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Durante la Expo Minera, Marcelo Orrego encabezó un encuentro político e institucional con mandatarios de distintas provincias y firmó convenios con Santa Fe y Mendoza orientados a potenciar la actividad industrial, optimizar la logística regional y reforzar los sistemas de control y seguridad en corredores estratégicos.

La Expo San Juan Minera 2026 volvió a convertirse en mucho más que una vidriera para inversiones extractivas. La presencia simultánea de seis gobernadores, funcionarios nacionales y referentes del sector productivo transformó al encuentro en un espacio de construcción política y articulación federal, con San Juan posicionada como uno de los principales nodos de discusión sobre desarrollo económico, infraestructura y minería en la Argentina.

En ese escenario, el gobernador recibió en las instalaciones de EPSE, en Pocito, a Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Martín Llaryora, de Córdoba; Claudio Poggi, de San Luis; Carlos Sadir, de Jujuy, y Raúl Jalil, de Catamarca. La convocatoria dejó una señal inequívoca: las provincias buscan fortalecer vínculos directos para afrontar desafíos productivos y financieros en un país atravesado por fuertes restricciones económicas y redefiniciones en la relación entre Nación y distritos.

La actividad también contó con la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, además de integrantes del gabinete sanjuanino vinculados a áreas estratégicas como minería, producción, infraestructura, economía, seguridad y salud. La amplitud de la representación institucional reflejó el peso político que adquirió la cumbre dentro de la agenda regional.

Lejos de limitarse a una fotografía protocolar, el encuentro tuvo una impronta orientada a resultados concretos. Los mandatarios recorrieron las instalaciones de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y compartieron una agenda centrada en integración productiva, intercambio de capacidades técnicas y coordinación de políticas públicas destinadas a mejorar la competitividad regional.

En ese marco, Orrego avanzó con la firma de dos acuerdos considerados estratégicos para la proyección económica de San Juan. El primero, rubricado junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, apunta a consolidar un esquema de cooperación industrial, comercial y logística entre ambas provincias, con especial interés en la participación de empresas santafesinas dentro de la cadena de proveedores vinculada al desarrollo minero sanjuanino.

El convenio reconoce la experiencia acumulada por Santa Fe en la provisión de bienes y servicios para sectores extractivos como petróleo y gas, una capacidad que San Juan busca incorporar en plena expansión de proyectos mineros metalíferos. El entendimiento también contempla programas de capacitación conjunta, transferencia tecnológica y mejoras en conectividad aérea, vial y ferroviaria, factores considerados determinantes para reducir costos operativos y ampliar mercados.

Detrás de esa decisión aparece una lectura política y económica más amplia: las provincias comienzan a diseñar mecanismos propios de complementación productiva ante la necesidad de sostener inversiones, empleo privado y generación de divisas. La minería, en ese esquema, dejó de ser observada exclusivamente como una actividad sectorial para convertirse en un eje de articulación industrial y logística de alcance federal.

El segundo acuerdo firmado por Orrego fue con Mendoza y estuvo enfocado en seguridad y control interjurisdiccional. El convenio prevé la creación de un Sistema de Control Integrado en los límites provinciales, incorporado al Plan Regional de Seguridad iniciado en 2024.

La iniciativa contempla la construcción y refacción de una Zona de Control Unificado sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías de San José, departamento mendocino de Las Heras. El proyecto será financiado en partes iguales por San Juan y Mendoza y concentrará controles policiales y fitosanitarios en un mismo predio operativo.

Además de la infraestructura física, el plan incluye la incorporación de cámaras de vigilancia y plataformas informáticas para agilizar el intercambio de información entre ambas jurisdicciones. El objetivo oficial apunta a mejorar controles sobre transporte de cargas, fortalecer tareas preventivas y optimizar la circulación de personas y mercaderías en uno de los corredores más relevantes del oeste argentino.

La cumbre desarrollada en San Juan dejó expuesta otra realidad política: frente a un escenario nacional marcado por ajustes presupuestarios y reducción de obra pública, los gobernadores comenzaron a profundizar esquemas de cooperación horizontal para sostener proyectos estratégicos y defender intereses regionales comunes.

En ese tablero, San Juan intenta consolidar un perfil asociado a la minería, la energía y la infraestructura, aprovechando el creciente interés inversor sobre los recursos metalíferos de la Cordillera. La presencia simultánea de mandatarios de provincias con fuerte peso productivo también evidenció la intención de construir agendas compartidas capaces de trascender diferencias partidarias cuando entran en juego desarrollo económico, empleo e integración territorial.

La Expo Minera, así, terminó funcionando como plataforma política además de empresarial. Y Orrego, anfitrión del encuentro, logró capitalizar esa centralidad mediante acuerdos que exceden el corto plazo y apuntan a fortalecer el posicionamiento estratégico de San Juan dentro del nuevo mapa productivo del país.

El desafío hacia adelante será transformar esos entendimientos institucionales en resultados concretos para las economías regionales. La expectativa oficial está puesta en que la articulación entre provincias permita acelerar inversiones, ampliar cadenas de valor y generar infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de sectores considerados decisivos para los próximos años.

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El EPRE prepara la red eléctrica ante el impacto del “Super Niño”

El EPRE reunió a Hidráulica, Protección Civil, Policía, EPSE y Naturgy San Juan para preparar la respuesta ante posibles contingencias durante el verano 2026/2027. Las distribuidoras deberán garantizar enlaces operativos las 24 horas y contar con equipamiento crítico para restablecer rápidamente el suministro.

El organismo puso en marcha una mesa de coordinación para reforzar la continuidad del servicio eléctrico durante el verano 2026/2027, período en el que San Juan prevé mayores riesgos asociados a tormentas severas y a los efectos del fenómeno El Niño.

La reunión se realizó dentro del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y convocó a representantes del Departamento de Hidráulica, Protección Civil, Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan y el propio organismo regulador.

La prioridad definida es acortar los tiempos de respuesta frente a eventuales cortes o daños en la infraestructura. Para ello, el EPRE estableció que las distribuidoras deberán disponer de enlaces operativos las 24 horas, los siete días de la semana, que permitan una comunicación inmediata entre los organismos que deban intervenir ante una emergencia.

El dispositivo también contempla la disponibilidad inmediata de equipamiento crítico, entre ellos hidroelevadores, torres de iluminación para trabajos nocturnos y grupos electrógenos de respaldo. La preparación busca evitar que una contingencia climática derive en interrupciones prolongadas o dificulte las tareas de recuperación.

Uno de los puntos centrales será además el restablecimiento prioritario del suministro en hospitales y centros de salud, instalaciones de bombeo de agua potable y domicilios de personas electrodependientes. Estos servicios fueron incorporados como destinos críticos dentro de los esquemas de recuperación.

La coordinación adquiere especial relevancia ante el pronóstico de una temporada con mayor disponibilidad hídrica en la cordillera y la posibilidad de episodios meteorológicos severos. El fenómeno El Niño puede modificar las condiciones hidrológicas y atmosféricas, aunque su evolución concreta dependerá de la intensidad y distribución de las precipitaciones y del deshielo.

El operativo busca que esa mayor variabilidad climática encuentre a los organismos con protocolos de comunicación, recursos técnicos y responsabilidades previamente definidos. La preparación se extenderá durante toda la temporada estival, con la meta de preservar la seguridad y la capacidad de recuperación de la red eléctrica provincial.

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León XIV en Argentina: el 9 de noviembre será feriado nacional

El Decreto 1103/2026 estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otros dos con alcance territorial limitado: el martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada para facilitar la seguridad, la logística y la circulación durante la visita de León XIV.

El esquema fue definido en función de los desplazamientos y las actividades previstas durante la estadía del Pontífice, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. Según el decreto, la decisión busca facilitar los operativos de seguridad, la organización logística y el ordenamiento de la circulación en los lugares alcanzados.

Así queda el calendario

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.
Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

El dictamen también establece que las declaraciones alcanzan a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionen dentro de los territorios comprendidos. El objetivo es facilitar una aplicación coordinada de las medidas de seguridad y organización durante las jornadas de mayor concentración de personas.

Qué pasa con quienes tengan que trabajar

Al tratarse de feriados, para los trabajadores alcanzados rige el régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 166 dispone que quienes presten servicios durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración normal correspondiente a ese día más una suma igual, es decir, el equivalente al pago doble previsto para estas jornadas.

Por lo tanto, esa regla será aplicable al 9 de noviembre en todo el país, al 10 en Córdoba y CABA y al 11 en la provincia de Buenos Aires, siempre dentro del ámbito territorial establecido por el decreto.

La diferencia con un día no laborable también resulta relevante. En estos últimos casos, la prestación laboral es optativa para el empleador y, si se trabaja, corresponde el salario simple. El Decreto 1103/2026, en cambio, utiliza expresamente la figura de feriado, por lo que corresponde aplicar el régimen específico de la Ley 20.744.

Además de establecer los feriados, el Gobierno creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”. El organismo tendrá a su cargo coordinar las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la organización de la visita y podrá funcionar hasta un máximo de 12 meses.

El decreto fue dictado el 25 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La visita papal, prevista del 8 al 11 de noviembre, tendrá así un dispositivo extraordinario que combina medidas laborales, de circulación y coordinación estatal en las jurisdicciones directamente involucradas.

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Concesionarias en alerta: despidos y retiros voluntarios ante el nuevo mapa del mercado

El mercado automotor acumula una caída cercana al 13% y las concesionarias enfrentan una combinación de menor volumen, mayor competencia y márgenes más estrechos. En las últimas semanas se multiplicaron los despidos, retiros voluntarios y cierres de sucursales, mientras las agencias buscan reducir costos y adaptar sus estructuras a un mercado con más marcas y menos operaciones.

El ajuste comenzó a hacerse visible en las concesionarias de automóviles después de varios meses de contracción de las ventas y de una transformación acelerada de la oferta. El mercado automotor se encamina a cerrar 2026 por debajo de las 550.000 unidades, según las estimaciones citadas por el informe de A Rodar Post, lejos de las 700.000 unidades que algunos ejecutivos proyectaban a comienzos del año.

La reducción del volumen comercial se trasladó al empleo. De acuerdo con un relevamiento realizado entre concesionarias, al menos la mitad de las agencias consultadas reconoció haber reducido personal durante los últimos dos meses. Entre los casos mencionados aparecen grupos empresarios de la zona norte del Gran Buenos Aires, con operaciones en Pilar, Escobar y Zárate, donde unas 40 personas habrían sido desvinculadas, y otro grupo de trayectoria en el sur del conurbano, que habría prescindido de alrededor de 15 trabajadores.

La magnitud del proceso resulta difícil de cuantificar porque buena parte de las salidas se canaliza mediante retiros voluntarios y acuerdos individuales, sin intervención directa de los sindicatos. Las desvinculaciones se concentran, según fuentes del mercado, especialmente entre empleados incorporados durante los últimos dos o tres años, cuando las redes comerciales habían vuelto a ampliar sus dotaciones.

El fenómeno tiene una particularidad: las concesionarias de vehículos no enfrentan solamente una caída de la demanda, sino un cambio en la composición de la oferta. La incorporación de nuevas marcas, especialmente de origen chino, y el regreso de fabricantes importados ampliaron la competencia en segmentos donde históricamente predominaban las terminales con producción local.

Ese desplazamiento modificó la participación de las marcas tradicionales. Mientras algunas automotrices radicadas industrialmente en la Argentina registran retrocesos de sus patentamientos, varias compañías sin producción local muestran una evolución positiva. El resultado es un mercado con más competidores disputando un volumen menor de operaciones.

La presión se trasladó directamente a la rentabilidad de las agencias. Las terminales fijan objetivos comerciales que, según fuentes del sector, en algunos casos resultan difíciles de alcanzar con el ritmo actual de patentamientos. Para sostener las ventas, las concesionarias recurren a descuentos cada vez mayores y reducen el margen por unidad, con la expectativa de compensarlo mediante bonificaciones asociadas al cumplimiento de objetivos.

La alternativa es todavía más costosa: mantener vehículos sin vender implica financiar inventarios con tasas elevadas. Por eso, algunas agencias comenzaron a cuestionar los volúmenes de unidades que las terminales les solicitan adquirir y optaron por reducir sus compras para evitar una acumulación de stock que presione sobre sus cuentas.

Hasta hace pocos meses, parte de ese ajuste podía absorberse mediante la redistribución de empleados dentro de los propios grupos empresarios. El personal de las marcas con peor desempeño era trasladado hacia operaciones que mostraban mayor dinamismo. Esa posibilidad se redujo a medida que la contracción alcanzó a una mayor cantidad de redes.

La evolución también empieza a modificar la estructura física de las empresas. Algunas concesionarias avanzan con el cierre de sucursales y puntos de venta, concentrando operaciones en establecimientos principales para reducir alquileres, costos administrativos y dotaciones.

La diferencia con el período 2020-2023 es significativa. Durante aquellos años, las restricciones a las importaciones limitaron la disponibilidad de vehículos y redujeron el volumen de unidades comercializadas, pero la escasez permitió sostener precios y márgenes elevados en determinadas operaciones. Con una oferta ahora mucho más amplia, esa ecuación se modificó: hay más vehículos disponibles, más marcas compitiendo y una presión creciente sobre los precios de transacción.

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