mercados externos o que deben competir con productos importados de menor costo.

Uno de los puntos más sensibles abordados durante el encuentro fue precisamente el avance de importaciones en rubros históricamente vinculados a las economías regionales. El tomate apareció como uno de los ejemplos más citados por los productores, quienes advirtieron que el ingreso de mercadería extranjera a precios considerablemente más bajos está desplazando producción nacional y poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo.

A ese cuadro se suman además factores internacionales que profundizan las dificultades locales. El conflicto en Medio Oriente comenzó a repercutir directamente sobre el precio de los combustibles y del transporte, mientras que la escalada internacional del gas impactó de lleno sobre los fertilizantes nitrogenados.

La urea, uno de los insumos esenciales para numerosas actividades agrícolas, registró aumentos de hasta el 50%, alterando por completo las proyecciones de costos para la próxima campaña.

En ese sentido, desde CAME insistieron en la necesidad de construir herramientas específicas para un universo productivo que —afirman— no puede ser medido con la misma lógica que el gran agro exportador concentrado.

La principal iniciativa impulsada por la entidad es el proyecto de ley denominado “Régimen de Promoción MiPyME de las Economías Regionales”, una propuesta que busca establecer un marco normativo integral para el sector con vigencia de quince años y la creación de un Fondo de Fomento específico.

La iniciativa también apunta a otorgar una definición legal unificada para las economías regionales, un reclamo histórico de productores que consideran que muchas políticas públicas nacionales terminan diseñadas exclusivamente para las grandes cadenas agroexportadoras.

Entre las medidas concretas planteadas durante la reunión sobresalen la reducción de cargas patronales mediante la ampliación del Mínimo No Imponible, la aplicación de una alícuota reducida de IVA para el gas utilizado en actividades productivas y la extensión de beneficios tarifarios eléctricos para establecimientos afectados por emergencias agropecuarias.

El debate dejó al descubierto otra discusión de fondo: la creciente distancia entre los indicadores macroeconómicos utilizados por el Gobierno para describir la situación del “campo” y la realidad cotidiana que atraviesan numerosas producciones regionales.

Mientras algunos sectores ligados al complejo cerealero mantienen niveles elevados de rentabilidad y exportación, gran parte del interior productivo enfrenta dificultades completamente distintas, asociadas a escalas menores, mayores costos logísticos y mercados mucho más vulnerables.

La diferencia no es solamente económica. También implica consecuencias sociales directas. Las economías regionales sostienen empleo intensivo en provincias donde muchas veces no existen alternativas laborales equivalentes. El cierre o achicamiento de establecimientos repercute inmediatamente sobre pueblos enteros cuya actividad depende de esas cadenas productivas.

Por eso, el reclamo de los productores excedió el pedido de alivio fiscal coyuntural. Lo que se discutió en la sede de CAME fue la necesidad de definir si Argentina pretende conservar un esquema productivo federal diversificado o avanzar hacia una estructura cada vez más concentrada en pocas actividades y regiones.

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ASIJEMIN acordó con Vicuña un aumento salarial del 10% para el personal jerárquico minero

El entendimiento fue firmado en San Juan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. Contempla una recomposición del 6% retroactiva a octubre de 2026 y otro incremento del 4% desde enero de 2027, con bases de cálculo correspondientes a los salarios de septiembre y diciembre, respectivamente.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) y Vicuña Argentina S.A. alcanzaron un acuerdo paritario que establece una mejora salarial acumulada del 10% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. La conformidad se firmó este miércoles 18 de noviembre y contempla dos etapas de aplicación, con incrementos distribuidos entre el último trimestre de 2026 y el comienzo del próximo año.

La primera recomposición será del 6%, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026 y calculada sobre los salarios básicos de septiembre. El retroactivo correspondiente será abonado junto con los haberes de noviembre, según lo establecido en el acuerdo.

La segunda actualización alcanzará el 4% y comenzará a regir el 1 de enero de 2027. En este caso, la base de cálculo será el sueldo básico correspondiente a diciembre de 2026. De esta manera, las partes definieron un esquema de actualización escalonado que extiende sus efectos sobre las remuneraciones del personal jerárquico, profesional y técnico alcanzado por el convenio.

Por ASIJEMIN participaron de la negociación el secretario general, Marcelo Mena Muñoz; la secretaria adjunta, Carla Costabile; el director regional Centro, Humberto Coria; los delegados Jorge Omar Pérez y Ulises Bayastro, y el asesor letrado Guillermo Ruiz Giordano.

La representación de Vicuña Argentina estuvo integrada por Gustavo Bufaliza, director de Recursos Humanos; Ángel Rafael Guardia, gerente de Relaciones Laborales; Gonzalo Cáceres, superintendente de Contratos y Asuntos Corporativos, y Javier Adrogué, asesor técnico y letrado.

El pacto constituye un nuevo resultado de la negociación entre la organización sindical y la compañía minera, en una actividad donde la evolución de los proyectos y la incorporación de personal mantienen en primer plano las discusiones sobre condiciones laborales y remuneraciones. La aplicación de los dos tramos acordados marcará la pauta salarial para los trabajadores alcanzados durante los próximos meses.

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El FreSU reclamó un salario mínimo de $3,25 millones y convocó a profundizar la unidad sindical

El planteo fue presentado durante el 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario. El frente sindical sostiene que ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales previstas en la legislación argentina y denunció una pérdida de poder adquisitivo superior a los $78,5 billones desde la asunción de Javier Milei.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil alcance los $3.251.462, una cifra que, según el cálculo de las organizaciones que integran el espacio, permitiría cubrir las necesidades esenciales de un trabajador y su familia. La propuesta fue presentada durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario, donde distintos referentes gremiales también plantearon la necesidad de coordinar un plan de lucha nacional frente a las políticas económicas del Gobierno.

El monto corresponde a una estimación para octubre y supera ampliamente el salario mínimo vigente. Su fundamento se encuentra en las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.

El cálculo contempla partidas de $691.291 para alimentación, $661.124 para vivienda y $397.377 para salud. También incorpora $295.463 destinados a educación y cultura, $697.646 para transporte, vacaciones y esparcimiento, $150.900 para vestimenta y $357.661 para previsión social. Para el FreSU, la distancia entre esta estimación y el ingreso mínimo actual refleja la magnitud del deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.

Un frente sindical que busca ampliar su capacidad de acción

Durante el encuentro, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, convocó a construir un paro nacional y sostuvo que la respuesta al rumbo económico requiere mayor organización del movimiento obrero. Además, manifestó la disposición del FreSU a incorporar nuevas organizaciones y ampliar su representación.

En la misma dirección, Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió la coordinación entre distintos sectores de la actividad económica y los servicios públicos. Planteó la posibilidad de articular medidas que involucren puertos, universidades, hospitales, rutas y aeropuertos, y reclamó que cualquier proyecto político futuro presente definiciones concretas sobre el rumbo económico y la recuperación de los derechos laborales.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el impacto del ajuste sobre los ingresos y sostuvo que la recuperación salarial y previsional debe ocupar un lugar central en la agenda sindical. También reivindicó la conformación del frente como una herramienta para coordinar reclamos y acciones entre organizaciones de distintas centrales obreras.

La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, llamó a profundizar la movilización y avanzar en una propuesta política y social con horizonte en 2027. A su vez, representantes de CONADU, UTA y el gremio de Molineros coincidieron en la necesidad de elaborar un programa común y definir medidas para defender las condiciones laborales.

Las cifras de la pérdida salarial

El FreSU también difundió estimaciones sobre el retroceso de los ingresos desde noviembre de 2023. Según sus cálculos, la pérdida acumulada de los trabajadores asalariados supera los $78,5 billones. El relevamiento distingue una caída real del 21% en los salarios estatales y del 7% en los ingresos del sector privado.

En términos individuales, las organizaciones estimaron que cada trabajador privado perdió, en promedio, $3.342.251, mientras que el deterioro para cada empleado estatal alcanzó los $17.454.606 durante el período considerado.

El planteo salarial retoma los lineamientos del programa «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», aprobado el 1° de mayo durante el primer plenario de delegados del frente. La iniciativa busca establecer una agenda compartida entre gremios industriales, estatales, docentes, aeronáuticos, sanitarios y de otros sectores.

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Primer empleo: el 92,5% de los jóvenes busca trabajo, pero solo el 43,3% está ocupado

Un relevamiento de Junior Achievement y ManpowerGroup expuso las dificultades de inserción laboral de las nuevas generaciones en Argentina. La falta de experiencia previa aparece como una de las principales barreras, mientras que los jóvenes reclaman mejores salarios, posibilidades de crecimiento y oportunidades de capacitación.

El acceso al mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes argentinos. Aunque la voluntad de incorporarse al mundo del trabajo es ampliamente mayoritaria, las posibilidades concretas de conseguir un puesto siguen siendo limitadas: el 92,5% busca empleo activamente, pero apenas el 43,3% logró insertarse laboralmente, según un estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup.

Los resultados exponen una brecha significativa entre las expectativas de quienes intentan iniciar o consolidar una trayectoria profesional y las oportunidades que ofrece el mercado. La dificultad para acceder al primer empleo aparece como uno de los factores centrales, especialmente por la exigencia de antecedentes laborales en los procesos de selección. Para quienes todavía no pudieron incorporarse a una empresa, acreditar experiencia se convierte en una condición difícil de cumplir y, en muchos casos, en un obstáculo que prolonga la búsqueda.

El diagnóstico también permite identificar qué esperan las nuevas generaciones de un puesto de trabajo. El crecimiento profesional encabeza las prioridades, señalado por el 62,6% de los consultados, mientras que el 50,6% considera fundamental alcanzar una remuneración adecuada. La capacitación ocupa un lugar relevante para el 35,4%, en tanto que el 33,7% prioriza contar con condiciones laborales flexibles.

Las respuestas muestran que la demanda juvenil no se limita a conseguir una ocupación. También existe una expectativa de desarrollo, aprendizaje y mejores perspectivas económicas, aspectos que influyen cada vez más en la elección de una oportunidad laboral.

Formación y tecnología, dos herramientas para competir

Frente a las dificultades de contratación, una parte importante de los jóvenes busca fortalecer sus credenciales. El 48,1% afirmó que cursa estudios adicionales o dispone de certificaciones complementarias, una señal de la importancia que adquiere la formación continua para mejorar las posibilidades de inserción.

A ese proceso se suma la incorporación de herramientas digitales. El 91,7% manifestó utilizar inteligencia artificial, un dato que refleja la rápida adopción de estas tecnologías entre quienes buscan empleo y se preparan para responder a las nuevas demandas profesionales.

También cambian los canales de búsqueda. LinkedIn es utilizado por el 75% de los encuestados, seguido por las redes sociales, con el 56,8%, y los portales especializados, con el 50,3%. Sin embargo, la multiplicación de plataformas no garantiza que las postulaciones se conviertan en oportunidades concretas ni resuelve las dificultades que aparecen durante la selección.

La distancia entre las competencias que buscan las empresas y las posibilidades de quienes intentan ingresar al mercado plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transición entre educación y empleo. Las prácticas formativas, los programas de primer trabajo, la capacitación vinculada con perfiles demandados y una revisión de los requisitos de experiencia podrían contribuir a reducir esa brecha.

El relevamiento deja planteado un desafío que involucra tanto al ámbito privado como a las políticas públicas: transformar la disposición de los jóvenes a trabajar y capacitarse en oportunidades reales de contratación. Sin vías efectivas de acceso al primer empleo, una generación que busca desarrollarse profesionalmente corre el riesgo de quedar relegada antes incluso de comenzar su trayectoria laboral.

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