El gremio recibió con optimismo el anuncio de 30 barrios y la proyección de 4.500 empleos directos. Alberto Tobares pidió acelerar las adjudicaciones y conocer cuántos trabajadores incorporarán las empresas y durante cuánto tiempo.

La construcción sanjuanina aguarda que los anuncios de inversión pública se conviertan en puestos de trabajo concretos. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) valoró la iniciativa del Gobierno provincial para levantar 30 barrios, con una proyección de alrededor de 4.500 empleos directos, y vinculó esas expectativas con las obras viales previstas en rutas nacionales y provinciales.

Alberto Tobares, secretario gremial de la UOCRA en San Juan, sostuvo que los proyectos representan una oportunidad para revertir más de dos años de dificultades laborales. Sin embargo, advirtió que la recuperación dependerá de que los procedimientos administrativos avancen, se adjudiquen los trabajos y las empresas comiencen a incorporar personal.

También manifestó su expectativa de que parte de las iniciativas pueda comenzar antes de fin de año, según la información que recibió en una reciente reunión con autoridades provinciales.

Las perspectivas del gremio incluyen, además de las viviendas, las intervenciones previstas en las rutas 20 y 40 y otros proyectos de infraestructura que atraviesan distintas instancias administrativas. Su ejecución podría generar oportunidades para trabajadores con diferentes especialidades y extender las contrataciones a lo largo del territorio sanjuanino.

El impacto potencial excede a quienes trabajan directamente en las obras. La compra de materiales, el transporte, los servicios eléctricos y los pequeños comercios forman parte de una cadena que suele activarse con cada emprendimiento. Tobares describió ese efecto a partir de negocios cotidianos, desde las ferreterías hasta los kioscos cercanos a los barrios en construcción, y sostuvo que la inversión puede aportar movimiento a la economía provincial.

No obstante, el sindicato busca que las expectativas estén respaldadas por información precisa. La organización pretende establecer contacto con las empresas adjudicatarias para conocer la duración de cada obra, sus necesidades de personal y los plazos estimados de contratación. Esos datos permitirían dimensionar el alcance laboral de los anuncios y brindar certezas a quienes llevan meses buscando una oportunidad.

Para la UOCRA, el anuncio abre una perspectiva favorable, pero la recuperación no se medirá por la cantidad de proyectos presentados, sino por su puesta en marcha y las incorporaciones efectivas. El paso decisivo será que las inversiones lleguen a los obradores y se traduzcan en ingresos para los trabajadores y en movimiento para la economía sanjuanina.

Ramón Martínez, titular de la Cámara Argentina de la Construcción en San Juan, estimó que los proyectos anunciados por el Gobierno provincial podrían generar un número muy importante de puestos de trabajo. La cifra permitiría recuperar parte de los empleos perdidos desde 2023, aunque la magnitud del impacto dependerá de los plazos de ejecución y las contrataciones.

La construcción sanjuanina podría recuperar una parte sustancial del empleo perdido durante la retracción de la obra pública. La Cámara Argentina de la Construcción en San Juan calculó que la edificación de 2.240 viviendas, distribuidas en 30 barrios anunciados por el gobernador Marcelo Orrego, tendría capacidad para generar alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos.

Ramón Martínez, titular de la entidad, recibió el anuncio como una señal favorable para las empresas locales y los trabajadores. La expectativa, explicó, es que las inversiones se traduzcan en licitaciones, adjudicaciones e inicios de obra capaces de recomponer la ocupación después de uno de los períodos más duros para la actividad.

La dimensión del retroceso ayuda a explicar el alcance potencial de la iniciativa. Según el repaso de Martínez, la construcción pasó de unos 12.000 trabajadores a mediados de 2023 a cerca de 6.000 durante el momento de mayor caída, entre fines de ese año y comienzos de 2024. La recuperación impulsada posteriormente por obras provinciales permitió elevar la cifra hasta aproximadamente 8.000 empleos. La incorporación de otros 4.000 llevaría nuevamente el registro hacia los niveles previos a la retracción, siempre que la proyección se concrete.

El efecto no se limitaría a las plantillas de las constructoras. La compra de cemento, hierro y otros insumos, junto con el transporte, la fabricación de materiales y los servicios asociados, multiplica el alcance económico de cada emprendimiento. Martínez señaló, además, que la vivienda suele requerir más mano de obra que las obras viales y estimó que su construcción demanda, en promedio, dos trabajadores por unidad, aunque la dotación varía según la etapa y el sistema utilizado.

En ese sentido, el dirigente consideró conveniente combinar los proyectos habitacionales con la infraestructura vial para sostener las contrataciones y ampliar las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas sanjuaninas. Según indicó, varias firmas ya reúnen la documentación técnica y administrativa necesaria para competir cuando se publiquen los pliegos.

La Cámara también observa alternativas tecnológicas que podrían acortar los tiempos de ejecución. Martínez mencionó el sistema Casaforma, basado en encofrados y hormigón proyectado, utilizado en Mendoza. Su incorporación requiere capacitación, pero puede ofrecer otra vía para acelerar la construcción sin prescindir de la preparación de los trabajadores.

El paso inmediato será conocer las condiciones de contratación y los cronogramas oficiales. Hasta entonces, los 4.000 puestos constituyen una estimación empresarial, no empleos ya confirmados. La reactivación dependerá de la traducción del financiamiento en obras concretas y de la capacidad de las empresas para generar empleo estable.

El gobernador confirmó el inicio de la firma de contratos con empresas constructoras para levantar viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda. La iniciativa se integra al programa de inversión pública que cuenta con financiamiento del Bono San Juan por US$600 millones.

El Gobierno provincial comenzó a firmar contratos con empresas constructoras para avanzar con 2.240 viviendas distribuidas en 30 nuevos barrios, según anunció el gobernador Marcelo Orrego. La iniciativa amplía la cartera habitacional provincial y busca generar empleo en la construcción, aunque todavía no se informaron las ubicaciones de los emprendimientos ni el calendario de ejecución.

El primer mandatario comunicó la medida a través de sus redes sociales y vinculó el desarrollo de los nuevos complejos con el acceso a la casa propia y la generación de trabajo. La ejecución estará a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), en una etapa que deberá traducir los acuerdos con las empresas en obras concretas.

El programa se inscribe en el esquema de inversión pública asociado al Bono San Juan, la emisión internacional de deuda por US$600 millones concretada el 24 de septiembre. La colocación recibió ofertas por US$1.037 millones de 67 fondos e inversores y se cerró con una tasa de cupón anual del 9,55%, con vencimiento en 2035. Los recursos están destinados a una cartera de infraestructura que incluye, además de viviendas, obras viales, hídricas, energéticas y de saneamiento.

La autorización legislativa para avanzar con operaciones de crédito público por hasta US$600 millones había sido aprobada el 4 de junio de 2026, con 23 votos afirmativos y 12 negativos.

La emisión permitió al Ejecutivo provincial disponer de una fuente de financiamiento para impulsar inversiones de mayor escala, cuyo impacto dependerá del ritmo de ejecución y de la asignación efectiva de los fondos.

La construcción de los 30 barrios podría movilizar empresas, trabajadores y proveedores de materiales y servicios. Sin embargo, el alcance económico del anuncio estará ligado a los plazos de obra, la contratación de mano de obra y la continuidad de los desembolsos.

Por el momento, el Gobierno no detalló dónde se levantarán las viviendas, cuándo comenzarán los trabajos ni cuáles serán las condiciones de inscripción y adjudicación. Esos datos serán centrales para determinar cómo podrán acceder las familias interesadas y en qué plazos se incorporarán las nuevas unidades al parque habitacional sanjuanino.

Orrego presentó el proyecto como parte de su apuesta por combinar infraestructura y desarrollo social. El desafío inmediato será convertir la firma de los contratos en obras verificables y establecer un cronograma que permita conocer cuándo estarán disponibles las viviendas para sus futuros adjudicatarios.