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La medida convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados tuvo cumplimiento total en puertos, transporte ferroviario e industrias estratégicas. La jornada dejó cadenas logísticas interrumpidas, fábricas sin actividad y ciudades con movilidad reducida.

Desde las 00 de este jueves comenzó el paro general impulsado por la CGT, en rechazo al proyecto de reforma laboral. Con el correr de las horas, la medida se hizo sentir con fuerza en los sectores neurálgicos de la economía nacional, evidenciando el alcance territorial y sectorial de la convocatoria.

El impacto más contundente se registró en el sistema portuario. La adhesión de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) paralizó completamente las operaciones en terminales de carga general, puertos cerealeros y muelles pesqueros. La interrupción de tareas dejó sin movimiento a buques y mercaderías, con efectos inmediatos sobre exportaciones y abastecimiento interno.

La postal se replicó en los principales nodos logísticos del país: filas de camiones varados en accesos portuarios, embarques suspendidos y operadores aguardando definiciones en un escenario de incertidumbre. En un país cuya balanza comercial depende en gran medida del complejo agroexportador, la paralización de los puertos adquiere un significado económico y político de alto voltaje.

En simultaneo, la industria reportó niveles de adhesión totales en múltiples ramas. Plantas metalúrgicas, alimenticias, refinerías, laboratorios y fábricas de insumos interrumpieron su actividad durante toda la jornada. La detención de la producción no solo evidenció la capacidad de coordinación gremial, sino también el peso específico de los trabajadores en la cadena de valor nacional.

El transporte, otro engranaje central, mostró un acatamiento extendido. Sindicatos ferroviarios y del transporte urbano confirmaron la suspensión de servicios en corredores estratégicos. La Unión Tranviaria Automotor (UTA), junto con la La Fraternidad, la Unión Ferroviaria y los Metrodelegados, entre otros, adhirieron a la medida, afectando trenes, subtes y gran parte de los colectivos en distintas jurisdicciones.

Incluso el transporte aéreo registró cancelaciones y reprogramaciones, ampliando la dimensión de la protesta. La conjunción de estos factores configuró una jornada de circulación limitada, avenidas semivacías y actividad comercial reducida en numerosos centros urbanos.

No obstante, hubo excepciones. El grupo empresario DOTA mantuvo en funcionamiento 65 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde la entidad que conduce Miguel Ángel Bustinduy señalaron que “todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60”, que operó con frecuencia reducida por mayor adhesión de choferes afiliados a la UTA. Esa decisión atenuó parcialmente el impacto en el AMBA, aunque no alteró el cuadro general de fuerte cumplimiento.

Más allá de las cifras de acatamiento, la jornada dejó un mensaje político claro. La paralización de puertos, transporte e industria —sectores estratégicos por su peso en la producción, el comercio exterior y la vida cotidiana— exhibe la capacidad de presión de las organizaciones sindicales frente a una reforma que consideran regresiva en materia de derechos laborales.

El oficialismo, por su parte, sostiene que la iniciativa apunta a modernizar el mercado de trabajo y promover la generación de empleo. En ese cruce de narrativas se inscribe la medida de fuerza: mientras el debate parlamentario avanza, la calle y los centros productivos se convierten en escenario de una disputa más amplia sobre el modelo laboral y el equilibrio entre competitividad y protección social.

El paro general no solo interrumpió la actividad económica durante una jornada clave, sino que también funcionó como demostración de poder sindical en áreas vitales del entramado productivo. Con puertos detenidos, transporte afectado y fábricas sin actividad, la protesta expuso la magnitud del conflicto abierto en torno a la reforma laboral. El desenlace parlamentario marcará un antes y un después, pero el mensaje ya quedó instalado: en la Argentina, cualquier transformación estructural del mundo del trabajo inevitablemente se mide en la capacidad de organización y respuesta de sus sectores estratégicos.

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Menos compras y crédito en retroceso: las señales de alerta del consumo argentino

El consumo de los hogares argentinos continúa sin recuperar fuerza. En septiembre, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una caída interanual del 0,8% y no mostró variaciones respecto de agosto. La medición confirma las dificultades para consolidar una recuperación: el índice permanece 2% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

La evolución del gasto refleja una economía familiar que todavía encuentra límites para ampliar sus compras. Aunque la desaceleración inflacionaria puede contribuir a recomponer los ingresos reales, los precios volvieron a acelerarse hasta el 1,9% mensual, según los datos consignados en el informe. La persistencia de aumentos cercanos al 2% mensual mantiene la presión sobre los presupuestos domésticos.

Los bienes de consumo masivo tampoco exhibieron señales de recuperación. En septiembre retrocedieron 1,2% interanual y 1% frente al mes anterior, una trayectoria que evidencia dificultades para sostener las compras habituales.

Transporte y recreación, entre los rubros más afectados

El comportamiento por categorías fue dispar, aunque predominaron las bajas. Transporte y vehículos registró una contracción interanual del 5,5% y fue el principal aporte negativo al índice general, con 0,8 puntos porcentuales. La caída en los patentamientos de automóviles no logró ser compensada por el avance de las motocicletas.

Recreación y cultura retrocedió 3,4%, mientras que indumentaria y calzado cayó 1,5%. El conjunto de los demás rubros presentó una disminución del 1,1%.

En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos avanzó 5,2% interanual y aportó 0,9 puntos porcentuales al indicador. La mayor demanda de electricidad explicó buena parte de ese resultado, aunque el aumento del rubro no necesariamente implica una expansión equivalente del consumo discrecional de las familias.

El crédito pierde fuerza y condiciona las compras

La evolución del financiamiento constituye otra señal relevante. Después de un avance pronunciado durante 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a retroceder en términos reales durante 2026, tras el estancamiento registrado hacia fines del año pasado. El crédito hipotecario conserva una tendencia ascendente, aunque con menor intensidad.

Dicho enfriamiento está estrechamente vinculado al menor dinamismo de los bienes durables. Prueba de ello es que la matriculación de vehículos y la venta de electrodomésticos registran retrocesos en lo que va del año; por su parte, el mercado inmobiliario ha estancado su crecimiento, si bien las escrituras sostienen niveles altos respecto a ejercicios previos.

La débil recuperación de los ingresos y un crédito más restrictivo frenan el crecimiento a largo plazo. Actualmente, el consumo básico sigue paralizado y los bienes de alto valor se desaceleran, lo que siembra dudas sobre la solidez de la reactivación económica.

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Departamentales

Ruta 40 Norte: Mapal construirá el primer tramo con fondos del acuerdo con Vicuña

La recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte tendrá su primer contrato en manos de una empresa local. El Gobierno de San Juan adjudicó a Mapal S.A.C.I.A. la reconstrucción de los 28 kilómetros comprendidos entre San Roque y Tucunuco, en Jáchal, por una oferta cercana a los $26.988 millones. La intervención abrirá la ejecución del programa vial financiado con los US$ 250 millones acordados con la minera Vicuña.

La propuesta de la firma, perteneciente a la familia Palucchini, superó en unos $885 millones el presupuesto oficial de $26.103 millones. Aunque fue el cuarto monto más bajo entre seis oferentes, resultó seleccionada para ejecutar el primero de los tramos previstos en la recuperación de este corredor.

Los trabajos apuntan a mejorar la capacidad y la seguridad de una ruta clave para la circulación entre el Gran San Juan y el norte provincial. La calzada actual, de unos 6,30 metros de ancho promedio, pasará a medir 7,30 metros. Se conservarán dos carriles, uno por sentido, y se incorporarán banquinas de tres metros a cada lado, con superficies pavimentadas y de material granular.

El proyecto incluye pavimentación y repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores dañados y refuerzo de la estructura vial donde sea necesario ampliar la traza. También prevé adecuaciones en alcantarillas y sifones, elevación del camino en puntos determinados y obras de drenaje para mejorar el escurrimiento del agua.

Mapal compitió con Sigma S.A. junto con LLP Pietroboni, Ivica Dumandzic, Federico Hnos., Armegom en asociación con BWT —Burgwardt y Cía.— y Menin Construcciones. Tras la adjudicación, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, estimó que las tareas podrían comenzar en aproximadamente una semana, con la expectativa de iniciar los trabajos a principios de noviembre.

Una inversión vial de mayor alcance

La intervención en Jáchal forma parte de un programa que abarca 143 kilómetros entre Albardón y San Roque. El proyecto contempla una doble calzada entre Albardón y Villicum, terceras trochas desde Villicum hasta Talacasto y mejoras en la traza hacia el norte provincial, con obras diferenciadas según las características de cada tramo.

El financiamiento provendrá de los US$ 250 millones comprometidos por Vicuña, mediante un acuerdo que requirió aprobación legislativa. La adjudicación de Mapal representa el primer paso concreto de ese esquema de inversión en infraestructura vial.

El cronograma de otras obras, sin embargo, todavía debe completar instancias administrativas. La licitación para transformar en autovía los 3,7 kilómetros entre Callejón Blanco y calle Rawson fue prorrogada hasta el 6 de noviembre, luego de que las empresas interesadas solicitaran más tiempo para elaborar sus propuestas.

Con una inversión estimada en $85.000 millones y un plazo de ejecución de 915 días corridos, el proyecto prevé cuatro carriles separados por una barrera de hormigón, colectoras, bicisenda y cruces a distinto nivel. También incluye cuatro puentes sobre el río San Juan y en las calles De la Roza, Sarmiento y Rawson.

Las consultas empresariales estuvieron vinculadas con la complejidad técnica de las obras, la construcción de puentes y la organización de los desvíos de tránsito. La extensión del plazo no altera la adjudicación del tramo San Roque-Tucunuco.

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destacada

Nueva paritaria mercantil: subas en octubre, noviembre y diciembre

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, acordó con las principales entidades empresarias una actualización salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026, junto con un bono extraordinario de $50.000. El entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, uno de los más numerosos del empleo privado argentino.

El acuerdo fue suscripto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). La recomposición se distribuirá en tres tramos mensuales del 1,9%, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre.

A ese esquema se sumará una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000, que se abonará en dos cuotas de $25.000 con los salarios de octubre y noviembre. Además, se mantendrá el adicional fijo de $120.000 establecido en la negociación anterior durante el trimestre comprendido por el nuevo entendimiento.

Aumentos escalonados y sumas adicionales

La pauta acordada establece una actualización gradual de los ingresos durante los últimos tres meses del año. La combinación de porcentajes mensuales y sumas fijas busca sostener las remuneraciones en un período en el que el poder de compra continúa bajo presión.

Con este entendimiento, las partes establecieron la pauta salarial para el cierre de 2026. La próxima revisión, prevista para comienzos de 2027 según la información difundida sobre el acuerdo, permitirá evaluar la evolución de los precios y la necesidad de nuevas actualizaciones.

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