Reforma laboral: Tomada denunció extorsiones políticas y pidió protestar en las provincias
El exministro de Trabajo Carlos Tomada cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, denunció presiones sobre los gobernadores para garantizar su aprobación y llamó a una movilización anticipada y federal para frenar una iniciativa que, según afirmó, implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales.
El debate por la reforma laboral volvió a tensarse tras las declaraciones del exministro de Trabajo Carlos Tomada, quien lanzó una severa advertencia sobre el método político que —según sostuvo— el Gobierno nacional estaría utilizando para garantizar la aprobación del proyecto en el Congreso. “Estamos cada vez más cerca de tener una segunda Banelco”, afirmó, en alusión directa al escándalo de sobornos que marcó la aprobación de la reforma laboral del año 2000.
En diálogo con Futurock, Tomada sostuvo que la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei no solo carece de beneficios para los trabajadores, sino que se apoya en diagnósticos falsos sobre el mercado laboral argentino. A su entender, el debate público aún no refleja la magnitud del retroceso que implicaría la reforma y reclamó una mayor tarea de información y concientización social sobre el contenido real del proyecto.
“No hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores”, afirmó el exfuncionario, y agregó que el paquete de medidas propuesto retrotrae a la Argentina a principios del siglo XX, desandando décadas de conquistas laborales. En ese sentido, rechazó de plano el argumento oficial que vincula la flexibilización de derechos con la modernización productiva o la incorporación de tecnología.
Críticas al discurso antisindical y respaldo empresario incipiente
Tomada también cuestionó el discurso instalado desde hace décadas contra el sindicalismo y los convenios colectivos, al que definió como una construcción ideológica del neoliberalismo. “Durante años se le lavó la cabeza a la gente y hoy llegamos al absurdo de escuchar que el pan aumenta porque no se hizo la reforma laboral”, ironizó.
A la vez, valoró que algunos sectores del empresariado hayan comenzado a expresar reparos frente al proyecto, en referencia a la postura reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Si bien consideró que esas críticas “se quedan cortas”, señaló que representan un dato político relevante y podrían abrir el camino para que otras cámaras empresariales expongan los riesgos económicos y sociales de la iniciativa oficial.
Presión a los gobernadores y llamado a una movilización federal
Uno de los ejes centrales de la advertencia de Tomada estuvo puesto en el plano político. Según afirmó, el Gobierno estaría presionando a los gobernadores mediante condicionamientos fiscales y acuerdos discrecionales para que ordenen a sus legisladores votar a favor de la reforma.
“La extorsión forma parte del método de construcción de poder de este Gobierno”, sostuvo, y propuso reorientar las protestas hacia las provincias. “Tenemos que volver a movilizarnos, pero dejemos tranquilas a la Plaza de Mayo y la del Congreso. Hay que ir a las provincias para que los gobernadores dejen de presionar a sus legisladores a cambio de beneficios del Gobierno nacional”, planteó.
Finalmente, llamó a retomar la movilización social de manera inmediata y sostenida, con el objetivo de advertir a la sociedad sobre las consecuencias de la reforma. “Tenemos que tomar la calle desde ahora para informar que esto es un retroceso del que va a costar mucho salir”, alertó.
La referencia histórica: qué fue la Ley Banelco
La mención a la “Ley Banelco” remite a la reforma laboral aprobada en abril de 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que quedó marcada por denuncias de sobornos a senadores para garantizar su sanción. El nombre surgió tras las declaraciones de Hugo Moyano, quien aseguró que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le habría dicho: “Para los senadores tengo la Banelco”.
Aquella ley amplió el período de prueba, debilitó la ultraactividad de los convenios colectivos, habilitó convenios por empresa y modificó mecanismos de negociación laboral. El escándalo político derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez y marcó el principio del fin del gobierno de la Alianza. La norma fue derogada en 2004, aunque algunos de sus efectos nunca se revirtieron por completo.
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Los docentes levantan el paro pero convocan a una marcha de antorchas este miércoles
Los sindicatos UDAP, UDA y AMET suspendieron la huelga de 48 horas tras la intimación oficial que obliga a garantizar el 75% de asistencia en las escuelas. En conferencia de prensa conjunta anunciaron que la protesta continuará este miércoles con una marcha de antorchas por el centro de la ciudad, mientras el conflicto salarial sigue sin resolución.
El conflicto docente en San Juan sumó un nuevo giro este martes luego de que los tres gremios del sector —UDAP, UDA y AMET— confirmaran la suspensión del paro de 48 horas previsto para esta semana. En lugar de la huelga, las organizaciones sindicales resolvieron mantener la protesta mediante una marcha de antorchas que se realizará este miércoles a las 20 horas por las calles céntricas de la capital provincial.
La decisión fue comunicada durante una conferencia de prensa conjunta realizada horas después de que la Subsecretaría de Trabajo notificara formalmente a los sindicatos sobre la obligación de garantizar un mínimo del 75% de asistencia en las escuelas durante cualquier medida de fuerza, en aplicación de la normativa que regula los servicios esenciales.
La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó que la medida de fuerza fue levantada por una razón operativa y solidaria con los docentes que deberían garantizar la continuidad del servicio educativo.
“En solidaridad con los docentes que deberían cubrir el 75% de asistencia obligatoria, decidimos no realizar el paro para no sobrecargar al personal restante”, sostuvo la dirigente sindical.
Críticas al Gobierno provincial
Durante la conferencia, los representantes sindicales también expresaron fuertes cuestionamientos a la postura del Ejecutivo provincial en el marco de la negociación salarial.
Karina Navarro, secretaria general de UDA, denunció lo que calificó como una actitud de “indiferencia por parte del gobernador frente al conflicto docente” y advirtió que el sector atraviesa un clima de creciente tensión.
“Levantamos la medida, pero esto no significa que el conflicto termine”, remarcó la dirigente, quien además habló de una presunta “persecución” hacia el sector docente.
En la misma línea, Adrián Ruiz, secretario adjunto de AMET, cuestionó la forma en que fue aplicada la normativa laboral que restringe las medidas de fuerza.
Según explicó, la legislación invocada por la Subsecretaría de Trabajo debería contemplar un plazo de cinco días para su implementación, período que —según el gremio— no se habría respetado.
Ruiz también criticó la advertencia del Gobierno provincial de descontar los días de paro a los docentes que participaran de la protesta.
La aplicación de la normativa laboral
La suspensión de la huelga se produjo luego de que la Subsecretaría de Trabajo notificara oficialmente a los sindicatos sobre la obligación de garantizar un nivel mínimo de funcionamiento del sistema educativo durante conflictos laborales.
La disposición se basa en lo establecido en el artículo 24 de la Ley 25.877, modificado por la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso de la Nación, iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.
La normativa establece que, en los servicios considerados esenciales, las organizaciones sindicales deben asegurar una prestación mínima durante cualquier medida de fuerza.
Para cumplir con ese requisito, los gremios debían presentar un plan detallado de cobertura, especificando establecimientos, niveles educativos, turnos y docentes designados para garantizar el porcentaje de asistencia exigido.
Las autoridades provinciales advirtieron que la falta de presentación de este esquema o su incumplimiento podría derivar en sanciones legales, lo que finalmente llevó a los sindicatos a reconsiderar la estrategia de protesta.
Protesta en las calles y negociación abierta
Aunque el paro quedó sin efecto, el conflicto docente continúa abierto. La marcha de antorchas prevista para este miércoles se perfila como la primera demostración pública del malestar del sector tras la intervención de la autoridad laboral.
La movilización buscará visibilizar el reclamo salarial y presionar al Gobierno provincial en medio de negociaciones que, hasta ahora, no lograron acercar posiciones entre las partes.
La suspensión del paro docente desactivó momentáneamente el riesgo de una interrupción masiva de clases en San Juan, pero el conflicto está lejos de resolverse. Con una marcha de antorchas como nueva forma de protesta y las paritarias aún sin acuerdo, el escenario educativo provincial sigue marcado por la tensión entre sindicatos y Gobierno, en un marco atravesado además por las nuevas reglas laborales que regulan las medidas de fuerza en servicios esenciales.
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El Gobierno aplica la reforma laboral y frena el paro docente en San Juan
La Subsecretaría de Trabajo intimó a los gremios docentes a garantizar un mínimo del 75% de prestación del servicio educativo, en aplicación de la normativa nacional que regula las medidas de fuerza en servicios esenciales. Tras la notificación oficial, UDAP dejó sin efecto el paro previsto para este miércoles y jueves, mientras crece la expectativa por la posición que adoptarán los sindicatos UDA y AMET.
El conflicto docente en San Juan sumó este martes un nuevo episodio luego de que la Subsecretaría de Trabajo provincial intimara formalmente a los gremios a garantizar la continuidad del servicio educativo durante cualquier medida de fuerza. La decisión oficial, basada en la aplicación de la normativa nacional sobre servicios esenciales, obligó al sindicato UDAP a suspender el paro de 48 horas que estaba previsto para los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo.
La resolución fue formalizada mediante la Resolución Nº 041-ST 2026, firmada por el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, dentro del expediente administrativo Nº 208-000907-2026-EXP. El documento exige a las organizaciones sindicales del sector docente asegurar la prestación mínima del servicio educativo, estableciendo que al menos el 75% de las clases deben garantizarse durante una eventual medida de fuerza.
La notificación fue emitida desde la sede de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en calle Santa Fe 52 Oeste, y fue entregada a los gremios mediante cédula oficial este martes al mediodía.
En el texto, el organismo laboral recuerda la vigencia del artículo 24 de la Ley Nº 25.877, modificado por el artículo 101 de la Ley Nº 27.802, que regula el funcionamiento de los servicios esenciales durante conflictos laborales. Bajo ese marco legal, las entidades sindicales deben presentar un plan detallado de prestación mínima que incluya establecimientos afectados, niveles educativos, turnos y personal designado para garantizar el servicio.
La resolución también advierte que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones, según lo previsto en la legislación vigente.
El paro que finalmente no fue
La huelga docente había sido anunciada días atrás en el marco de las negociaciones salariales entre el Gobierno provincial y los tres gremios que representan al sector: UDAP, UDA y AMET. La medida consistía en un paro de 48 horas que buscaba presionar por una mejora en la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo.
Sin embargo, tras recibir la intimación oficial, UDAP decidió suspender la protesta. La secretaria general del gremio, Patricia Quiroga, confirmó la decisión en declaraciones periodísticas y señaló que la medida de fuerza quedaba sin efecto ante el nuevo escenario legal.
La suspensión del paro fue comunicada pocas horas antes de una conferencia de prensa que los sindicatos habían convocado frente al Centro Cívico para informar las acciones a seguir.
Advertencia oficial y tirantez en la negociación
En este sentido, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, había advertido que el Ejecutivo provincial descontaría el día a los docentes que se plegaran a la huelga, una señal clara del endurecimiento de la postura oficial frente al conflicto.
La advertencia se produjo en un clima en el que las negociaciones paritarias continúan sin acuerdo. Este mismo martes estaba prevista una nueva reunión entre el Gobierno y los gremios docentes, encuentro que finalmente no se concretó.
Desde el Ejecutivo provincial adelantaron que se trabaja en una propuesta salarial superadora, con el objetivo de destrabar la negociación y garantizar la continuidad del ciclo lectivo sin nuevas medidas de fuerza.
Expectativa por la postura de los otros gremios
Aunque UDAP ya confirmó la suspensión del paro, la atención del conflicto se traslada ahora a la posición que adoptarán los otros dos sindicatos docentes que participan de la negociación: UDA y AMET.
Ambas organizaciones habían acompañado inicialmente la convocatoria a la medida de fuerza, por lo que se espera que en las próximas horas definan si siguen la misma línea de UDAP o si impulsan otra estrategia sindical frente a la intimación oficial.
La aplicación de la normativa sobre servicios esenciales marca un punto de inflexión en el conflicto docente sanjuanino. La exigencia de garantizar un alto nivel de prestación mínima —en este caso el 75%— limita significativamente la capacidad de los gremios para sostener medidas de fuerza de alto impacto.
Al mismo tiempo, la decisión del Gobierno provincial se inscribe en el nuevo escenario que abre la reforma laboral impulsada a nivel nacional, donde se busca restringir la afectación de servicios considerados estratégicos.
A este respecto, la disputa salarial sigue abierta y el conflicto podría trasladarse ahora al terreno político y judicial, mientras los sindicatos analizan cómo reorganizar su estrategia frente a un marco legal más restrictivo para las huelgas en el sector educativo.
La suspensión del paro docente deja momentáneamente en pausa la escalada del conflicto en San Juan, pero no resuelve el fondo del problema: la negociación salarial entre el Gobierno provincial y los gremios continúa sin acuerdo. En un escenario marcado por nuevas reglas laborales y mayor presión institucional, el desenlace dependerá de la capacidad de ambas partes para alcanzar un entendimiento que permita recomponer ingresos sin poner en riesgo la continuidad del ciclo lectivo.
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Paritaria docente empantanada en San Juan: sindicatos ausentes y un conflicto que escala
La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvió a quedar en punto muerto luego de que UDAP, UDA y AMET no asistieran a la sexta reunión paritaria convocada para este martes en el Ministerio de Educación. El Ejecutivo provincial insistía en presentar una nueva propuesta salarial, pero la ausencia sindical dejó sin avances el diálogo y consolidó el escenario de conflicto, con un paro de 48 horas confirmado para esta semana.
La paritaria docente en San Juan atraviesa uno de sus momentos más complejos del año. Este martes, la sexta reunión de negociación salarial convocada por el Gobierno provincial quedó frustrada luego de que los tres gremios del sector —UDAP, UDA y AMET— decidieran no concurrir al encuentro previsto para las 14 en el Ministerio de Educación, en el Centro Cívico.
La ausencia sindical dejó sin posibilidad de avanzar en una negociación que ya acumula varias semanas sin acuerdo y que ahora se encamina hacia una escalada del conflicto. Funcionarios del Ejecutivo provincial sí se presentaron al encuentro cerca de las 13:30. En el segundo piso del edificio permanecieron la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.
Ante la falta de representantes gremiales, las autoridades evaluaron labrar un acta formal para dejar constancia de la situación y analizar los pasos a seguir en el marco de una negociación que permanece abierta, aunque cada vez más tensionada.
Un paro que se vuelve inevitable
El conflicto salarial tiene como telón de fondo el paro docente de 48 horas convocado para el miércoles 11 y jueves 12 de marzo. La medida de fuerza fue anunciada inicialmente por UDAP y luego acompañada por AMET, mientras que aún persistían dudas sobre la postura de UDA en la provincia.
Desde el gremio que conduce Patricia Quiroga ya habían adelantado que, en el ámbito de la protesta, no asistirían a la reunión convocada por el Ejecutivo. En las últimas horas, AMET confirmó la misma decisión.
“La reunión es a las 14:00, pero nosotros estamos en paro, así que no nos vamos a presentar. La paritaria está prácticamente caída y seguimos rechazando lo que ha propuesto el Gobierno”, señalaron desde el sindicato técnico.
La decisión sindical frustró las expectativas oficiales, ya que tanto el Ministerio de Educación como la cartera de Economía apostaban a ese encuentro para intentar evitar la medida de fuerza o, al menos, abrir un canal de negociación que permitiera encauzar el conflicto.
La propuesta oficial bajo discusión
El Gobierno provincial sostiene que la oferta presentada en la mesa salarial es superadora y contempla incrementos por encima de la inflación. Según explicó el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, la propuesta incluye un aumento del 5% sobre el valor índice de diciembre de 2025 para toda la administración pública.
En el caso específico de los docentes, el esquema suma además seis puntos adicionales al código A01 y cuatro puntos al código E60, con el objetivo de mejorar particularmente el salario de las maestras de grado, históricamente rezagado dentro de la estructura salarial del sector.
El funcionario también defendió el esquema de incrementos al señalar que el salario docente en la provincia quedó completamente “en blanco”, es decir, compuesto por sumas remunerativas y bonificables, lo que —según sostuvo— representa un avance importante alcanzado mediante acuerdos previos con los sindicatos.
Achem agregó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de introducir mejoras en la propuesta, siempre dentro de los márgenes del equilibrio fiscal provincial.
El punto más cuestionado por los gremios
Sin embargo, la estructura del ofrecimiento oficial generó un fuerte rechazo entre los sindicatos docentes. La principal objeción gira en torno a la evolución salarial de los meses siguientes.
Según el esquema propuesto por el Ejecutivo, el incremento de marzo sería seguido por un mes de abril sin aumentos generales, mientras que en mayo se incorporaría un incremento adicional que, según los gremios, resultaría mínimo —alrededor de $2.916— dentro del salario total.
Desde las organizaciones sindicales consideran que ese diseño salarial no acompaña el ritmo inflacionario y profundiza la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
Descuentos y servicio mínimo durante el paro
En simultaneo al conflicto salarial, el Gobierno provincial ratificó que aplicará descuentos a los docentes que adhieran a la medida de fuerza.
“El día se va a descontar exclusivamente a quienes hagan paro. Día trabajado, día pagado”, afirmó Achem, al explicar que los directivos escolares deberán informar en el parte diario qué docentes se presentaron a trabajar.
Además, desde la Subsecretaría de Trabajo recordaron que la normativa laboral vigente establece que, al tratarse la educación de una actividad considerada esencial, debe garantizarse al menos el 75% del servicio durante las medidas de fuerza.
El subsecretario Franco Marchese indicó que los gremios ya fueron notificados de esta obligación y deberán presentar un esquema que permita cumplir con ese nivel mínimo de funcionamiento en las escuelas.
Con la reunión paritaria frustrada y el paro confirmado, el conflicto docente en San Juan se encuentra en un punto de máxima tensión. Mientras el Gobierno insiste en que la propuesta salarial puede mejorarse dentro de los límites fiscales, los gremios mantienen su rechazo y endurecen su postura.
En este contexto, la negociación parece haber ingresado en una etapa de estancamiento en la que las medidas de fuerza, los descuentos salariales y la discusión sobre la prestación mínima del servicio educativo configuran un clima de confrontación ascendente.
Por ahora, sin diálogo en la mesa paritaria y con las aulas a las puertas de un nuevo paro, la solución de controversias permanece incierta.
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