Reforma laboral: El peronismo busca ampliar el debate y frenar el retroceso en derechos
Diputados y diputadas de Unión por la Patria presentaron un proyecto de modernización laboral que se posiciona como alternativa a la reforma impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa propone fortalecer la negociación colectiva, reducir la jornada laboral, regular el trabajo en plataformas y aliviar las cargas sobre las pymes, con eje en el empleo y los derechos laborales.
El proyecto lleva la firma de Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Emir Félix, Juan Pablo Luque y Pablo Todero, y fue presentado como una respuesta a la propuesta del oficialismo libertario, a la que cuestionan por implicar un retroceso en materia de derechos laborales y por desconocer las transformaciones contemporáneas del mundo del trabajo.
Desde UxP sostienen que la iniciativa asume los desafíos actuales y se alinea con debates y tendencias que se desarrollan a nivel internacional, priorizando el trabajo digno, el equilibrio democrático en las relaciones laborales y el rol central de la negociación colectiva como herramienta de regulación y protección de los trabajadores.
Entre los ejes principales del proyecto se destacan el fortalecimiento de los acuerdos colectivos de trabajo y la defensa del sistema paritario, en contraposición a esquemas de flexibilización individual que, según advierten, debilitan el poder de negociación de los trabajadores. La propuesta también contempla la modificación del régimen de corresponsabilidad parental, con el objetivo de avanzar hacia un esquema más equitativo en materia de licencias y cuidados.
Otro punto central es la reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales, una discusión que gana terreno en distintos países y que, según los impulsores del proyecto, apunta a mejorar la calidad de vida, la productividad y el reparto del tiempo de trabajo. A esto se suma la creación de comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos laborales, así como la modernización y el fortalecimiento de los mecanismos de inspección del trabajo.
La iniciativa incorpora además la regulación del trabajo en plataformas digitales, uno de los segmentos de mayor crecimiento y precarización en los últimos años. El objetivo es otorgar un marco legal que garantice derechos laborales básicos y condiciones de trabajo justas para quienes se desempeñan en ese ámbito.
En materia de sostenimiento del empleo, el proyecto propone la reducción progresiva de las contribuciones patronales para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con la intención de aliviar costos sin afectar el financiamiento del sistema de seguridad social.
También se incluye un esquema de financiamiento bancario de las indemnizaciones, orientado a otorgar previsibilidad a las empresas y protección a los trabajadores ante situaciones de despido.
Al presentar la iniciativa, Kelly Olmos cuestionó con dureza la propuesta del Poder Ejecutivo. “Lejos de modernizar, la propuesta oficial se inscribe en un modelo de concentración económica, desindustrialización y debilitamiento de la ciencia, la educación pública y las universidades, con efectos directos sobre el empleo, los ingresos y la cohesión social”, sostuvo.
En la misma línea, la exministra de Trabajo remarcó que el peronismo no se limita a rechazar el proyecto del Gobierno, sino que busca instalar una agenda propia. “No solamente nos oponemos a este intento de volver al siglo XIX, sino que además proponemos reformas concretas para mejorar la realidad efectiva de las trabajadoras y los trabajadores en el siglo XXI”, afirmó.
La presentación del proyecto de modernización laboral de Unión por la Patria introduce una alternativa de fondo en un debate clave para el futuro del empleo en Argentina. Frente a una reforma oficial cuestionada por su sesgo regresivo, la iniciativa peronista propone combinar actualización normativa, ampliación de derechos y estímulos a las pymes, en sintonía con las transformaciones del mundo del trabajo. El desafío ahora será trasladar esa discusión al Congreso y construir consensos en un contexto político atravesado por tensiones económicas, sociales y productivas de alta intensidad.
Departamentales
Tía Maruca cambia de dueño: qué pasará con la planta industrial de San Juan
La compañía del grupo Pérez Companc acordó adquirir la tradicional marca de galletitas y sus derechos comerciales en Argentina y otros mercados regionales. La fábrica Dilexis, ubicada en Albardón, quedó expresamente fuera de la operación, una aclaración relevante para la estructura industrial sanjuanina.
El mercado argentino de alimentos registró un nuevo movimiento empresario con la incorporación de Tía Maruca al portafolio de Molinos Río de la Plata. La compañía presidida por Luis Pérez Companc firmó un acuerdo para adquirir el 100% de la tradicional marca de galletitas, en una operación que comprende sus derechos comerciales en Argentina y determinados mercados de la región. Sin embargo, la transacción no incluye la planta industrial Dilexis, ubicada en Albardón, San Juan.
La aclaración tiene especial relevancia para la provincia, debido a la trayectoria que la marca construyó alrededor de su establecimiento industrial sanjuanino. Según precisaron fuentes consultadas por medios locales, el acuerdo comprende exclusivamente la marca y no contempla la transferencia de la fábrica. De esta manera, la adquisición anunciada por Molinos no implica un cambio de titularidad de la planta de Albardón.
La operación representa un nuevo avance de Molinos en el negocio de las galletitas, una categoría en la que busca ampliar su participación y competir con empresas de fuerte presencia en las góndolas. El movimiento se produce pocos días después de que completara la adquisición de un complejo industrial en Banda del Río Salí, Tucumán, que incorporó activos productivos y personal a su estructura. La combinación de capacidad industrial y una marca reconocida le permite avanzar en el desarrollo de esta nueva línea comercial.
Fundada en 1998, Tía Maruca construyó su identidad a partir de productos tradicionales como pepas, surtidos y bizcochos, con una propuesta orientada al consumo masivo. Su recorrido empresarial, sin embargo, estuvo atravesado por dificultades financieras: en 2019 ingresó en concurso preventivo y posteriormente atravesó un proceso de reorganización. En 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la compañía, en una etapa de recuperación y reposicionamiento de la marca.
Desde Molinos, su CEO, Agustín Llanos, destacó el reconocimiento que conserva Tía Maruca entre los consumidores y afirmó que el objetivo será preservar su identidad y potenciarla mediante las capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas de la compañía. Por la parte vendedora, Pablo Tamburo consideró que el proceso de recuperación permitió reposicionar a la firma y abrir una nueva etapa para su desarrollo.
La incorporación amplía el catálogo de una empresa que ya comercializa marcas tradicionales como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Exquisita, Cocinero, Blancaflor y La Salteña. La concreción definitiva del acuerdo, no obstante, permanece sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.
destacada
Elecciones 2027: 11 provincias ya anticiparon el desdoblamiento, mientras que San Juan aún no comunicó una decisión definitiva
La organización electoral de 2027 comienza a delinear un calendario que podría extenderse durante buena parte del año. Al menos 11 provincias anunciaron que separarán sus comicios locales de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de octubre, aunque por ahora solo Neuquén y Tucumán formalizaron sus convocatorias mediante decretos. La definición de los demás distritos dependerá de decisiones políticas y administrativas que todavía están pendientes.
Neuquén será el primer distrito en votar: el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero como fecha para elegir autoridades provinciales y municipales. Tucumán concurrirá a las urnas el 9 de mayo, mientras Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. En Salta, el gobierno provincial proyecta los comicios para el 16 de mayo, aunque la convocatoria aún debe formalizarse.
También confirmaron su intención de desdoblar Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego. En varios de esos distritos todavía no se estableció una fecha. Corrientes, que renovó la gobernación en 2025, elegirá cargos legislativos y locales, mientras que Tierra del Fuego tiene disposiciones electorales propias que determinan la separación respecto de los comicios nacionales.
En sentido contrario, Catamarca confirmó que votará el 24 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial. La Rioja todavía no definió su modalidad. Santiago del Estero, por su parte, no tendrá elecciones provinciales durante 2027, ya que renovó la gobernación y la Legislatura en 2025.
Actualmente, San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que todavía no oficializaron una resolución. Dicha falta de definición comprende también a Córdoba, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, entre otros distritos
Las mayores incógnitas se concentran en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof y Jorge Macri aún no comunicaron si convocarán a elecciones separadas o si unificarán sus calendarios con el nacional. La definición bonaerense también estará atravesada por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión forma parte de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.
Con las primeras fechas ya establecidas y numerosas convocatorias todavía pendientes, la disputa electoral comenzará a desarrollarse en distintos momentos del año. La modalidad que adopte cada provincia no solo determinará cuándo votarán sus ciudadanos: también condicionará los tiempos de armado de candidaturas, las alianzas partidarias y la articulación de las campañas locales con la competencia presidencial.
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La paritaria docente volvió a trabarse y el aumento salarial quedó pendiente hasta diciembre
La negociación salarial docente de San Juan volvió a quedar sin acuerdo. Los representantes de UDAP, UDA y AMET rechazaron el ofrecimiento del Gobierno provincial durante la tercera sesión de la Comisión Paritaria Negociadora y presentaron una contrapropuesta que amplía los reclamos hasta enero de 2027. La falta de coincidencias obligó a postergar la resolución salarial y fijar una nueva reunión para el 10 de diciembre.
El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Por la representación sindical asistieron Patricia Quiroga, por UDAP; Karina Navarro, por UDA, y Adrián Ruiz, por AMET.
Los sindicttos plantearon que el valor índice de los salarios se actualice de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior para noviembre, diciembre y enero. A ese mecanismo sumaron tres demandas concretas para el primer mes de 2027: seis puntos adicionales en todos los cargos del nomenclador docente, diez puntos más en el ítem E60 y una mejora en el concepto de conectividad.
La respuesta oficial no modificó el ofrecimiento vigente. El Ejecutivo argumentó que la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y la proximidad de los plazos administrativos para liquidar los haberes de noviembre y diciembre impedían formular una nueva propuesta. En consecuencia, ratificó el incremento del valor índice para noviembre según el IPC del mes anterior, publicado por el INDEC.
La decisión dejó sin respuesta los reclamos gremiales para los meses siguientes y mantuvo abierta la discusión sobre los adicionales. Frente a la distancia entre ambas posiciones, la parte empleadora propuso pasar a un cuarto intermedio, aceptado por los representantes sindicales.
La próxima audiencia quedó establecida para el 10 de diciembre a las 14 horas, cuando las partes deberán retomar la discusión sobre los salarios de diciembre y enero. Hasta entonces, la negociación permanecerá sin un acuerdo que defina la pauta de actualización para el cierre del año y el comienzo de 2027.
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