Otro amparo intenta bloquear la venta de Nucleoeléctrica y alerta por riesgos para la soberanía energética

Un concejal bonaerense presentó un nuevo amparo colectivo para impedir la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. El planteo, que se suma a otro presentado en Córdoba, cuestiona la constitucionalidad del Decreto 695/2025 y advierte que la privatización de una empresa rentable y estratégica pone en riesgo la soberanía y la seguridad energética del país.

La ofensiva judicial contra el plan de privatización de empresas públicas impulsado por el gobierno de Javier Milei sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Fernando Martínez, concejal del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana para frenar la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la compañía estatal responsable de operar las tres centrales nucleares del país.

El recurso constituye el segundo amparo presentado desde que se conoció la intención oficial de avanzar con la privatización, y plantea la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025, norma que habilita el proceso de enajenación parcial de la empresa. El texto también advierte sobre los riesgos que implicaría una privatización en un sector altamente sensible para la planificación nacional.

NA-SA opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, pilares del sistema nuclear argentino y activos estratégicos construidos a lo largo de décadas. A contramano de la justificación esgrimida por el Ejecutivo —que sostiene que deben venderse las empresas públicas deficitarias—, la firma no solo no registra pérdidas, sino que es rentable: en el primer trimestre del año obtuvo 17 millones de dólares de superávit.

En su presentación, Martínez fue contundente:
“Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema. La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados.”

El amparo solicita, además, una medida cautelar inmediata para suspender cualquier instancia de «licitación, oferta o transferencia de acciones», de manera tal de preservar la situación actual mientras la Justicia analiza los planteos en curso.

El concejal también advierte sobre los riesgos de una privatización parcial, al considerar que podría derivar en aumentos tarifarios, reducción de inversiones y un progresivo desfinanciamiento del sector nuclear. “Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio”, sostiene el escrito.

Este nuevo amparo se suma al presentado semanas atrás por la diputada de Unión por la Patria (UxP) Gabriela Estévez, quien reclamó la nulidad del mismo decreto y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía, expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

Martínez cerró su presentación con un planteo central:
“Nucleoeléctrica es un bien público construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo.”

La posible privatización de NA-SA se encamina a convertirse en uno de los debates más complejos del ciclo político actual: involucra soberanía energética, seguridad estratégica, tarifas, inversiones y el rol del Estado en sectores críticos. Con dos amparos en curso y nuevos cuestionamientos de especialistas, legisladores y organizaciones sociales, el Gobierno enfrenta un creciente frente judicial y político que podría frenar, demorar o incluso bloquear su avance sobre una de las empresas más sensibles del entramado energético nacional.