ADICUS denuncia un “ataque deliberado” a la universidad pública y anticipa medidas de fuerza
Los docentes universitarios rechazaron el aumento unilateral del 2% dispuesto por el Gobierno nacional y el bono extraordinario de $50.000, al que calificaron como insuficiente y ofensivo. Desde ADICUS advierten que la pérdida salarial ya ronda el 50%, denuncian incumplimientos en el financiamiento universitario y anticipan un plan de lucha con medidas duras a partir de mediados de marzo.
“Estamos frente a salarios de pobreza”, advirtió Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, al señalar que la evolución de los ingresos quedó muy por detrás del aumento general de precios, que acumuló más del 90% en el último período, mientras las recomposiciones salariales fueron mínimas y fragmentadas.
El bono extraordinario de $50.000, lejos de aliviar la situación, fue interpretado como un gesto provocador. Desde el sector docente remarcan que resulta insignificante frente a los bonos otorgados en provincias y en el sector privado, e incapaz de compensar el impacto del ajuste sobre los ingresos.
Sueldos congelados y docentes por debajo de la canasta básica
La crisis salarial tiene un correlato concreto en los recibos de sueldo. Según ADICUS, gran parte de los docentes universitarios percibe ingresos que oscilan entre los $250.000 y $300.000 mensuales, valores que se mantienen prácticamente congelados desde hace más de un año.
Los cargos más frecuentes, como los Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación simple, quedan muy por debajo del costo de la canasta básica, que ronda los $900.000. Incluso cargos de mayor dedicación no alcanzan niveles que permitan cubrir gastos elementales como alquiler, servicios y transporte.
La contradicción se profundiza, subrayan desde el gremio, cuando el Gobierno autoriza fuertes aumentos en tarifas de luz y gas —con subas promedio del 17%— mientras mantiene incrementos salariales marginales para el sector universitario.
Éxodo docente y vaciamiento silencioso
El deterioro de las condiciones laborales comienza a tener efectos estructurales. Cada vez más docentes reducen su carga horaria o directamente abandonan la universidad para buscar ingresos en el sector privado o en otras actividades.
Este fenómeno, advierten desde ADICUS, compromete la calidad académica y el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas, que dependen de planteles docentes altamente calificados pero cada vez más precarizados.
Incumplimiento del financiamiento universitario y conflicto político
Desde el gremio también denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de resoluciones judiciales que ordenan la recomposición salarial. Para Barcelona, no se trata sólo de un ajuste presupuestario, sino de una “voluntad política deliberada de estigmatizar y empobrecer” a los trabajadores docentes y no docentes.
El conflicto se inscribe así en un marco más amplio de tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que ya fue blanco de cuestionamientos discursivos y recortes presupuestarios desde el inicio de la actual gestión.
Medidas de fuerza en camino y posible impacto en el ciclo lectivo
El malestar comienza a traducirse en organización. ADICUS y los gremios nucleados en la CONADU Histórica iniciaron una ronda de reuniones internas que derivará en consultas a las bases y un congreso nacional para definir los próximos pasos.
Si bien las medidas no se activarían de inmediato para no afectar las mesas de exámenes de febrero y comienzos de marzo, el gremio anticipa un endurecimiento del plan de lucha a partir de la segunda quincena de marzo, con interrupciones prolongadas de actividades académicas.
Aunque el inicio de clases podría darse de manera dispar según cada universidad, desde el sector advierten que la continuidad del dictado está seriamente comprometida si no hay una respuesta salarial concreta.
Universitarios se suman al rechazo a la reforma laboral
El conflicto docente también se entrelaza con el debate nacional por la reforma laboral impulsada por el Gobierno. ADICUS confirmó su adhesión al paro y a las movilizaciones que convoquen las centrales sindicales, en rechazo a un proyecto que consideran regresivo y perjudicial tanto para trabajadores del sector público como privado.
“La reforma impone condiciones de subordinación extrema y elimina derechos básicos”, señalan desde el gremio, que cuestiona el debilitamiento de la negociación colectiva, las restricciones al derecho de huelga y la flexibilización de los despidos.
El rechazo al aumento del 2% expuso algo más profundo que una disputa salarial coyuntural: reveló el deterioro sostenido de los ingresos docentes, el incumplimiento de compromisos legales y el riesgo de un vaciamiento progresivo de la universidad pública. Con salarios por debajo de la línea de pobreza y un clima de creciente conflictividad, los gremios universitarios se preparan para un escenario de confrontación que amenaza con impactar de lleno en el normal desarrollo del ciclo lectivo y en el futuro del sistema universitario nacional.
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Elecciones 2027: 11 provincias ya anticiparon el desdoblamiento, mientras que San Juan aún no comunicó una decisión definitiva
La organización electoral de 2027 comienza a delinear un calendario que podría extenderse durante buena parte del año. Al menos 11 provincias anunciaron que separarán sus comicios locales de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de octubre, aunque por ahora solo Neuquén y Tucumán formalizaron sus convocatorias mediante decretos. La definición de los demás distritos dependerá de decisiones políticas y administrativas que todavía están pendientes.
Neuquén será el primer distrito en votar: el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero como fecha para elegir autoridades provinciales y municipales. Tucumán concurrirá a las urnas el 9 de mayo, mientras Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. En Salta, el gobierno provincial proyecta los comicios para el 16 de mayo, aunque la convocatoria aún debe formalizarse.
También confirmaron su intención de desdoblar Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego. En varios de esos distritos todavía no se estableció una fecha. Corrientes, que renovó la gobernación en 2025, elegirá cargos legislativos y locales, mientras que Tierra del Fuego tiene disposiciones electorales propias que determinan la separación respecto de los comicios nacionales.
En sentido contrario, Catamarca confirmó que votará el 24 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial. La Rioja todavía no definió su modalidad. Santiago del Estero, por su parte, no tendrá elecciones provinciales durante 2027, ya que renovó la gobernación y la Legislatura en 2025.
Actualmente, San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que todavía no oficializaron una resolución. Dicha falta de definición comprende también a Córdoba, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, entre otros distritos
Las mayores incógnitas se concentran en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof y Jorge Macri aún no comunicaron si convocarán a elecciones separadas o si unificarán sus calendarios con el nacional. La definición bonaerense también estará atravesada por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión forma parte de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.
Con las primeras fechas ya establecidas y numerosas convocatorias todavía pendientes, la disputa electoral comenzará a desarrollarse en distintos momentos del año. La modalidad que adopte cada provincia no solo determinará cuándo votarán sus ciudadanos: también condicionará los tiempos de armado de candidaturas, las alianzas partidarias y la articulación de las campañas locales con la competencia presidencial.
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La paritaria docente volvió a trabarse y el aumento salarial quedó pendiente hasta diciembre
La negociación salarial docente de San Juan volvió a quedar sin acuerdo. Los representantes de UDAP, UDA y AMET rechazaron el ofrecimiento del Gobierno provincial durante la tercera sesión de la Comisión Paritaria Negociadora y presentaron una contrapropuesta que amplía los reclamos hasta enero de 2027. La falta de coincidencias obligó a postergar la resolución salarial y fijar una nueva reunión para el 10 de diciembre.
El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Por la representación sindical asistieron Patricia Quiroga, por UDAP; Karina Navarro, por UDA, y Adrián Ruiz, por AMET.
Los sindicttos plantearon que el valor índice de los salarios se actualice de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior para noviembre, diciembre y enero. A ese mecanismo sumaron tres demandas concretas para el primer mes de 2027: seis puntos adicionales en todos los cargos del nomenclador docente, diez puntos más en el ítem E60 y una mejora en el concepto de conectividad.
La respuesta oficial no modificó el ofrecimiento vigente. El Ejecutivo argumentó que la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y la proximidad de los plazos administrativos para liquidar los haberes de noviembre y diciembre impedían formular una nueva propuesta. En consecuencia, ratificó el incremento del valor índice para noviembre según el IPC del mes anterior, publicado por el INDEC.
La decisión dejó sin respuesta los reclamos gremiales para los meses siguientes y mantuvo abierta la discusión sobre los adicionales. Frente a la distancia entre ambas posiciones, la parte empleadora propuso pasar a un cuarto intermedio, aceptado por los representantes sindicales.
La próxima audiencia quedó establecida para el 10 de diciembre a las 14 horas, cuando las partes deberán retomar la discusión sobre los salarios de diciembre y enero. Hasta entonces, la negociación permanecerá sin un acuerdo que defina la pauta de actualización para el cierre del año y el comienzo de 2027.
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YPF aumentó los combustibles en San Juan: llenar un tanque de Súper cuesta $111.950
La petrolera aplicó una suba de entre el 1% y el 1,5% en sus estaciones de servicio. La nafta Súper llegó a $2.239 por litro, mientras que la Infinia alcanzó los $2.445. El incremento también impactó en los precios del gasoil.
Los precios de los combustibles volvieron a subir en San Juan. YPF actualizó sus valores desde el viernes 13 de noviembre, con incrementos de entre el 1% y el 1,5% que modificaron el costo de cargar nafta y gasoil. Con la nueva tarifa, completar un tanque de 50 litros de nafta Súper demanda $111.950, unos $1.200 más que antes de la actualización.
La suba más visible se registró en la variedad Súper, que pasó de $2.215 a $2.239 por litro. La diferencia representa una suba de $24 por litro, equivalente al 1,08%. En tanto, la nafta Infinia quedó en $2.445, mientras que el Diesel 500 se comercializa a $2.425 y la Infinia Diesel llegó a $2.615.
El impacto se refleja también en el gasto que deben afrontar los conductores según la capacidad del tanque y el combustible elegido. Una carga de 40 litros de nafta Súper cuesta ahora $89.560, mientras que completar 50 litros requiere $111.950. Para quienes utilizan Infinia, los importes ascienden a $97.800 y $122.250, respectivamente.
En el caso del gasoil, llenar un tanque de 50 litros representa un desembolso de $121.250 con Diesel 500 y de $130.750 con Infinia Diesel.
La actualización se produce en un mercado en el que los valores pueden presentar diferencias entre estaciones de servicio. YPF aplica un sistema de precios dinámicos o micropricing, que contempla variables como la demanda, la ubicación, la competencia y las franjas horarias. A estos factores se suman los costos vinculados con el petróleo, el tipo de cambio y la carga impositiva.
Más allá de las variaciones que puedan registrarse en cada establecimiento, el nuevo ajuste vuelve a elevar el gasto de los usuarios que dependen del vehículo para trabajar o trasladarse diariamente. También incorpora mayores costos para las actividades vinculadas con el transporte y la distribución, en una cadena donde el combustible constituye un componente relevante de los gastos operativos.
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