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Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, sostuvo que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario y empuja a las universidades nacionales a un escenario crítico. Advirtió que, sin correcciones inmediatas, en 2026 “no habrá clases” y que el ajuste golpea con especial dureza a las instituciones del interior. “El proyecto oficial es volver a un modelo elitista donde solo acceden quienes pueden pagar”, afirmó.

En una entrevista con Radio La Torre, el secretario general de CONADU, Carlos De Feo,  estableció un diagnóstico severo sobre el estado del sistema universitario argentino. Aseguró que el presupuesto actual llegó a un nivel “límite” y que la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno nacional compromete el normal inicio del ciclo lectivo 2026.

“El Gobierno está incumpliendo la Constitución. El Ejecutivo no hace las leyes, las ejecuta”, remarcó De Feo, aludiendo a la norma que establece criterios de inversión sostenida para garantizar el funcionamiento del sistema. Según el dirigente, la reciente ley aprobada por el Congreso “no incrementa el presupuesto, apenas permite recuperar lo recortado en los últimos dos años”, ajustes que —subrayó— golpearon con especial dureza a las universidades del interior.

El presupuesto 2025, explicó, parte de una base distorsionada: “Los aumentos proyectados se calculan sobre un gasto ejecutado paupérrimo”. A ello se suma una estimación oficial de inflación del 10% para el próximo año, un número que incluso organismos estatales como el Banco Nación consideran irreal. “Si la inflación duplica esa proyección, como todo indica, el presupuesto del año próximo será incluso menor al de este año”, advirtió.

Docentes y no docentes en situación crítica

El deterioro salarial se convirtió en un factor adicional que amenaza la continuidad del sistema. “Hoy muchas trabajadoras y trabajadores universitarios necesitan un segundo empleo. Otros directamente abandonan la docencia porque no pueden sostenerse con estos sueldos”, señaló De Feo.

Según sus estimaciones, en los últimos dos años el sistema perdió alrededor de 10.000 docentes. Esa merma impacta en la calidad educativa y en el acceso: “Significa más de 100.000 estudiantes afectados. Para ellos, la universidad ya se cerró”, sentenció.

Universidades del interior: el eslabón más vulnerable

El mensaje del dirigente fue especialmente enfático respecto de las instituciones medianas y pequeñas, que considera en “serio riesgo operativo”. Entre las más afectadas mencionó a las universidades de La Rioja, Catamarca, Chilecito, Chamical y otras sedes territoriales con fuerte inserción comunitaria.

Mientras tanto, becas congeladas en $35.000 —“una cifra irrisoria, que alcanza para dos apuntes y un par de sándwiches”— profundizan las dificultades de miles de estudiantes que dependen del apoyo estatal para sostener sus estudios.

En este contexto, De Feo destacó el rol de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) como ejemplo del impacto social que tienen las instituciones del interior: “Muchas localidades existirían de otra forma sin la universidad. Para miles de jóvenes, es la única puerta al derecho a estudiar”.

El retorno a un modelo elitista

El dirigente sindical calificó la política oficial como un intento de reinstalar un modelo excluyente: “Están volviendo a la Argentina de 1910, cuando había cuatro universidades y estudiaban solo los ricos”. Para De Feo, el Gobierno concibe el financiamiento como un gasto prescindible, desinvierte en investigación, achica la presencia territorial y abre la puerta al arancelamiento.

“No buscan cobrar para sostener la universidad: buscan que quienes no puedan pagar, no accedan. Es una política de exclusión”, sostuvo.

Un 2026 en conflicto: “O la mantenemos abierta o la cerramos”

De Feo adelantó que en febrero los gremios definirán un plan de lucha y anticipó que es “casi inevitable” que el año académico comience con conflicto. Si bien descartó medidas durante diciembre para no perjudicar mesas de exámenes y procesos de graduación, fue categórico sobre el futuro inmediato:
“En 2026 no vamos a iniciar las clases si no se cumple la ley. No se puede sostener la universidad sobre la espalda de trabajadores que cobran monedas.”

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Menos compras y crédito en retroceso: las señales de alerta del consumo argentino

El consumo de los hogares argentinos continúa sin recuperar fuerza. En septiembre, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una caída interanual del 0,8% y no mostró variaciones respecto de agosto. La medición confirma las dificultades para consolidar una recuperación: el índice permanece 2% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

La evolución del gasto refleja una economía familiar que todavía encuentra límites para ampliar sus compras. Aunque la desaceleración inflacionaria puede contribuir a recomponer los ingresos reales, los precios volvieron a acelerarse hasta el 1,9% mensual, según los datos consignados en el informe. La persistencia de aumentos cercanos al 2% mensual mantiene la presión sobre los presupuestos domésticos.

Los bienes de consumo masivo tampoco exhibieron señales de recuperación. En septiembre retrocedieron 1,2% interanual y 1% frente al mes anterior, una trayectoria que evidencia dificultades para sostener las compras habituales.

Transporte y recreación, entre los rubros más afectados

El comportamiento por categorías fue dispar, aunque predominaron las bajas. Transporte y vehículos registró una contracción interanual del 5,5% y fue el principal aporte negativo al índice general, con 0,8 puntos porcentuales. La caída en los patentamientos de automóviles no logró ser compensada por el avance de las motocicletas.

Recreación y cultura retrocedió 3,4%, mientras que indumentaria y calzado cayó 1,5%. El conjunto de los demás rubros presentó una disminución del 1,1%.

En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos avanzó 5,2% interanual y aportó 0,9 puntos porcentuales al indicador. La mayor demanda de electricidad explicó buena parte de ese resultado, aunque el aumento del rubro no necesariamente implica una expansión equivalente del consumo discrecional de las familias.

El crédito pierde fuerza y condiciona las compras

La evolución del financiamiento constituye otra señal relevante. Después de un avance pronunciado durante 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a retroceder en términos reales durante 2026, tras el estancamiento registrado hacia fines del año pasado. El crédito hipotecario conserva una tendencia ascendente, aunque con menor intensidad.

Dicho enfriamiento está estrechamente vinculado al menor dinamismo de los bienes durables. Prueba de ello es que la matriculación de vehículos y la venta de electrodomésticos registran retrocesos en lo que va del año; por su parte, el mercado inmobiliario ha estancado su crecimiento, si bien las escrituras sostienen niveles altos respecto a ejercicios previos.

La débil recuperación de los ingresos y un crédito más restrictivo frenan el crecimiento a largo plazo. Actualmente, el consumo básico sigue paralizado y los bienes de alto valor se desaceleran, lo que siembra dudas sobre la solidez de la reactivación económica.

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Departamentales

Ruta 40 Norte: Mapal construirá el primer tramo con fondos del acuerdo con Vicuña

La recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte tendrá su primer contrato en manos de una empresa local. El Gobierno de San Juan adjudicó a Mapal S.A.C.I.A. la reconstrucción de los 28 kilómetros comprendidos entre San Roque y Tucunuco, en Jáchal, por una oferta cercana a los $26.988 millones. La intervención abrirá la ejecución del programa vial financiado con los US$ 250 millones acordados con la minera Vicuña.

La propuesta de la firma, perteneciente a la familia Palucchini, superó en unos $885 millones el presupuesto oficial de $26.103 millones. Aunque fue el cuarto monto más bajo entre seis oferentes, resultó seleccionada para ejecutar el primero de los tramos previstos en la recuperación de este corredor.

Los trabajos apuntan a mejorar la capacidad y la seguridad de una ruta clave para la circulación entre el Gran San Juan y el norte provincial. La calzada actual, de unos 6,30 metros de ancho promedio, pasará a medir 7,30 metros. Se conservarán dos carriles, uno por sentido, y se incorporarán banquinas de tres metros a cada lado, con superficies pavimentadas y de material granular.

El proyecto incluye pavimentación y repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores dañados y refuerzo de la estructura vial donde sea necesario ampliar la traza. También prevé adecuaciones en alcantarillas y sifones, elevación del camino en puntos determinados y obras de drenaje para mejorar el escurrimiento del agua.

Mapal compitió con Sigma S.A. junto con LLP Pietroboni, Ivica Dumandzic, Federico Hnos., Armegom en asociación con BWT —Burgwardt y Cía.— y Menin Construcciones. Tras la adjudicación, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, estimó que las tareas podrían comenzar en aproximadamente una semana, con la expectativa de iniciar los trabajos a principios de noviembre.

Una inversión vial de mayor alcance

La intervención en Jáchal forma parte de un programa que abarca 143 kilómetros entre Albardón y San Roque. El proyecto contempla una doble calzada entre Albardón y Villicum, terceras trochas desde Villicum hasta Talacasto y mejoras en la traza hacia el norte provincial, con obras diferenciadas según las características de cada tramo.

El financiamiento provendrá de los US$ 250 millones comprometidos por Vicuña, mediante un acuerdo que requirió aprobación legislativa. La adjudicación de Mapal representa el primer paso concreto de ese esquema de inversión en infraestructura vial.

El cronograma de otras obras, sin embargo, todavía debe completar instancias administrativas. La licitación para transformar en autovía los 3,7 kilómetros entre Callejón Blanco y calle Rawson fue prorrogada hasta el 6 de noviembre, luego de que las empresas interesadas solicitaran más tiempo para elaborar sus propuestas.

Con una inversión estimada en $85.000 millones y un plazo de ejecución de 915 días corridos, el proyecto prevé cuatro carriles separados por una barrera de hormigón, colectoras, bicisenda y cruces a distinto nivel. También incluye cuatro puentes sobre el río San Juan y en las calles De la Roza, Sarmiento y Rawson.

Las consultas empresariales estuvieron vinculadas con la complejidad técnica de las obras, la construcción de puentes y la organización de los desvíos de tránsito. La extensión del plazo no altera la adjudicación del tramo San Roque-Tucunuco.

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Nueva paritaria mercantil: subas en octubre, noviembre y diciembre

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, acordó con las principales entidades empresarias una actualización salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026, junto con un bono extraordinario de $50.000. El entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, uno de los más numerosos del empleo privado argentino.

El acuerdo fue suscripto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). La recomposición se distribuirá en tres tramos mensuales del 1,9%, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre.

A ese esquema se sumará una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000, que se abonará en dos cuotas de $25.000 con los salarios de octubre y noviembre. Además, se mantendrá el adicional fijo de $120.000 establecido en la negociación anterior durante el trimestre comprendido por el nuevo entendimiento.

Aumentos escalonados y sumas adicionales

La pauta acordada establece una actualización gradual de los ingresos durante los últimos tres meses del año. La combinación de porcentajes mensuales y sumas fijas busca sostener las remuneraciones en un período en el que el poder de compra continúa bajo presión.

Con este entendimiento, las partes establecieron la pauta salarial para el cierre de 2026. La próxima revisión, prevista para comienzos de 2027 según la información difundida sobre el acuerdo, permitirá evaluar la evolución de los precios y la necesidad de nuevas actualizaciones.

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