El Ejecutivo presentó un recurso extraordinario por per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral. Cuestiona la competencia del fuero laboral y la legitimación de la CGT.

El Gobierno de Javier Milei decidió acelerar el frente judicial y solicitó la intervención directa del máximo tribunal para restablecer la vigencia de la Ley N.º 27.802, eje de su programa de reformas en materia laboral. A través de un per saltum —una herramienta excepcional que permite eludir instancias intermedias— el Ejecutivo busca dejar sin efecto la cautelar dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que frenó aspectos centrales de la norma.

La presentación, impulsada por la Procuración del Tesoro, pone el foco en la necesidad de una resolución urgente. Según el escrito, la continuidad de la medida judicial implica un perjuicio institucional y económico de magnitud, al impedir la aplicación de modificaciones consideradas estratégicas por la administración nacional. Entre ellas se destacan cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de la jornada laboral bajo ciertos esquemas y nuevas regulaciones sobre la actividad sindical.

El Ejecutivo sostiene que la apelación concedida por la justicia laboral tuvo efecto devolutivo —es decir, sin suspender la vigencia de la ley—, por lo que entiende que la cautelar carece de sustento para paralizar su implementación. En ese sentido, plantea que la intervención de la Corte constituye la única vía eficaz para restablecer el orden jurídico que, a su criterio, fue alterado.

El escrito también despliega una batería de cuestionamientos al trámite judicial. Se mencionan obstáculos en el acceso al expediente, notificaciones incompletas y plazos considerados exiguos, además de inconsistencias en el tratamiento de cuestiones de competencia y legitimación. Uno de los puntos más controvertidos es la crítica a la capacidad de la CGT para representar al conjunto de los trabajadores sin acreditar una afectación concreta, lo que —según el Gobierno— debilita la validez de la acción colectiva.

Asimismo, se objeta la conducta del magistrado interviniente, quien modificó parcialmente su propia resolución pocos días después de haberla dictado. Para el Ejecutivo, ese giro refleja apresuramiento y falta de solidez en los fundamentos iniciales.

La decisión de recurrir al per saltum no es menor. Se trata de un mecanismo utilizado en contadas ocasiones dentro del sistema judicial argentino y reservado para situaciones que, por su trascendencia institucional, requieren una definición inmediata del máximo tribunal. Con este movimiento, la administración Milei busca no solo revertir el freno judicial, sino también obtener un pronunciamiento que siente precedente sobre los alcances del control judicial en reformas estructurales.

Una resolución de la Justicia de La Rioja dispuso la suspensión por 30 días de las actividades vinculadas al proyecto minero Josemaría. La medida obliga a la empresa a presentar estudios ambientales en territorio riojano y genera incertidumbre sobre uno de los desarrollos extractivos más relevantes del país.

Una decisión judicial adoptada en La Rioja alteró el curso de uno de los emprendimientos mineros más ambiciosos de la región cuyana. La jueza María Greta Decker ordenó la paralización por 30 días de las tareas vinculadas al proyecto Josemaría, a partir de una presentación impulsada por el gobierno riojano.

La resolución alcanza a la firma operadora Vicuña S.A. y establece como condición indispensable la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental que contemple las implicancias del emprendimiento sobre territorio de la provincia vecina. Sin ese requisito aprobado, no podrán retomarse las actividades.

El fallo se apoya en el principio preventivo y se instrumentó mediante una medida autosatisfactiva, una herramienta jurídica que permite actuar con rapidez frente a la posibilidad de daños ambientales. Desde la administración riojana argumentaron que la empresa no cumplió con requerimientos previos vinculados al uso de infraestructura local, especialmente el corredor vial que conecta con el yacimiento.

El secretario de Ambiente de esa provincia, Santiago Azulay, sostuvo que los efectos del proyecto exceden los límites geográficos y podrían impactar en comunidades como Guandacol y Villa Unión. Entre los puntos señalados figuran el tránsito intensivo de vehículos pesados, la dispersión de partículas y la contaminación sonora.

La medida judicial también dispuso restricciones sobre el camino de Guandacol, principal vía logística hacia el emprendimiento, actualmente bajo control policial. Esta limitación genera un cuello de botella operativo que afecta la planificación de obras y el movimiento de equipos.

Un proyecto estratégico bajo presión

El desarrollo de Josemaría forma parte del denominado distrito Vicuña, un conglomerado minero de escala internacional que incluye también el yacimiento Filo del Sol. Ubicado en San Juan, el proyecto prevé inversiones millonarias y una proyección productiva significativa en cobre, oro y plata durante varias décadas.

Para San Juan, la paralización representa un contratiempo relevante en términos económicos y de generación de empleo, dado el peso estratégico que la actividad minera tiene en su matriz productiva. A su vez, la decisión introduce un elemento de complejidad institucional al involucrar competencias ambientales de distintas jurisdicciones.

Desde La Rioja no descartan avanzar hacia instancias judiciales superiores en caso de incumplimiento, lo que podría derivar en la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

La suspensión dispuesta por la Justicia riojana reconfigura el futuro inmediato de un proyecto central para la minería argentina. Más allá del plazo fijado, el episodio instala un debate de fondo sobre la coordinación interprovincial en materia ambiental y la necesidad de reglas claras para emprendimientos de gran escala. El desenlace de este proceso no solo definirá el avance de Josemaría, sino que también sentará precedentes sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y resguardo ambiental en el país.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular y diversas organizaciones sociales iniciaron un plan de acción con movilizaciones en todo el país. Denuncian recortes en programas sociales y falta de asistencia alimentaria. Advierten que, sin respuestas oficiales, avanzarán hacia cortes masivos desde mayo.

La protesta social suma intensidad con la decisión de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de poner en marcha un esquema de acciones en todo el territorio nacional. El punto de partida será una “jornada de ollas vacías” prevista para este viernes 18 de abril, frente a centros de distribución de alimentos, una iniciativa que busca visibilizar el deterioro en el abastecimiento de comedores y merenderos comunitarios.

La convocatoria cuenta con el respaldo de organizaciones de peso en el entramado territorial, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). En conjunto, estos espacios advierten que la situación social se ha agravado a partir de la reducción de programas de asistencia y la caída de ingresos en amplios sectores de la población.

El eje del reclamo se centra en la eliminación del programa Volver al Trabajo —heredero del Potenciar Trabajo— que alcanzaba a cerca de un millón de beneficiarios. Según denuncian, su reemplazo por esquemas de capacitación no logra compensar la pérdida de ingresos ni ofrecer soluciones concretas en el corto plazo. A ello se suma la disminución en la entrega de alimentos, lo que impacta de manera directa en la red de contención barrial.

El cronograma de medidas ya delineado anticipa una escalada progresiva. Tras la primera jornada, las organizaciones se movilizarán el lunes 20 de abril hacia el Ministerio de Capital Humano para exigir una audiencia con la ministra Sandra Pettovello. Posteriormente, el 30 de abril, confluirán en una marcha masiva junto a la CGT en la antesala del Día del Trabajador.

La agenda continuará en mayo con nuevas acciones en las calles. Para el domingo 5 y el martes 7 de mayo ya se definieron jornadas de protesta en distintos puntos del país, con el objetivo de extender el reclamo a nivel federal y reflejar el impacto en las economías regionales. Desde las organizaciones anticiparon que, si no hay respuestas oficiales tras esas instancias, avanzarán con cortes y bloqueos por tiempo indeterminado.

Los dirigentes sociales sostienen que miles de familias enfrentan dificultades crecientes para cubrir necesidades básicas y alertan sobre un deterioro acelerado en los niveles de consumo en los barrios populares. En este marco, cuestionan la falta de interlocución con las autoridades nacionales y reclaman la apertura de canales de negociación.

Desde la conducción de la UTEP, su secretario general, Alejandro Gramajo, fue categórico al señalar que la ausencia de diálogo agrava la situación. El dirigente cuestionó la efectividad de las políticas implementadas y advirtió que las herramientas actuales no logran generar empleo genuino ni atender la urgencia social.