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El secretario general del sindicato de estaciones de servicio de San Juan, Víctor Menéndez, analizó el reciente acuerdo salarial del sector, la persistente pérdida del poder adquisitivo y el debate por la reforma laboral. Alertó sobre el impacto en las provincias, defendió los derechos adquiridos y reclamó una salida basada en producción y empleo.

En un momento económico marcado por la desaceleración del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y un clima de creciente tensión laboral, el sector de estaciones de servicio en San Juan logró cerrar un acuerdo salarial que, aunque insuficiente frente a la realidad inflacionaria, busca evitar un mayor deterioro de los ingresos de los trabajadores. Así lo expresó Víctor Menéndez, secretario general del gremio y dirigente de la CGT regional, al analizar el cierre de la paritaria y el contexto que atraviesa el mundo del trabajo.

El acuerdo contempla un bono extraordinario de 80 mil pesos en diciembre, junto con incrementos del 4% en enero y otro 4% en febrero, con carácter remunerativo, lo que permitirá cerrar la paritaria 2025. “Sabemos que no es el salario que realmente debería ganar un trabajador, pero lo importante es no quedar totalmente desfasados”, señaló Menéndez, al tiempo que remarcó que la discusión salarial se reabrirá en abril.

Más allá de los números, el dirigente gremial fue categórico al describir la situación social. “La inflación que informa el Gobierno no se condice con lo que pasa en la calle. Los aumentos se sienten en el supermercado, en la carnicería, en la panadería”, afirmó, y reconoció que las negociaciones paritarias se desarrollan en un marco adverso, donde el objetivo central es no seguir perdiendo frente al costo de vida.

En este contexto, Menéndez advirtió que los salarios vienen quedando por debajo de la inflación desde hace varios meses, una tendencia que erosiona de manera sostenida el poder de compra. “Estamos navegando aguas turbulentas, tratando de cubrir lo esencial, pero siempre con la incertidumbre de no saber hasta cuándo se puede sostener esta situación”, graficó.

El análisis del dirigente se amplió hacia el debate de fondo que atraviesa la agenda nacional: la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Desde su rol en la CGT, Menéndez expresó una postura crítica y trazó una línea clara. “Se puede discutir una reforma que contemple a trabajadores y empresarios, especialmente a las pymes, pero no una que implique una quita masiva de derechos adquiridos”, subrayó.

Según explicó, los cambios propuestos afectan especialmente a quienes tienen antigüedad y estabilidad laboral, y trasladan el costo del ajuste al eslabón más débil. “En este país, el hilo siempre se corta por lo más delgado, y otra vez quieren que sea el trabajador”, advirtió.

Además, puso el foco en el impacto fiscal y político en las provincias, alertando que una reforma laboral como la planteada desde Nación podría significar una fuerte caída en los recursos coparticipables. “Menos impuestos para los grandes grupos económicos es menos dinero para las provincias, menos obra pública y menos capacidad de respuesta del Estado”, sostuvo, y llamó a los gobernadores y legisladores a analizar con responsabilidad cada voto.

Menéndez también se refirió a las tensiones internas dentro del movimiento obrero, donde algunos sectores reclaman medidas más confrontativas frente al Gobierno. Sin desconocer esas posiciones, valoró la instancia de diálogo que impulsa la conducción de la CGT, aunque dejó en claro que el límite es el perjuicio a los trabajadores.

El dirigente fue aún más duro al describir el modelo económico actual, al que responsabilizó por el cierre de empresas, la caída de la producción y el avance de la informalidad laboral. “Hoy la informalidad ya le gana al empleo en blanco. Es un dato alarmante”, señaló, y cuestionó los discursos oficiales que minimizan la pobreza y el deterioro social.

Planes sociales: cifras récord y un mercado laboral en retirada

Uno de los ejes centrales de la advertencia sindical estuvo puesto en la expansión de los planes sociales, un fenómeno que el sindicalista describió como el reflejo más claro del retroceso del empleo genuino. Según datos oficiales y estimaciones coincidentes, más de seis millones de personas reciben actualmente planes sociales o transferencias directas del Estado, una cifra que duplica largamente los niveles registrados hace poco más de una década.

Como referencia histórica, Menéndez recordó que a comienzos de la década de 2010 el número de beneficiarios rondaba los doscientos setenta mil planes, mientras que hoy el universo de asistencia estatal se ubica entre seis y siete millones de personas, según el tipo de programa considerado. “Nos dicen que baja la pobreza, pero cada vez hay más argentinos dependiendo de una ayuda del gobierno. Eso no es inclusión social, es fracaso del sistema productivo”, sostuvo.

Desde la mirada sindical, el diagnóstico es contundente: sin producción no hay empleo, y sin empleo no hay salida social. El gremialista cuestionó un modelo que prioriza el ajuste fiscal y la contención estadística de la pobreza, pero descuida la generación de trabajo registrado.

“Cuando cae la producción, lo primero que se pierde es el empleo. Después aparecen los planes para contener el conflicto social, pero sin resolver el problema de fondo”, señaló. Para el dirigente, el asistencialismo masivo no solo es económicamente inviable a largo plazo, sino que también debilita la cultura del trabajo y la cohesión social.

La advertencia del gremio de estaciones de servicio trasciende la paritaria y expone una crisis estructural del mercado laboral argentino. El acuerdo salarial aparece como un alivio mínimo en un escenario donde los ingresos pierden frente a la inflación, el empleo formal retrocede y más de seis millones de personas dependen de planes sociales para subsistir.

Para Víctor Menéndez, el problema no es la asistencia en sí, sino su transformación en política permanente ante la ausencia de un proyecto productivo. La salida, sostiene, no está en multiplicar subsidios ni en ajustar salarios, sino en reconstruir un modelo basado en producción, empleo registrado y salarios que permitan vivir con dignidad. Sin ese cambio de rumbo, la Argentina corre el riesgo de consolidar un esquema de pobreza administrada, sin trabajo ni futuro.

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Viento Zonda: suspenden las clases en toda la provincia y la UNSJ pasa a la virtualidad

La suspensión rige durante toda la jornada de este jueves y alcanza a todos los niveles, modalidades y turnos del sistema educativo provincial. La UNSJ también canceló la presencialidad y dispuso distintas alternativas virtuales para facultades e institutos preuniversitarios.

San Juan no tendrá clases presenciales este jueves 24 de septiembre debido al alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional ante la presencia de viento Zonda. El Ministerio de Educación provincial dispuso la suspensión preventiva de toda la actividad escolar, mientras que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) adoptó medidas diferenciadas para sus facultades y dependencias.

La decisión del Gobierno provincial alcanza a todos los turnos, niveles y modalidades durante toda la jornada. También quedaron suspendidos los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra previstos para este jueves, que deberán ser generados nuevamente por los directores de los establecimientos.

Educación activó además el Plan de Contingencia establecido por la Resolución 12.277-ME-2024. La medida fue adoptada a partir del informe meteorológico y de la recomendación de la Dirección de Protección Civil, con el objetivo de evitar los desplazamientos de estudiantes, docentes y personal educativo durante el período de mayor riesgo.

Debido a la interrupción de las actividades, la entrega de computadoras de Maestro de América también debió ser calendarizada en una nueva fecha., Cultivando el Futuro, prevista para este jueves en Caucete y Pocito. Las autoridades de cada escuela comunicarán las nuevas fechas del operativo.

Qué pasará en la UNSJ

La Universidad Nacional de San Juan también resolvió eliminar la presencialidad durante toda la jornada en sus institutos preuniversitarios y modificar el funcionamiento de las facultades.

La decisión fue comunicada por la Secretaría Académica luego del alerta del SMN y de la recomendación de Protección Civil.

En Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Ciencias Sociales; Arquitectura, Urbanismo y Diseño; y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, las actividades presenciales serán reemplazadas por propuestas virtuales.

En Ingeniería, el dictado académico continuará de manera virtual, mientras que las tareas administrativas se mantendrán de forma presencial únicamente entre las 7 y las 11.

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes suspendió la atención administrativa presencial y mantendrá las actividades académicas mediante modalidad virtual, de acuerdo con las indicaciones de cada cátedra.

Los Institutos Preuniversitarios —entre ellos la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento— también trasladarán las actividades académicas a la modalidad no presencial durante toda la jornada.

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Tecnología en las aulas: 1.800 estudiantes de Rawson recibieron sus equipos

La entrega alcanzó a estudiantes de quinto grado de escuelas estatales y se realizó en el estadio Aldo Cantoni. El Gobierno provincial prevé distribuir más de 20.000 equipos durante 2026, después de haber entregado 25.000 durante el año pasado.

El Gobierno de San Juan entregó alrededor de 1.800 computadoras a estudiantes de quinto grado de escuelas públicas de Rawson, en una nueva etapa del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro”. El acto se realizó en el estadio Aldo Cantoni y fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, junto con la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray.

La distribución está destinada a la totalidad de los alumnos de quinto grado de las instituciones de gestión estatal del departamento y se incorpora a un despliegue que ya alcanzó a escuelas de distintos puntos de la provincia. Durante las últimas semanas recibieron dispositivos estudiantes de San Martín, Angaco, Albardón y 9 de Julio, además de alumnos de Jáchal, Vallecito y Bermejo.

Según informó la Provincia, el programa contempla más de 20.000 computadoras durante 2026, que se suman a las 25.000 entregadas en 2025. La cobertura prevista permitirá alcanzar a la matrícula de 5° y 6° grado de primaria y 1° y 2° año de secundaria de gestión estatal, incluidas las modalidades orientada y técnica.

En Capital ya comenzó la segunda etapa de distribución, con más de 1.500 equipos para estudiantes de primaria, luego de una primera entrega que había alcanzado a más de 2.500 alumnos secundarios. En otros departamentos, la distribución superó los 800 dispositivos en Jáchal, mientras que también se incorporaron establecimientos de zonas como Vallecito y Bermejo.

La política no se limita a los estudiantes. El Ejecutivo provincial informó que ya fueron entregadas computadoras a 3.000 docentes, entre profesores de especialidades, maestros celadores, integrantes de equipos móviles y docentes de las Unidades Educativas para Adultos.

Durante el acto, Orrego señaló que la ampliación del equipamiento busca acompañar la incorporación de tecnología al sistema educativo y anticipó una nueva adquisición de 50.000 computadoras, aunque esa cifra corresponde a una compra proyectada y no a la entrega inmediata anunciada para Rawson.

El programa articula los dispositivos con EDUGE, el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa, y con el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, que incorpora herramientas de alfabetización digital. La iniciativa también forma parte del proceso de modernización administrativa aplicado al sistema educativo.

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Universidades: la Justicia intimó al Gobierno a cumplir la ley en cinco días

La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795, incluida la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La resolución establece además que, si el Estado no acredita el cumplimiento dentro del plazo fijado, podrán aplicarse multas económicas diarias —astreintes— por cada jornada de demora. El pronunciamiento se produjo después de que el magistrado analizara la información remitida por el Ministerio de Capital Humano y concluyera que no alcanzaba para demostrar que la cautelar hubiera sido cumplida en su totalidad.

El reclamo judicial está vinculado con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en 2025. El artículo 5 establece que los salarios de docentes y no docentes deben actualizarse por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, tomando como referencia la variación del IPC informada por el INDEC. También dispone que las actualizaciones posteriores se incorporen a la negociación paritaria con una periodicidad que no supere los tres meses y con una referencia mensual no inferior a la inflación.

La misma ley contempla la recomposición y actualización de las becas estudiantiles. El artículo 6 dispone que los programas de becas deben actualizarse de acuerdo con la variación acumulada del IPC desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de prever un incremento progresivo de la cantidad de beneficiarios.

El porcentaje de recomposición salarial que aparece en la discusión judicial y sindical ronda el 33%. La cifra es presentada por las organizaciones universitarias como el incremento necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023; la aplicación concreta deberá ajustarse a lo dispuesto por la ley y a la resolución judicial.

La decisión de Cormick también tiene un antecedente inmediato. Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar al considerar que el acuerdo alcanzado en junio no demostraba que la cuestión hubiera quedado resuelta. En esa oportunidad había solicitado al Estado que detallara y documentara el grado de cumplimiento alcanzado.

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