El Gobierno ratificó al gremio APINTA un plan de despidos en el INTA y el remate de la mitad de sus tierras
Las autoridades del organismo confirmaron la continuidad del ajuste: prevén la salida de 1.300 trabajadores mediante retiros voluntarios y avanzan con un plan inmobiliario que incluye la venta de más de 47 mil hectáreas destinadas a investigación y desarrollo.
La agenda de ajuste del Gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) no se detiene con el inicio de 2026. En una reunión mantenida entre la nueva conducción del gremio APINTA y las máximas autoridades del organismo, el Ejecutivo ratificó su decisión de profundizar el recorte de personal y avanzar con el remate de una porción significativa de las tierras destinadas históricamente a investigación científica y transferencia tecnológica.
El mensaje fue transmitido de manera directa por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, al secretario general saliente de APINTA, Mario Romero, quien confirmó que el rumbo del organismo no sufrió modificaciones pese al cambio de año. “La agenda de las autoridades del INTA y del gobierno viene siendo la misma y va a ser la misma en este año, con respecto a reducción de estructuras y retiro voluntario”, sostuvo el dirigente sindical.
Un nuevo retiro voluntario desde marzo
Según lo informado en el encuentro, las autoridades prevén lanzar un nuevo plan de retiros voluntarios a partir de marzo, iniciativa que será tratada formalmente el próximo 29 de enero en una reunión del Consejo Directivo del organismo. La propuesta, de acuerdo con versiones anticipadas por el medio especializado Bichos de Campo, contemplaría una compensación de 1,1 sueldos por año trabajado para quienes opten por dejar la institución.
Bronzovich estuvo acompañado en la reunión por el vicepresidente del INTA, Carlos Vera; el coordinador de Recursos Humanos, Sebastián Ibarra; y el gerente de dictámenes jurídicos, Martín Navarro. Además de repasar la situación institucional, el encuentro sirvió para presentar formalmente a Pablo García, nuevo secretario general de APINTA.
Romero advirtió que, más allá del formato voluntario, el gremio mantiene una postura firme de rechazo. “Nuestra posición es negativa, no estamos de acuerdo y esto se lo manifestamos a las autoridades”, remarcó en un mensaje enviado a los delegados de todo el país.
El objetivo oficial: achicar drásticamente la planta
El plan de ajuste tiene un objetivo concreto: reducir la dotación del INTA a unos 4.500 empleados. Al inicio de la actual gestión, el organismo contaba con aproximadamente 6.300 trabajadores. Hoy la planta se ubica en torno a los 5.800, tras jubilaciones anticipadas, no renovación de becas, renuncias motivadas por la parálisis de proyectos y un primer retiro voluntario implementado en 2024, al que solo se acogieron unos 300 empleados.
Para el gremio, estas cifras evidencian un deterioro progresivo del sistema científico-tecnológico vinculado al agro. “Hay gente que se va cansada del manoseo institucional y de la falta de condiciones para investigar”, advierten desde APINTA.
El plan inmobiliario: venta de tierras estratégicas
En paralelo al ajuste laboral, el Gobierno impulsa un plan de venta de activos inmobiliarios que genera fuerte preocupación en la comunidad científica. La iniciativa contempla el remate de unas 47.500 hectáreas, casi la mitad de las 101.500 hectáreas que posee el INTA en todo el país, actualmente destinadas a estaciones experimentales, ensayos productivos y tareas de extensión rural.
Desde el oficialismo, esas tierras son calificadas como “en desuso”, una definición que el gremio y especialistas del sector rechazan de plano. Para APINTA, se trata de activos estratégicos cuyo valor no puede medirse únicamente en términos inmobiliarios, sino por su aporte a la soberanía tecnológica y productiva.
Este capítulo del plan aparece además vinculado a la figura del empresario Eduardo Elsztain, uno de los principales referentes del negocio inmobiliario en la Argentina y cercano al presidente Javier Milei. En ese marco, el nombramiento de Nicolás Pakgojz, hombre de confianza de Elsztain, al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encendió alarmas en el sector. Según trascendió, ya se iniciaron tareas de medición y relevamiento de las tierras del INTA con vistas a su eventual remate.
Reestructuración y conflicto latente
Además de los retiros voluntarios, las autoridades plantearon una reorganización interna del organismo, con reducción de cargos jerárquicos y una estandarización de las estructuras de los Centros Regionales. “Hablan de que todos tengan más o menos la misma estructura”, explicó Romero, lo que en la práctica implicaría una poda adicional de funciones y responsabilidades.
El conflicto, lejos de cerrarse, promete escalar en los próximos meses. Para APINTA, la ofensiva oficial no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que compromete el rol histórico del INTA como pilar del desarrollo agropecuario y científico del país.
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Ir al dentista se vuelve un privilegio: el 65% de los argentinos tiene caries sin tratar
El encarecimiento de los tratamientos y las dificultades para acceder a coberturas médicas alejan a miles de personas de los consultorios odontológicos. Una consulta inicial ronda los $60.000, una restauración simple cuesta $95.000 y un implante puede alcanzar los $700.000.
La atención odontológica comienza a convertirse en un gasto difícil de afrontar para una parte creciente de la población argentina. El costo de los tratamientos, la reducción de las coberturas privadas y las dificultades económicas de los hogares están modificando los hábitos de cuidado bucal: cada vez más personas postergan los controles preventivos y recurren al profesional cuando el dolor o una infección ya no permiten seguir esperando.
Las cifras del sector reflejan la dimensión del problema. Más del 65% de los argentinos convive con caries sin tratar o enfermedades en las encías, mientras que apenas cuatro de cada diez concurren al odontólogo al menos una vez al año. La atención preventiva pierde terreno frente a las urgencias, una tendencia que incrementa el riesgo de complicaciones y tratamientos de mayor complejidad.
Los valores de la atención privada permiten dimensionar las barreras económicas. Una consulta inicial con control y fichado ronda los $60.000; una restauración por una caries simple alcanza los $95.000 y una limpieza dental se ubica en torno a los $120.000. Cuando se requieren intervenciones más complejas, los importes aumentan considerablemente: una extracción simple cuesta aproximadamente $137.500, un tratamiento de conducto llega a $280.000 y un implante dental puede demandar $700.000 por pieza. El conjunto de perno y corona alcanza los $750.000.
La ortodoncia también representa un desembolso significativo. Los tratamientos con alineadores invisibles se cotizan alrededor de los 1.100 dólares para la primera etapa, mientras que los brackets metálicos rondan los 1.300 dólares. Son montos que quedan fuera del alcance de numerosos presupuestos familiares, especialmente cuando deben afrontarse sin reintegros ni cobertura médica.
Detrás de estos valores existe una estructura de costos que también presiona sobre los profesionales. Los insumos descartables, los materiales odontológicos y buena parte del equipamiento dependen de componentes importados, mientras que el mantenimiento de los consultorios exige gastos permanentes. Según las entidades del sector, el valor de referencia de la hora odontológica supera los $71.000, una cifra que refleja el esfuerzo económico necesario para sostener la atención.
A esa dificultad se suma el desfasaje entre los aranceles reconocidos por obras sociales y empresas de medicina prepaga y los costos reales de cada prestación. Las organizaciones profesionales advierten que numerosos convenios dejaron de resultar sostenibles, lo que llevó a odontólogos a interrumpir acuerdos, establecer copagos o limitar la atención a determinados planes. Entre las coberturas afectadas por estas dificultades aparecen PAMI e IOMA.
La pérdida de capacidad de pago de los pacientes también profundiza el problema. Los aumentos de las cuotas de medicina prepaga llevaron a numerosos usuarios a modificar sus planes o abandonar esas prestaciones, mientras que otros debieron recurrir a obras sociales con dificultades para garantizar turnos y servicios. El resultado es una mayor demanda sobre los establecimientos públicos y universitarios.
En hospitales-escuela y centros municipales de atención primaria, las consultas y las filas para conseguir asistencia evidencian la presión sobre el sistema. Sin embargo, la atención de guardia tiene alcances limitados: permite aliviar el dolor o tratar una infección puntual, pero no necesariamente resolver la enfermedad que originó el cuadro.
Departamentales
Tía Maruca cambia de dueño: qué pasará con la planta industrial de San Juan
La compañía del grupo Pérez Companc acordó adquirir la tradicional marca de galletitas y sus derechos comerciales en Argentina y otros mercados regionales. La fábrica Dilexis, ubicada en Albardón, quedó expresamente fuera de la operación, una aclaración relevante para la estructura industrial sanjuanina.
El mercado argentino de alimentos registró un nuevo movimiento empresario con la incorporación de Tía Maruca al portafolio de Molinos Río de la Plata. La compañía presidida por Luis Pérez Companc firmó un acuerdo para adquirir el 100% de la tradicional marca de galletitas, en una operación que comprende sus derechos comerciales en Argentina y determinados mercados de la región. Sin embargo, la transacción no incluye la planta industrial Dilexis, ubicada en Albardón, San Juan.
La aclaración tiene especial relevancia para la provincia, debido a la trayectoria que la marca construyó alrededor de su establecimiento industrial sanjuanino. Según precisaron fuentes consultadas por medios locales, el acuerdo comprende exclusivamente la marca y no contempla la transferencia de la fábrica. De esta manera, la adquisición anunciada por Molinos no implica un cambio de titularidad de la planta de Albardón.
La operación representa un nuevo avance de Molinos en el negocio de las galletitas, una categoría en la que busca ampliar su participación y competir con empresas de fuerte presencia en las góndolas. El movimiento se produce pocos días después de que completara la adquisición de un complejo industrial en Banda del Río Salí, Tucumán, que incorporó activos productivos y personal a su estructura. La combinación de capacidad industrial y una marca reconocida le permite avanzar en el desarrollo de esta nueva línea comercial.
Fundada en 1998, Tía Maruca construyó su identidad a partir de productos tradicionales como pepas, surtidos y bizcochos, con una propuesta orientada al consumo masivo. Su recorrido empresarial, sin embargo, estuvo atravesado por dificultades financieras: en 2019 ingresó en concurso preventivo y posteriormente atravesó un proceso de reorganización. En 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la compañía, en una etapa de recuperación y reposicionamiento de la marca.
Desde Molinos, su CEO, Agustín Llanos, destacó el reconocimiento que conserva Tía Maruca entre los consumidores y afirmó que el objetivo será preservar su identidad y potenciarla mediante las capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas de la compañía. Por la parte vendedora, Pablo Tamburo consideró que el proceso de recuperación permitió reposicionar a la firma y abrir una nueva etapa para su desarrollo.
La incorporación amplía el catálogo de una empresa que ya comercializa marcas tradicionales como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Exquisita, Cocinero, Blancaflor y La Salteña. La concreción definitiva del acuerdo, no obstante, permanece sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.
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San Juan reunirá a más de 320 empresas en el FNS Forum 2026 y busca atraer nuevas inversiones
La provinicia se prepara para una nueva instancia de vinculación empresarial con una convocatoria que anticipa una intensa agenda de negociaciones comerciales y oportunidades de inversión. El FNS Forum 2026 llegará a su tercera edición con 333 participantes inscriptos y 321 reuniones individuales confirmadas, en una propuesta que busca conectar la producción provincial con compradores, compañías e inversores de distintos mercados.
La actividad se desarrollará el jueves 19 de noviembre, de 8 a 15, en el Centro Cultural Conte Grand, como parte de la programación de la Fiesta Nacional del Sol. Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria es la participación de empresas provenientes de otras provincias y del exterior, una presencia que amplía las posibilidades de vinculación para los emprendimientos y proyectos productivos sanjuaninos.
De acuerdo con los registros del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la Ronda de Inversiones concentra 259 participantes, de los cuales 140 pertenecen a firmas de otras jurisdicciones o mercados internacionales. Esa participación representa el 54% del total de inscriptos en esta instancia. Hasta el momento, se coordinaron 186 encuentros individuales, orientados a vincular proyectos con potenciales inversores y entidades de financiamiento.
La agenda se completa con la Ronda de Negocios de Alimentos y Bebidas, que reúne a 74 participantes y tiene 135 reuniones comerciales confirmadas. Allí confluirán productores y elaboradores locales con representantes de cadenas de supermercados y compradores nacionales e internacionales. La organización informó que los encuentros confirmados representan el 64% de las agendas solicitadas.
Las reuniones fueron organizadas de manera individual, de acuerdo con los perfiles comerciales y las posibilidades concretas de vinculación entre las partes. En el espacio de inversiones estarán representadas actividades como minería, agroindustria, energía, economía del conocimiento, infraestructura, turismo y servicios, áreas que concentran proyectos y oportunidades de expansión para la economía provincial.
Con el lema “Diversidad y competitividad para conectar, inspirar y pensar en nuestro futuro”, el foro busca trascender la agenda institucional de la Fiesta Nacional del Sol y convertirse en una plataforma de negocios. La expectativa oficial es que los contactos establecidos puedan transformarse en operaciones comerciales, financiamiento para nuevos emprendimientos y proyectos de inversión capaces de ampliar la capacidad productiva y generar empleo en San Juan.
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