Otro amparo intenta bloquear la venta de Nucleoeléctrica y alerta por riesgos para la soberanía energética
Un concejal bonaerense presentó un nuevo amparo colectivo para impedir la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. El planteo, que se suma a otro presentado en Córdoba, cuestiona la constitucionalidad del Decreto 695/2025 y advierte que la privatización de una empresa rentable y estratégica pone en riesgo la soberanía y la seguridad energética del país.
La ofensiva judicial contra el plan de privatización de empresas públicas impulsado por el gobierno de Javier Milei sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Fernando Martínez, concejal del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana para frenar la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la compañía estatal responsable de operar las tres centrales nucleares del país.
El recurso constituye el segundo amparo presentado desde que se conoció la intención oficial de avanzar con la privatización, y plantea la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025, norma que habilita el proceso de enajenación parcial de la empresa. El texto también advierte sobre los riesgos que implicaría una privatización en un sector altamente sensible para la planificación nacional.
NA-SA opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, pilares del sistema nuclear argentino y activos estratégicos construidos a lo largo de décadas. A contramano de la justificación esgrimida por el Ejecutivo —que sostiene que deben venderse las empresas públicas deficitarias—, la firma no solo no registra pérdidas, sino que es rentable: en el primer trimestre del año obtuvo 17 millones de dólares de superávit.
En su presentación, Martínez fue contundente:
“Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema. La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados.”
El amparo solicita, además, una medida cautelar inmediata para suspender cualquier instancia de «licitación, oferta o transferencia de acciones», de manera tal de preservar la situación actual mientras la Justicia analiza los planteos en curso.
El concejal también advierte sobre los riesgos de una privatización parcial, al considerar que podría derivar en aumentos tarifarios, reducción de inversiones y un progresivo desfinanciamiento del sector nuclear. “Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio”, sostiene el escrito.
Este nuevo amparo se suma al presentado semanas atrás por la diputada de Unión por la Patria (UxP) Gabriela Estévez, quien reclamó la nulidad del mismo decreto y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía, expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.
Martínez cerró su presentación con un planteo central:
“Nucleoeléctrica es un bien público construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo.”
La posible privatización de NA-SA se encamina a convertirse en uno de los debates más complejos del ciclo político actual: involucra soberanía energética, seguridad estratégica, tarifas, inversiones y el rol del Estado en sectores críticos. Con dos amparos en curso y nuevos cuestionamientos de especialistas, legisladores y organizaciones sociales, el Gobierno enfrenta un creciente frente judicial y político que podría frenar, demorar o incluso bloquear su avance sobre una de las empresas más sensibles del entramado energético nacional.
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Menos compras y crédito en retroceso: las señales de alerta del consumo argentino
El consumo de los hogares argentinos continúa sin recuperar fuerza. En septiembre, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una caída interanual del 0,8% y no mostró variaciones respecto de agosto. La medición confirma las dificultades para consolidar una recuperación: el índice permanece 2% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.
La evolución del gasto refleja una economía familiar que todavía encuentra límites para ampliar sus compras. Aunque la desaceleración inflacionaria puede contribuir a recomponer los ingresos reales, los precios volvieron a acelerarse hasta el 1,9% mensual, según los datos consignados en el informe. La persistencia de aumentos cercanos al 2% mensual mantiene la presión sobre los presupuestos domésticos.
Los bienes de consumo masivo tampoco exhibieron señales de recuperación. En septiembre retrocedieron 1,2% interanual y 1% frente al mes anterior, una trayectoria que evidencia dificultades para sostener las compras habituales.
Transporte y recreación, entre los rubros más afectados
El comportamiento por categorías fue dispar, aunque predominaron las bajas. Transporte y vehículos registró una contracción interanual del 5,5% y fue el principal aporte negativo al índice general, con 0,8 puntos porcentuales. La caída en los patentamientos de automóviles no logró ser compensada por el avance de las motocicletas.
Recreación y cultura retrocedió 3,4%, mientras que indumentaria y calzado cayó 1,5%. El conjunto de los demás rubros presentó una disminución del 1,1%.
En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos avanzó 5,2% interanual y aportó 0,9 puntos porcentuales al indicador. La mayor demanda de electricidad explicó buena parte de ese resultado, aunque el aumento del rubro no necesariamente implica una expansión equivalente del consumo discrecional de las familias.
El crédito pierde fuerza y condiciona las compras
La evolución del financiamiento constituye otra señal relevante. Después de un avance pronunciado durante 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a retroceder en términos reales durante 2026, tras el estancamiento registrado hacia fines del año pasado. El crédito hipotecario conserva una tendencia ascendente, aunque con menor intensidad.
Dicho enfriamiento está estrechamente vinculado al menor dinamismo de los bienes durables. Prueba de ello es que la matriculación de vehículos y la venta de electrodomésticos registran retrocesos en lo que va del año; por su parte, el mercado inmobiliario ha estancado su crecimiento, si bien las escrituras sostienen niveles altos respecto a ejercicios previos.
La débil recuperación de los ingresos y un crédito más restrictivo frenan el crecimiento a largo plazo. Actualmente, el consumo básico sigue paralizado y los bienes de alto valor se desaceleran, lo que siembra dudas sobre la solidez de la reactivación económica.
Departamentales
Ruta 40 Norte: Mapal construirá el primer tramo con fondos del acuerdo con Vicuña
La recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte tendrá su primer contrato en manos de una empresa local. El Gobierno de San Juan adjudicó a Mapal S.A.C.I.A. la reconstrucción de los 28 kilómetros comprendidos entre San Roque y Tucunuco, en Jáchal, por una oferta cercana a los $26.988 millones. La intervención abrirá la ejecución del programa vial financiado con los US$ 250 millones acordados con la minera Vicuña.
La propuesta de la firma, perteneciente a la familia Palucchini, superó en unos $885 millones el presupuesto oficial de $26.103 millones. Aunque fue el cuarto monto más bajo entre seis oferentes, resultó seleccionada para ejecutar el primero de los tramos previstos en la recuperación de este corredor.
Los trabajos apuntan a mejorar la capacidad y la seguridad de una ruta clave para la circulación entre el Gran San Juan y el norte provincial. La calzada actual, de unos 6,30 metros de ancho promedio, pasará a medir 7,30 metros. Se conservarán dos carriles, uno por sentido, y se incorporarán banquinas de tres metros a cada lado, con superficies pavimentadas y de material granular.
El proyecto incluye pavimentación y repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores dañados y refuerzo de la estructura vial donde sea necesario ampliar la traza. También prevé adecuaciones en alcantarillas y sifones, elevación del camino en puntos determinados y obras de drenaje para mejorar el escurrimiento del agua.
Mapal compitió con Sigma S.A. junto con LLP Pietroboni, Ivica Dumandzic, Federico Hnos., Armegom en asociación con BWT —Burgwardt y Cía.— y Menin Construcciones. Tras la adjudicación, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, estimó que las tareas podrían comenzar en aproximadamente una semana, con la expectativa de iniciar los trabajos a principios de noviembre.
Una inversión vial de mayor alcance
La intervención en Jáchal forma parte de un programa que abarca 143 kilómetros entre Albardón y San Roque. El proyecto contempla una doble calzada entre Albardón y Villicum, terceras trochas desde Villicum hasta Talacasto y mejoras en la traza hacia el norte provincial, con obras diferenciadas según las características de cada tramo.
El financiamiento provendrá de los US$ 250 millones comprometidos por Vicuña, mediante un acuerdo que requirió aprobación legislativa. La adjudicación de Mapal representa el primer paso concreto de ese esquema de inversión en infraestructura vial.
El cronograma de otras obras, sin embargo, todavía debe completar instancias administrativas. La licitación para transformar en autovía los 3,7 kilómetros entre Callejón Blanco y calle Rawson fue prorrogada hasta el 6 de noviembre, luego de que las empresas interesadas solicitaran más tiempo para elaborar sus propuestas.
Con una inversión estimada en $85.000 millones y un plazo de ejecución de 915 días corridos, el proyecto prevé cuatro carriles separados por una barrera de hormigón, colectoras, bicisenda y cruces a distinto nivel. También incluye cuatro puentes sobre el río San Juan y en las calles De la Roza, Sarmiento y Rawson.
Las consultas empresariales estuvieron vinculadas con la complejidad técnica de las obras, la construcción de puentes y la organización de los desvíos de tránsito. La extensión del plazo no altera la adjudicación del tramo San Roque-Tucunuco.
destacada
Nueva paritaria mercantil: subas en octubre, noviembre y diciembre
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, acordó con las principales entidades empresarias una actualización salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026, junto con un bono extraordinario de $50.000. El entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, uno de los más numerosos del empleo privado argentino.
El acuerdo fue suscripto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). La recomposición se distribuirá en tres tramos mensuales del 1,9%, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre.
A ese esquema se sumará una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000, que se abonará en dos cuotas de $25.000 con los salarios de octubre y noviembre. Además, se mantendrá el adicional fijo de $120.000 establecido en la negociación anterior durante el trimestre comprendido por el nuevo entendimiento.
Aumentos escalonados y sumas adicionales
La pauta acordada establece una actualización gradual de los ingresos durante los últimos tres meses del año. La combinación de porcentajes mensuales y sumas fijas busca sostener las remuneraciones en un período en el que el poder de compra continúa bajo presión.
Con este entendimiento, las partes establecieron la pauta salarial para el cierre de 2026. La próxima revisión, prevista para comienzos de 2027 según la información difundida sobre el acuerdo, permitirá evaluar la evolución de los precios y la necesidad de nuevas actualizaciones.
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