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Más de 130 trabajadores de la empresa Hunter fueron despedidos sin previo aviso, luego de que la firma perdiera la licitación del servicio de seguridad del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Denuncian que el sindicato UPSRA avaló los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y que solo intervino cuando el conflicto se viralizó. Reclaman indemnizaciones completas y respeto por la antigüedad.

La bronca, la angustia y la sensación de abandono atraviesan a más de 130 vigiladores de seguridad privada que se quedaron sin trabajo en San Juan en las últimas horas de 2025. El 31 de diciembre, a las 12:30 del mediodía, trabajadores de la empresa Hunter comenzaron a ser citados en grupos de 15 o 20 personas a la oficina local de la firma. Allí recibieron una notificación seca y sin margen de negociación: la empresa había perdido el “objetivo” del Hospital Rawson y quedaban desvinculados de manera inmediata.

Entre los despedidos hay trabajadores con más de dos décadas —y en algunos casos cerca de 30 años— de antigüedad. Muchos de ellos cumplieron funciones clave en pasillos, guardias y perímetros del principal nosocomio de la provincia, en jornadas de hasta 12 horas y en un contexto laboral de alta exigencia.

“UPSRA no intervino para nada”

Las críticas más duras de los despedidos apuntan contra la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA). En este sentido, los trabajadores aseguraron que el sindicato no solo no los defendió, sino que convalidó los despidos.

“Nos despidieron con el artículo 247 de la LCT y UPSRA lo avaló. El gremio nos entregó en bandeja”, expresó uno de los vigiladores afectados.

Según relataron, no hubo acompañamiento gremial durante el proceso ni presencia sindical en las instancias previas o posteriores a los despidos. “El gremio no intervino para nada, ni cuando se perdió la licitación ni cuando nos echaron. Nadie se comunicó”, remarcaron.

El artículo 247 y la indemnización recortada

La empresa Hunter aplicó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de una indemnización reducida en casos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Bajo ese encuadre, la firma ofreció solo el 70% de la indemnización correspondiente, una propuesta que los trabajadores consideran injusta y abusiva.

Los vigiladores sostienen que la pérdida de la licitación no puede ser utilizada como excusa para recortar derechos adquiridos, especialmente en casos de antigüedades tan extensas. Por eso, exigen el pago completo de las indemnizaciones y el rechazo de la aplicación del artículo 247.

La nueva empresa y los puestos que no se conservaron

El servicio de seguridad del Hospital Rawson quedó en manos de la empresa El Guardián. Sin embargo, lejos de absorber al plantel saliente, solo incorporó a 13 de los 130 trabajadores despedidos. “No quieren saber nada con los vigiladores de Hunter”, denunciaron.

Además, remarcaron que las condiciones laborales de la nueva firma son diferentes y que no hubo ningún proceso transparente de traspaso de personal. “Después del primer día no llamaron a nadie más”, aseguraron.

El sindicato reaccionó tras la viralización

Recién en las últimas horas, y luego de que el conflicto tomara estado público, UPSRA presentó una nota ante el Gobierno de San Juan reclamando el pago completo de las indemnizaciones y repudiando la aplicación del artículo 247 por parte de Hunter Security SA.

Sin embargo, para los despedidos la reacción llega tarde. “UPSRA se comunicó recién ayer, cuando todo se viralizó”, señalaron, y aclararon que el contacto fue solo con algunos de los diez afiliados que había entre los 130 despedidos.

Dolor, incertidumbre y un reclamo que sigue abierto

Las imágenes de despedida en redes sociales reflejaron el impacto humano del conflicto. “130 personas perdimos el laburo, ya no más ‘nos vemos mañana’. Adiós Hospital Rawson”, escribió uno de los trabajadores, junto a fotos cargadas de emoción.

En una situación económica adversa, los despedidos enfrentan ahora la incertidumbre total: sin empleo, con indemnizaciones recortadas y con un sindicato al que acusan de haberlos dejado solos.

El conflicto en la seguridad privada de San Juan expone una combinación explosiva de precarización laboral, despidos masivos y un rol sindical severamente cuestionado. Mientras los trabajadores exigen indemnizaciones completas y respeto por años de servicio, el caso vuelve a poner en debate el uso del artículo 247 de la LCT, la responsabilidad de las empresas ante la pérdida de contratos y el verdadero alcance de la representación gremial en momentos críticos. La bronca sigue abierta y el reclamo, lejos de cerrarse, recién comienza.

Departamentales

San Juan sumó viviendas, tecnología y obras durante una semana de gestión


La Provincia entregó 53 viviendas en Jáchal, distribuyó computadoras a 835 estudiantes y otorgó elementos de accesibilidad a personas con discapacidad. Además, anunció la repavimentación de un tramo de Abraham Tapia, en Rawson.

La entrega de viviendas a 53 familias de Jáchal fue una de las principales acciones concretadas por el Gobierno de San Juan durante la última semana, en una agenda que también incluyó equipamiento tecnológico para estudiantes, elementos destinados a mejorar la autonomía de personas con discapacidad y una nueva obra vial en Rawson.

El conjunto habitacional entregado en el departamento del norte provincial cuenta con los servicios necesarios para su funcionamiento y permitió a las familias adjudicatarias acceder finalmente a una vivienda propia. La incorporación de esos hogares al entramado urbano representa, además, una mejora en las condiciones de permanencia de las familias en su lugar de residencia.

La agenda educativa tuvo otro de sus puntos fuertes en Jáchal, donde 835 alumnos de escuelas primarias, secundarias y técnicas recibieron computadoras. La medida apunta a reducir las desigualdades en el acceso a herramientas digitales y a incorporar tecnología como apoyo para las trayectorias escolares.

La asistencia alcanzó también a personas con discapacidad de nueve departamentos. En total fueron distribuidos 24 kits para adaptar baños y ocho tricicletas, recursos orientados a facilitar desplazamientos, mejorar la accesibilidad dentro de los hogares y favorecer una mayor autonomía en las tareas cotidianas.

En materia de infraestructura, la Provincia anunció la repavimentación de la calle Abraham Tapia, en Rawson, entre avenida de Circunvalación y Callejón Coria. La intervención permitirá renovar una vía de circulación utilizada por vecinos de una zona de creciente tránsito y mejorar las condiciones de desplazamiento.

La obra vial tendrá además incidencia sobre el empleo durante su ejecución, a partir de la contratación de mano de obra vinculada a los trabajos de construcción y mantenimiento.

Este paquete de medidas prioriza la vivienda, la educación, la accesibilidad y la infraestructura local. A través de obras y programas de diferente alcance, la gestión provincial busca dar respuesta directa a las necesidades de las familias sanjuaninas y mantener activo el rol del Estado.

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Después de años de sequía, San Juan espera un río con caudales por encima de la media

Las autoridades provinciales anticipan que el Río San Juan superará ampliamente su promedio histórico de casi 2.000 hectómetros cúbicos. La abundante nieve acumulada en alta cordillera permitiría recuperar las reservas de Caracoles, Punta Negra y Ullum, aunque el pronóstico definitivo se conocerá recién en octubre.

El secretario de Recursos Hídricos, David Devia, evitó anticipar una cifra definitiva hasta completar las mediciones en la cordillera, pero adelantó que el comportamiento del río estará muy por encima de los registros habituales. El promedio histórico ronda los 2.000 hectómetros cúbicos, una referencia que, según el funcionario, será ampliamente superada durante el próximo ciclo.

La mejora en los aportes permitiría recuperar el almacenamiento de Caracoles, Punta Negra y Ullum, después de las restricciones que marcaron los últimos años. Con las reservas fortalecidas, la provincia podría contar con mayor margen para administrar los desembalses y sostener un escurrimiento más continuo por el cauce del Río San Juan.

La principal explicación está en la extraordinaria acumulación de nieve registrada durante el invierno en la alta cordillera. Las mediciones preliminares muestran espesores superiores a tres metros de nieve consolidada en determinados puntos, una magnitud muy distante de los registros de apenas 40 o 50 centímetros que se observaron durante los períodos más críticos de la sequía.

La cantidad acumulada también obligó a modificar la logística de los relevamientos. Personal de la Dirección de Hidráulica de San Juan y de la Dirección General de Irrigación de Mendoza coordinaron criterios de medición y equipamiento para afrontar las condiciones en altura.

Devia explicó que los trabajadores deben desplazarse con nieve hasta la cintura y utilizar barrenos capaces de atravesar grandes espesores para determinar con precisión la cantidad y las características del manto. Por esa razón fue necesario incorporar equipamiento específico, entre ellos raquetas adecuadas para desplazarse sobre la superficie nevada.

La evaluación conjunta entre ambas provincias apunta a obtener mediciones comparables y mejorar la precisión del pronóstico de derrame. La tarea, sin embargo, está condicionada por las condiciones meteorológicas y por la necesidad de utilizar aeronaves habilitadas para operar en altura dentro de ventanas de vuelo seguras.

Ese factor podría demorar la presentación del pronóstico oficial. La estimación definitiva del volumen que aportará el deshielo está prevista para mediados de octubre, mientras los técnicos mantienen abierta la posibilidad de que nuevas nevadas tardías modifiquen los registros actuales.

El cambio resulta especialmente relevante para una provincia cuya producción agrícola, el abastecimiento poblacional y buena parte de su matriz económica dependen de la disponibilidad de agua. Si las proyecciones se confirman, el próximo ciclo permitiría recuperar reservas estratégicas y disponer de un margen de administración mucho mayor al de las temporadas marcadas por la sequía.

La confirmación final dependerá de las mediciones de nieve y de la evolución del deshielo, pero el dato preliminar ya marca una diferencia sustancial: por primera vez en varios años, San Juan se prepara para administrar abundancia hídrica en lugar de concentrar sus esfuerzos en administrar la escasez.

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Los gremios desafían el relato oficial: “La inflación baja, pero lo necesario para vivir sube”

La Mesa Sindical cuestionó el 1,7% de inflación informado por el Indec para agosto y sostuvo que los gastos esenciales evolucionan por encima del promedio. Reclamó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, una emergencia laboral y una moratoria para las deudas de las familias.

Los gremios volvieron a confrontar con el Gobierno de Javier Milei por la distancia que, según exponen, existe entre la inflación oficial y el costo efectivo que enfrentan los hogares argentinos. Tras conocerse el índice de precios de agosto, que registró una suba mensual del 1,7% y llevó el acumulado de 2026 al 21,3%, el colectivo sindical sostuvo que ese promedio no refleja la evolución de los gastos indispensables.

La crítica se concentra especialmente en los rubros que tienen mayor incidencia sobre los ingresos familiares. De acuerdo con el informe del Indec, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,8% durante agosto, mientras que Educación avanzó 2,5%. En el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, el incremento llegó al 3,9%.

Para los sindicatos, la diferencia resulta todavía más significativa cuando se observa la evolución de los alimentos y de los bienes y servicios que componen las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia. La Mesa Sindical sostuvo que la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%, por encima del IPC general.

“Hay una Argentina real y una inventada por el Gobierno”, planteó la organización en un documento difundido después de conocerse la medición oficial. En esa línea, calificó de “insostenible” la lectura de una inflación en descenso cuando los hogares deben afrontar incrementos superiores en bienes y servicios esenciales.

El planteo gremial también incorporó el problema del endeudamiento. La Mesa Sindical afirmó que alrededor de seis millones de argentinos tienen dificultades para cumplir regularmente con sus deudas, en muchos casos vinculadas con gastos básicos como alimentación, medicamentos, útiles escolares o alquileres.

A ese cuadro sumó el deterioro del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo. Los gremialistas sostuvieron que los salarios continúan rezagados frente al costo de vida y denunciaron que los despidos persisten, mientras crece la morosidad entre quienes deben afrontar gastos comunes de vivienda.

En particular, señalaron que cerca del 30% de los diez millones de personas que pagan expensas en el país tienen dificultades para cumplir con esos compromisos. Para la organización, el fenómeno dejó de estar concentrado en determinadas regiones y se extendió de manera generalizada.

Con ese diagnóstico, la Mesa Sindical solicitó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, junto con la declaración de una emergencia laboral destinada a contener los despidos. También propuso una moratoria para las deudas familiares, como mecanismo para aliviar a los hogares que acumularon obligaciones durante los últimos meses.

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