El Gobierno ratificó al gremio APINTA un plan de despidos en el INTA y el remate de la mitad de sus tierras

Las autoridades del organismo confirmaron la continuidad del ajuste: prevén la salida de 1.300 trabajadores mediante retiros voluntarios y avanzan con un plan inmobiliario que incluye la venta de más de 47 mil hectáreas destinadas a investigación y desarrollo.

La agenda de ajuste del Gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) no se detiene con el inicio de 2026. En una reunión mantenida entre la nueva conducción del gremio APINTA y las máximas autoridades del organismo, el Ejecutivo ratificó su decisión de profundizar el recorte de personal y avanzar con el remate de una porción significativa de las tierras destinadas históricamente a investigación científica y transferencia tecnológica.

El mensaje fue transmitido de manera directa por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, al secretario general saliente de APINTA, Mario Romero, quien confirmó que el rumbo del organismo no sufrió modificaciones pese al cambio de año. “La agenda de las autoridades del INTA y del gobierno viene siendo la misma y va a ser la misma en este año, con respecto a reducción de estructuras y retiro voluntario”, sostuvo el dirigente sindical.

Un nuevo retiro voluntario desde marzo

Según lo informado en el encuentro, las autoridades prevén lanzar un nuevo plan de retiros voluntarios a partir de marzo, iniciativa que será tratada formalmente el próximo 29 de enero en una reunión del Consejo Directivo del organismo. La propuesta, de acuerdo con versiones anticipadas por el medio especializado Bichos de Campo, contemplaría una compensación de 1,1 sueldos por año trabajado para quienes opten por dejar la institución.

Bronzovich estuvo acompañado en la reunión por el vicepresidente del INTA, Carlos Vera; el coordinador de Recursos Humanos, Sebastián Ibarra; y el gerente de dictámenes jurídicos, Martín Navarro. Además de repasar la situación institucional, el encuentro sirvió para presentar formalmente a Pablo García, nuevo secretario general de APINTA.

Romero advirtió que, más allá del formato voluntario, el gremio mantiene una postura firme de rechazo. “Nuestra posición es negativa, no estamos de acuerdo y esto se lo manifestamos a las autoridades”, remarcó en un mensaje enviado a los delegados de todo el país.

El objetivo oficial: achicar drásticamente la planta

El plan de ajuste tiene un objetivo concreto: reducir la dotación del INTA a unos 4.500 empleados. Al inicio de la actual gestión, el organismo contaba con aproximadamente 6.300 trabajadores. Hoy la planta se ubica en torno a los 5.800, tras jubilaciones anticipadas, no renovación de becas, renuncias motivadas por la parálisis de proyectos y un primer retiro voluntario implementado en 2024, al que solo se acogieron unos 300 empleados.

Para el gremio, estas cifras evidencian un deterioro progresivo del sistema científico-tecnológico vinculado al agro. “Hay gente que se va cansada del manoseo institucional y de la falta de condiciones para investigar”, advierten desde APINTA.

El plan inmobiliario: venta de tierras estratégicas

En paralelo al ajuste laboral, el Gobierno impulsa un plan de venta de activos inmobiliarios que genera fuerte preocupación en la comunidad científica. La iniciativa contempla el remate de unas 47.500 hectáreas, casi la mitad de las 101.500 hectáreas que posee el INTA en todo el país, actualmente destinadas a estaciones experimentales, ensayos productivos y tareas de extensión rural.

Desde el oficialismo, esas tierras son calificadas como “en desuso”, una definición que el gremio y especialistas del sector rechazan de plano. Para APINTA, se trata de activos estratégicos cuyo valor no puede medirse únicamente en términos inmobiliarios, sino por su aporte a la soberanía tecnológica y productiva.

Este capítulo del plan aparece además vinculado a la figura del empresario Eduardo Elsztain, uno de los principales referentes del negocio inmobiliario en la Argentina y cercano al presidente Javier Milei. En ese marco, el nombramiento de Nicolás Pakgojz, hombre de confianza de Elsztain, al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encendió alarmas en el sector. Según trascendió, ya se iniciaron tareas de medición y relevamiento de las tierras del INTA con vistas a su eventual remate.

Reestructuración y conflicto latente

Además de los retiros voluntarios, las autoridades plantearon una reorganización interna del organismo, con reducción de cargos jerárquicos y una estandarización de las estructuras de los Centros Regionales. “Hablan de que todos tengan más o menos la misma estructura”, explicó Romero, lo que en la práctica implicaría una poda adicional de funciones y responsabilidades.

El conflicto, lejos de cerrarse, promete escalar en los próximos meses. Para APINTA, la ofensiva oficial no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que compromete el rol histórico del INTA como pilar del desarrollo agropecuario y científico del país.