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En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Carla Costabile, referente de ASIJEMIN, analizó el escenario actual del empleo femenino en la minería, cuestionó el impacto de la reforma laboral y planteó los desafíos pendientes para garantizar condiciones de trabajo equitativas y libres de violencia.

Las calles del microcentro sanjuanino volvieron a convertirse, en los últimos días, en un escenario de expresión colectiva. En el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, organizaciones sociales, sindicales y feministas confluyeron en una jornada de visibilización que puso en agenda viejas desigualdades aún vigentes en el mundo del trabajo.

Para Carla Costabile, el balance de la convocatoria fue contundente: la jornada dejó al descubierto una creciente conciencia colectiva frente a un contexto que —según advierte— vuelve a poner bajo discusión derechos que parecían consolidados.

“El balance es muy positivo. Se vio unidad y el poder de las mujeres en la lucha por sus derechos. Hoy hay conquistas que parecían incuestionables y, sin embargo, están siendo atacadas o puestas en duda”, señaló durante una entrevista con Mundo Laboral San Juan.

El diagnóstico no se limita al plano simbólico. En el universo del empleo, la dirigente sindical considera que las transformaciones impulsadas desde el Gobierno bajo el paraguas de la “modernización laboral” generan preocupación entre distintos sectores gremiales.

Desde su perspectiva, el debate actual no sólo interpela al conjunto de los trabajadores, sino que también tiene implicancias específicas para las mujeres. “La reforma laboral afecta a todos los trabajadores, pero impacta aún más sobre las mujeres porque profundiza desigualdades que ya existen”, explicó.

Costabile sostiene que las brechas estructurales —como la segmentación del empleo, la mayor precarización y los salarios más bajos— continúan atravesando la experiencia laboral femenina. En ese sentido, advierte que cualquier proceso de flexibilización corre el riesgo de ampliar esas diferencias.

“Las mujeres somos quienes más sufrimos las jornadas extendidas, la informalidad o los empleos peor remunerados. Cuando se quitan derechos, esas desigualdades se profundizan”, afirmó. Y añadió que, incluso en escenarios de crecimiento económico, la reducción de la brecha salarial ha sido históricamente lenta: “Si no se aplican políticas activas, cerrar esa brecha puede llevar décadas”.

El desafío de la igualdad en la minería

El debate adquiere una dimensión particular cuando se traslada al sector minero, una actividad tradicionalmente dominada por varones, pero que en los últimos años comenzó a incorporar una presencia femenina cada vez mayor.

Según Costabile, la participación de mujeres en la industria creció de manera sostenida. Sin embargo, la expansión numérica no siempre se traduce en trayectorias laborales estables.
“Hoy vemos más mujeres ingresando a la minería, eso es una realidad. Pero el problema aparece cuando analizamos la permanencia y los planes de carrera”, explicó.

El diagnóstico apunta a múltiples factores. Entre ellos, las condiciones laborales propias de la actividad —como los sistemas de turnos prolongados o “rosters”—, los entornos altamente masculinizados y las dificultades para compatibilizar el empleo con las tareas de cuidado.
“La mayoría de las mujeres, en algún momento de su trayectoria, termina dejando su puesto porque no están dadas las condiciones para sostenerlo”, sostuvo.

A ello se suman problemáticas vinculadas a la violencia laboral o simbólica, una cuestión que, según la referente gremial, continúa siendo un obstáculo en ciertos espacios productivos.
“En muchos casos se trata de ambientes hostiles o con dinámicas muy masculinizadas. Por eso es fundamental avanzar en herramientas que permitan prevenir y atender esas situaciones”, remarcó.

Protocolos y políticas de cuidado

Desde ASIJEMIN, el sindicato que nuclea a trabajadores jerárquicos del sector minero, se impulsan diversas iniciativas orientadas a revertir esos obstáculos.

Una de las principales herramientas es la implementación de protocolos para abordar situaciones de violencia laboral y de género. No obstante, Costabile reconoce que su alcance suele verse limitado si no existe una articulación directa con las empresas.

“Nosotros contamos con un protocolo sindical para atender casos de violencia, pero muchas veces necesitamos que las compañías también adopten mecanismos similares para que las medidas sean realmente efectivas”, puntualizó.

En simultaneo, el sindicato avanzó en acuerdos con el sector empresario para incorporar licencias vinculadas al cuidado y la vida familiar, un aspecto que la dirigente considera clave para sostener la participación femenina en la actividad.

Entre las medidas implementadas se encuentran la extensión de la licencia por maternidad, la ampliación de la licencia por paternidad, permisos por adopción y licencias específicas en situaciones de violencia de género.

“Firmamos acuerdos para sumar 30 días adicionales a la licencia por maternidad y ampliar la licencia por paternidad a 15 días. También se incorporaron licencias por adopción, por interrupción del embarazo y por situaciones de violencia de género”, detalló. Estas herramientas, según plantea, representan un avance concreto hacia un modelo laboral más equitativo, aunque todavía insuficiente frente a la magnitud del desafío.

Un debate abierto

En este marco, la discusión sobre la reforma laboral se entrelaza con un debate más amplio sobre el futuro del trabajo y el lugar de las mujeres en los sectores estratégicos de la economía.
Para Costabile, cualquier transformación normativa debería partir de un reconocimiento explícito de las desigualdades estructurales que aún atraviesan el mercado laboral.

“No se puede hablar de modernización si se ignoran las desigualdades que siguen existiendo”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, el movimiento sindical —especialmente sus espacios vinculados a la agenda de género— enfrenta el desafío de sostener la defensa de derechos en un escenario político y económico que, según advierten, tiende a tensionarlos.

“La lucha continúa porque es una demanda de las propias trabajadoras. Ellas esperan que el sindicato represente sus intereses y defienda sus derechos”, concluyó.

La creciente participación femenina en sectores históricamente masculinizados, como la minería, constituye uno de los cambios más significativos en el mapa laboral de las últimas décadas. Sin embargo, el desafío ya no pasa sólo por abrir las puertas de ingreso, sino por garantizar trayectorias laborales sostenibles, libres de violencia y con igualdad de oportunidades.

En ese terreno, las discusiones sobre reformas laborales, políticas de cuidado y condiciones de trabajo adquieren un peso determinante. Porque, como advierten desde el sindicalismo con perspectiva de género, la verdadera modernización del mundo laboral no se mide únicamente en términos de productividad o competitividad, sino también en la capacidad de construir ámbitos de trabajo más justos, inclusivos y equitativos.

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La mora en créditos llegó al nivel más alto en dos décadas y golpea a casi seis millones de argentinos

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central, reveló que la irregularidad en el pago de créditos alcanzó el 7,6% en mayo, el valor más alto de los últimos veinte años. El deterioro afecta a 5,8 millones de personas

El crecimiento del endeudamiento de las familias argentinas alcanzó un nuevo punto crítico. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en estadísticas del Banco Central, 5,8 millones de personas mantienen deudas impagas, mientras que el índice de irregularidad del crédito escaló al 7,6%, el registro más elevado de las últimas dos décadas.

El estudio advierte que el deterioro se profundizó durante 19 meses consecutivos y evidencia la vulnerabilidad de la economía doméstica frente a sus compromisos financieros y tarifas. La situación es especialmente delicada entre los hogares, donde la mora llegó al 12,3%, muy por encima del 3% registrado entre las empresas.

El análisis atribuye esta evolución a la pérdida del poder adquisitivo y al uso cada vez más frecuente del crédito para afrontar gastos cotidianos. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentran cerca de tres cuartas partes de la cartera irregular, convirtiéndose en los instrumentos donde más se evidencia el deterioro de la capacidad de pago.

Las cifras muestran un incremento acelerado del incumplimiento. En los préstamos personales, la mora pasó del 3,3% al 14,9% entre octubre de 2024 y abril de 2026. En las tarjetas de crédito, el indicador creció del 1,6% al 12,5% durante el mismo período, evidenciando el creciente recurso al financiamiento para sostener el consumo.

La situación resulta aún más compleja fuera del sistema bancario tradicional. Entre las billeteras virtuales y otros prestamistas no bancarios, la morosidad prácticamente se cuadruplicó en un año y medio, al pasar del 7,3% al 29,6%, superando incluso los niveles registrados durante la pandemia.

De las 20,9 millones de personas que poseen algún tipo de financiamiento, casi seis millones presentan atrasos en sus obligaciones. El informe señala además que 3,4 millones mantienen deudas exclusivamente con plataformas digitales, un fenómeno que se consolidó a medida que muchas familias encontraron mayores restricciones para acceder al crédito bancario y recurrieron a alternativas con costos financieros más elevados.

Los jóvenes aparecen entre los grupos más comprometidos. El relevamiento indica que cuatro de cada diez personas de entre 18 y 34 años registran algún grado de mora, porcentaje que asciende al 40,9% entre quienes tienen hasta 24 años, reflejando la creciente fragilidad económica de los trabajadores que recién ingresan al mercado laboral.

El deterioro también comenzó a trasladarse al entramado productivo. La construcción exhibe el mayor nivel de irregularidad en el pago de sus obligaciones crediticias, seguida por los rubros de alojamiento y gastronomía, servicios administrativos y comercio, actividades particularmente sensibles a la evolución del consumo interno.

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El Gobierno endurece los controles y aplicará multas por la reducción de frecuencias de colectivos

El Ministerio de Gobierno advirtió que sancionará a las empresas de transporte que no respeten las frecuencias establecidas. La decisión se produce mientras RedTulum realiza inspecciones para determinar si las prestatarias redujeron la cantidad de unidades en circulación, en medio de crecientes reclamos de los usuarios.

El Ejecutivo provincial endureció los controles sobre el transporte público y anticipó que aplicará multas a las empresas que incumplan las frecuencias autorizadas. La advertencia surgió luego de que se multiplicaran las denuncias de pasajeros por extensas demoras y de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reconociera una disminución en la cantidad de colectivos que prestan servicio.

RedTulum realiza controles diarios para detectar si las prestatarias redujeron su flota en violación del contrato. El objetivo es constatar si existe un incumplimiento efectivo antes de avanzar con sanciones económicas.

Las autoridades provinciales señalaron que, en caso de comprobarse irregularidades durante las inspecciones, las penalidades alcanzarán tanto a las empresas como a las unidades que no respeten la programación establecida para cada línea.

La decisión oficial responde al creciente malestar de los usuarios, quienes durante los últimos días reportaron largas esperas en distintas paradas del Gran San Juan y otros departamentos.

Los reclamos apuntan principalmente al aumento de los tiempos entre colectivos, una situación que afecta la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y jubilados.

En este cuadro, la UTA San Juan confirmó que actualmente las frecuencias presentan una reducción cercana al 30%, aunque aclaró que esa disminución no obedece a un conflicto gremial ni a medidas sindicales. Según explicó el sindicato, la menor cantidad de servicios responde exclusivamente a determinaciones adoptadas por las empresas prestatarias.

Las autoridades del ministerio aguardarán el reporte de RedTulum para tomar una decisión. Una vez finalizado ese proceso, la Provincia definirá si corresponde aplicar las sanciones previstas por incumplimientos en la prestación del servicio público.

La fiscalización cobra especial relevancia porque el sistema RedTulum constituye el principal medio de transporte para miles de sanjuaninos. El cumplimiento de las frecuencias no solo impacta en la calidad del servicio, sino también en la organización de la vida laboral, educativa y comercial de la provincia. Los relevamientos definirán las sanciones empresariales y la mejora del servicio.

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San Juan, entre las provincias que liderarán el crecimiento del empleo minero

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó que la industria podría alcanzar los 300.000 puestos de trabajo directos en la próxima década y acercarse al millón de empleos al sumar la cadena de valor. El desarrollo de los grandes proyectos de cobre será el principal impulso de esa expansión, con San Juan entre las provincias protagonistas.

La minería argentina se encamina a convertirse en uno de los mayores generadores de empleo del país. De acuerdo con las proyecciones difundidas por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la industria podría crear alrededor de 300.000 puestos de trabajo directos durante los próximos diez años, una cifra que representa aproximadamente cuatro veces la dotación laboral de la industria automotriz y autopartista. Si se incorpora el efecto sobre proveedores, servicios y actividades vinculadas, el impacto ascendería a cerca de un millón de empleos.

Las estimaciones fueron presentadas durante Arminera 2026, encuentro que reunió a empresas, especialistas y autoridades para analizar las perspectivas de la industria. Allí se destacó que el crecimiento estará impulsado principalmente por la entrada en construcción de grandes proyectos de cobre, considerados el próximo gran salto productivo de la minería nacional.

Según la CAEM, un emprendimiento cuprífero de clase mundial puede requerir hasta 7.000 trabajadores durante la etapa de construcción. A esa demanda se suma la contratación de empresas de ingeniería, metalurgia, transporte, logística, obras civiles, mantenimiento, gastronomía, hotelería y otros servicios que acompañan el desarrollo de cada iniciativa.

El efecto económico trasciende ampliamente a las compañías mineras. Cada nuevo proyecto moviliza inversiones en infraestructura, fortalece las cadenas de proveedores locales y promueve la creación de empleo en múltiples rubros, favoreciendo el crecimiento de las economías regionales donde se emplazan los yacimientos.

Las perspectivas más favorables se concentran en San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, provincias que reúnen algunos de los principales proyectos de cobre y litio del país. En particular, San Juan aparece como uno de los polos con mayor potencial de expansión gracias al avance de emprendimientos de gran escala que podrían modificar la estructura productiva provincial y consolidar a la minería como uno de los pilares de su economía.

No obstante, la industria reconoce que el crecimiento previsto también plantea desafíos. Entre ellos sobresale la necesidad de formar recursos humanos especializados capaces de responder a la creciente demanda de técnicos, ingenieros, geólogos, operadores de equipos pesados y profesionales vinculados con seguridad, ambiente, mantenimiento y nuevas tecnologías aplicadas a la producción minera.

En ese sentido, distintas empresas, universidades y organizaciones sindicales ya comenzaron a impulsar programas de capacitación para fortalecer la oferta de mano de obra calificada. El objetivo es anticiparse a la demanda que generarán los nuevos emprendimientos y maximizar el impacto del empleo local.

Si las inversiones previstas avanzan dentro de los plazos proyectados, la minería no solo incrementará su participación en las exportaciones argentinas, sino que también consolidará su lugar como uno de los principales motores del empleo formal, la inversión productiva y el desarrollo regional, con un protagonismo creciente de San Juan en esa transformación.

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