CAME reunió a diputados y senadores para debatir el colapso productivo en las provincias

Representantes de las economías regionales expusieron ante legisladores nacionales un diagnóstico crítico sobre la situación productiva en las provincias. Caída de rentabilidad, atraso cambiario, incremento de costos, apertura importadora y falta de financiamiento aparecen entre las principales amenazas para un entramado económico que genera la mayor parte del empleo rural argentino.

La preocupación atraviesa de punta a punta al interior productivo argentino. Productores de distintas economías regionales llevaron esta semana al Congreso político nacional un diagnóstico tan amplio como inquietante: numerosas actividades agroindustriales atraviesan un deterioro acelerado de su rentabilidad y, en muchos casos, los pequeños y medianos establecimientos ya no logran cubrir siquiera sus costos operativos.

El planteo fue expuesto durante un encuentro organizado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde diputados y senadores de distintos espacios políticos escucharon de primera mano la situación que atraviesan actividades claves para el entramado federal del país.

Lejos de la imagen asociada históricamente al gran complejo agroexportador de la Pampa Húmeda, los productores describieron una realidad completamente distinta: explotaciones medianas y pequeñas, altamente dependientes del mercado interno, con fuerte utilización de mano de obra y márgenes cada vez más estrechos frente al incremento sostenido de los costos.

La advertencia no es menor. Según datos expuestos durante la reunión, las economías regionales generan cerca del 70% del empleo rural y representan exportaciones por unos 8.700 millones de dólares anuales. En numerosas provincias constituyen además el principal motor económico y social, sosteniendo cadenas productivas enteras vinculadas al transporte, el comercio y los servicios.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, definió a estas actividades como una expresión concreta del federalismo productivo argentino y reclamó un rediseño de las normas vigentes para facilitar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector.

Sin embargo, detrás de esa definición institucional apareció un cuadro mucho más severo. Los productores enumeraron una larga serie de obstáculos que hoy condicionan la supervivencia de múltiples actividades: elevada presión tributaria nacional, provincial y municipal; tarifas energéticas crecientes; costos laborales elevados; dificultades de acceso al crédito; infraestructura logística insuficiente y un tipo de cambio que consideran atrasado frente al incremento de los gastos internos.

El impacto combinado de esos factores viene deteriorando la competitividad de numerosas producciones que dependen de mercados externos o que deben competir con productos importados de menor costo.

Uno de los puntos más sensibles abordados durante el encuentro fue precisamente el avance de importaciones en rubros históricamente vinculados a las economías regionales. El tomate apareció como uno de los ejemplos más citados por los productores, quienes advirtieron que el ingreso de mercadería extranjera a precios considerablemente más bajos está desplazando producción nacional y poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo.

A ese cuadro se suman además factores internacionales que profundizan las dificultades locales. El conflicto en Medio Oriente comenzó a repercutir directamente sobre el precio de los combustibles y del transporte, mientras que la escalada internacional del gas impactó de lleno sobre los fertilizantes nitrogenados.

La urea, uno de los insumos esenciales para numerosas actividades agrícolas, registró aumentos de hasta el 50%, alterando por completo las proyecciones de costos para la próxima campaña.

En ese sentido, desde CAME insistieron en la necesidad de construir herramientas específicas para un universo productivo que —afirman— no puede ser medido con la misma lógica que el gran agro exportador concentrado.

La principal iniciativa impulsada por la entidad es el proyecto de ley denominado “Régimen de Promoción MiPyME de las Economías Regionales”, una propuesta que busca establecer un marco normativo integral para el sector con vigencia de quince años y la creación de un Fondo de Fomento específico.

La iniciativa también apunta a otorgar una definición legal unificada para las economías regionales, un reclamo histórico de productores que consideran que muchas políticas públicas nacionales terminan diseñadas exclusivamente para las grandes cadenas agroexportadoras.

Entre las medidas concretas planteadas durante la reunión sobresalen la reducción de cargas patronales mediante la ampliación del Mínimo No Imponible, la aplicación de una alícuota reducida de IVA para el gas utilizado en actividades productivas y la extensión de beneficios tarifarios eléctricos para establecimientos afectados por emergencias agropecuarias.

El debate dejó al descubierto otra discusión de fondo: la creciente distancia entre los indicadores macroeconómicos utilizados por el Gobierno para describir la situación del “campo” y la realidad cotidiana que atraviesan numerosas producciones regionales.

Mientras algunos sectores ligados al complejo cerealero mantienen niveles elevados de rentabilidad y exportación, gran parte del interior productivo enfrenta dificultades completamente distintas, asociadas a escalas menores, mayores costos logísticos y mercados mucho más vulnerables.

La diferencia no es solamente económica. También implica consecuencias sociales directas. Las economías regionales sostienen empleo intensivo en provincias donde muchas veces no existen alternativas laborales equivalentes. El cierre o achicamiento de establecimientos repercute inmediatamente sobre pueblos enteros cuya actividad depende de esas cadenas productivas.

Por eso, el reclamo de los productores excedió el pedido de alivio fiscal coyuntural. Lo que se discutió en la sede de CAME fue la necesidad de definir si Argentina pretende conservar un esquema productivo federal diversificado o avanzar hacia una estructura cada vez más concentrada en pocas actividades y regiones.