CONÉCTATE CON NOSOTROS

La Cámara Minera de San Juan respaldó la intención del Gobierno nacional de revisar o “aclarar” la Ley de Glaciares, en una postura que reabre la tensión entre inversión minera y preservación ambiental. Aunque el sector habla de necesidad de seguridad jurídica, especialistas advierten que la iniciativa puede debilitar uno de los marcos de protección hídrica más importantes del país.

Iván Grgic, presidente de la entidad, celebró que el tema forme parte de las prioridades del Ejecutivo y sostuvo que la falta de precisión del articulado afecta no sólo a la minería, sino también a otras actividades contempladas por la ley. Desde el sector aseguran que la normativa actual genera “incertidumbre” y trabas para proyectos estratégicos.

Sin embargo, el respaldo empresarial se da en un contexto donde organizaciones ambientales, académicos y especialistas en gestión del agua vienen advirtiendo que una flexibilización del marco legal podría poner en riesgo ecosistemas clave, especialmente en provincias cordilleranas donde el retroceso de glaciares es acelerado y la presión extractivista creciente.

El punto central: la disputa por el alcance normativo

Para la CMSJ, el foco del debate está en definir con exactitud el alcance de la ley: qué se protege, cómo se clasifican los ambientes periglaciares y qué nivel de intervención se permite en zonas sensibles. El sector insiste en que la actualización debe resolverse “sin demoras” para consolidar la seguridad jurídica “necesaria” para proyectos a largo plazo, especialmente los vinculados al cobre y al litio.

Grgic destacó además el rol de la Provincia de San Juan en el proceso. Según el dirigente, es el gobierno provincial el que está llevando los planteos técnicos a la Nación. Pero críticos advierten que esta estrategia —impulsada por una provincia históricamente vinculada al desarrollo minero— puede sesgar el debate hacia los intereses del sector, relegando la protección del ambiente y el recurso hídrico.

Decretos, leyes y competencias: dónde se juega la pulseada

La discusión incluye dos caminos posibles: una nueva ley aprobada por el Congreso o un decreto reglamentario que modifique la interpretación de la norma vigente. El Gobernador de San Juan sugirió que ambas son opciones viables, aunque desde la industria empujan especialmente la idea de una ley “aclaratoria”.

En caso de avanzarse con una nueva norma, la CMSJ plantea tres ejes:

Reafirmar la competencia provincial para definir áreas protegidas.

Revisar con detalle las áreas periglaciares y glaciares de escombros, figuras clave para el resguardo de reservas hídricas.

Precisar el criterio de significancia hídrica, un punto que el sector considera ambiguo.

Pero justamente esos son los puntos donde especialistas ambientales alertan sobre posibles retrocesos. Las áreas periglaciares y los glaciares de escombros son fundamentales para la regulación del agua en zonas áridas; limitar su protección, incluso bajo el argumento de mayor precisión técnica, abriría la puerta a intervenciones industriales en zonas hoy resguardadas.

Un sector alineado, pero con críticas en aumento

La postura de la CMSJ coincide con la de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), lo que refleja un consenso interno del sector para avanzar en cambios. Pero también queda en evidencia un creciente contrapunto: mientras empresarios piden “claridad jurídica”, organizaciones socioambientales interpretan la revisión como un intento de relajar las restricciones ambientales en beneficio de grandes empresas.

En paralelo, la sociedad civil y especialistas en recursos hídricos sostienen que la ley actual —a pesar de sus imperfecciones— constituye uno de los marcos más avanzados de protección de glaciares y ambientes asociados en América Latina, y advierten que abrir su articulado en el actual contexto político puede terminar favoreciendo intereses económicos por encima del resguardo ecosistémico.

El respaldo de la Cámara Minera de San Juan a la revisión de la Ley de Glaciares evidencia una ofensiva coordinada del sector para modificar un marco legal que consideran restrictivo. El Gobierno nacional recoge el guante y abre la puerta a una discusión profunda, pero el riesgo es claro: que en nombre de la seguridad jurídica se avance en un debilitamiento de la protección de las reservas hídricas en uno de los territorios más sensibles del país.

La disputa recién comienza y será una de las más relevantes del nuevo ciclo político: en ella se juega no sólo el futuro de las inversiones mineras, sino también el equilibrio entre desarrollo productivo, autonomía provincial y preservación ambiental en una región clave para el abastecimiento de agua en tiempos de crisis climática.

Departamentales

Plan de viviendas en San Juan: el lunes arranca la construcción de barrios en toda la provincia

El ministro Fernando Perea confirmó que esta semana se firmarán los contratos con las empresas adjudicataria para iniciar los trabajos el próximo lunes con la construcción de 23 barrios distribuidos en los 19 departamentos. Los siete emprendimientos restantes se sumarían una vez completada la documentación necesaria, según confirmó el ministro de Infraestructura, Agua y Energía.

La medida marca el comienzo de la ejecución de un programa habitacional que comprende 30 barrios y que busca extender las obras a todo el territorio sanjuanino. De acuerdo con el funcionario, la Provincia ya está en condiciones de formalizar la mayor parte de los acuerdos, mientras que los restantes requieren resolver cuestiones administrativas y legales.

«De los 30 barrios, hoy estamos en condiciones de firmar los contratos de 23. Los otros siete, calculo que la semana que viene estaríamos en condiciones de firmarlos», explicó Perea. El ministro ratificó que el inicio de las obras para los primeros emprendimientos está previsto para el prñoximo lunes 2 de noviembre.

La firma de los acuerdos habilitará a las constructoras a avanzar con las tareas iniciales en los terrenos asignados. La incorporación de los siete barrios pendientes dependerá de que se completen los requisitos formales, aunque el Gobierno mantiene la previsión de cerrar esos trámites durante la próxima semana.

Llegó el momento de transformar las promesas en realidades: hay 23 contratos a punto de sellarse y siete en planificación. El desafío de llevar estas obras a los 19 departamentos entra en su etapa decisiva, donde el cumplimiento de la Provincia y de las empresas será la clave del éxito.


Continúe Leyendo

destacada

La UOCRA espera que las obras de Orrego reactiven el empleo en San Juan

El gremio recibió con optimismo el anuncio de 30 barrios y la proyección de 4.500 empleos directos. Alberto Tovares pidió acelerar las adjudicaciones y conocer cuántos trabajadores incorporarán las empresas y durante cuánto tiempo.

La construcción sanjuanina aguarda que los anuncios de inversión pública se conviertan en puestos de trabajo concretos. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) valoró la iniciativa del Gobierno provincial para levantar 30 barrios, con una proyección de alrededor de 4.500 empleos directos, y vinculó esas expectativas con las obras viales previstas en rutas nacionales y provinciales.

Alberto Tovares, secretario gremial de la UOCRA en San Juan, sostuvo que los proyectos representan una oportunidad para revertir más de dos años de dificultades laborales. Sin embargo, advirtió que la recuperación dependerá de que los procedimientos administrativos avancen, se adjudiquen los trabajos y las empresas comiencen a incorporar personal.

También manifestó su expectativa de que parte de las iniciativas pueda comenzar antes de fin de año, según la información que recibió en una reciente reunión con autoridades provinciales.

Las perspectivas del gremio incluyen, además de las viviendas, las intervenciones previstas en las rutas 20 y 40 y otros proyectos de infraestructura que atraviesan distintas instancias administrativas. Su ejecución podría generar oportunidades para trabajadores con diferentes especialidades y extender las contrataciones a lo largo del territorio sanjuanino.

El impacto potencial excede a quienes trabajan directamente en las obras. La compra de materiales, el transporte, los servicios eléctricos y los pequeños comercios forman parte de una cadena que suele activarse con cada emprendimiento. Tovares describió ese efecto a partir de negocios cotidianos, desde las ferreterías hasta los kioscos cercanos a los barrios en construcción, y sostuvo que la inversión puede aportar movimiento a la economía provincial.

No obstante, el sindicato busca que las expectativas estén respaldadas por información precisa. La organización pretende establecer contacto con las empresas adjudicatarias para conocer la duración de cada obra, sus necesidades de personal y los plazos estimados de contratación. Esos datos permitirían dimensionar el alcance laboral de los anuncios y brindar certezas a quienes llevan meses buscando una oportunidad.

Para la UOCRA, el anuncio abre una perspectiva favorable, pero la recuperación no se medirá por la cantidad de proyectos presentados, sino por su puesta en marcha y las incorporaciones efectivas. El paso decisivo será que las inversiones lleguen a los obradores y se traduzcan en ingresos para los trabajadores y en movimiento para la economía sanjuanina.

Continúe Leyendo

destacada

La Cámara de la Construcción proyecta 4.000 empleos con los nuevos barrios

Ramón Martínez, titular de la Cámara Argentina de la Construcción en San Juan, estimó que los proyectos anunciados por el Gobierno provincial podrían generar un número muy importante de puestos de trabajo. La cifra permitiría recuperar parte de los empleos perdidos desde 2023, aunque la magnitud del impacto dependerá de los plazos de ejecución y las contrataciones.

La construcción sanjuanina podría recuperar una parte sustancial del empleo perdido durante la retracción de la obra pública. La Cámara Argentina de la Construcción en San Juan calculó que la edificación de 2.240 viviendas, distribuidas en 30 barrios anunciados por el gobernador Marcelo Orrego, tendría capacidad para generar alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos.

Ramón Martínez, titular de la entidad, recibió el anuncio como una señal favorable para las empresas locales y los trabajadores. La expectativa, explicó, es que las inversiones se traduzcan en licitaciones, adjudicaciones e inicios de obra capaces de recomponer la ocupación después de uno de los períodos más duros para la actividad.

La dimensión del retroceso ayuda a explicar el alcance potencial de la iniciativa. Según el repaso de Martínez, la construcción pasó de unos 12.000 trabajadores a mediados de 2023 a cerca de 6.000 durante el momento de mayor caída, entre fines de ese año y comienzos de 2024. La recuperación impulsada posteriormente por obras provinciales permitió elevar la cifra hasta aproximadamente 8.000 empleos. La incorporación de otros 4.000 llevaría nuevamente el registro hacia los niveles previos a la retracción, siempre que la proyección se concrete.

El efecto no se limitaría a las plantillas de las constructoras. La compra de cemento, hierro y otros insumos, junto con el transporte, la fabricación de materiales y los servicios asociados, multiplica el alcance económico de cada emprendimiento. Martínez señaló, además, que la vivienda suele requerir más mano de obra que las obras viales y estimó que su construcción demanda, en promedio, dos trabajadores por unidad, aunque la dotación varía según la etapa y el sistema utilizado.

En ese sentido, el dirigente consideró conveniente combinar los proyectos habitacionales con la infraestructura vial para sostener las contrataciones y ampliar las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas sanjuaninas. Según indicó, varias firmas ya reúnen la documentación técnica y administrativa necesaria para competir cuando se publiquen los pliegos.

La Cámara también observa alternativas tecnológicas que podrían acortar los tiempos de ejecución. Martínez mencionó el sistema Casaforma, basado en encofrados y hormigón proyectado, utilizado en Mendoza. Su incorporación requiere capacitación, pero puede ofrecer otra vía para acelerar la construcción sin prescindir de la preparación de los trabajadores.

El paso inmediato será conocer las condiciones de contratación y los cronogramas oficiales. Hasta entonces, los 4.000 puestos constituyen una estimación empresarial, no empleos ya confirmados. La reactivación dependerá de la traducción del financiamiento en obras concretas y de la capacidad de las empresas para generar empleo estable.

Continúe Leyendo

Tendencias