Ley de Glaciares bajo la lupa: la Cámara Minera de San Juan impulsa modificaciones y aviva el debate ambiental

La Cámara Minera de San Juan respaldó la intención del Gobierno nacional de revisar o “aclarar” la Ley de Glaciares, en una postura que reabre la tensión entre inversión minera y preservación ambiental. Aunque el sector habla de necesidad de seguridad jurídica, especialistas advierten que la iniciativa puede debilitar uno de los marcos de protección hídrica más importantes del país.

Iván Grgic, presidente de la entidad, celebró que el tema forme parte de las prioridades del Ejecutivo y sostuvo que la falta de precisión del articulado afecta no sólo a la minería, sino también a otras actividades contempladas por la ley. Desde el sector aseguran que la normativa actual genera “incertidumbre” y trabas para proyectos estratégicos.

Sin embargo, el respaldo empresarial se da en un contexto donde organizaciones ambientales, académicos y especialistas en gestión del agua vienen advirtiendo que una flexibilización del marco legal podría poner en riesgo ecosistemas clave, especialmente en provincias cordilleranas donde el retroceso de glaciares es acelerado y la presión extractivista creciente.

El punto central: la disputa por el alcance normativo

Para la CMSJ, el foco del debate está en definir con exactitud el alcance de la ley: qué se protege, cómo se clasifican los ambientes periglaciares y qué nivel de intervención se permite en zonas sensibles. El sector insiste en que la actualización debe resolverse “sin demoras” para consolidar la seguridad jurídica “necesaria” para proyectos a largo plazo, especialmente los vinculados al cobre y al litio.

Grgic destacó además el rol de la Provincia de San Juan en el proceso. Según el dirigente, es el gobierno provincial el que está llevando los planteos técnicos a la Nación. Pero críticos advierten que esta estrategia —impulsada por una provincia históricamente vinculada al desarrollo minero— puede sesgar el debate hacia los intereses del sector, relegando la protección del ambiente y el recurso hídrico.

Decretos, leyes y competencias: dónde se juega la pulseada

La discusión incluye dos caminos posibles: una nueva ley aprobada por el Congreso o un decreto reglamentario que modifique la interpretación de la norma vigente. El Gobernador de San Juan sugirió que ambas son opciones viables, aunque desde la industria empujan especialmente la idea de una ley “aclaratoria”.

En caso de avanzarse con una nueva norma, la CMSJ plantea tres ejes:

Reafirmar la competencia provincial para definir áreas protegidas.

Revisar con detalle las áreas periglaciares y glaciares de escombros, figuras clave para el resguardo de reservas hídricas.

Precisar el criterio de significancia hídrica, un punto que el sector considera ambiguo.

Pero justamente esos son los puntos donde especialistas ambientales alertan sobre posibles retrocesos. Las áreas periglaciares y los glaciares de escombros son fundamentales para la regulación del agua en zonas áridas; limitar su protección, incluso bajo el argumento de mayor precisión técnica, abriría la puerta a intervenciones industriales en zonas hoy resguardadas.

Un sector alineado, pero con críticas en aumento

La postura de la CMSJ coincide con la de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), lo que refleja un consenso interno del sector para avanzar en cambios. Pero también queda en evidencia un creciente contrapunto: mientras empresarios piden “claridad jurídica”, organizaciones socioambientales interpretan la revisión como un intento de relajar las restricciones ambientales en beneficio de grandes empresas.

En paralelo, la sociedad civil y especialistas en recursos hídricos sostienen que la ley actual —a pesar de sus imperfecciones— constituye uno de los marcos más avanzados de protección de glaciares y ambientes asociados en América Latina, y advierten que abrir su articulado en el actual contexto político puede terminar favoreciendo intereses económicos por encima del resguardo ecosistémico.

El respaldo de la Cámara Minera de San Juan a la revisión de la Ley de Glaciares evidencia una ofensiva coordinada del sector para modificar un marco legal que consideran restrictivo. El Gobierno nacional recoge el guante y abre la puerta a una discusión profunda, pero el riesgo es claro: que en nombre de la seguridad jurídica se avance en un debilitamiento de la protección de las reservas hídricas en uno de los territorios más sensibles del país.

La disputa recién comienza y será una de las más relevantes del nuevo ciclo político: en ella se juega no sólo el futuro de las inversiones mineras, sino también el equilibrio entre desarrollo productivo, autonomía provincial y preservación ambiental en una región clave para el abastecimiento de agua en tiempos de crisis climática.