Reforma laboral: El peronismo busca ampliar el debate y frenar el retroceso en derechos

Diputados y diputadas de Unión por la Patria presentaron un proyecto de modernización laboral que se posiciona como alternativa a la reforma impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa propone fortalecer la negociación colectiva, reducir la jornada laboral, regular el trabajo en plataformas y aliviar las cargas sobre las pymes, con eje en el empleo y los derechos laborales.

El proyecto lleva la firma de Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Emir Félix, Juan Pablo Luque y Pablo Todero, y fue presentado como una respuesta a la propuesta del oficialismo libertario, a la que cuestionan por implicar un retroceso en materia de derechos laborales y por desconocer las transformaciones contemporáneas del mundo del trabajo.

Desde UxP sostienen que la iniciativa asume los desafíos actuales y se alinea con debates y tendencias que se desarrollan a nivel internacional, priorizando el trabajo digno, el equilibrio democrático en las relaciones laborales y el rol central de la negociación colectiva como herramienta de regulación y protección de los trabajadores.

Entre los ejes principales del proyecto se destacan el fortalecimiento de los acuerdos colectivos de trabajo y la defensa del sistema paritario, en contraposición a esquemas de flexibilización individual que, según advierten, debilitan el poder de negociación de los trabajadores. La propuesta también contempla la modificación del régimen de corresponsabilidad parental, con el objetivo de avanzar hacia un esquema más equitativo en materia de licencias y cuidados.

Otro punto central es la reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales, una discusión que gana terreno en distintos países y que, según los impulsores del proyecto, apunta a mejorar la calidad de vida, la productividad y el reparto del tiempo de trabajo. A esto se suma la creación de comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos laborales, así como la modernización y el fortalecimiento de los mecanismos de inspección del trabajo.

La iniciativa incorpora además la regulación del trabajo en plataformas digitales, uno de los segmentos de mayor crecimiento y precarización en los últimos años. El objetivo es otorgar un marco legal que garantice derechos laborales básicos y condiciones de trabajo justas para quienes se desempeñan en ese ámbito.

En materia de sostenimiento del empleo, el proyecto propone la reducción progresiva de las contribuciones patronales para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con la intención de aliviar costos sin afectar el financiamiento del sistema de seguridad social.

También se incluye un esquema de financiamiento bancario de las indemnizaciones, orientado a otorgar previsibilidad a las empresas y protección a los trabajadores ante situaciones de despido.

Al presentar la iniciativa, Kelly Olmos cuestionó con dureza la propuesta del Poder Ejecutivo. “Lejos de modernizar, la propuesta oficial se inscribe en un modelo de concentración económica, desindustrialización y debilitamiento de la ciencia, la educación pública y las universidades, con efectos directos sobre el empleo, los ingresos y la cohesión social”, sostuvo.

En la misma línea, la exministra de Trabajo remarcó que el peronismo no se limita a rechazar el proyecto del Gobierno, sino que busca instalar una agenda propia. “No solamente nos oponemos a este intento de volver al siglo XIX, sino que además proponemos reformas concretas para mejorar la realidad efectiva de las trabajadoras y los trabajadores en el siglo XXI”, afirmó.

La presentación del proyecto de modernización laboral de Unión por la Patria introduce una alternativa de fondo en un debate clave para el futuro del empleo en Argentina. Frente a una reforma oficial cuestionada por su sesgo regresivo, la iniciativa peronista propone combinar actualización normativa, ampliación de derechos y estímulos a las pymes, en sintonía con las transformaciones del mundo del trabajo. El desafío ahora será trasladar esa discusión al Congreso y construir consensos en un contexto político atravesado por tensiones económicas, sociales y productivas de alta intensidad.