Víctor Menéndez: “No se puede salir de la crisis ajustando siempre sobre los trabajadores”

El secretario general del sindicato de estaciones de servicio de San Juan, Víctor Menéndez, analizó el reciente acuerdo salarial del sector, la persistente pérdida del poder adquisitivo y el debate por la reforma laboral. Alertó sobre el impacto en las provincias, defendió los derechos adquiridos y reclamó una salida basada en producción y empleo.

En un momento económico marcado por la desaceleración del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y un clima de creciente tensión laboral, el sector de estaciones de servicio en San Juan logró cerrar un acuerdo salarial que, aunque insuficiente frente a la realidad inflacionaria, busca evitar un mayor deterioro de los ingresos de los trabajadores. Así lo expresó Víctor Menéndez, secretario general del gremio y dirigente de la CGT regional, al analizar el cierre de la paritaria y el contexto que atraviesa el mundo del trabajo.

El acuerdo contempla un bono extraordinario de 80 mil pesos en diciembre, junto con incrementos del 4% en enero y otro 4% en febrero, con carácter remunerativo, lo que permitirá cerrar la paritaria 2025. “Sabemos que no es el salario que realmente debería ganar un trabajador, pero lo importante es no quedar totalmente desfasados”, señaló Menéndez, al tiempo que remarcó que la discusión salarial se reabrirá en abril.

Más allá de los números, el dirigente gremial fue categórico al describir la situación social. “La inflación que informa el Gobierno no se condice con lo que pasa en la calle. Los aumentos se sienten en el supermercado, en la carnicería, en la panadería”, afirmó, y reconoció que las negociaciones paritarias se desarrollan en un marco adverso, donde el objetivo central es no seguir perdiendo frente al costo de vida.

En este contexto, Menéndez advirtió que los salarios vienen quedando por debajo de la inflación desde hace varios meses, una tendencia que erosiona de manera sostenida el poder de compra. “Estamos navegando aguas turbulentas, tratando de cubrir lo esencial, pero siempre con la incertidumbre de no saber hasta cuándo se puede sostener esta situación”, graficó.

El análisis del dirigente se amplió hacia el debate de fondo que atraviesa la agenda nacional: la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Desde su rol en la CGT, Menéndez expresó una postura crítica y trazó una línea clara. “Se puede discutir una reforma que contemple a trabajadores y empresarios, especialmente a las pymes, pero no una que implique una quita masiva de derechos adquiridos”, subrayó.

Según explicó, los cambios propuestos afectan especialmente a quienes tienen antigüedad y estabilidad laboral, y trasladan el costo del ajuste al eslabón más débil. “En este país, el hilo siempre se corta por lo más delgado, y otra vez quieren que sea el trabajador”, advirtió.

Además, puso el foco en el impacto fiscal y político en las provincias, alertando que una reforma laboral como la planteada desde Nación podría significar una fuerte caída en los recursos coparticipables. “Menos impuestos para los grandes grupos económicos es menos dinero para las provincias, menos obra pública y menos capacidad de respuesta del Estado”, sostuvo, y llamó a los gobernadores y legisladores a analizar con responsabilidad cada voto.

Menéndez también se refirió a las tensiones internas dentro del movimiento obrero, donde algunos sectores reclaman medidas más confrontativas frente al Gobierno. Sin desconocer esas posiciones, valoró la instancia de diálogo que impulsa la conducción de la CGT, aunque dejó en claro que el límite es el perjuicio a los trabajadores.

El dirigente fue aún más duro al describir el modelo económico actual, al que responsabilizó por el cierre de empresas, la caída de la producción y el avance de la informalidad laboral. “Hoy la informalidad ya le gana al empleo en blanco. Es un dato alarmante”, señaló, y cuestionó los discursos oficiales que minimizan la pobreza y el deterioro social.

Planes sociales: cifras récord y un mercado laboral en retirada

Uno de los ejes centrales de la advertencia sindical estuvo puesto en la expansión de los planes sociales, un fenómeno que el sindicalista describió como el reflejo más claro del retroceso del empleo genuino. Según datos oficiales y estimaciones coincidentes, más de seis millones de personas reciben actualmente planes sociales o transferencias directas del Estado, una cifra que duplica largamente los niveles registrados hace poco más de una década.

Como referencia histórica, Menéndez recordó que a comienzos de la década de 2010 el número de beneficiarios rondaba los doscientos setenta mil planes, mientras que hoy el universo de asistencia estatal se ubica entre seis y siete millones de personas, según el tipo de programa considerado. “Nos dicen que baja la pobreza, pero cada vez hay más argentinos dependiendo de una ayuda del gobierno. Eso no es inclusión social, es fracaso del sistema productivo”, sostuvo.

Desde la mirada sindical, el diagnóstico es contundente: sin producción no hay empleo, y sin empleo no hay salida social. El gremialista cuestionó un modelo que prioriza el ajuste fiscal y la contención estadística de la pobreza, pero descuida la generación de trabajo registrado.

“Cuando cae la producción, lo primero que se pierde es el empleo. Después aparecen los planes para contener el conflicto social, pero sin resolver el problema de fondo”, señaló. Para el dirigente, el asistencialismo masivo no solo es económicamente inviable a largo plazo, sino que también debilita la cultura del trabajo y la cohesión social.

La advertencia del gremio de estaciones de servicio trasciende la paritaria y expone una crisis estructural del mercado laboral argentino. El acuerdo salarial aparece como un alivio mínimo en un escenario donde los ingresos pierden frente a la inflación, el empleo formal retrocede y más de seis millones de personas dependen de planes sociales para subsistir.

Para Víctor Menéndez, el problema no es la asistencia en sí, sino su transformación en política permanente ante la ausencia de un proyecto productivo. La salida, sostiene, no está en multiplicar subsidios ni en ajustar salarios, sino en reconstruir un modelo basado en producción, empleo registrado y salarios que permitan vivir con dignidad. Sin ese cambio de rumbo, la Argentina corre el riesgo de consolidar un esquema de pobreza administrada, sin trabajo ni futuro.